Jalisco
Sólo tres municipios metropolitanos tienen reglamento de transición
Tlaquepaque lo aborda sólo desde un capítulo del reglamento interior de su Órgano de Control
TLAQUEPAQUE, JALISCO (24/AGO/2012).- Únicamente tres de los ocho municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara cuentan con reglamentos específicos sobre su proceso de entrega-recepción, esto es, el acto a través del cual las administraciones salientes deben facilitar a las entrantes toda la información que estuvo en sus manos relativa al patrimonio público y al funcionamiento de los ayuntamientos y la prestación de servicios a la sociedad.
Para dimensionar la complejidad de las estructuras administrativas que son los gobiernos municipales de la metrópoli, y que sustituirán en octubre a sus jerarquías más altas, puede decirse que están conformadas por un conglomerado de 29 mil 637 burócratas, 38% en plazas de confianza (11 mil 344), 39% de base o sindicalizados (11 mil 626), 9% de tipo eventual o por honorarios (dos mil 679) y el resto no lo especificó (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, Inegi).
La manutención de esta colonia de servidores públicos costó cinco mil 412 millones 166 mil 588 pesos en 2010, pero durante el presente año esos mismos gobiernos municipales ejercerán presupuestos totales que, en conjunto y por medio de su operación diaria, sumarán una bolsa de 15 mil 937 millones 922 mil 036 pesos.
Aun así, tan sólo los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga tienen, hoy en día, un cuerpo de normas exclusivo para el establecimiento de las obligaciones de los servidores públicos que se van, junto a “candados” procedimentales para evitar que haya pérdida de documentación, bienes o de información en general en el paso de una administración a la siguiente.
Tlaquepaque, por su parte, aborda esta etapa transicional de los gobiernos, pero sólo como un capítulo dentro de su reglamento interior del Órgano de Control Interno, que es su instancia facultada para investigar los actos de los servidores públicos que se presumen irregulares.
Cuando la gestión de Guadalajara se iniciaba en 2010, aún sin reglamento, se encontró, por ejemplo, con que la documentación amparaba la existencia de 144 mil 405 bienes muebles propiedad del Gobierno municipal, pero que 15 mil 507 no fueron hallados físicamente, lo que dio lugar a más de una decena de denuncias penales.
Si se entregó un parque total de dos mil 586 vehículos oficiales, hubo dos, también, extraviados; si se reportaba la propiedad sobre 210 terrenos municipales, 43% (91 de ellos) resultó con invasiones. La Sindicatura, por su parte, reportaba 204 expedientes perdidos relativos a juicios de distinta naturaleza.
Se trata, por lo tanto, conforme a la fundamentación de los reglamentos, de que los recursos financieros, humanos y materiales de un Gobierno municipal se encuentren seguros en el impasse de la transición; que queden en una correcta disposición de la administración municipal que tomará las riendas, de tal manera que la continuidad entre una y otra no se vea afectada o interrumpida, y reducir, así, al mismo tiempo, la curva de aprendizaje de los funcionarios que llegan a su responsabilidad.
Así las cosas, dentro de estas normas de entrega-recepción uno de los énfasis está puesto en el patrimonio público cuyo resguardo es una tarea del Gobierno municipal con la administración en turno; baste decir, en este sentido, que sólo las propiedades inmobiliarias del Ayuntamiento de Guadalajara tienen un valor de 44 mil 180 millones de pesos.
Esto quiere decir que el personal de la siguiente administración tapatía deberá hacerse cargo, de un día a otro, del mantenimiento, control y resguardo de 8.4% de todo el valor inmobiliario de la ciudad de Guadalajara (considerando su universo de edificaciones y terrenos, de acuerdo con el estudio de la Dirección de Catastro que fija en 521 mil 449 millones de pesos la valuación de la Perla Tapatía en forma integral).
El aparato jurídico de la autoridad tapatía, su Sindicatura, deberá poner al tanto a los servidores públicos que vienen acerca de los detalles de los alrededor de ocho mil juicios de los que hoy en día el Ayuntamiento de Guadalajara es parte. En el comienzo de 2010, apenas en 400 juicios laborales, estaba de por medio la erogación de 200 millones de pesos.
El primer reglamento de este tipo a escala metropolitana surgió en el Ayuntamiento de Zapopan; ahí se aprobó el 20 de agosto de 2003, aunque luego sería sustituido por otro nuevo durante 2012; sigue en orden cronológico el de Tlajomulco de Zúñiga, del año 2006, con vigencia aún, y después está Guadalajara, que lo creó este año.
CUENTAS CLARAS
Hasta el momento, dentro del proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado, el gobernador electo, Aristóteles Sandoval, reconoció que no ha solicitado información respecto a los Juegos Panamericanos ni de la Villa Panamericana, donde se tienen invertidos recursos del Instituto de Pensiones del Estado.
Pidió tanto a los diputados locales, como a la Auditoria Superior del Estado, cuentas claras.
“Tienen que revisarlo los responsables, ser escrupulosos en la revisión del gasto, porque son quienes al final representan los intereses del pueblo”.
Respecto a la deuda de poco más de 500 millones de pesos con proveedores, pidió a la actual administración estatal saldar el adeudo antes de que concluya su gestión.
Al respecto, Emilio González aseguró que se trata de un compromiso económico que el Ejecutivo tuvo qué tomar, debido a que ni el municipio de Guadalajara ni la Federación solventaron, y no es que hubiera habido un excedente en el gasto.
Según el mandatario estatal, ya se cuenta con 500 mil folios certificados ante notario, correspondientes a las auditorías que se hacen a los Juegos Panamericanos, y en breve se subirán a internet.
Aristóteles Sandoval reclamó la transparencia en el ejercicio de estos recursos, y apuntó que si no hay una rendición de cuentas claras, esto impactará en una futura deuda.
Además, aclaró que la candidatura para que Guadalajara sea la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2016 no será una prioridad en su administración.
FRASE
"El conocimiento pleno de todos los asuntos relativos al funcionamiento de un Gobierno municipal puede tomarle a la nueva administración hasta seis meses "
Irma Alicia Cano Gutiérrez, regidora de Guadalajara.
NUEVA LEY
En caso de que el Poder Ejecutivo publique la propuesta del Congreso del Estado para la nueva Ley de Entrega-Recepción, que hoy discutirán los diputados locales, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
La norma prevé sanciones para los servidores públicos que incumplan el detallado proceso de transición gubernamental y, conforme a la Ley de Servidores Públicos, los castigos podrían ir desde una amonestación, hasta una sanción económica o incluso la inhabilitación.
Entre otras cosas, la nueva ley obligará al Gobierno estatal a integrar, dos meses antes de que concluya, una comisión para que informe a la administración entrante sobre la situación de su administración y de sus dependencias.
En el caso de los municipios el plazo para integrar esta comisión es de un mes antes de que concluya la administración; es decir, tendría que ser a más tardar el 1 de septiembre, porque los nuevos ayuntamientos jaliscienses entran el 1 de octubre.
Los documentos derivados de la entrega y recepción serán publicados por las dependencias y entidades en los portales de transparencia, dentro de los 35 días hábiles posteriores al acto de entrega y recepción.
También obliga a crear un Acta Administrativa de Entrega-Recepción y establece obligaciones para los funcionarios entrantes, quienes deberán denunciar anomalías sobre lo recibido; tendrán 15 días hábiles para darlas a conocer al órgano de control interno de la dependencia (por lo general, la contraloría de cada área), que deberá requerir al servidor público saliente.|
LA VOZ DEL EXPERTO
Falta de normativa deja puerta abierta a corruptelas
Antonio de Jesús Mendoza Mejía (doctor investigador de la Universidad de Guadalajara)
Aunque podría aprobarse esta misma semana una nueva ley sobre el procedimiento de entrega-recepción de ayuntamientos, la ausencia actual de reglamentación en la mayoría de los municipios de Jalisco denota el desinterés de sus funcionarios por transparentar el trienio que concluyen, considera el investigador Antonio de Jesús Mendoza Mejía.
Aunque la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco dispone que los encargados de cada dirección de los 125 municipios deben dar cuenta al nuevo titular de la lista de personal, inventario, obras en proceso, asuntos en trámite, recursos, títulos y archivos que competan al municipio, la ausencia de un reglamento deja la puerta abierta a irregularidades.
Entre las principales consecuencias que sufriría la administración entrante está la recepción de patrimonio o recursos inexistentes, de los que le tocará rendir cuentas más adelante: “El problema es muy serio porque esta omisión se puede prestar a todo: desde la corrupción, hasta el mal manejo de político, administrativo o jurídico”.
La ausencia de metodología de entrega facilita la desaparición de trámites fraudulentos, según el especialista: “Si el alcalde entrante no está conforme con lo que recibe, tiene que acudir ante la Auditoría Superior de Jalisco, que determinará a su vez la sanción: de carácter administrativo, político o penal”. Si el munícipe recibe la administración con irregularidades y éstas persisten durante su gestión, cuando la entregue será a él a quien sancionen, e incluso puede ser inhabilitado para postularse a otro cargo de elección popular.
Sin embargo, Mendoza Mejía agrega que rara vez los nuevos funcionarios proceden con sus antecesores de manera jurídica, pues sólo se limitan a quejarse a nivel político, mediático, e incluso vaticina que en octubre, cuando se reciban los ayuntamientos, estos casos no serán la excepción.
Mientras, lo que no debería estar en riesgo son los archivos informáticos, pues el consejo de transparencia municipal es el encargado de resguardarlo, so riesgo de sufrir sanciones.
GUADALAJARA
Contemplan destrucción de "charola"
Entre los del Área Metropolitana tapatía, es el Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública y el Patrimonio Municipal de Guadalajara el que concibe un proceso para este fin de manera más detallada. Por ejemplo, sólo el reglamento tapatío hace una mención expresa sobre la obligación para los servidores públicos de mantener los archivos de los discos duros de las computadoras que tienen a su resguardo, incluso, respaldándolos en otros medios para su entrega; de esta forma, prohíbe que el contenido de los equipos informáticos sea eliminado ante la llegada de los sucesores.
En su artículo 17, obliga a la elaboración de un cronograma preventivo, con actividades y responsabilidades para la siguiente administración, de todos aquellos asuntos pendientes pero que son prioritarios por su grado de importancia, algo así como un top list entre el mundo de temas de los que se hace cargo la administración, y que deben tenerse a la vista para su solución durante los primeros 90 días de la nueva gestión.
El acto como tal de la entrega-recepción se establece para el día siguiente a la instalación del nuevo Ayuntamiento: para ese día, todos los servidores públicos de la administración que concluye deberán haber saldado las cuentas abiertas de recursos a su disposición que se usan con una comprobación a posteriori. Por lo tanto, ya no deberán tener adeudos hacia la Tesorería Municipal en materia de fondos revolventes, viáticos, anticipos y de gastos por comprobar en general; esto, según el artículo 25.
En el numeral 26 se define que, el mismo día de la entrega-recepción, la Secretaría de Contraloría se encargará de destruir o inutilizar las credenciales y gafetes de los servidores públicos que terminan su encomienda y que los identificaban como responsables de alguna función dentro del Gobierno municipal o como representantes del mismo.
Aun habiendo concluido su encargo, los servidores públicos deberán estar disponibles cinco días después del acto de entrega-recepción, para hacer las aclaraciones correspondientes a los cuestionamientos que surjan de los nuevos funcionarios.
A los integrantes del Ayuntamiento como tal, a los regidores, no sólo se les obliga a entregar los recursos humanos y materiales que tuvieron a su disposición, sino a informar, también, del estado de avance de los asuntos que resultan de su competencia, relacionados con los ámbitos de la vida institucional del Gobierno municipal desde su perspectiva más amplia: nuevos reglamentos, reformas, convenios, comodatos, donaciones, programas, obras, iniciativas, etcétera.
La regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Patrimonio Municipal de Guadalajara, quien promovió la elaboración de la normativa tapatía, ha dicho que a la actual administración le tomó alrededor de seis meses tener pleno control y conocimiento sobre toda la información que entregó la anterior.
Ha relatado, también, de cómo se encontró con “cajas y cajas” en su oficina sin documentos que precisaran su contenido. Uno de los principios del reglamento es que la entrega-recepción se rija por la imparcialidad y que los cambios de fuerzas políticas no influyan sobre su eficiencia.
SABER MÁS...
Justifican incremento en nómina
El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que la nómina se ha incrementado en la actual gestión debido a que el municipio duplicó su población entre 2005 y 2010. Lo anterior se ve reflejado, según un comunicado, en mejores servicios públicos
Para dimensionar la complejidad de las estructuras administrativas que son los gobiernos municipales de la metrópoli, y que sustituirán en octubre a sus jerarquías más altas, puede decirse que están conformadas por un conglomerado de 29 mil 637 burócratas, 38% en plazas de confianza (11 mil 344), 39% de base o sindicalizados (11 mil 626), 9% de tipo eventual o por honorarios (dos mil 679) y el resto no lo especificó (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, Inegi).
La manutención de esta colonia de servidores públicos costó cinco mil 412 millones 166 mil 588 pesos en 2010, pero durante el presente año esos mismos gobiernos municipales ejercerán presupuestos totales que, en conjunto y por medio de su operación diaria, sumarán una bolsa de 15 mil 937 millones 922 mil 036 pesos.
Aun así, tan sólo los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga tienen, hoy en día, un cuerpo de normas exclusivo para el establecimiento de las obligaciones de los servidores públicos que se van, junto a “candados” procedimentales para evitar que haya pérdida de documentación, bienes o de información en general en el paso de una administración a la siguiente.
Tlaquepaque, por su parte, aborda esta etapa transicional de los gobiernos, pero sólo como un capítulo dentro de su reglamento interior del Órgano de Control Interno, que es su instancia facultada para investigar los actos de los servidores públicos que se presumen irregulares.
Cuando la gestión de Guadalajara se iniciaba en 2010, aún sin reglamento, se encontró, por ejemplo, con que la documentación amparaba la existencia de 144 mil 405 bienes muebles propiedad del Gobierno municipal, pero que 15 mil 507 no fueron hallados físicamente, lo que dio lugar a más de una decena de denuncias penales.
Si se entregó un parque total de dos mil 586 vehículos oficiales, hubo dos, también, extraviados; si se reportaba la propiedad sobre 210 terrenos municipales, 43% (91 de ellos) resultó con invasiones. La Sindicatura, por su parte, reportaba 204 expedientes perdidos relativos a juicios de distinta naturaleza.
Se trata, por lo tanto, conforme a la fundamentación de los reglamentos, de que los recursos financieros, humanos y materiales de un Gobierno municipal se encuentren seguros en el impasse de la transición; que queden en una correcta disposición de la administración municipal que tomará las riendas, de tal manera que la continuidad entre una y otra no se vea afectada o interrumpida, y reducir, así, al mismo tiempo, la curva de aprendizaje de los funcionarios que llegan a su responsabilidad.
Así las cosas, dentro de estas normas de entrega-recepción uno de los énfasis está puesto en el patrimonio público cuyo resguardo es una tarea del Gobierno municipal con la administración en turno; baste decir, en este sentido, que sólo las propiedades inmobiliarias del Ayuntamiento de Guadalajara tienen un valor de 44 mil 180 millones de pesos.
Esto quiere decir que el personal de la siguiente administración tapatía deberá hacerse cargo, de un día a otro, del mantenimiento, control y resguardo de 8.4% de todo el valor inmobiliario de la ciudad de Guadalajara (considerando su universo de edificaciones y terrenos, de acuerdo con el estudio de la Dirección de Catastro que fija en 521 mil 449 millones de pesos la valuación de la Perla Tapatía en forma integral).
El aparato jurídico de la autoridad tapatía, su Sindicatura, deberá poner al tanto a los servidores públicos que vienen acerca de los detalles de los alrededor de ocho mil juicios de los que hoy en día el Ayuntamiento de Guadalajara es parte. En el comienzo de 2010, apenas en 400 juicios laborales, estaba de por medio la erogación de 200 millones de pesos.
El primer reglamento de este tipo a escala metropolitana surgió en el Ayuntamiento de Zapopan; ahí se aprobó el 20 de agosto de 2003, aunque luego sería sustituido por otro nuevo durante 2012; sigue en orden cronológico el de Tlajomulco de Zúñiga, del año 2006, con vigencia aún, y después está Guadalajara, que lo creó este año.
CUENTAS CLARAS
Hasta el momento, dentro del proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado, el gobernador electo, Aristóteles Sandoval, reconoció que no ha solicitado información respecto a los Juegos Panamericanos ni de la Villa Panamericana, donde se tienen invertidos recursos del Instituto de Pensiones del Estado.
Pidió tanto a los diputados locales, como a la Auditoria Superior del Estado, cuentas claras.
“Tienen que revisarlo los responsables, ser escrupulosos en la revisión del gasto, porque son quienes al final representan los intereses del pueblo”.
Respecto a la deuda de poco más de 500 millones de pesos con proveedores, pidió a la actual administración estatal saldar el adeudo antes de que concluya su gestión.
Al respecto, Emilio González aseguró que se trata de un compromiso económico que el Ejecutivo tuvo qué tomar, debido a que ni el municipio de Guadalajara ni la Federación solventaron, y no es que hubiera habido un excedente en el gasto.
Según el mandatario estatal, ya se cuenta con 500 mil folios certificados ante notario, correspondientes a las auditorías que se hacen a los Juegos Panamericanos, y en breve se subirán a internet.
Aristóteles Sandoval reclamó la transparencia en el ejercicio de estos recursos, y apuntó que si no hay una rendición de cuentas claras, esto impactará en una futura deuda.
Además, aclaró que la candidatura para que Guadalajara sea la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2016 no será una prioridad en su administración.
FRASE
"El conocimiento pleno de todos los asuntos relativos al funcionamiento de un Gobierno municipal puede tomarle a la nueva administración hasta seis meses "
Irma Alicia Cano Gutiérrez, regidora de Guadalajara.
NUEVA LEY
En caso de que el Poder Ejecutivo publique la propuesta del Congreso del Estado para la nueva Ley de Entrega-Recepción, que hoy discutirán los diputados locales, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
La norma prevé sanciones para los servidores públicos que incumplan el detallado proceso de transición gubernamental y, conforme a la Ley de Servidores Públicos, los castigos podrían ir desde una amonestación, hasta una sanción económica o incluso la inhabilitación.
Entre otras cosas, la nueva ley obligará al Gobierno estatal a integrar, dos meses antes de que concluya, una comisión para que informe a la administración entrante sobre la situación de su administración y de sus dependencias.
En el caso de los municipios el plazo para integrar esta comisión es de un mes antes de que concluya la administración; es decir, tendría que ser a más tardar el 1 de septiembre, porque los nuevos ayuntamientos jaliscienses entran el 1 de octubre.
Los documentos derivados de la entrega y recepción serán publicados por las dependencias y entidades en los portales de transparencia, dentro de los 35 días hábiles posteriores al acto de entrega y recepción.
También obliga a crear un Acta Administrativa de Entrega-Recepción y establece obligaciones para los funcionarios entrantes, quienes deberán denunciar anomalías sobre lo recibido; tendrán 15 días hábiles para darlas a conocer al órgano de control interno de la dependencia (por lo general, la contraloría de cada área), que deberá requerir al servidor público saliente.|
LA VOZ DEL EXPERTO
Falta de normativa deja puerta abierta a corruptelas
Antonio de Jesús Mendoza Mejía (doctor investigador de la Universidad de Guadalajara)
Aunque podría aprobarse esta misma semana una nueva ley sobre el procedimiento de entrega-recepción de ayuntamientos, la ausencia actual de reglamentación en la mayoría de los municipios de Jalisco denota el desinterés de sus funcionarios por transparentar el trienio que concluyen, considera el investigador Antonio de Jesús Mendoza Mejía.
Aunque la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco dispone que los encargados de cada dirección de los 125 municipios deben dar cuenta al nuevo titular de la lista de personal, inventario, obras en proceso, asuntos en trámite, recursos, títulos y archivos que competan al municipio, la ausencia de un reglamento deja la puerta abierta a irregularidades.
Entre las principales consecuencias que sufriría la administración entrante está la recepción de patrimonio o recursos inexistentes, de los que le tocará rendir cuentas más adelante: “El problema es muy serio porque esta omisión se puede prestar a todo: desde la corrupción, hasta el mal manejo de político, administrativo o jurídico”.
La ausencia de metodología de entrega facilita la desaparición de trámites fraudulentos, según el especialista: “Si el alcalde entrante no está conforme con lo que recibe, tiene que acudir ante la Auditoría Superior de Jalisco, que determinará a su vez la sanción: de carácter administrativo, político o penal”. Si el munícipe recibe la administración con irregularidades y éstas persisten durante su gestión, cuando la entregue será a él a quien sancionen, e incluso puede ser inhabilitado para postularse a otro cargo de elección popular.
Sin embargo, Mendoza Mejía agrega que rara vez los nuevos funcionarios proceden con sus antecesores de manera jurídica, pues sólo se limitan a quejarse a nivel político, mediático, e incluso vaticina que en octubre, cuando se reciban los ayuntamientos, estos casos no serán la excepción.
Mientras, lo que no debería estar en riesgo son los archivos informáticos, pues el consejo de transparencia municipal es el encargado de resguardarlo, so riesgo de sufrir sanciones.
GUADALAJARA
Contemplan destrucción de "charola"
Entre los del Área Metropolitana tapatía, es el Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública y el Patrimonio Municipal de Guadalajara el que concibe un proceso para este fin de manera más detallada. Por ejemplo, sólo el reglamento tapatío hace una mención expresa sobre la obligación para los servidores públicos de mantener los archivos de los discos duros de las computadoras que tienen a su resguardo, incluso, respaldándolos en otros medios para su entrega; de esta forma, prohíbe que el contenido de los equipos informáticos sea eliminado ante la llegada de los sucesores.
En su artículo 17, obliga a la elaboración de un cronograma preventivo, con actividades y responsabilidades para la siguiente administración, de todos aquellos asuntos pendientes pero que son prioritarios por su grado de importancia, algo así como un top list entre el mundo de temas de los que se hace cargo la administración, y que deben tenerse a la vista para su solución durante los primeros 90 días de la nueva gestión.
El acto como tal de la entrega-recepción se establece para el día siguiente a la instalación del nuevo Ayuntamiento: para ese día, todos los servidores públicos de la administración que concluye deberán haber saldado las cuentas abiertas de recursos a su disposición que se usan con una comprobación a posteriori. Por lo tanto, ya no deberán tener adeudos hacia la Tesorería Municipal en materia de fondos revolventes, viáticos, anticipos y de gastos por comprobar en general; esto, según el artículo 25.
En el numeral 26 se define que, el mismo día de la entrega-recepción, la Secretaría de Contraloría se encargará de destruir o inutilizar las credenciales y gafetes de los servidores públicos que terminan su encomienda y que los identificaban como responsables de alguna función dentro del Gobierno municipal o como representantes del mismo.
Aun habiendo concluido su encargo, los servidores públicos deberán estar disponibles cinco días después del acto de entrega-recepción, para hacer las aclaraciones correspondientes a los cuestionamientos que surjan de los nuevos funcionarios.
A los integrantes del Ayuntamiento como tal, a los regidores, no sólo se les obliga a entregar los recursos humanos y materiales que tuvieron a su disposición, sino a informar, también, del estado de avance de los asuntos que resultan de su competencia, relacionados con los ámbitos de la vida institucional del Gobierno municipal desde su perspectiva más amplia: nuevos reglamentos, reformas, convenios, comodatos, donaciones, programas, obras, iniciativas, etcétera.
La regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Patrimonio Municipal de Guadalajara, quien promovió la elaboración de la normativa tapatía, ha dicho que a la actual administración le tomó alrededor de seis meses tener pleno control y conocimiento sobre toda la información que entregó la anterior.
Ha relatado, también, de cómo se encontró con “cajas y cajas” en su oficina sin documentos que precisaran su contenido. Uno de los principios del reglamento es que la entrega-recepción se rija por la imparcialidad y que los cambios de fuerzas políticas no influyan sobre su eficiencia.
SABER MÁS...
Justifican incremento en nómina
El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que la nómina se ha incrementado en la actual gestión debido a que el municipio duplicó su población entre 2005 y 2010. Lo anterior se ve reflejado, según un comunicado, en mejores servicios públicos