Jalisco
Una vez más, diputados aplazan dictamen sobre el caso del auditor
La investigación de la Dirección Jurídica del Congreso concluye que Alonso Godoy no incurrió en irregularidades, pero no se han presentado los documentos probatorios
GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2011).- La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado aplazó una vez más emitir un dictamen para definir la situación del titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, y determinar si se sostiene la investigación de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo o si se encuentran elementos para responsabilizar al señalado ante la posibilidad de que el dinero que recibió de manera extraordinaria a su salario por hasta 9.8 millones de pesos (MDP) haya sido irregular.
El presidente de dicha comisión legislativa, Salvador Barajas del Toro, expuso que la intención era emitir un dictamen ayer lunes con base en la propuesta presentada por la Unidad de Vigilancia (órgano asesor de la comisión que lleva el mismo nombre), pero este proceso no fue posible debido a que la Dirección de Control Presupuestal y Financiero del Legislativo no remitió la información solicitada.
“Tenemos un acuerdo con la Dirección de Control Presupuestal para que el próximo miércoles (mañana) tengamos los documentos. Consideramos que la Unidad de Vigilancia tendría una propuesta de dictamen a partir de la opinión que emitió el director jurídico del Congreso, pero al no tener la documentación que sustenta la opinión jurídica, era complicado emitir un dictamen. Por ello, hemos aprobado que en la próxima sesión de la Comisión de Vigilancia se concluya con el tema de una vez por todas”.
Si bien la investigación hecha por la Dirección Jurídica exculpa al auditor de cualquier anomalía, los documentos que sustentan ese veredicto no se incluyeron en el reporte.
“Pudiera parecer un asunto para dilatar la resolución (aplazar el dictamen), pero es un tema que nos urge resolverlo. Solicitamos la información de inmediato, no podemos emitir un dictamen sin documentos.
Necesitamos copias de los cheques, copias de las pólizas, la nómina de la Auditoría que en esos años estaba dentro del Congreso del Estado”, dijo el diputado tricolor.
En caso de que estos informes no concuerden, entonces la Comisión de Vigilancia analizará llamar al director jurídico para que explique la conclusión de que no existe irregularidad en materia jurídica en los pagos que recibió Alonso Godoy Pelayo.
Cabe recordar que dentro de los argumentos expuestos en dicha investigación, está que no sólo el auditor recibió recursos extraordinarios a sus percepciones salariales, sino que “otros funcionarios más estaban en este supuesto”, sin especificar montos y nombres. Cuestionado al respecto, Barajas del Toro advirtió que estos casos no se analizarán por el momento, porque el dictamen que existe es para revisar sólo el caso del auditor.
Al respecto, confió en que la próxima semana, la comisión legislativa que preside pueda emitir su resolución que será votada en el pleno del Congreso.
FRASE
Pudiera parecer un asunto para dilatar la resolución, pero nos urge resolverlo (...) no podemos emitir dictamen sin documentos
Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia.
Telón de fondo
Dan largas al asunto
Desde que se dieron a conocer los pagos extraordinarios que recibió el auditor Alonso Godoy Pelayo por 9.8 millones de pesos en enero pasado, los diputados dan largas al asunto y no hay un fallo definitivo sobre si lo mantendrán o no en el cargo.
Primero, se citó a comparecer al funcionario ante la Comisión de Vigilancia, lo que después pasó al pleno como una relatoría en lugar de una conclusión sobre si el auditor incurrió o no en irregularidades.
Ante el reclamo de cúpulas empresariales y otros organismos de la sociedad civil, el tema llegó a la Junta de Coordinación Política del Legislativo, la cual solicitó una investigación por parte de la Dirección Jurídica, a cargo de Antonio Rocha Santos, misma que concluyó a principios de este mes que no había ilegalidad que se pueda achacar a Godoy Pelayo.
Luego de que terminó la investigación, “la bolita” regresó a manos de la Comisión de Vigilancia, donde permanece atorada. Y pese a que no se encuentren anomalías en el pago extra al sueldo del funcionario, cabe recordar que la inconformidad de los empresarios, así como de la bancada del PAN, está en que no sólo hay que valorar la cuestión legal, sino también los principios éticos que llevaron a aceptar ese dinero a quien es el encargado de revisar la aplicación de los recursos públicos .
El presidente de dicha comisión legislativa, Salvador Barajas del Toro, expuso que la intención era emitir un dictamen ayer lunes con base en la propuesta presentada por la Unidad de Vigilancia (órgano asesor de la comisión que lleva el mismo nombre), pero este proceso no fue posible debido a que la Dirección de Control Presupuestal y Financiero del Legislativo no remitió la información solicitada.
“Tenemos un acuerdo con la Dirección de Control Presupuestal para que el próximo miércoles (mañana) tengamos los documentos. Consideramos que la Unidad de Vigilancia tendría una propuesta de dictamen a partir de la opinión que emitió el director jurídico del Congreso, pero al no tener la documentación que sustenta la opinión jurídica, era complicado emitir un dictamen. Por ello, hemos aprobado que en la próxima sesión de la Comisión de Vigilancia se concluya con el tema de una vez por todas”.
Si bien la investigación hecha por la Dirección Jurídica exculpa al auditor de cualquier anomalía, los documentos que sustentan ese veredicto no se incluyeron en el reporte.
“Pudiera parecer un asunto para dilatar la resolución (aplazar el dictamen), pero es un tema que nos urge resolverlo. Solicitamos la información de inmediato, no podemos emitir un dictamen sin documentos.
Necesitamos copias de los cheques, copias de las pólizas, la nómina de la Auditoría que en esos años estaba dentro del Congreso del Estado”, dijo el diputado tricolor.
En caso de que estos informes no concuerden, entonces la Comisión de Vigilancia analizará llamar al director jurídico para que explique la conclusión de que no existe irregularidad en materia jurídica en los pagos que recibió Alonso Godoy Pelayo.
Cabe recordar que dentro de los argumentos expuestos en dicha investigación, está que no sólo el auditor recibió recursos extraordinarios a sus percepciones salariales, sino que “otros funcionarios más estaban en este supuesto”, sin especificar montos y nombres. Cuestionado al respecto, Barajas del Toro advirtió que estos casos no se analizarán por el momento, porque el dictamen que existe es para revisar sólo el caso del auditor.
Al respecto, confió en que la próxima semana, la comisión legislativa que preside pueda emitir su resolución que será votada en el pleno del Congreso.
FRASE
Pudiera parecer un asunto para dilatar la resolución, pero nos urge resolverlo (...) no podemos emitir dictamen sin documentos
Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia.
Telón de fondo
Dan largas al asunto
Desde que se dieron a conocer los pagos extraordinarios que recibió el auditor Alonso Godoy Pelayo por 9.8 millones de pesos en enero pasado, los diputados dan largas al asunto y no hay un fallo definitivo sobre si lo mantendrán o no en el cargo.
Primero, se citó a comparecer al funcionario ante la Comisión de Vigilancia, lo que después pasó al pleno como una relatoría en lugar de una conclusión sobre si el auditor incurrió o no en irregularidades.
Ante el reclamo de cúpulas empresariales y otros organismos de la sociedad civil, el tema llegó a la Junta de Coordinación Política del Legislativo, la cual solicitó una investigación por parte de la Dirección Jurídica, a cargo de Antonio Rocha Santos, misma que concluyó a principios de este mes que no había ilegalidad que se pueda achacar a Godoy Pelayo.
Luego de que terminó la investigación, “la bolita” regresó a manos de la Comisión de Vigilancia, donde permanece atorada. Y pese a que no se encuentren anomalías en el pago extra al sueldo del funcionario, cabe recordar que la inconformidad de los empresarios, así como de la bancada del PAN, está en que no sólo hay que valorar la cuestión legal, sino también los principios éticos que llevaron a aceptar ese dinero a quien es el encargado de revisar la aplicación de los recursos públicos .