Jalisco
Vielma proyecta área especializada para cambios de uso de suelo
El mecanismo que se implementa en el pleno del Ayuntamiento de Zapopan genera “preocupación” en el alcalde electo, enfatiza Héctor Robles Peiro
ZAPOPAN, JALISCO.- La modificación de usos de suelo en la administración municipal que encabezará Héctor Vielma Ordóñez, presidente municipal electo de Zapopan, no se realizará a través del pleno del Ayuntamiento, como actualmente sucede, sino que muy probablemente será facultad de un área especializada en materia urbana. Así lo informó Héctor Robles Peiro, quien además de fungir como regidor de Zapopan, es el coordinador del equipo de transición de Vielma.
El pasado 27 de agosto el Ayuntamiento reconsideró usos de suelo y otras disposiciones urbanísticas, 44 en total, contenidos en proyectos de resolución que elaboró previamente la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano. Al respecto, Robles Peiro afirmó que “hay preocupación por parte del alcalde electo de que se sigan haciendo (las reconsideraciones) a través del pleno. No queremos que el pleno sea quien resuelva de manera un tanto discrecional este tipo de asuntos”.
Señaló que los abogados del equipo de transición están estudiando si este tipo de modificaciones contravienen las disposiciones del Código Urbano de Jalisco, por lo que está abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento y sus dependencias dirijan a los particulares a que presenten sus reconsideraciones a una instancia superior, como el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE).
Es por ello que la próxima administración pretende crear un área dedicada específicamente a la planeación urbana: “Estamos muy orientados a separar lo que será la planeación urbana del tema de la obra pública. Queremos que haya un área exclusiva para planear, pensar y otra que se encargue de ejecutar; en la planeación deberá entrar el diagnóstico y resolución de estos casos”.
Robles Peiro mencionó que las facultades de reconsideración podrían recaer sobre el futuro Instituto de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano (Inpladeur), proyecto tentativo que estudian actualmente las comisiones edilicias de Zapopan.
Una nueva vía
La sesión del 27 de agosto en Zapopan, fue la primera ocasión en la que el Ayuntamiento en pleno tuvo que intervenir para autorizar los cambios de uso de suelo, debido a las irregularidades que se denunciaron en la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.
Están documentados 10 casos en los que al interior de la Oficialía Mayor, durante la gestión de Guadalupe Castillo Novoa, se reconsideraron usos de suelo para autorizar comercios e industrias en zonas incompatibles como las habitacionales. La Sindicatura no ha instaurado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa (EL INFORMADOR 30/3/2009 y 20/7/2009).
Desde dicha sesión se aprobó un dictamen que facultó a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano para que revise las reconsideraciones, las integre en expedientes y las ponga a punto de resolución para pasar al pleno del Ayuntamiento.
La fracción edilicia del PRI asevera que con el Código Urbano ya no hay cabida para las reconsideraciones, pues en su artículo 134 señala que la autoridad que expida o niegue dictámenes o autorizaciones, “deberá acreditar en su motivación, que sus disposiciones y determinaciones administrativas corresponden con los programas y planes de desarrollo urbano vigentes”.
Sin embargo, el síndico Ricardo Anguiano Apodaca ha señalado que se encuentran en un “terreno jurídico seguro” pues las reconsideraciones seguirán todas las etapas procesales de la Ley del Procedimiento Administrativo de Jalisco, y aseguró que el procurador de Desarrollo Urbano, Aarón Vázquez Huerta, convino en que es el pleno la mejor instancia para hacerse cargo de estas resoluciones.
La historia de las comisiones
Desde el año 2001 hasta el 2006, el Ayuntamiento creó mediante un acuerdo la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano (CTDU), a la cual los ciudadanos recurrían cuando algún dictamen de la Dirección de Obras Públicas afectara sus intereses.
Al comienzo del año 2007, la presente administración cuestionó los fundamentos legales de las reconsideraciones que emitía la CTDU, no sólo por el desorden administrativo que presentaba –firmas faltantes, inscripciones laterales a mano en las actas–, sino principalmente porque no había una reglamentación que la sustentara, y porque sus determinaciones no pasaban por el pleno. La zona de las torres en Acueducto y Periférico es resultado del trabajo de la CTDU.
Luego de una auditoría jurídica en el año 2007, esta administración dijo encontrar conductas presuntamente constitutivas de delito en 16 intervenciones de la CTDU, las primeras cinco documentadas en el cuerpo de la denuncia contra su ex secretaria técnica, Dinora Lara Mendoza.
Con la llegada de la administración de Juan Sánchez Aldana, no se creó ninguna instancia de revisión durante 2007 y 2008, y pese a que estuvo cerca el llamado Órgano Técnico Revisor, se desechó, pues generó desconfianza entre los ediles.
En el discurso se presumía que la administración cumpliría cabalmente con los planes parciales de desarrollo urbano, por lo que no era necesaria una nueva comisión. Pero en la práctica sí hubo reconsideraciones, y se realizaron a través de recursos de revisión al interior de la Dirección de Obras Públicas y la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, a pesar de que la segunda lo tiene estrictamente prohibido según el Reglamento Interno del Ayuntamiento.
De esta forma, la responsabilidad pasó principalmente a Obras Públicas, instancia que recibía un número considerable de reconsideraciones debido al crecimiento de las actividades inmobiliaria y económica del municipio.
El funcionamiento de este tipo de cuerpos colegiados para la reconsideración de usos de suelo y otras determinaciones urbanísticas se basaba en el artículo 114 de la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco, pero al haber sido reemplazada por el Código Urbano desde el año 2009, el Ayuntamiento se vio forzado a encontrar otra vía institucional para estos procesos.
El pasado 27 de agosto el Ayuntamiento reconsideró usos de suelo y otras disposiciones urbanísticas, 44 en total, contenidos en proyectos de resolución que elaboró previamente la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano. Al respecto, Robles Peiro afirmó que “hay preocupación por parte del alcalde electo de que se sigan haciendo (las reconsideraciones) a través del pleno. No queremos que el pleno sea quien resuelva de manera un tanto discrecional este tipo de asuntos”.
Señaló que los abogados del equipo de transición están estudiando si este tipo de modificaciones contravienen las disposiciones del Código Urbano de Jalisco, por lo que está abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento y sus dependencias dirijan a los particulares a que presenten sus reconsideraciones a una instancia superior, como el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE).
Es por ello que la próxima administración pretende crear un área dedicada específicamente a la planeación urbana: “Estamos muy orientados a separar lo que será la planeación urbana del tema de la obra pública. Queremos que haya un área exclusiva para planear, pensar y otra que se encargue de ejecutar; en la planeación deberá entrar el diagnóstico y resolución de estos casos”.
Robles Peiro mencionó que las facultades de reconsideración podrían recaer sobre el futuro Instituto de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano (Inpladeur), proyecto tentativo que estudian actualmente las comisiones edilicias de Zapopan.
Una nueva vía
La sesión del 27 de agosto en Zapopan, fue la primera ocasión en la que el Ayuntamiento en pleno tuvo que intervenir para autorizar los cambios de uso de suelo, debido a las irregularidades que se denunciaron en la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.
Están documentados 10 casos en los que al interior de la Oficialía Mayor, durante la gestión de Guadalupe Castillo Novoa, se reconsideraron usos de suelo para autorizar comercios e industrias en zonas incompatibles como las habitacionales. La Sindicatura no ha instaurado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa (EL INFORMADOR 30/3/2009 y 20/7/2009).
Desde dicha sesión se aprobó un dictamen que facultó a la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano para que revise las reconsideraciones, las integre en expedientes y las ponga a punto de resolución para pasar al pleno del Ayuntamiento.
La fracción edilicia del PRI asevera que con el Código Urbano ya no hay cabida para las reconsideraciones, pues en su artículo 134 señala que la autoridad que expida o niegue dictámenes o autorizaciones, “deberá acreditar en su motivación, que sus disposiciones y determinaciones administrativas corresponden con los programas y planes de desarrollo urbano vigentes”.
Sin embargo, el síndico Ricardo Anguiano Apodaca ha señalado que se encuentran en un “terreno jurídico seguro” pues las reconsideraciones seguirán todas las etapas procesales de la Ley del Procedimiento Administrativo de Jalisco, y aseguró que el procurador de Desarrollo Urbano, Aarón Vázquez Huerta, convino en que es el pleno la mejor instancia para hacerse cargo de estas resoluciones.
La historia de las comisiones
Desde el año 2001 hasta el 2006, el Ayuntamiento creó mediante un acuerdo la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano (CTDU), a la cual los ciudadanos recurrían cuando algún dictamen de la Dirección de Obras Públicas afectara sus intereses.
Al comienzo del año 2007, la presente administración cuestionó los fundamentos legales de las reconsideraciones que emitía la CTDU, no sólo por el desorden administrativo que presentaba –firmas faltantes, inscripciones laterales a mano en las actas–, sino principalmente porque no había una reglamentación que la sustentara, y porque sus determinaciones no pasaban por el pleno. La zona de las torres en Acueducto y Periférico es resultado del trabajo de la CTDU.
Luego de una auditoría jurídica en el año 2007, esta administración dijo encontrar conductas presuntamente constitutivas de delito en 16 intervenciones de la CTDU, las primeras cinco documentadas en el cuerpo de la denuncia contra su ex secretaria técnica, Dinora Lara Mendoza.
Con la llegada de la administración de Juan Sánchez Aldana, no se creó ninguna instancia de revisión durante 2007 y 2008, y pese a que estuvo cerca el llamado Órgano Técnico Revisor, se desechó, pues generó desconfianza entre los ediles.
En el discurso se presumía que la administración cumpliría cabalmente con los planes parciales de desarrollo urbano, por lo que no era necesaria una nueva comisión. Pero en la práctica sí hubo reconsideraciones, y se realizaron a través de recursos de revisión al interior de la Dirección de Obras Públicas y la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, a pesar de que la segunda lo tiene estrictamente prohibido según el Reglamento Interno del Ayuntamiento.
De esta forma, la responsabilidad pasó principalmente a Obras Públicas, instancia que recibía un número considerable de reconsideraciones debido al crecimiento de las actividades inmobiliaria y económica del municipio.
El funcionamiento de este tipo de cuerpos colegiados para la reconsideración de usos de suelo y otras determinaciones urbanísticas se basaba en el artículo 114 de la Ley de Desarrollo Urbano de Jalisco, pero al haber sido reemplazada por el Código Urbano desde el año 2009, el Ayuntamiento se vio forzado a encontrar otra vía institucional para estos procesos.