La historia del INE: De elecciones decididas por el Estado a un organismo rector
Uno de sus objetivos es velar por la autenticidad y efectividad del voto popular
Aunque México tiene más de 200 años como nación independiente, la democracia no llegó al país sino hasta finales del siglo XX, pues durante gran parte de su historia atravesó por luchas de poder intestinas, guerras civiles, invasiones extranjeras, desfile de presidentes y un partido hegemónico que dominó todas las esferas políticas, desde los municipios hasta Palacio Nacional. Desde la década de 1970 comenzaba a nacer la idea de una democracia real, pero esta llegó 20 años después con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, y el arribo de Vicente Fox, el primer candidato de oposición en ocupar la silla presidencial, en el año 2000.
Pero para hablar de la historia del INE es necesario remontarse al final de la Revolución Mexicana. Luego de un periodo de inestabilidad económica, ocasionada por una guerra de facciones entre las fuerzas de los caudillos que buscaban el poder, Álvaro Obregón llegó a la presidencia del país en 1920. Su gobierno se caracterizó por crear finalmente un sistema de estabilidad y durar cuatro años en el poder. En 1924, Plutarco Elías Calles, catalogado como el Jefe Máximo de la Revolución, sucedió al ‘Manco de Celaya’. Cuatro años después, Obregón fue reelecto presidente, pero antes de que asumiera el cargo fue asesinado por José de León Toral en un restaurante de la Ciudad de México.
Entonces Elías Calles pronunció, en un mensaje que enmarcó su participación en la Revolución, el fin del caudillismo, de la guerra civil y la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esa lucha ya borrosa y ajena a los ideales de Francisco I. Madero y Emiliano Zapata se convirtió en un sistema político hegemónico e institucionalizado que mantuvo el control del país durante más de 70 años.
Tras el asesinato de Obregón, Emilio Portes Gil asumió de forma interina la presidencia, con lo que dio inicio la era del Maximato, donde Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez se sentaron en la silla presidencial bajo las órdenes de Elías Calles. Desde entonces, México se volvió un país de un solo partido. Este sistema trajo estabilidad política y bonanza económica por algunos años, pero socavó las garantías individuales y los derechos de la ciudadanía. La oposición o la posibilidad de que otro grupo fuera de las familias fundadoras del PRI accediera al poder, eran inexistentes.
Con Lázaro Cárdenas en Palacio Nacional, el PNR pasó a ser el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), afianzando aún más su poder. Ocho años más tarde, en 1946 y durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, el partido finalmente cambió de nombre a PRI y se consolidó como la gran maquinaria política que controló el país durante décadas. El premio Nobel, Mario Vargas Llosa, lo llamó “la dictadura perfecta”; que más que la concentración de poder en una sola persona, esta recaía en un sistema que manejaba los municipios, las gubernaturas, ambas cámaras y la presidencia de la república a través de diferentes mecanismos como el clientelismo (la distribución de tierras, permisos, cargos públicos, vivienda y monopolios) y, precisamente, fraudes electorales, pues el partido también dominaba las elecciones.
El país se mantuvo sumido en la hegemonía priista prácticamente todo el siglo XX, pero destacan el movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, liderado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, el movimiento de los médicos de 1964-65 y el movimiento estudiantil de 1968 como antecedentes de la lucha social por la libertad y la democracia en México. También resaltan las guerrillas urbanas, como la Liga Comunista 23 de Septiembre, en Guadalajara, y el Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas.
La matanza de Tlatelolco marcó un antes y un después en la vida política y social de México. El proceso de transición democrática fue largo, pero este episodio aceleró la apertura del gobierno e impulsó una serie de reformas que abrirían el paso a la oposición. Aunado a ello, luego del sexenio de Luis Echeverría, en las elecciones presidenciales de 1976 no participó ningún otro candidato más que José López Portillo, pues los sufragios eran vistos como un mero trámite e insignificantes para el PRI. Ante este escenario, el partido en el poder aprobó en 1977 una reforma que abrió más espacios y generaba mejores condiciones para que otros partidos participaran en las elecciones. Se les reconoció como entidades de interés público, se facilitó la creación y registro de partidos nuevos y se les otorgó tiempo en radio y televisión.
Esta reforma permitió la aparición de personajes críticos del viejo régimen que tenían grandes posibilidades de acceder a la silla presidencial, como Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier. Sin embargo, el sistema aún controlaba todos los ámbitos del poder y de las elecciones, en este punto organizadas por la Comisión Federal Electoral, órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Luego de 10 años de la primera reforma electoral, otra crisis evidenció el control de las jornadas electorales en 1988, pues luego de una “caída en el sistema”, Carlos Salinas de Gortari resultó ganador de la presidencia frente, precisamente, a Cárdenas, quien llevaba la delantera, y Clouthier. Este episodio es el antecedente directo de la creación del IFE.
El primer hito democrático llegó en 1989, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) le arrebató la gubernatura de Baja California al PRI con Ernesto Ruffo Appel como candidato. Un año más tarde se creó el Instituto Federal Electoral, aunque aún dependiente, en cierto grado, de la Secretaría de Gobernación. En 1994 tuvo a cargo sus primeras elecciones presidenciales, en las que ganó Ernesto Zedillo Ponce de León.
Sin embargo, aún era evidente la necesidad de que el organismo rector de las elecciones fuera totalmente autónomo. Por ello, en 1996 llegó la gran reforma que dotó al IFE de una independencia verdadera: se eliminó la injerencia del PRI, del Ejecutivo y del Legislativo en las elecciones, se fortaleció a las autoridades electorales y la equidad en la contienda, distribuyendo de mejor manera el financiamiento público; se garantizó el tiempo en medios masivos y se le otorgaron facultades al IFE para distribuir el presupuesto a partidos políticos.
Así, un año más tarde, el PRI perdió por primera vez desde 1929 la mayoría en la Cámara de Diputados. Y en 2000, finalmente, el partido tricolor perdió la Presidencia de la República y dio paso al PAN, quien gobernaría durante 12 años con Vicente Fox y Felipe Calderón. Durante este periodo, uno de los activistas más reconocidos fue José Woldenberg, Consejero Presidente del IFE durante la transición democrática de México y militante de partidos de izquierda durante la década de los 90.
Presidenta propone reforma electoral
De acuerdo con el portal Faro Democrático, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el proceso democrático hacia un sistema político competitivo fue “largo, centrado en gran medida en transformaciones encaminadas a lograr que las instituciones fueran capaces de organizar elecciones libres y justas y que garantizaran resultados reconocidos por la sociedad y por los actores políticos. La transición mexicana transcurrió a través de reformas electorales y la celebración de los comicios, buscando generar confianza entre la ciudadanía”.
La última reforma al IFE fue en 2014, con la que cambió de nombre a Instituto Nacional Electoral (INE) y se le otorgaron mayores facultades, pues ahora el organismo no solo vigilaría las elecciones a nivel federal, sino también se haría cargo de los comicios locales (gubernaturas, diputaciones locales y regidurías de ayuntamientos).
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea una reforma electoral en la que se busca la eliminación de los diputados plurinominales, el replanteamiento del financiamiento a los partidos, la fiscalización de gastos de candidatos, la votación desde el extranjero y la urna electrónica, la propaganda emitida por instituciones públicas, las consultas populares y la revocación de mandato e inmunidad de los funcionarios electos, especialmente legisladores. Se convocará a la ciudadanía, organizaciones civiles y a expertos para recabar opiniones y puntos de vista sobre la nueva enmienda.