Jalisco
Transparencia, reforma urgente
Armonizar legislación, fundamental para acabar con 'desorden' en la ASEJ
GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2014).- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) necesita de una serie de reformas profundas para que funcione como un suprevisor con credibilidad de las cuentas públicas. Como refiere la académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Aimée Figueroa Neri, especialista en fiscalización y supervisión del gasto, la pata más coja de la instancia autónoma que encabeza Alonso Godoy Pelayo no necesariamente es el lado presupuestal, sino el lado de la transparencia y la rendición de cuentas.
“La transparencia es el antídoto para exponer la opacidad de este sistema de fiscalización. La información sobre cuentas públicas o posiciones en los debates en el Congreso es una parte fundamental para corregir el sistema de fiscalización en Jalisco”.
Y es que los datos revelados por el IMCO y el CUCEA, en la investigación titulada “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, demuestran que a lo oneroso del gasto de la ASEJ, también tenemos que añadir la falta de transparencia para ofrecer la información sobre sus actividades.
La investigación coloca a la ASEJ debajo del promedio nacional en transparencia de la fiscalización.
A los elementos financieros y de transparencia, también debemos agregar la parte jurídica y el diseño institucional. Así lo señala la especialista de la Universidad de Guadalajara. “Es una tragedia para Jalisco el tema de la Auditoría. Es una autonomía disfrazada la del auditor, no es total”. La especialista señala que hay ejemplos de buenos diseños institucionales de auditorías en estados como Colima o Coahuila, pero que en Jalisco hemos ido en reversa en materia de legislación y fiscalización en general.
La propia publicación critica la falta de autonomía de la ASEJ y la corresponsabilidad del Congreso en el proceso de fiscalización. Queda claro que la culpa de que el sistema jalisciense de fiscalización del gasto público se encuentra en una fase de “descrédito” tiene que ver tanto con la Auditoría como con el Congreso.
Incluso, la académica Aimée Figueroa va más allá y encuentra en la estructura de fiscalización absurdos como que en teoría existe una Unidad de Evaluación y Control, que tendría que activarse en el proceso de revisión de las cuentas públicas, pero que hasta el día de hoy no se sabe ni quien es su titular ni tampoco cómo funciona.
“Más que un tema de personas, es un tema de buenas prácticas institucionales. En el origen de la Auditoría hubo un consenso entre académicos, especialistas y activistas. Un consenso que incluso con la Auditoría Federal se ha ido borrando”.
Burocracias “autónomas”
Los organismos constitucionalmente autónomos se han convertido en espacios burocratizados, con nóminas pesadas y que deformaron su labor primigenia. Más que espacios ciudadanizados que asumen control de esos temas donde el Gobierno opera como juez y parte (transparencia, elecciones, auditorías al gasto), se han transformado en un reparto de cuotas con jugosos salarios y nóminas abultadas.
Sólo para 2014, el Gobierno estatal destinará poco más de 800 millones de pesos a este tipo de organismos. Cerca de 40% se va directo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)-355 millones de pesos-, después viene la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) con una asignación presupuestal de 137 millones de pesos y en tercer sitio el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Público del Estado de Jalisco (ITEI) con 43 millones de pesos.
En el caso de la ASEJ particularmente, y como reveló el estudio “Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, seis de cada 10 trabajadores asignados a la Auditoría no tienen el perfil adecuado para ejercer su labor de fiscalización. Esto coloca a Jalisco por debajo de la media nacional.
ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Un sistema propicio para la corrupción: especialista
La autonomía fue una de las claves de la transición política. “Si no confiamos en los gobiernos”, la medicina era muy sencilla: darle autonomía e independencia a órganos que supervisan el gasto público. Así nació la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), como una apuesta por crear un sistema de supervisión del gasto público en donde el Gobierno no sea juez y parte. “Es fundamental esta discusión. El reto es encontrar un punto medio entre autonomía e impunidad. No debemos confundir esos dos términos” señala Aimée Figueroa, profesora de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialista en auditoría y fiscalización.
Más que un problema personal, en opinión de la investigadora, la crisis por la cual atraviesa la fiscalización en Jalisco tiene un origen institucional. Desde el lado de la transparencia del gasto hasta las complicidades en las que incurre el Congreso (encargado constitucionalmente de fiscalizar al auditor), todo surge de un sistema ideado para la corrupción y el intercambio de favores. “Es importante centrarnos en las personas, pero es más importante ver que el sistema de fiscalización está hecho para generar opacidad. Como está diseñado actualmente” asevera la académica del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).
En el reporte “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con apoyo también de académicos y especialistas del CUCEA, se trazan algunas de las líneas de reforma y el diagnóstico de las auditorías en los estados. La opacidad con la que opera la ASEJ queda de manifiesto en el informe del centro de investigaciones.
La ASEJ se encuentra por debajo del promedio nacional en calidad del sistema de fiscalización y la ausencia de autonomía real (donde está reprobada).
Y también coloca a la ASEJ por debajo del promedio nacional en transparencia de la fiscalización, muy lejos de los avances registrados en otros estados del país como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila o Chiapas. Y es que como señala el estudio elaborado entre IMCO y CUCEA, la mala calificación obedece a que la ASEJ no publica algunos informes que resultan claves para evaluar el trabajo de la Auditoría.
“La transparencia y el acceso a la información son los mejores antídotos para combatir la opacidad de la Auditoría, tenemos que presionar por armonizar las leyes que actualmente se contradicen, tienen inconsistencias que operan en contra de la fiscalización misma” advierte la académica Aimée Figueroa que también participó en el estudio.
Sin embargo, de acuerdo con el estudio, no todo el problema depende de la Auditoría. Una buena parte de las omisiones y las faltas a su labor que comete la Auditoría, vienen de un Congreso que no ejerce a plenitud sus funciones y que no actúa como verdadero contrapeso. El estudio señala que el Congreso de Jalisco sólo obtiene una calificación de seis sobre 10 cuando se evalúa sus deberes en materia de fiscalización.
“El Congreso tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando. No sabemos realmente cuáles son los argumentos, en la dictaminación de las cuentas públicas y, peor, no están publicadas muchas de ellas. El Congreso puede utilizar el presupuesto para presionar cambios en la Auditoría, sin embargo no lo hacen” señala la investigadora.
El estudio concluye con una serie de recomendaciones para mejorar el proceso de fiscalización en los estados. Al igual que la investigadora que propone una serie de armonizaciones legales, pero sobre todo más transparencia, la investigación sugiere fortalecer el portal electrónico de las auditorías estatales y establecer un “fiscalizador de carrera” que no se deba a la coyuntura política.
FRASE
“El Congreso tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando. No sabemos realmente cuáles son los argumentos en la dictaminación de las cuentas públicas “
Aimée Figueroa, académica UdeG
FUNCIONES
¿Qué hace la Auditoría?
Según el Artículo 21 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Jalisco, estas son las atribuciones y funciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Son 24 funciones específicas las que marca la ley.
Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión, examen y auditoría pública de las cuentas públicas
Determinar las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad; el sistema de entrega de cuenta pública o estados financieros y de archivo de libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, incluyendo conciliaciones bancarias y patrimonio actualizado, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica de la revisión, examen y auditoría pública
Comprobar que las operaciones que realicen las entidades auditables, sean acordes con sus leyes de ingresos, presupuestos de egresos
Comprobar que las inversiones y gastos autorizados a las entidades y sujetos auditables, se hayan aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas
Requerir, en caso de ser necesario, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas públicas, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades y sujetos auditables
Auditar los subsidios, donaciones o cualquier acto jurídico que las entidades auditables hayan otorgado
Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, gestión financiera y patrimonio
Efectuar visitas e inspecciones para efectos de auditoría, revisión y examen, en los términos de esta ley;
Formular pliegos de recomendaciones que incidan en la mejora de los procesos técnicos-administrativos de la administración pública
Remitir a la Comisión los informes finales de auditoría que aprueban o rechazan una cuenta pública
Sancionar a sus servidores públicos conforme a las leyes de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de Responsabilidades de los Servidores Públicos
TELÓN DE FONDO
Credibilidad bajo sospecha
Alonso Godoy Pelayo es el único auditor que Jalisco ha conocido. Desde la puesta en marcha del órgano autónomo, Godoy Pelayo ha estado al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Los escándalos han sido muchos y muy variados: un sobrepago de 9.8 millones de pesos por salarios caídos donde el Congreso nunca ha dado una justificación de la erogación; la falta de transparencia en la nómina de la dependencia autónoma; la poca claridad sobre las cuentas pública que audita, y ahora, la construcción de las nuevas instalaciones de la Auditoría por un valor que supera los 300 millones de pesos.
Existen dos escenarios en los que se libra la polémica sobre la ASEJ. Por una parte, la rama jurídica en donde el auditor ha ganado muchas batallas.
El núcleo del asunto es que en 2009 un Tribunal Federal ordenó que se “repusiera” el procedimiento con el que fue nombrado el auditor hace algunos años. Sin embargo, el auditor apeló la decisión del Tribunal y el conflicto jurídico promovido por Héctor Romero Fierro, subió hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el máximo tribunal del país se desechó la solicitud de amparo, por lo que la SCJN le cerró los caminos al recurso. Los promotores de la querella advierten que irán a la Comisión Interamericano de Derechos Humanos.
El segundo elemento es el político. Es decir, una resolución desde el Congreso, aunque en el Poder Legislativo sostienen que no hay elementos como para emprender una acción de este tipo. Recordar que el Congreso es el poder de adscripción de la Auditoría.
Otra medida de presión es la presupuestal. La Auditoría no tiene autonomía financiera; es decir, depende de los recursos que le asigna directamente el Congreso del Estado.
Sin embargo, desde que tomó las riendas del órgano autónomo Alonso Godoy Pelayo, el presupuesto de egresos de la ASEJ no ha hecho más que crecer año a año. Ha crecido la inflación de 2012 a la fecha.
POSICIONES
¿Cómo está la política en el Congreso?
En el tricolor esperan la orden del Gobierno del Estado en este tema. Al ser la bancada del partido en el Gobierno, la posición del PRI será conjunta entre el Gobierno del Estado y la fracción parlamentaria.
PRI
Existe división al interior de la bancada del PAN en el Congreso. Los diputados que se salieron de su bancada, en especial Guillermo Martínez Mora, han pedido la dimisión del auditor, sin embargo no hay consenso.
PAN
En MC también han hablado de la necesidad de empujar una iniciativa de reforma para modificar el sistema de fiscalización en Jalisco. No han manifestado una postura clara sobre el tema.
MC
En el Sol Azteca prefieren no moverle al tema del auditor. Han hablado de promover una iniciativa de reforma del sistema de fiscalización, pero aún no se ha presentado.
PRD
Constitucionalmente, el Congreso del Estado es el supervisor de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Así están las posiciones en las distintas bancadas.
LA CIFRA
263 Millones de pesos son los que ejercerá la Auditoria del Estado durante 2014
243 Millones de pesos del presupuesto de la Auditoría se va en sueldos y pago de personal
58% Más presupuesto recibe la Auditoría de Jalisco en comparación a su par de Veracruz
42% Más de presupuesto recibe la Auditoría de Jalisco en comparación con la de Nuevo León
8% El incremento del presupuesto de la Auditoría del Estado de 2012 a la fecha
Sigue: #debateinformador
¿Cree que la mala reputación de la Auditoria del Estado se resuelva con la renuncia de Alonso Godoy Pelayo?
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“La transparencia es el antídoto para exponer la opacidad de este sistema de fiscalización. La información sobre cuentas públicas o posiciones en los debates en el Congreso es una parte fundamental para corregir el sistema de fiscalización en Jalisco”.
Y es que los datos revelados por el IMCO y el CUCEA, en la investigación titulada “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, demuestran que a lo oneroso del gasto de la ASEJ, también tenemos que añadir la falta de transparencia para ofrecer la información sobre sus actividades.
La investigación coloca a la ASEJ debajo del promedio nacional en transparencia de la fiscalización.
A los elementos financieros y de transparencia, también debemos agregar la parte jurídica y el diseño institucional. Así lo señala la especialista de la Universidad de Guadalajara. “Es una tragedia para Jalisco el tema de la Auditoría. Es una autonomía disfrazada la del auditor, no es total”. La especialista señala que hay ejemplos de buenos diseños institucionales de auditorías en estados como Colima o Coahuila, pero que en Jalisco hemos ido en reversa en materia de legislación y fiscalización en general.
La propia publicación critica la falta de autonomía de la ASEJ y la corresponsabilidad del Congreso en el proceso de fiscalización. Queda claro que la culpa de que el sistema jalisciense de fiscalización del gasto público se encuentra en una fase de “descrédito” tiene que ver tanto con la Auditoría como con el Congreso.
Incluso, la académica Aimée Figueroa va más allá y encuentra en la estructura de fiscalización absurdos como que en teoría existe una Unidad de Evaluación y Control, que tendría que activarse en el proceso de revisión de las cuentas públicas, pero que hasta el día de hoy no se sabe ni quien es su titular ni tampoco cómo funciona.
“Más que un tema de personas, es un tema de buenas prácticas institucionales. En el origen de la Auditoría hubo un consenso entre académicos, especialistas y activistas. Un consenso que incluso con la Auditoría Federal se ha ido borrando”.
Burocracias “autónomas”
Los organismos constitucionalmente autónomos se han convertido en espacios burocratizados, con nóminas pesadas y que deformaron su labor primigenia. Más que espacios ciudadanizados que asumen control de esos temas donde el Gobierno opera como juez y parte (transparencia, elecciones, auditorías al gasto), se han transformado en un reparto de cuotas con jugosos salarios y nóminas abultadas.
Sólo para 2014, el Gobierno estatal destinará poco más de 800 millones de pesos a este tipo de organismos. Cerca de 40% se va directo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)-355 millones de pesos-, después viene la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) con una asignación presupuestal de 137 millones de pesos y en tercer sitio el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Público del Estado de Jalisco (ITEI) con 43 millones de pesos.
En el caso de la ASEJ particularmente, y como reveló el estudio “Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, seis de cada 10 trabajadores asignados a la Auditoría no tienen el perfil adecuado para ejercer su labor de fiscalización. Esto coloca a Jalisco por debajo de la media nacional.
ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Un sistema propicio para la corrupción: especialista
La autonomía fue una de las claves de la transición política. “Si no confiamos en los gobiernos”, la medicina era muy sencilla: darle autonomía e independencia a órganos que supervisan el gasto público. Así nació la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), como una apuesta por crear un sistema de supervisión del gasto público en donde el Gobierno no sea juez y parte. “Es fundamental esta discusión. El reto es encontrar un punto medio entre autonomía e impunidad. No debemos confundir esos dos términos” señala Aimée Figueroa, profesora de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialista en auditoría y fiscalización.
Más que un problema personal, en opinión de la investigadora, la crisis por la cual atraviesa la fiscalización en Jalisco tiene un origen institucional. Desde el lado de la transparencia del gasto hasta las complicidades en las que incurre el Congreso (encargado constitucionalmente de fiscalizar al auditor), todo surge de un sistema ideado para la corrupción y el intercambio de favores. “Es importante centrarnos en las personas, pero es más importante ver que el sistema de fiscalización está hecho para generar opacidad. Como está diseñado actualmente” asevera la académica del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).
En el reporte “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con apoyo también de académicos y especialistas del CUCEA, se trazan algunas de las líneas de reforma y el diagnóstico de las auditorías en los estados. La opacidad con la que opera la ASEJ queda de manifiesto en el informe del centro de investigaciones.
La ASEJ se encuentra por debajo del promedio nacional en calidad del sistema de fiscalización y la ausencia de autonomía real (donde está reprobada).
Y también coloca a la ASEJ por debajo del promedio nacional en transparencia de la fiscalización, muy lejos de los avances registrados en otros estados del país como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila o Chiapas. Y es que como señala el estudio elaborado entre IMCO y CUCEA, la mala calificación obedece a que la ASEJ no publica algunos informes que resultan claves para evaluar el trabajo de la Auditoría.
“La transparencia y el acceso a la información son los mejores antídotos para combatir la opacidad de la Auditoría, tenemos que presionar por armonizar las leyes que actualmente se contradicen, tienen inconsistencias que operan en contra de la fiscalización misma” advierte la académica Aimée Figueroa que también participó en el estudio.
Sin embargo, de acuerdo con el estudio, no todo el problema depende de la Auditoría. Una buena parte de las omisiones y las faltas a su labor que comete la Auditoría, vienen de un Congreso que no ejerce a plenitud sus funciones y que no actúa como verdadero contrapeso. El estudio señala que el Congreso de Jalisco sólo obtiene una calificación de seis sobre 10 cuando se evalúa sus deberes en materia de fiscalización.
“El Congreso tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando. No sabemos realmente cuáles son los argumentos, en la dictaminación de las cuentas públicas y, peor, no están publicadas muchas de ellas. El Congreso puede utilizar el presupuesto para presionar cambios en la Auditoría, sin embargo no lo hacen” señala la investigadora.
El estudio concluye con una serie de recomendaciones para mejorar el proceso de fiscalización en los estados. Al igual que la investigadora que propone una serie de armonizaciones legales, pero sobre todo más transparencia, la investigación sugiere fortalecer el portal electrónico de las auditorías estatales y establecer un “fiscalizador de carrera” que no se deba a la coyuntura política.
FRASE
“El Congreso tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando. No sabemos realmente cuáles son los argumentos en la dictaminación de las cuentas públicas “
Aimée Figueroa, académica UdeG
FUNCIONES
¿Qué hace la Auditoría?
Según el Artículo 21 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Jalisco, estas son las atribuciones y funciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Son 24 funciones específicas las que marca la ley.
Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión, examen y auditoría pública de las cuentas públicas
Determinar las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad; el sistema de entrega de cuenta pública o estados financieros y de archivo de libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, incluyendo conciliaciones bancarias y patrimonio actualizado, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica de la revisión, examen y auditoría pública
Comprobar que las operaciones que realicen las entidades auditables, sean acordes con sus leyes de ingresos, presupuestos de egresos
Comprobar que las inversiones y gastos autorizados a las entidades y sujetos auditables, se hayan aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas
Requerir, en caso de ser necesario, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas públicas, a terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades y sujetos auditables
Auditar los subsidios, donaciones o cualquier acto jurídico que las entidades auditables hayan otorgado
Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, gestión financiera y patrimonio
Efectuar visitas e inspecciones para efectos de auditoría, revisión y examen, en los términos de esta ley;
Formular pliegos de recomendaciones que incidan en la mejora de los procesos técnicos-administrativos de la administración pública
Remitir a la Comisión los informes finales de auditoría que aprueban o rechazan una cuenta pública
Sancionar a sus servidores públicos conforme a las leyes de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de Responsabilidades de los Servidores Públicos
TELÓN DE FONDO
Credibilidad bajo sospecha
Alonso Godoy Pelayo es el único auditor que Jalisco ha conocido. Desde la puesta en marcha del órgano autónomo, Godoy Pelayo ha estado al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Los escándalos han sido muchos y muy variados: un sobrepago de 9.8 millones de pesos por salarios caídos donde el Congreso nunca ha dado una justificación de la erogación; la falta de transparencia en la nómina de la dependencia autónoma; la poca claridad sobre las cuentas pública que audita, y ahora, la construcción de las nuevas instalaciones de la Auditoría por un valor que supera los 300 millones de pesos.
Existen dos escenarios en los que se libra la polémica sobre la ASEJ. Por una parte, la rama jurídica en donde el auditor ha ganado muchas batallas.
El núcleo del asunto es que en 2009 un Tribunal Federal ordenó que se “repusiera” el procedimiento con el que fue nombrado el auditor hace algunos años. Sin embargo, el auditor apeló la decisión del Tribunal y el conflicto jurídico promovido por Héctor Romero Fierro, subió hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el máximo tribunal del país se desechó la solicitud de amparo, por lo que la SCJN le cerró los caminos al recurso. Los promotores de la querella advierten que irán a la Comisión Interamericano de Derechos Humanos.
El segundo elemento es el político. Es decir, una resolución desde el Congreso, aunque en el Poder Legislativo sostienen que no hay elementos como para emprender una acción de este tipo. Recordar que el Congreso es el poder de adscripción de la Auditoría.
Otra medida de presión es la presupuestal. La Auditoría no tiene autonomía financiera; es decir, depende de los recursos que le asigna directamente el Congreso del Estado.
Sin embargo, desde que tomó las riendas del órgano autónomo Alonso Godoy Pelayo, el presupuesto de egresos de la ASEJ no ha hecho más que crecer año a año. Ha crecido la inflación de 2012 a la fecha.
POSICIONES
¿Cómo está la política en el Congreso?
En el tricolor esperan la orden del Gobierno del Estado en este tema. Al ser la bancada del partido en el Gobierno, la posición del PRI será conjunta entre el Gobierno del Estado y la fracción parlamentaria.
PRI
Existe división al interior de la bancada del PAN en el Congreso. Los diputados que se salieron de su bancada, en especial Guillermo Martínez Mora, han pedido la dimisión del auditor, sin embargo no hay consenso.
PAN
En MC también han hablado de la necesidad de empujar una iniciativa de reforma para modificar el sistema de fiscalización en Jalisco. No han manifestado una postura clara sobre el tema.
MC
En el Sol Azteca prefieren no moverle al tema del auditor. Han hablado de promover una iniciativa de reforma del sistema de fiscalización, pero aún no se ha presentado.
PRD
Constitucionalmente, el Congreso del Estado es el supervisor de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Así están las posiciones en las distintas bancadas.
LA CIFRA
263 Millones de pesos son los que ejercerá la Auditoria del Estado durante 2014
243 Millones de pesos del presupuesto de la Auditoría se va en sueldos y pago de personal
58% Más presupuesto recibe la Auditoría de Jalisco en comparación a su par de Veracruz
42% Más de presupuesto recibe la Auditoría de Jalisco en comparación con la de Nuevo León
8% El incremento del presupuesto de la Auditoría del Estado de 2012 a la fecha
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