Jalisco
Sindicalizados buscan amparo contra Ley de Servidores Públicos
Trabajadores del Sindicato del Congreso local buscan recursos legales para inconformarse por la reforma
GUADALAJARA, JALISCO (02/OCT/2013).- Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo comenzaron una serie de recursos legales para inconformarse por las reformas a la Ley de Servidores Públicos que recientemente aprobaron los diputados y que ya entraron en vigor.
La lideresa sindical del Congreso local, Irene Trejo, convocó a los empleados sindicalizados y les solicitó copias de sus contratos y de sus recibos de nóminas para promover amparos ante la posibilidad de que las áreas administrativas del Poder Legislativo comiencen procesos para darlos de baja.
Con esta nueva norma, los tres poderes, los municipios y los organismos públicos descentralizados tendrán la posibilidad de despedir personal y aquellos que sean cesados y consideren que es ilegal o injustificado su baja, solo podrá recibir hasta un año de salarios caídos, si así lo determina la autoridad correspondiente.
Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso y promotor de la reforma a la Ley de Servidores Públicos señaló que los empleados están en su derecho de promover cualquier acción legal que considere conveniente, pero advirtió que con la norma "los derechos de los trabajadores están salvaguardados".
En tanto, la Comisión de Administración del Congreso local avaló incrementos a los sueldos de los empleados del Poder Legislativo, en esta segunda ocasión, los aumentos serán de 1.8% que se suma al 2% ya avalado meses atrás.
Los aumentos serán retroactivos al primero de julio y se otorgarán solo a trabajadores de base que no ganen más de 39 mil pesos, además se excluyen del beneficio a diputados, secretario general, directores de área y personal supernumerario.
La presidenta de la comisión de Administración, Celia Fausto Lizaola, señaló que el pago de los aumentos que van de los 100 a los 700 pesos mensuales por empleado y estarán sujetos a la suficiencia presupuestal del Congreso.
La perredista recordó que el pago de la primera quincena de octubre está garantizada, pero no la segunda de octubre, ni los meses de noviembre, diciembre ni aguinaldos.
Los diputados de la Comisión de Administración también votaron a favor de otorgarle facultades a la Secretaría General a través de la Dirección Jurídica para llevar al cabo las negociaciones de los juicios laborales en que los laudos no sean favorables para el Congreso, salvaguardando los intereses financieros y legales del Legislativo.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
La lideresa sindical del Congreso local, Irene Trejo, convocó a los empleados sindicalizados y les solicitó copias de sus contratos y de sus recibos de nóminas para promover amparos ante la posibilidad de que las áreas administrativas del Poder Legislativo comiencen procesos para darlos de baja.
Con esta nueva norma, los tres poderes, los municipios y los organismos públicos descentralizados tendrán la posibilidad de despedir personal y aquellos que sean cesados y consideren que es ilegal o injustificado su baja, solo podrá recibir hasta un año de salarios caídos, si así lo determina la autoridad correspondiente.
Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso y promotor de la reforma a la Ley de Servidores Públicos señaló que los empleados están en su derecho de promover cualquier acción legal que considere conveniente, pero advirtió que con la norma "los derechos de los trabajadores están salvaguardados".
En tanto, la Comisión de Administración del Congreso local avaló incrementos a los sueldos de los empleados del Poder Legislativo, en esta segunda ocasión, los aumentos serán de 1.8% que se suma al 2% ya avalado meses atrás.
Los aumentos serán retroactivos al primero de julio y se otorgarán solo a trabajadores de base que no ganen más de 39 mil pesos, además se excluyen del beneficio a diputados, secretario general, directores de área y personal supernumerario.
La presidenta de la comisión de Administración, Celia Fausto Lizaola, señaló que el pago de los aumentos que van de los 100 a los 700 pesos mensuales por empleado y estarán sujetos a la suficiencia presupuestal del Congreso.
La perredista recordó que el pago de la primera quincena de octubre está garantizada, pero no la segunda de octubre, ni los meses de noviembre, diciembre ni aguinaldos.
Los diputados de la Comisión de Administración también votaron a favor de otorgarle facultades a la Secretaría General a través de la Dirección Jurídica para llevar al cabo las negociaciones de los juicios laborales en que los laudos no sean favorables para el Congreso, salvaguardando los intereses financieros y legales del Legislativo.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ