Jalisco
Rezago legislativo retrasó la depuración policial
En Jalisco se subcontrató un laboratorio para la aplicación de las pruebas de control de confianza
GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2012).- A nivel estatal, sin embargo, cuatro años no fueron suficientes para la evaluación de todos los policías, un proceso, también es cierto, inédito en el país, dentro una política nacional de reconstrucción de las instituciones de seguridad pública. Ese plazo, no obstante, fue de pleno conocimiento de todas las autoridades desde el mismo 2009, cuando la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), donde está previsto, entró en vigencia.
Como se requería en Jalisco de un marco jurídico para estas tareas con una Ley de Control de Confianza, el Poder Ejecutivo mandó la iniciativa correspondiente al Legislativo desde el 25 de marzo de 2009, pero el rezago en su dictaminación y la urgencia por contar con un Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, llevó a que esta instancia tuviera que ser creada mediante un decreto del propio Gobierno estatal el 28 de mayo de 2010, para evadir así la displicencia legislativa.
Esta Ley de Control de Confianza, junto a la del Sistema Estatal de Seguridad Pública, complementaria, no fue aprobada por el Poder Legislativo sino hasta el mes de junio pasado, es decir, básicamente a medio año de que concluyera el plazo legal establecido a nivel nacional para concluir con la depuración policial.
El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, por su parte, nunca contó con una capacidad operativa suficiente para, dentro del periodo fijado, evaluar a un universo de 18 mil 500 elementos en Jalisco, lo que representaba la aplicación de 92 mil 500 exámenes (cada prueba tiene cinco rubros), y esto sin considerar que también deben analizarse con la misma rigurosidad a los que pretenden ingresar a las fuerzas de seguridad y los que obtienen ascensos jerárquicos.
Para ejemplificar, en este mismo momento al Centro Estatal aún le hacen falta 24 sicólogos para operar en plena forma. Inclusive, ahora se sabe que el organismo recurrió a la alternativa de la subcontratación, lo cual está permitido por la normativa federal, siempre y cuando los laboratorios estén avalados por el mismo Gobierno federal.
En Jalisco sólo hay un laboratorio con este aval, y está capacitado para llevar únicamente las pruebas médicas, por lo que las cuatro restantes ((toxicológica, sicológica, poligráfica y de entorno socioeconómico) siguen siendo desarrolladas exclusivamente por el Centro Estatal.
“La ley prevé que pudiese contratarse alguna oficina para que aplique uno de los cinco exámenes, sin embargo, no hay despachos, no hay laboratorios que estén certificados, son realmente muy poquitos los que existen a nivel nacional y los pocos que existen están saturados, es todo el país el que evalúa. En el caso de Jalisco no hay más que un sólo despacho, un laboratorio para aplicar la prueba médica ¡una de las cinco y sólo un despacho!, obviamente que lo tenemos contratado, pero no tenemos despachos de sicología, poligrafía, de investigación de entorno social; no existen, todo lo estamos haciendo con personal que se contrata aquí”, dice el secretario ejecutivo del CESP, Ricardo Homero Salas Torres.
Y habrá que aunar, también, otros factores que condujeron al rezago, por ejemplo, expone Salas Torres, una gran reticencia inicial de los oficiales cuando eran citados pero no se presentaban (incluso a nivel directivo: en Guadalajara, Servando Sepúlveda nunca atendió el llamado mientras fue responsable de la seguridad).
“Comenzamos con un problema muy grave de ausentismo, pero no teníamos una normatividad en ese momento (la legislación estatal) que nos permitiera dejar ya a esa gente como no acreditada, hoy tenemos la normatividad, y el tema comienza a caminar, de manera que en el último año tuvimos un incremento brutal de exámenes concluidos”.
A nivel nacional, en una perspectiva general, puede decirse que únicamente 45.27% de los elementos estatales está evaluado en el país (121 mil 593 de 268 mil 624); mientras que en el ámbito municipal el avance es de 42.69% (68 mil 974 de 161 mil 565). En cambio, tanto la Policía Federal como la Procuraduría General de la República están a 100% de evaluación, de acuerdo con los informes de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
EL DATO
Problema nacional
El rezago en la aplicación de las pruebas de confianza es, en realidad, una problemática nacional.
Hay sólo 26 entidades federativas en todo el país con más de 50% de avance.
Cuatro estados presentan de 25 a 50% de avance (Jalisco entre éstos).
Dos entidades tienen menos de 25 por ciento.
Como se requería en Jalisco de un marco jurídico para estas tareas con una Ley de Control de Confianza, el Poder Ejecutivo mandó la iniciativa correspondiente al Legislativo desde el 25 de marzo de 2009, pero el rezago en su dictaminación y la urgencia por contar con un Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, llevó a que esta instancia tuviera que ser creada mediante un decreto del propio Gobierno estatal el 28 de mayo de 2010, para evadir así la displicencia legislativa.
Esta Ley de Control de Confianza, junto a la del Sistema Estatal de Seguridad Pública, complementaria, no fue aprobada por el Poder Legislativo sino hasta el mes de junio pasado, es decir, básicamente a medio año de que concluyera el plazo legal establecido a nivel nacional para concluir con la depuración policial.
El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, por su parte, nunca contó con una capacidad operativa suficiente para, dentro del periodo fijado, evaluar a un universo de 18 mil 500 elementos en Jalisco, lo que representaba la aplicación de 92 mil 500 exámenes (cada prueba tiene cinco rubros), y esto sin considerar que también deben analizarse con la misma rigurosidad a los que pretenden ingresar a las fuerzas de seguridad y los que obtienen ascensos jerárquicos.
Para ejemplificar, en este mismo momento al Centro Estatal aún le hacen falta 24 sicólogos para operar en plena forma. Inclusive, ahora se sabe que el organismo recurrió a la alternativa de la subcontratación, lo cual está permitido por la normativa federal, siempre y cuando los laboratorios estén avalados por el mismo Gobierno federal.
En Jalisco sólo hay un laboratorio con este aval, y está capacitado para llevar únicamente las pruebas médicas, por lo que las cuatro restantes ((toxicológica, sicológica, poligráfica y de entorno socioeconómico) siguen siendo desarrolladas exclusivamente por el Centro Estatal.
“La ley prevé que pudiese contratarse alguna oficina para que aplique uno de los cinco exámenes, sin embargo, no hay despachos, no hay laboratorios que estén certificados, son realmente muy poquitos los que existen a nivel nacional y los pocos que existen están saturados, es todo el país el que evalúa. En el caso de Jalisco no hay más que un sólo despacho, un laboratorio para aplicar la prueba médica ¡una de las cinco y sólo un despacho!, obviamente que lo tenemos contratado, pero no tenemos despachos de sicología, poligrafía, de investigación de entorno social; no existen, todo lo estamos haciendo con personal que se contrata aquí”, dice el secretario ejecutivo del CESP, Ricardo Homero Salas Torres.
Y habrá que aunar, también, otros factores que condujeron al rezago, por ejemplo, expone Salas Torres, una gran reticencia inicial de los oficiales cuando eran citados pero no se presentaban (incluso a nivel directivo: en Guadalajara, Servando Sepúlveda nunca atendió el llamado mientras fue responsable de la seguridad).
“Comenzamos con un problema muy grave de ausentismo, pero no teníamos una normatividad en ese momento (la legislación estatal) que nos permitiera dejar ya a esa gente como no acreditada, hoy tenemos la normatividad, y el tema comienza a caminar, de manera que en el último año tuvimos un incremento brutal de exámenes concluidos”.
A nivel nacional, en una perspectiva general, puede decirse que únicamente 45.27% de los elementos estatales está evaluado en el país (121 mil 593 de 268 mil 624); mientras que en el ámbito municipal el avance es de 42.69% (68 mil 974 de 161 mil 565). En cambio, tanto la Policía Federal como la Procuraduría General de la República están a 100% de evaluación, de acuerdo con los informes de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
EL DATO
Problema nacional
El rezago en la aplicación de las pruebas de confianza es, en realidad, una problemática nacional.
Hay sólo 26 entidades federativas en todo el país con más de 50% de avance.
Cuatro estados presentan de 25 a 50% de avance (Jalisco entre éstos).
Dos entidades tienen menos de 25 por ciento.