México
Aprueban ley para proteger a testigos contra el narco
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que le da vida a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal
GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2012).- Al fin, los testigos protegidos tendrán más garantías de seguridad
Eran los primeros días de diciembre de 2009. Édgar Enrique Bayardo del Villar, un ex mando de la Policía Federal acusado de trabajar para el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y convertido en testigo protegido de las autoridades, fue ejecutado en una cafetería. Aunque el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, dijo que se tendría que revisar la figura de “testigo colaborador”, especialmente en el tema de la custodia, fue hasta ayer cuando se pudo dar un paso legislativo.
La Cámara de Diputados aprobó por 285 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, el dictamen que le da vida a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, y se reforma el Artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Con esto, se pretende preservar la vida y atención de personas que forman parte de acusaciones contra integrantes del crimen organizado.
La Ley de Testigos Protegidos contempla tratamiento médico, psicológico, asesoría legal, vigilancia, custodia, cambio de residencia y hasta cambio de identidad cuando los testigos estén en peligro.
La minuta —enviada al Ejecutivo— también implica a todas las personas que se involucran en una investigación, es decir, testigos, ministerios públicos, jueces, policías o hasta familiares de los involucrados.
De la misma manera, se crea el Centro de Testigos Protegidos cuyo titular será propuesto por el Presidente de la República y será ratificado por el procurador general del país.
Con el cambio a la Ley de Transparencia, los titulares del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y del Centro Federal de Protección a Personas, podrán decidir si abren o cierran información que se pida a través de dicha norma.
Eran los primeros días de diciembre de 2009. Édgar Enrique Bayardo del Villar, un ex mando de la Policía Federal acusado de trabajar para el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y convertido en testigo protegido de las autoridades, fue ejecutado en una cafetería. Aunque el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, dijo que se tendría que revisar la figura de “testigo colaborador”, especialmente en el tema de la custodia, fue hasta ayer cuando se pudo dar un paso legislativo.
La Cámara de Diputados aprobó por 285 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, el dictamen que le da vida a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, y se reforma el Artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Con esto, se pretende preservar la vida y atención de personas que forman parte de acusaciones contra integrantes del crimen organizado.
La Ley de Testigos Protegidos contempla tratamiento médico, psicológico, asesoría legal, vigilancia, custodia, cambio de residencia y hasta cambio de identidad cuando los testigos estén en peligro.
La minuta —enviada al Ejecutivo— también implica a todas las personas que se involucran en una investigación, es decir, testigos, ministerios públicos, jueces, policías o hasta familiares de los involucrados.
De la misma manera, se crea el Centro de Testigos Protegidos cuyo titular será propuesto por el Presidente de la República y será ratificado por el procurador general del país.
Con el cambio a la Ley de Transparencia, los titulares del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y del Centro Federal de Protección a Personas, podrán decidir si abren o cierran información que se pida a través de dicha norma.