Jalisco
Uso del dinero público, un asunto opaco en el Congreso
Hay obligaciones concretas en fiscalización que los legisladores incumplen
GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2013).- Si un ciudadano quiere conocer cómo están la deuda pública del
Congreso de Jalisco o sus estados bancarios, no puede. Y eso que la ley lo ordena: lo dispone el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, que indica que de cada deuda se debe desplegar el responsable de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito y más. En la base de datos del Poder Legislativo jalisciense no hay ni rastro.
Hay tres incisos del artículo 8 que hablan sobre información financiera y que están desaparecidos en el portal de Transparencia del Congreso: no se puede conocer sobre las asesorías que ha solicitado; en teoría, deberían venir los pagos realizados por este servicio, a quién y por qué tipo de trabajo; y tampoco sobre donativos y subsidios, tanto los otorgados como los recibidos.
El Legislativo está obligado a presentar cuentas públicas y auditorías internas y externas de mínimo tres años para atrás, pero en ese punto sólo está publicado un plan de trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) del año 2011, sin un solo informe de gestión financiera del Congreso.
Para comprobar las compras que se ha hecho, así como resoluciones de obra pública y prestaciones de servicios en los últimos tres años, sólo se publican invitaciones para inscribirse como proveedores en 2010 y 2011.
En la rendición de cuentas de gastos en comunicación social, la página de internet tiene la opción de verificar el ejercicio de los recursos que se hizo en octubre de 2013, aunque la ley pide desglose de los últimos tres años; además, al revisar ese gasto mensual, se anuncia: “Durante el mes de octubre del año 2013 no se generaron gastos inherentes a esa partida”.
Las licitaciones que ha lanzado el Congreso deben estar documentadas de cuando menos tres años atrás, pero se limita a mostrar un la licitación para mobiliario de oficina. Mientras que el inventario de los bienes muebles e inmuebles, que según marca la ley debe ir con descripción, uso y valor, este último dato, el concerniente a recursos financieros, se omite.
Omiten información de fiscalización
El Congreso incumple con la información que la Ley de Transparencia prevé como obligatoria para el Poder Legislativo en el artículo 9.
Hay un apartado que solicita datos en materia de fiscalización superior: las normas y sistemas de contabilidad, las normas de la entrega de cuentas públicas y estados financieros, criterios para las auditorías, así como los lineamientos para los documentos comprobatorios del ingreso y gasto público y más; y para cada solicitud, el portal del Legislativo se limita a poner la dirección web de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).
La omisión se extiende al apartado de responsabilidades de los servidores públicos: no existe documentos sobre juicios políticos, juicios de procedencia penal, y resoluciones en la materia.
La información obligatoria para el Legislativo se cumple a medias. Si bien el artículo 9, específico para el Congreso, se incumple menos que el artículo 8, que afecta a cualquier sujeto obligado en el Estado, la oferta de información se queda en intento. Es el caso de las órdenes del día y actas de sesiones de asamblea, comisiones y demás.
Así como los programas anuales de trabajo de las comisiones: aparecen sólo 13 de las 37 comisiones; entre las que no brindan información están la Comisión de Vigilancia, presidida por Juan Manuel Alatorre; la Comisión de Administración, presidida por Celia Fausto; y la Comisión de Hacienda y Presupuestos, presidida por Miguel Castro Reynoso.
VOCES
“Vieja guardia” cuestiona los gastos
Antes costaban menos: Álvarez Esparza
La gestión financiera de legislaturas pasadas de algo se distingue de las últimas: costaba menos porque había menos comodidades para los diputados, asegura el priista Antonio Álvarez Esparza, quien ocupó curul en la LI Legislatura.
“Los diputados han exigido demasiadas comodidades. Tienen demasiadas exigencias que son con cargo al erario. No hay comparación de una Cámara con otras, ahora es mucho más costoso y tienen mayor desgaste”.
El Legislativo operaba con poco dinero y no había apoyo logístico para los funcionarios, recuerda Álvarez Esparza, cuestionado por el desorden de nómina actual.
Las decisiones se justificaron en su momento: Hugo Contreras
Las decisiones que se han tomado en anteriores legislaturas estuvieron justificadas en su momento, explica el presidente estatal del PRI, Hugo Contreras, quien fuera diputado en el anterior período constitucional.
“En cada Legislatura, en cada periodo constitucional, en cada Gobierno se actúa conforme a las circunstancias que en ese momento suceden. Hay cosas que se aprueban porque son en ese momento justificadas. Al paso de los tiempos, las cosas evolucionan y modifican las circunstancias que en años anteriores eran razonables de estar”.
La relación de gasto y resultados es “un insulto”
Los presupuestos erróneamente se definen de acuerdo con la nómina y no con el trabajo y la calidad de éste, y es lo que ha sucedido en las últimas legislaturas estatales; la proporción de los resultados con la cantidad de empleados es un “insulto”, califica el diputado federal priista Leobardo Alcalá.
“En razón a lo que produjeron, la gran cantidad de personas que estuvieron trabajando, me parece que es un insulto a la razón. No puede ser posible que no haya resultados en trabajo desempeñado, porque ahí cobraban. Debe de disminuirse la cantidad de trabajadores, es demasiado gravoso para los resultados que hoy se tienen”.
Tienen doble empleo y no hay información
La primera característica que tienen en común es que poseen un puesto en una institución pública y simultáneamente cobran en el Congreso del Estado; la segunda, que han estado en cargos en años anteriores en el Poder Legislativo, pero que la opacidad del Congreso mantiene sus nombres en sigilo por la falta de nóminas publicadas.
Jonathan Ontiveros Balleza llega en un Jetta blanco a trabajar. Se mete con todo y auto a las instalaciones del PAN Jalisco y ahí desempeña su labor a partir de las 09:00 horas. En el directorio aparece como secretario de Evaluación y Seguimiento. ¿A qué hora hace el trabajo de su puesto en el Legislativo? Ni ahí saben.
En el Congreso cobra 10 mil 600 pesos mensuales por el puesto de archivista. Con el número de empleado 11640, tiene por jefa inmediata a la diputada Mariana Arámbula. La última nómina publicada lo ubica en la Dirección de Biblioteca, pero empleados de ahí tienen mucho que no lo ven. Y aunque dicen que en años anteriores sí asistía, falta información publicada que lo corrobore.
Mientras, en la nómina de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, Carlos Roberto Monraz Ibarra cobra siete mil pesos al mes, con el puesto de ejecutor fiscal; y simultáneamente en el Congreso tiene como jefe inmediato al diputado panista José Gildardo y con su puesto de auxiliar, código 13583, recibe 20 mil 700 pesos brutos al mes.
Él fue uno de los 122 empleados que se basificaron en el Congreso en el primer trimestre de 2011 y, pese a que es obligación de ley, su jefe, puesto y sueldo de años anteriores no están publicadas en el portal web.
Todo debía estar publicado desde septiembre: Itei
Que la Ley de Transparencia sea nueva y tenga cambios no es pretexto: los sujetos obligados debieron tener su información publicada desde el 9 septiembre, señala la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero.
Para inspeccionar la transparencia de los entes públicos, incluido el Congreso del Estado, están las revisiones que hace el Itei a los portales web, para que cumplan con los requerimientos de información. Sin embargo, estas revisiones actualmente están paradas, entre otras cosas porque van a publicar la normatividad secundaria, pero esperan reanudarlas en enero.
Los ciudadanos también pueden impulsar inspecciones, recuerda la presidenta: cuando ellos denuncian sobre alguna falta de información, el Itei rectifica e instruye para que se publique de manera completa. Estas revisiones, derivadas de recursos de transparencia, no han parado y son constantes.
FRENTE A FRENTE
Lo blanco y lo negro
Lo opaco
Nóminas.
Deuda pública.
Estados bancarios.
Asesorías.
Donativos y subsidios.
Cuentas públicas y auditorías internas.
Adquisiciones.
Licitaciones.
Gastos en Comunicación Social.
Inventario.
Normas y sistemas de contabilidad.
Normas de la entrega de cuentas públicas y estados financieros.
Criterios para las auditorías.
Lineamientos para los documentos comprobatorios del ingreso y gasto público.
Juicios políticos y de procedencia penal.
Lo transparente
Presupuesto de egresos.
Iniciativas.
Asistencia, voto e intervención de diputados en sesiones.
Legislación estatal.
Decretos y puntos de acuerdo.
Padrón de proveedores.
Estados financieros.
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Hay tres incisos del artículo 8 que hablan sobre información financiera y que están desaparecidos en el portal de Transparencia del Congreso: no se puede conocer sobre las asesorías que ha solicitado; en teoría, deberían venir los pagos realizados por este servicio, a quién y por qué tipo de trabajo; y tampoco sobre donativos y subsidios, tanto los otorgados como los recibidos.
El Legislativo está obligado a presentar cuentas públicas y auditorías internas y externas de mínimo tres años para atrás, pero en ese punto sólo está publicado un plan de trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) del año 2011, sin un solo informe de gestión financiera del Congreso.
Para comprobar las compras que se ha hecho, así como resoluciones de obra pública y prestaciones de servicios en los últimos tres años, sólo se publican invitaciones para inscribirse como proveedores en 2010 y 2011.
En la rendición de cuentas de gastos en comunicación social, la página de internet tiene la opción de verificar el ejercicio de los recursos que se hizo en octubre de 2013, aunque la ley pide desglose de los últimos tres años; además, al revisar ese gasto mensual, se anuncia: “Durante el mes de octubre del año 2013 no se generaron gastos inherentes a esa partida”.
Las licitaciones que ha lanzado el Congreso deben estar documentadas de cuando menos tres años atrás, pero se limita a mostrar un la licitación para mobiliario de oficina. Mientras que el inventario de los bienes muebles e inmuebles, que según marca la ley debe ir con descripción, uso y valor, este último dato, el concerniente a recursos financieros, se omite.
Omiten información de fiscalización
El Congreso incumple con la información que la Ley de Transparencia prevé como obligatoria para el Poder Legislativo en el artículo 9.
Hay un apartado que solicita datos en materia de fiscalización superior: las normas y sistemas de contabilidad, las normas de la entrega de cuentas públicas y estados financieros, criterios para las auditorías, así como los lineamientos para los documentos comprobatorios del ingreso y gasto público y más; y para cada solicitud, el portal del Legislativo se limita a poner la dirección web de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).
La omisión se extiende al apartado de responsabilidades de los servidores públicos: no existe documentos sobre juicios políticos, juicios de procedencia penal, y resoluciones en la materia.
La información obligatoria para el Legislativo se cumple a medias. Si bien el artículo 9, específico para el Congreso, se incumple menos que el artículo 8, que afecta a cualquier sujeto obligado en el Estado, la oferta de información se queda en intento. Es el caso de las órdenes del día y actas de sesiones de asamblea, comisiones y demás.
Así como los programas anuales de trabajo de las comisiones: aparecen sólo 13 de las 37 comisiones; entre las que no brindan información están la Comisión de Vigilancia, presidida por Juan Manuel Alatorre; la Comisión de Administración, presidida por Celia Fausto; y la Comisión de Hacienda y Presupuestos, presidida por Miguel Castro Reynoso.
VOCES
“Vieja guardia” cuestiona los gastos
Antes costaban menos: Álvarez Esparza
La gestión financiera de legislaturas pasadas de algo se distingue de las últimas: costaba menos porque había menos comodidades para los diputados, asegura el priista Antonio Álvarez Esparza, quien ocupó curul en la LI Legislatura.
“Los diputados han exigido demasiadas comodidades. Tienen demasiadas exigencias que son con cargo al erario. No hay comparación de una Cámara con otras, ahora es mucho más costoso y tienen mayor desgaste”.
El Legislativo operaba con poco dinero y no había apoyo logístico para los funcionarios, recuerda Álvarez Esparza, cuestionado por el desorden de nómina actual.
Las decisiones se justificaron en su momento: Hugo Contreras
Las decisiones que se han tomado en anteriores legislaturas estuvieron justificadas en su momento, explica el presidente estatal del PRI, Hugo Contreras, quien fuera diputado en el anterior período constitucional.
“En cada Legislatura, en cada periodo constitucional, en cada Gobierno se actúa conforme a las circunstancias que en ese momento suceden. Hay cosas que se aprueban porque son en ese momento justificadas. Al paso de los tiempos, las cosas evolucionan y modifican las circunstancias que en años anteriores eran razonables de estar”.
La relación de gasto y resultados es “un insulto”
Los presupuestos erróneamente se definen de acuerdo con la nómina y no con el trabajo y la calidad de éste, y es lo que ha sucedido en las últimas legislaturas estatales; la proporción de los resultados con la cantidad de empleados es un “insulto”, califica el diputado federal priista Leobardo Alcalá.
“En razón a lo que produjeron, la gran cantidad de personas que estuvieron trabajando, me parece que es un insulto a la razón. No puede ser posible que no haya resultados en trabajo desempeñado, porque ahí cobraban. Debe de disminuirse la cantidad de trabajadores, es demasiado gravoso para los resultados que hoy se tienen”.
Tienen doble empleo y no hay información
La primera característica que tienen en común es que poseen un puesto en una institución pública y simultáneamente cobran en el Congreso del Estado; la segunda, que han estado en cargos en años anteriores en el Poder Legislativo, pero que la opacidad del Congreso mantiene sus nombres en sigilo por la falta de nóminas publicadas.
Jonathan Ontiveros Balleza llega en un Jetta blanco a trabajar. Se mete con todo y auto a las instalaciones del PAN Jalisco y ahí desempeña su labor a partir de las 09:00 horas. En el directorio aparece como secretario de Evaluación y Seguimiento. ¿A qué hora hace el trabajo de su puesto en el Legislativo? Ni ahí saben.
En el Congreso cobra 10 mil 600 pesos mensuales por el puesto de archivista. Con el número de empleado 11640, tiene por jefa inmediata a la diputada Mariana Arámbula. La última nómina publicada lo ubica en la Dirección de Biblioteca, pero empleados de ahí tienen mucho que no lo ven. Y aunque dicen que en años anteriores sí asistía, falta información publicada que lo corrobore.
Mientras, en la nómina de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, Carlos Roberto Monraz Ibarra cobra siete mil pesos al mes, con el puesto de ejecutor fiscal; y simultáneamente en el Congreso tiene como jefe inmediato al diputado panista José Gildardo y con su puesto de auxiliar, código 13583, recibe 20 mil 700 pesos brutos al mes.
Él fue uno de los 122 empleados que se basificaron en el Congreso en el primer trimestre de 2011 y, pese a que es obligación de ley, su jefe, puesto y sueldo de años anteriores no están publicadas en el portal web.
Todo debía estar publicado desde septiembre: Itei
Que la Ley de Transparencia sea nueva y tenga cambios no es pretexto: los sujetos obligados debieron tener su información publicada desde el 9 septiembre, señala la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero.
Para inspeccionar la transparencia de los entes públicos, incluido el Congreso del Estado, están las revisiones que hace el Itei a los portales web, para que cumplan con los requerimientos de información. Sin embargo, estas revisiones actualmente están paradas, entre otras cosas porque van a publicar la normatividad secundaria, pero esperan reanudarlas en enero.
Los ciudadanos también pueden impulsar inspecciones, recuerda la presidenta: cuando ellos denuncian sobre alguna falta de información, el Itei rectifica e instruye para que se publique de manera completa. Estas revisiones, derivadas de recursos de transparencia, no han parado y son constantes.
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Lo blanco y lo negro
Lo opaco
Nóminas.
Deuda pública.
Estados bancarios.
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Donativos y subsidios.
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Licitaciones.
Gastos en Comunicación Social.
Inventario.
Normas y sistemas de contabilidad.
Normas de la entrega de cuentas públicas y estados financieros.
Criterios para las auditorías.
Lineamientos para los documentos comprobatorios del ingreso y gasto público.
Juicios políticos y de procedencia penal.
Lo transparente
Presupuesto de egresos.
Iniciativas.
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