Jalisco
Tribunal frena pago de finiquito a supernumerarios
La resolución impide el pago de tres meses de salario por concepto de indemnización a los trabajadores eventuales
GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2012).- La resolución de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), que determina que son ilegales los contratos de los trabajadores supernumerarios del Congreso Local, refiere que la medida cautelar concedida a petición del coordinador electo de los diputados del PRI en la próxima Legislatura, Miguel Castro Reynoso, “surte efectos desde este momento y hasta que cause estado la sentencia definitiva para que las autoridades demandadas no realicen pago alguno a los trabajadores supernumerarios por concepto de indemnización, y como consecuencia de ello no deberán otorgar renovación o definitividad de esos contratos al término de su vigencia”.
El magistrado Armando García Estrada advierte que definir la legalidad de los actos administrativos en esos contratos “se reserva para la sentencia definitiva”.
En la resolución, García Estrada advierte que las autoridades demandadas están apercibidas, y en caso de no cumplir con la medida cautelar se podrían hacer acreedores a una amonestación, una multa económica o incluso una consignación en los términos del Código Penal.
En dicho documento, que llegó al Poder Legislativo a Oficialía de Partes ayer, se expone en la portada de la resolución que las autoridades demandadas tienen diez días para que responda a la demanda entablada en su contra.
“En caso de no hacerlo, se decretará rebeldía con las consecuencias legales inherentes”.
El magistrado también advierte que los demandados tienen cinco días hábiles para remitir copias de los documentos que solicita el priista Miguel Castro como parte de la demanda.
Castro Reynoso solicitó al Congreso copias certificadas del presupuesto 2010, 2011 y 2012; nóminas, copias certificadas de los nombramientos y contratos de los supernumerarios y copias de las sesiones en las que fueron aprobados los nombramientos o contratos de los servidores públicos temporales.
Cuestionado en torno al alcance de la resolución del TAE, Miguel Castro reconoció que los trabajadores supernumerarios aún tienen la posibilidad de combatir esta resolución ante instancias legales, no obstante consideró que era necesario que intervinieran tribunales con la finalidad de dar certeza al manejo de los recursos administrativos.
“Estamos enfrentando un manejo de recursos irresponsable en el Congreso. Estamos en contra de que se maneje el dinero de manera irresponsable, desde el principio he sido respetuoso con el tema de los trabajadores y les he manifestado mi respeto a las condiciones de los trabajadores y a la preocupación que tienen en el pago de sus sueldos”, expuso.
El próximo coordinador de los diputados tricolores a partir del 1 de noviembre consideró que no se debe satanizar a los empleados supernumerarios y advirtió que la demanda que presentó fue para “poner orden”.
“La LX Legislatura debe dignificar la labor del trabajador. El problema no es del trabajo, es el manejo irresponsable del dinero público del Congreso”.
Entregan pliego petitorio
Los 39 legisladores locales electos fueron convocados por la actual Legislatura para que ayer y hoy acudan al Congreso del Estado con la finalidad de tomarles sus huellas digitales y la fotografía oficial de la próxima Legislatura, datos necesarios para la Junta Preparatoria que se realizará el jueves 25 de octubre. Para su sorpresa, los diputados entrantes fueron recibidos por un grupo de trabajadores supernumerarios organizados, quienes entregaron una copia con un pliego petitorio a cada uno de los próximos legisladores, y les pedían que firmaran el documento.
Algunos firmaron sin mayor problema, otros signaron el documento redactado por los trabajadores con la leyenda “recibido”. En su pliego, los supernumerarios exponen seis puntos, entre los que exigen “el pago inmediato de sus salarios adeudados”.
También solicitan una audiencia con los coordinadores parlamentarios actuales, con el secretario general, Manuel Correa Ceseña, y con el director de Recursos Humanos, Enrique Trejo, para que expliquen por qué no se les ha pagado sus sueldos de la segunda quincena de septiembre, la primera de octubre y el bono del Día del Servidor Público.
A los diputados entrantes, los trabajadores solicitan su apoyo “para que exista un compromiso de su parte para realizar gestiones necesarias para concluir con el problema social y jurídico del Congreso”.
En el pliego, los trabajadores también incluyen al gobernador del Estado, Emilio González Márquez, a quien llaman para que “brinde su apoyo y tome cartas en el asunto para que la situación sea resuelta favorablemente”. El documento fechado el 22 de octubre está dirigido a los cuatro coordinadores parlamentarios, al secretario general del Congreso, Manuel Correa Ceseña, y a los 39 diputados entrante.
Uno de los diputados que acudió al Congreso del Estado y que firmó el documento fue el legislador del PRI, Trinidad Padilla López, quien dijo que “tendrá que hacerse lo que la ley disponga y que deberá resolver la Legislatura saliente. Con toda justicia se deberá pagar a quien se le debe. La actual Legislatura debe finiquitar todo lo que se debe”.
Hace balance de su gestión
Diputada Ana Bertha Guzmán rinde informe
La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Ana Bertha Guzmán Alatorre, presentó su informe de actividades al frente de ese órgano parlamentario. Haciendo un balance personal, señaló que se lleva “un aprendizaje que, si bien ha resultado costoso para la sociedad, nos lleva a tratar de sacar adelante las iniciativas que presentamos los diputados”.
Expresó también que “se debe dejar la administración del Congreso a quien corresponde y actuar en consecuencia cuando no se cumpla”. Resaltó la necesidad de que el Poder Legislativo recobre el margen de maniobra para que recupere la legitimidad que ha perdido y para ello llamó a los legisladores entrantes a poner orden administrativo.
De acuerdo con el trabajo realizado durante esta 59a. Legislatura, la diputada comentó que se queda con varios aprendizajes, entre ellos, que para agilizar el trabajo parlamentario es necesario llegar con acuerdos previos a las sesiones parlamentarias, pero que éstos no sean por unanimidad, por lo que propone que las iniciativas sean aprobadas y discutidas en una sesión del pleno larga y no en acuerdos rápidos.
Puntualizó también que se debe privilegiar la calidad de las iniciativas presentadas por los legisladores sobre la cantidad, debatiéndolas dentro de las comisiones y el pleno, aunque para ello se requiera realizar un mayor número de sesiones. Además dice que es necesario que los diputados lean los dictámenes y documentarse de manera amplia sobre el tema antes de votarlos, así como solicitar copia de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, ya que en ocasiones los legisladores no los conocen y no tienen los elementos para votar de manera consciente los asuntos agendados.
Guzmán Alatorre manifestó que entre las iniciativas que presentó hay algunas que recomienda deben retomarse por la siguiente Legislatura, como por ejemplo: la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública, Organismos Autónomos y Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual ya pasó en primera lectura y pretende reglamentar la entrega-recepción de las administraciones municipales, gubernamental y del Legislativo.
Una más que propone reformas al Código Civil, que establece la negativa para que los menores de edad sean llamados a declarar o ser testigos en controversias de orden familiar; así como otra que pretende crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y obligar al Consejo de Familia a dar seguimiento a las adopciones.
Informó que de las 211 sesiones del pleno que se realizaron durante este periodo, asistió a 119. Participó en nueve comisiones legislativas presidiendo dos de ellas y como vocal en las siete restantes.
SABER MÁS
Autoridades demandadas
Junta de Coordinación Política: Roberto Marrufo, José Antonio de la Torre y Raúl Vargas.
Mesa Directiva: Roberto Marrufo, presidente.
Comisión de Administración: Raúl Vargas, presidente.
Secretario general: Manuel Correa Ceseña.
Director de Administración y Recursos Humanos: Enrique Carlos Trejo Orozco.
Director de Control Presupuestal: Ernesto Díaz Márquez.
Todos los integrantes del Congreso: Los 39 diputados.
El magistrado Armando García Estrada advierte que definir la legalidad de los actos administrativos en esos contratos “se reserva para la sentencia definitiva”.
En la resolución, García Estrada advierte que las autoridades demandadas están apercibidas, y en caso de no cumplir con la medida cautelar se podrían hacer acreedores a una amonestación, una multa económica o incluso una consignación en los términos del Código Penal.
En dicho documento, que llegó al Poder Legislativo a Oficialía de Partes ayer, se expone en la portada de la resolución que las autoridades demandadas tienen diez días para que responda a la demanda entablada en su contra.
“En caso de no hacerlo, se decretará rebeldía con las consecuencias legales inherentes”.
El magistrado también advierte que los demandados tienen cinco días hábiles para remitir copias de los documentos que solicita el priista Miguel Castro como parte de la demanda.
Castro Reynoso solicitó al Congreso copias certificadas del presupuesto 2010, 2011 y 2012; nóminas, copias certificadas de los nombramientos y contratos de los supernumerarios y copias de las sesiones en las que fueron aprobados los nombramientos o contratos de los servidores públicos temporales.
Cuestionado en torno al alcance de la resolución del TAE, Miguel Castro reconoció que los trabajadores supernumerarios aún tienen la posibilidad de combatir esta resolución ante instancias legales, no obstante consideró que era necesario que intervinieran tribunales con la finalidad de dar certeza al manejo de los recursos administrativos.
“Estamos enfrentando un manejo de recursos irresponsable en el Congreso. Estamos en contra de que se maneje el dinero de manera irresponsable, desde el principio he sido respetuoso con el tema de los trabajadores y les he manifestado mi respeto a las condiciones de los trabajadores y a la preocupación que tienen en el pago de sus sueldos”, expuso.
El próximo coordinador de los diputados tricolores a partir del 1 de noviembre consideró que no se debe satanizar a los empleados supernumerarios y advirtió que la demanda que presentó fue para “poner orden”.
“La LX Legislatura debe dignificar la labor del trabajador. El problema no es del trabajo, es el manejo irresponsable del dinero público del Congreso”.
Entregan pliego petitorio
Los 39 legisladores locales electos fueron convocados por la actual Legislatura para que ayer y hoy acudan al Congreso del Estado con la finalidad de tomarles sus huellas digitales y la fotografía oficial de la próxima Legislatura, datos necesarios para la Junta Preparatoria que se realizará el jueves 25 de octubre. Para su sorpresa, los diputados entrantes fueron recibidos por un grupo de trabajadores supernumerarios organizados, quienes entregaron una copia con un pliego petitorio a cada uno de los próximos legisladores, y les pedían que firmaran el documento.
Algunos firmaron sin mayor problema, otros signaron el documento redactado por los trabajadores con la leyenda “recibido”. En su pliego, los supernumerarios exponen seis puntos, entre los que exigen “el pago inmediato de sus salarios adeudados”.
También solicitan una audiencia con los coordinadores parlamentarios actuales, con el secretario general, Manuel Correa Ceseña, y con el director de Recursos Humanos, Enrique Trejo, para que expliquen por qué no se les ha pagado sus sueldos de la segunda quincena de septiembre, la primera de octubre y el bono del Día del Servidor Público.
A los diputados entrantes, los trabajadores solicitan su apoyo “para que exista un compromiso de su parte para realizar gestiones necesarias para concluir con el problema social y jurídico del Congreso”.
En el pliego, los trabajadores también incluyen al gobernador del Estado, Emilio González Márquez, a quien llaman para que “brinde su apoyo y tome cartas en el asunto para que la situación sea resuelta favorablemente”. El documento fechado el 22 de octubre está dirigido a los cuatro coordinadores parlamentarios, al secretario general del Congreso, Manuel Correa Ceseña, y a los 39 diputados entrante.
Uno de los diputados que acudió al Congreso del Estado y que firmó el documento fue el legislador del PRI, Trinidad Padilla López, quien dijo que “tendrá que hacerse lo que la ley disponga y que deberá resolver la Legislatura saliente. Con toda justicia se deberá pagar a quien se le debe. La actual Legislatura debe finiquitar todo lo que se debe”.
Hace balance de su gestión
Diputada Ana Bertha Guzmán rinde informe
La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, Ana Bertha Guzmán Alatorre, presentó su informe de actividades al frente de ese órgano parlamentario. Haciendo un balance personal, señaló que se lleva “un aprendizaje que, si bien ha resultado costoso para la sociedad, nos lleva a tratar de sacar adelante las iniciativas que presentamos los diputados”.
Expresó también que “se debe dejar la administración del Congreso a quien corresponde y actuar en consecuencia cuando no se cumpla”. Resaltó la necesidad de que el Poder Legislativo recobre el margen de maniobra para que recupere la legitimidad que ha perdido y para ello llamó a los legisladores entrantes a poner orden administrativo.
De acuerdo con el trabajo realizado durante esta 59a. Legislatura, la diputada comentó que se queda con varios aprendizajes, entre ellos, que para agilizar el trabajo parlamentario es necesario llegar con acuerdos previos a las sesiones parlamentarias, pero que éstos no sean por unanimidad, por lo que propone que las iniciativas sean aprobadas y discutidas en una sesión del pleno larga y no en acuerdos rápidos.
Puntualizó también que se debe privilegiar la calidad de las iniciativas presentadas por los legisladores sobre la cantidad, debatiéndolas dentro de las comisiones y el pleno, aunque para ello se requiera realizar un mayor número de sesiones. Además dice que es necesario que los diputados lean los dictámenes y documentarse de manera amplia sobre el tema antes de votarlos, así como solicitar copia de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, ya que en ocasiones los legisladores no los conocen y no tienen los elementos para votar de manera consciente los asuntos agendados.
Guzmán Alatorre manifestó que entre las iniciativas que presentó hay algunas que recomienda deben retomarse por la siguiente Legislatura, como por ejemplo: la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública, Organismos Autónomos y Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual ya pasó en primera lectura y pretende reglamentar la entrega-recepción de las administraciones municipales, gubernamental y del Legislativo.
Una más que propone reformas al Código Civil, que establece la negativa para que los menores de edad sean llamados a declarar o ser testigos en controversias de orden familiar; así como otra que pretende crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y obligar al Consejo de Familia a dar seguimiento a las adopciones.
Informó que de las 211 sesiones del pleno que se realizaron durante este periodo, asistió a 119. Participó en nueve comisiones legislativas presidiendo dos de ellas y como vocal en las siete restantes.
SABER MÁS
Autoridades demandadas
Junta de Coordinación Política: Roberto Marrufo, José Antonio de la Torre y Raúl Vargas.
Mesa Directiva: Roberto Marrufo, presidente.
Comisión de Administración: Raúl Vargas, presidente.
Secretario general: Manuel Correa Ceseña.
Director de Administración y Recursos Humanos: Enrique Carlos Trejo Orozco.
Director de Control Presupuestal: Ernesto Díaz Márquez.
Todos los integrantes del Congreso: Los 39 diputados.