Jalisco
Riesgosa la inversión del Nuevo Cancún: experto
Ángel Guillermo Ruiz Moreno, experto en temas de seguridad social, asegura que la tierra no garantiza liquidez y que las ganancias se obtendrían a largo plazo, lo que afectaría a los trabajadores
GUADALAJARA, JALISCO.- La inversión de 89 millones de dólares que realizó el Instituto de Pensiones del Estado en el fideicomiso para el “Nuevo Cancún” es riesgosa, ya que la tierra no puede garantizar el recurso de los trabajadores del Estado, asegura el Ángel Guillermo Ruiz Moreno, experto en temas de seguridad social.
“Naturalmente que veo muchísimos riesgos. Si yo tuviera que tomar la decisión, no participaría de ninguna forma.
Que hagan desarrollos los particulares, pero Pensiones del Estado no puede arriesgar el dinero de los trabajadores. De los estudios técnicos que he revisado, este tipo de inversiones traen ganancias como en 50 años. Y mientras, ¿quién le va a dar el dinero al que se jubile en uno o cinco años? A él no le sirven las tierras, necesita dinero para comer. ¿O tendremos que pagar el costo los contribuyentes?”, cuestiona el abogado, con maestría en Derecho con especialidad terminal en negociación colectiva laboral y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, España.
El Gobierno del Estado no emitió ningún seguro que respalde el dinero de los 115 mil burócratas estatales, pues argumentan que es suficiente con “poseer” las tierras de la Playa de Chalacatepec (municipio de Tomatlán), en las que invirtieron a través de un fideicomiso de la empresa Rasaland. Sin embargo, la supuesta adquisición de las mil 200 hectáreas donde se pretende construir el “Nuevo Cancún” es irregular, ya que son propiedad ejidal y no se pueden vender (solo se pueden ceder derechos a ejidatarios o avencindados).
Ruiz Moreno explica que en el manejo de los fondos pensionares de Jalisco –“que es dinero ajeno y tiene dueño”--, los garantes primarios y finales del recurso son el Ejecutivo y el Congreso del Estado, y deben buscar primero seguridad y luego rendimiento.
Y si el recurso se invierte en inmuebles, “podemos tener los mismos problemas que tuvieron las garantías inmobiliarias en Estados Unidos, que a raíz de la crisis financiera global, se perdieron los fondos de pensiones de millones de trabajadores estadounidenses. Hay que aprender lecciones en cabeza ajena: la tierra no puede garantizar el recurso de los pensionados, porque no es inversión que produzca liquidez”.
Otro problema es que se utilizó el dinero en un fideicomiso y un pensionado no puede fiscalizarlo, porque el secreto bancario se lo impide. “Es la peor forma de invertir, principalmente si hay terceros privados (la desarrolladora turística Rasaland) que tratarán de de impedir dar información al respecto”.
El también presidente de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, asegura que los responsables conocen los riesgos y “pueden ser responsables incluso penalmente”.
Antes de que se aprobara la Ley de Pensiones, el académico de la UdeG realizó más de 100 observaciones, que no se tomaron en cuenta. “LA ley tiene defectos estructurales y ahora entiendo por qué la urgencia; tenían prisa por cerrar el negocio con Rasaland (empresa con la que el Instituto de Pensiones se reunió desde marzo de 2009, para revisar el proyecto del “Nuevo Cancún”)”.
Considera que los afectados son los que deben exigir el resguardo de sus recursos, que en teoría debieron ser defendidos por los líderes sindicales, como Guadalupe Madera Godoy, secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien estuvo en las mesas de negociación con la empresa Rasaland, como miembro del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones. “Si yo fuera pensionado me opondría rotundamente a este negocio, porque es de alto riesgo y el dinero se puede hacer polvo. Y aquí los responsables son desde Emilio González Márquez y Óscar García Manzano”.
Desafortunadamente, la Ley de Pensiones no le otorga al trabajador ningún recurso legal para interponer en este caso.
Lo que se debe hacer, dice Ruiz Moreno, es que el Congreso del Estado reforme la Ley de Pensiones, aprobada en noviembre del año pasado, para que “pongan candados” a este tipo de inversiones.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
“Naturalmente que veo muchísimos riesgos. Si yo tuviera que tomar la decisión, no participaría de ninguna forma.
Que hagan desarrollos los particulares, pero Pensiones del Estado no puede arriesgar el dinero de los trabajadores. De los estudios técnicos que he revisado, este tipo de inversiones traen ganancias como en 50 años. Y mientras, ¿quién le va a dar el dinero al que se jubile en uno o cinco años? A él no le sirven las tierras, necesita dinero para comer. ¿O tendremos que pagar el costo los contribuyentes?”, cuestiona el abogado, con maestría en Derecho con especialidad terminal en negociación colectiva laboral y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, España.
El Gobierno del Estado no emitió ningún seguro que respalde el dinero de los 115 mil burócratas estatales, pues argumentan que es suficiente con “poseer” las tierras de la Playa de Chalacatepec (municipio de Tomatlán), en las que invirtieron a través de un fideicomiso de la empresa Rasaland. Sin embargo, la supuesta adquisición de las mil 200 hectáreas donde se pretende construir el “Nuevo Cancún” es irregular, ya que son propiedad ejidal y no se pueden vender (solo se pueden ceder derechos a ejidatarios o avencindados).
Ruiz Moreno explica que en el manejo de los fondos pensionares de Jalisco –“que es dinero ajeno y tiene dueño”--, los garantes primarios y finales del recurso son el Ejecutivo y el Congreso del Estado, y deben buscar primero seguridad y luego rendimiento.
Y si el recurso se invierte en inmuebles, “podemos tener los mismos problemas que tuvieron las garantías inmobiliarias en Estados Unidos, que a raíz de la crisis financiera global, se perdieron los fondos de pensiones de millones de trabajadores estadounidenses. Hay que aprender lecciones en cabeza ajena: la tierra no puede garantizar el recurso de los pensionados, porque no es inversión que produzca liquidez”.
Otro problema es que se utilizó el dinero en un fideicomiso y un pensionado no puede fiscalizarlo, porque el secreto bancario se lo impide. “Es la peor forma de invertir, principalmente si hay terceros privados (la desarrolladora turística Rasaland) que tratarán de de impedir dar información al respecto”.
El también presidente de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, asegura que los responsables conocen los riesgos y “pueden ser responsables incluso penalmente”.
Antes de que se aprobara la Ley de Pensiones, el académico de la UdeG realizó más de 100 observaciones, que no se tomaron en cuenta. “LA ley tiene defectos estructurales y ahora entiendo por qué la urgencia; tenían prisa por cerrar el negocio con Rasaland (empresa con la que el Instituto de Pensiones se reunió desde marzo de 2009, para revisar el proyecto del “Nuevo Cancún”)”.
Considera que los afectados son los que deben exigir el resguardo de sus recursos, que en teoría debieron ser defendidos por los líderes sindicales, como Guadalupe Madera Godoy, secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien estuvo en las mesas de negociación con la empresa Rasaland, como miembro del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones. “Si yo fuera pensionado me opondría rotundamente a este negocio, porque es de alto riesgo y el dinero se puede hacer polvo. Y aquí los responsables son desde Emilio González Márquez y Óscar García Manzano”.
Desafortunadamente, la Ley de Pensiones no le otorga al trabajador ningún recurso legal para interponer en este caso.
Lo que se debe hacer, dice Ruiz Moreno, es que el Congreso del Estado reforme la Ley de Pensiones, aprobada en noviembre del año pasado, para que “pongan candados” a este tipo de inversiones.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN