Jalisco
Zapopan violenta ley de obra pública: especialista
Al no firmar contratos con constructores, Horacio Villaseñor Manzanedo enfatiza que la Auditoría Superior del Estado debería intervenir inmediatamente en el caso
ZAPOPAN, JALISCO.- El mecanismo que adoptó la Dirección de Obras Públicas de
Zapopan en la autorización de trabajos a constructoras sin la firma previa de contratos es violatorio de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública de Zapopan. El especialista en gobierno y administración pública estatal y municipal, Horacio Villaseñor Manzanedo, luego de hacer una revisión del caso, encontró varias disposiciones jurídicas que no están siendo respetadas por las dependencias municipales.
Primero, el artículo 170 de la ley estatal referida, dice: “La adjudicación del contrato obliga al ente público y al contratista a formalizar el contrato, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión de la resolución”.
El 16 de junio pasado este diario presentó el caso del contrato 974/P-AD-C09-08, que persiste sin ser firmado pese a que la obra concluyo el 11 de enero de 2009 –según la orden de trabajo– y que fue asignada el 8 de octubre de 2008. Además, el síndico Ricardo Anguiano Apodaca ha señalado: “Reconozco que durante el año pasado y en los primeros meses de éste, estuve firmando –a veces en fines de semana y de noche– contratos de obra pública por cajas completas, de obras que según su periodo de vigencia ya deberían estar terminadas”.
Aunque así lo marca la ley, el Ayuntamiento tiene además su propia reglamentación, que señala en su artículo 20: “Al ordenar la celebración formal del contrato con el participante ganador, la Comisión de Asignación de Contratos vigilará bajo su más estricta responsabilidad que se cumplan las siguientes disposiciones”.
La fracción primera destaca: “Asignada la obra al contratista que se encargará de realizarla, se elaborará el contrato en el que se especificarán las obligaciones y derechos de las partes, al que se agregará el presupuesto de obra y el calendario de la misma debidamente firmados”.
La fracción segunda le brinda 15 días hábiles al contratista para formalizar el contrato a partir de que es notificado como elegido; la fracción cuarta marca para la autoridad municipal un plazo de 30 días a partir de la misma notificación para la firma del mismo.
Además de los plazos que estipula el reglamento, destaca que la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, integrada por todas las fuerzas políticas, es señalada como responsable de garantizar que sus asignaciones den lugar a contratos, lo que no ha estado sucediendo en Zapopan.
Se le preguntó a Villaseñor Manzanedo qué opina del argumento de las dependencias municipales, con el que exponen que no han podido cumplir con la firma de los contratos de manera previa a la ejecución de las obras, “debido a que el actual presupuesto (más de dos mil 500 millones de pesos), ha rebasado su capacidad”: “Lo que creo es que hay ignorancia, creo que no saben de administración pública porque en un Estado de Derecho el principio fundamental es el principio de legalidad, que obliga a los servidores públicos a hacer lo que la ley expresamente les dispone. Preguntaría ‘¿En dónde dice que si hay mucho trabajo pueden dejar de hacer contratos o que pueden firmar a destiempo?’. Tendría que haber una disposición expresa en ese sentido”.
— Hay contratos que se firman de manera posterior a la terminación de la obra, para cuando llegue una auditoría externa. ¿Habrá forma de detectar el proceso irregular que se siguió?
— El órgano de revisión estatal (Auditoría Superior del Estado de Jalisco) puede intervenir en cualquier momento, no hasta el final. Si esperan hasta el final da a mal pensar. La Auditoría puede entrar cuando quiera, pero sobretodo la Contraloría Municipal… ya es público y notorio este asunto.
Cuestionó también que este mecanismo de aprobación de obras no generara reacciones entre los funcionarios: “No puede ser que en todo el Ayuntamiento nadie se haya dado cuenta de esto, y nadie dice nada. Además, no pasa nada, cuando hay muchos funcionarios públicos que intervienen”.
El tesorero municipal, Antonio Diosdado Trujillo, sí denunció públicamente estas irregularidades en la Dirección de Obras Públicas el 26 de mayo, pero 10 días después el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Romo Monraz, le exigió su renuncia. Su salida probablemente se concretará en la sesión de Ayuntamiento de hoy por la tarde.
Las condiciones bajo las que Diosdado Trujillo dejará la administración pública fueron calificadas por el líder de la oposición política en el Ayuntamiento, César Alfaro Anguiano, como una “represalia”. Y criticó la actuación del contralor municipal, Jorge Sandoval González, por haber participado en lo que llamó un acto de “intimidación”, cuando su personal intervino la oficina del tesorero, el viernes 5 de junio.
Primero, el artículo 170 de la ley estatal referida, dice: “La adjudicación del contrato obliga al ente público y al contratista a formalizar el contrato, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión de la resolución”.
El 16 de junio pasado este diario presentó el caso del contrato 974/P-AD-C09-08, que persiste sin ser firmado pese a que la obra concluyo el 11 de enero de 2009 –según la orden de trabajo– y que fue asignada el 8 de octubre de 2008. Además, el síndico Ricardo Anguiano Apodaca ha señalado: “Reconozco que durante el año pasado y en los primeros meses de éste, estuve firmando –a veces en fines de semana y de noche– contratos de obra pública por cajas completas, de obras que según su periodo de vigencia ya deberían estar terminadas”.
Aunque así lo marca la ley, el Ayuntamiento tiene además su propia reglamentación, que señala en su artículo 20: “Al ordenar la celebración formal del contrato con el participante ganador, la Comisión de Asignación de Contratos vigilará bajo su más estricta responsabilidad que se cumplan las siguientes disposiciones”.
La fracción primera destaca: “Asignada la obra al contratista que se encargará de realizarla, se elaborará el contrato en el que se especificarán las obligaciones y derechos de las partes, al que se agregará el presupuesto de obra y el calendario de la misma debidamente firmados”.
La fracción segunda le brinda 15 días hábiles al contratista para formalizar el contrato a partir de que es notificado como elegido; la fracción cuarta marca para la autoridad municipal un plazo de 30 días a partir de la misma notificación para la firma del mismo.
Además de los plazos que estipula el reglamento, destaca que la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, integrada por todas las fuerzas políticas, es señalada como responsable de garantizar que sus asignaciones den lugar a contratos, lo que no ha estado sucediendo en Zapopan.
Se le preguntó a Villaseñor Manzanedo qué opina del argumento de las dependencias municipales, con el que exponen que no han podido cumplir con la firma de los contratos de manera previa a la ejecución de las obras, “debido a que el actual presupuesto (más de dos mil 500 millones de pesos), ha rebasado su capacidad”: “Lo que creo es que hay ignorancia, creo que no saben de administración pública porque en un Estado de Derecho el principio fundamental es el principio de legalidad, que obliga a los servidores públicos a hacer lo que la ley expresamente les dispone. Preguntaría ‘¿En dónde dice que si hay mucho trabajo pueden dejar de hacer contratos o que pueden firmar a destiempo?’. Tendría que haber una disposición expresa en ese sentido”.
— Hay contratos que se firman de manera posterior a la terminación de la obra, para cuando llegue una auditoría externa. ¿Habrá forma de detectar el proceso irregular que se siguió?
— El órgano de revisión estatal (Auditoría Superior del Estado de Jalisco) puede intervenir en cualquier momento, no hasta el final. Si esperan hasta el final da a mal pensar. La Auditoría puede entrar cuando quiera, pero sobretodo la Contraloría Municipal… ya es público y notorio este asunto.
Cuestionó también que este mecanismo de aprobación de obras no generara reacciones entre los funcionarios: “No puede ser que en todo el Ayuntamiento nadie se haya dado cuenta de esto, y nadie dice nada. Además, no pasa nada, cuando hay muchos funcionarios públicos que intervienen”.
El tesorero municipal, Antonio Diosdado Trujillo, sí denunció públicamente estas irregularidades en la Dirección de Obras Públicas el 26 de mayo, pero 10 días después el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Romo Monraz, le exigió su renuncia. Su salida probablemente se concretará en la sesión de Ayuntamiento de hoy por la tarde.
Las condiciones bajo las que Diosdado Trujillo dejará la administración pública fueron calificadas por el líder de la oposición política en el Ayuntamiento, César Alfaro Anguiano, como una “represalia”. Y criticó la actuación del contralor municipal, Jorge Sandoval González, por haber participado en lo que llamó un acto de “intimidación”, cuando su personal intervino la oficina del tesorero, el viernes 5 de junio.