Jalisco
Sueldos en el Congreso rebasan el doble del promedio estatal
Los burócratas del Poder Legislativo ganan una media de 15 mil 753 pesos, mientras que las percepciones del jalisciense común rondan los seis mil 800
GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2011).- Con al menos un millón de jaliscienses en pobreza alimentaria, la pérdida de poder adquisitivo de la clase media así como una vasta cantidad de empleos mal pagados, la población enfrenta un panorama económico difícil de sobrellevar para mantener a su familia.
Pero ese supuesto no aplica para los mil 479 empleados del Congreso del Estado: mientras un trabajador común obtiene ingresos —a través de uno o más empleos— por hasta 3.9 salarios mínimos (seis mil 801 pesos mensuales, de acuerdo con datos del Gobierno del Estado), en el Poder Legislativo el sueldo promedio es de 15 mil 753 pesos (datos actualizados con la nómina del mes de marzo).
Los empleados “menos favorecidos” de la burocracia legislativa son aquellos con cargos como intendente, cuyo sueldo oscila entre siete mil hasta 12 mil pesos al mes. Un chofer tiene un salario de 10 mil pesos y el de un ayudante de mantenimiento llega a 12 mil.
El secretario general del Congreso, Manuel Correa Ceseña, tiene las percepciones más altas en el tabulador con 122 mil pesos mensuales; le siguen los propios diputados con 107 mil pesos y después están los directores de área con cifras de hasta 70 mil (todos son números brutos, es decir, sin reducir impuestos). En el caso de los legisladores se les debe sumar las partidas especiales como el apoyo a fracciones parlamentarias o para casas de enlace.
Base a supernumerarios en el primer año
No es inusual que al concluir las legislaturas, trascienda que existió un pacto entre los coordinadores parlamentarios para asignar un número de plazas a cada legislador o cada bancada, quienes a su vez las entregan a las personas cercanas a su equipo de trabajo; ello trae como consecuencia el engrosamiento de la nómina cada tres años.
Los actuales diputados ni siquiera se esperaron a concluir su periodo para concretar basificaciones. Hace tres meses aproximadamente, los coordinadores parlamentarios hicieron públicas sus intenciones de dar base a algunos integrantes del personal: incluso, garantizaron que elegirían a los que tuvieran mayor antigüedad y mejor perfil.
Nunca se dio a conocer el número de plazas disponibles, pero el argumento para concretar este proceso es que mantendrían la plantilla en los mismos números o menos, y que al final cuesta más caro mantener personal por fuera —honorarios o supernumerarios— que incluirlo en la nómina.
Tanto el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López, como el secretario general del Congreso, Manuel Correa Ceseña, dijeron que este proceso no traería un aumento de empleados y, por ende, tampoco incrementaría la cantidad de recursos a erogar.
Este medio informativo solicitó vía transparencia la nómina de enero de 2010 con la finalidad de conocer cómo cerró el número de trabajadores y el ejercicio de recursos en la pasada Legislatura. La Unidad de Transparencia del Congreso respondió: “Una vez realizada una búsqueda minuciosa en los archivos de esta dirección, no se localizó la nómina a efecto de poder fotocopiarla”.
En junio de 2010, la actual Legislatura “transparentó” la remuneración mensual por puesto de sus burócratas. Días después, aclararon que ese documento no era confiable porque “tenía errores de dedo”. En esa plantilla estaban registrados mil 154 empleados, es decir 325 personas menos que las que vienen en la nómina actualizada al mes de marzo.
En total son 800 los trabajadores los que laboran bajo el esquema de supernumerarios, que si bien tienen algunas prestaciones, no generan antigüedad ni cuentan con todos los privilegios de los empleados sindicalizados.
A finales del año pasado, Manuel Correa Ceseña anunció que iniciaría un esquema de reordenamiento en la plantilla laboral, mientras que la Comisión de Administración aprobó un programa de austeridad para generar ahorros.
De acuerdo con este proyecto, los diputados recortarían a 250 empleados; ahorrarían en el pago de nómina 110 millones 854 mil pesos anuales; en la adquisición de materiales, un monto cercano a los 29 millones; en el rubro de Servicios Generales, proyectaron ahorros por 50 MDP, y en el capítulo 5000, la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles, gastarían 10 millones de pesos menos.
En este plan se incluía también la opción de activar el programa de Retiro Voluntario, que hasta ahora no ha entrado en vigor por falta de recursos. Tras las “buenas intenciones”, se ha concretado el despido o la no renovación de contrato de 95 empleados, lo que significa 6.4% del total de la nómina y representa ahorros por un millón 972 mil 428 pesos mensuales.
Las basificaciones, en contraste, sumaron en el primer trimestre del año a 122 personas, que costarán dos millones 906 mil 335 pesos cada mes al erario. Además se renovó contrato a 662 trabajadores que laboran bajo el esquema de honorarios o supernumerarios.
NUMERALIA
1,479 empleados tiene el Congreso.
800 son supernumerarios.
679 tienen base.
662 empleados se les renovó el contrato en el presente año; de éstos, 37 están bajo el esquema de honorarios y 625 son supernumerarios.
24 millones 776 mil 329 pesos es el gasto mensual en nómina del Congreso.
594 millones 613 mil 917 pesos asciende la cantidad anual.
662 millones 218 mil 400 pesos es el Presupuesto 2010 para el Legislativo.
89% del recurso se va en pago de sueldos.
Telón de fondo
Acumulan escándalos
Las finanzas del Congreso han sido un misterio para propios y extraños. Varios escándalos han surgido ante la solicitud de quienes desean conocer a fondo la aplicación de recursos en el Poder Legislativo.
Como ejemplos están las denuncias penales y solicitudes de juicio político en contra de los integrantes de la pasada Junta de Coordinación Política, por la negativa de hacer pública la aplicación de la partida 8000, destinada a grupos parlamentarios.
Otro caso el resultado de una auditoría particular a las finanzas de la pasada Legislatura que dejó al descubierto el pago extraordinario que le dieron los diputados al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, por hasta 10 millones de pesos ajenos a su sueldo.
El año pasado, el primero de la actual Legislatura, los diputados se vieron en aprietos para salir adelante en los compromisos con proveedores y el pago de adeudos. Pero “lo más preocupante”, decían los coordinadores parlamentarios, era la falta de solvencia para pagarles a los empleados del Congreso.
En ese entonces culparon a sus antecesores por haber dejado un presupuesto raquítico al aprovechar el “mes de Hidalgo”, enero de 2010 —el último de la 58 Legislatura—, y gastar buena parte del recurso total asignado para ese año.
A finales de agosto, el anterior secretario general del Congreso, Carlos Corona, se convirtió en el “chivo expiatorio” y tuvo que dejar su cargo luego de que fue acusado de presuntos malos manejos administrativos. En su lugar entró Manuel Correa Ceseña anunciando un reordenamiento en la plantilla laboral, mientras que el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas, habló de un plan de austeridad que, por lo menos hasta el momento, parecen no haberse concretado.
Pero ese supuesto no aplica para los mil 479 empleados del Congreso del Estado: mientras un trabajador común obtiene ingresos —a través de uno o más empleos— por hasta 3.9 salarios mínimos (seis mil 801 pesos mensuales, de acuerdo con datos del Gobierno del Estado), en el Poder Legislativo el sueldo promedio es de 15 mil 753 pesos (datos actualizados con la nómina del mes de marzo).
Los empleados “menos favorecidos” de la burocracia legislativa son aquellos con cargos como intendente, cuyo sueldo oscila entre siete mil hasta 12 mil pesos al mes. Un chofer tiene un salario de 10 mil pesos y el de un ayudante de mantenimiento llega a 12 mil.
El secretario general del Congreso, Manuel Correa Ceseña, tiene las percepciones más altas en el tabulador con 122 mil pesos mensuales; le siguen los propios diputados con 107 mil pesos y después están los directores de área con cifras de hasta 70 mil (todos son números brutos, es decir, sin reducir impuestos). En el caso de los legisladores se les debe sumar las partidas especiales como el apoyo a fracciones parlamentarias o para casas de enlace.
Base a supernumerarios en el primer año
No es inusual que al concluir las legislaturas, trascienda que existió un pacto entre los coordinadores parlamentarios para asignar un número de plazas a cada legislador o cada bancada, quienes a su vez las entregan a las personas cercanas a su equipo de trabajo; ello trae como consecuencia el engrosamiento de la nómina cada tres años.
Los actuales diputados ni siquiera se esperaron a concluir su periodo para concretar basificaciones. Hace tres meses aproximadamente, los coordinadores parlamentarios hicieron públicas sus intenciones de dar base a algunos integrantes del personal: incluso, garantizaron que elegirían a los que tuvieran mayor antigüedad y mejor perfil.
Nunca se dio a conocer el número de plazas disponibles, pero el argumento para concretar este proceso es que mantendrían la plantilla en los mismos números o menos, y que al final cuesta más caro mantener personal por fuera —honorarios o supernumerarios— que incluirlo en la nómina.
Tanto el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López, como el secretario general del Congreso, Manuel Correa Ceseña, dijeron que este proceso no traería un aumento de empleados y, por ende, tampoco incrementaría la cantidad de recursos a erogar.
Este medio informativo solicitó vía transparencia la nómina de enero de 2010 con la finalidad de conocer cómo cerró el número de trabajadores y el ejercicio de recursos en la pasada Legislatura. La Unidad de Transparencia del Congreso respondió: “Una vez realizada una búsqueda minuciosa en los archivos de esta dirección, no se localizó la nómina a efecto de poder fotocopiarla”.
En junio de 2010, la actual Legislatura “transparentó” la remuneración mensual por puesto de sus burócratas. Días después, aclararon que ese documento no era confiable porque “tenía errores de dedo”. En esa plantilla estaban registrados mil 154 empleados, es decir 325 personas menos que las que vienen en la nómina actualizada al mes de marzo.
En total son 800 los trabajadores los que laboran bajo el esquema de supernumerarios, que si bien tienen algunas prestaciones, no generan antigüedad ni cuentan con todos los privilegios de los empleados sindicalizados.
A finales del año pasado, Manuel Correa Ceseña anunció que iniciaría un esquema de reordenamiento en la plantilla laboral, mientras que la Comisión de Administración aprobó un programa de austeridad para generar ahorros.
De acuerdo con este proyecto, los diputados recortarían a 250 empleados; ahorrarían en el pago de nómina 110 millones 854 mil pesos anuales; en la adquisición de materiales, un monto cercano a los 29 millones; en el rubro de Servicios Generales, proyectaron ahorros por 50 MDP, y en el capítulo 5000, la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles, gastarían 10 millones de pesos menos.
En este plan se incluía también la opción de activar el programa de Retiro Voluntario, que hasta ahora no ha entrado en vigor por falta de recursos. Tras las “buenas intenciones”, se ha concretado el despido o la no renovación de contrato de 95 empleados, lo que significa 6.4% del total de la nómina y representa ahorros por un millón 972 mil 428 pesos mensuales.
Las basificaciones, en contraste, sumaron en el primer trimestre del año a 122 personas, que costarán dos millones 906 mil 335 pesos cada mes al erario. Además se renovó contrato a 662 trabajadores que laboran bajo el esquema de honorarios o supernumerarios.
NUMERALIA
1,479 empleados tiene el Congreso.
800 son supernumerarios.
679 tienen base.
662 empleados se les renovó el contrato en el presente año; de éstos, 37 están bajo el esquema de honorarios y 625 son supernumerarios.
24 millones 776 mil 329 pesos es el gasto mensual en nómina del Congreso.
594 millones 613 mil 917 pesos asciende la cantidad anual.
662 millones 218 mil 400 pesos es el Presupuesto 2010 para el Legislativo.
89% del recurso se va en pago de sueldos.
Telón de fondo
Acumulan escándalos
Las finanzas del Congreso han sido un misterio para propios y extraños. Varios escándalos han surgido ante la solicitud de quienes desean conocer a fondo la aplicación de recursos en el Poder Legislativo.
Como ejemplos están las denuncias penales y solicitudes de juicio político en contra de los integrantes de la pasada Junta de Coordinación Política, por la negativa de hacer pública la aplicación de la partida 8000, destinada a grupos parlamentarios.
Otro caso el resultado de una auditoría particular a las finanzas de la pasada Legislatura que dejó al descubierto el pago extraordinario que le dieron los diputados al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, por hasta 10 millones de pesos ajenos a su sueldo.
El año pasado, el primero de la actual Legislatura, los diputados se vieron en aprietos para salir adelante en los compromisos con proveedores y el pago de adeudos. Pero “lo más preocupante”, decían los coordinadores parlamentarios, era la falta de solvencia para pagarles a los empleados del Congreso.
En ese entonces culparon a sus antecesores por haber dejado un presupuesto raquítico al aprovechar el “mes de Hidalgo”, enero de 2010 —el último de la 58 Legislatura—, y gastar buena parte del recurso total asignado para ese año.
A finales de agosto, el anterior secretario general del Congreso, Carlos Corona, se convirtió en el “chivo expiatorio” y tuvo que dejar su cargo luego de que fue acusado de presuntos malos manejos administrativos. En su lugar entró Manuel Correa Ceseña anunciando un reordenamiento en la plantilla laboral, mientras que el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas, habló de un plan de austeridad que, por lo menos hasta el momento, parecen no haberse concretado.