Jalisco
¿Qué impuesto al automóvil?
La tenencia, ese impuesto que los diputados festejan haber abolido en Jalisco, representa mil 900 millones de pesos al año
La tenencia, ese impuesto que los diputados festejan haber abolido en Jalisco, representa mil 900 millones de pesos al año. ¿Es mucho o poco? Ahora sí que como quiera verse. En realidad se trata de menos de 3% del ingreso fiscal bruto del Gobierno del Estado.
¿Podría el Gobierno ahorrar 3% de su presupuesto con una buena gestión? Sin duda. Otra cosa es que quieran hacerlo y más aún, que puedan. Se dice fácil hacer un recorte de mil 900 millones, el problema es que en la práctica nadie lo ha hecho. La única manera de generar esos ahorros es cortando nómina, y ahí es donde la puerca siempre tuerce el rabo. Pero el dilema no es si el Gobierno debe gastar mejor, de eso no hay duda; todas las entidades públicas, Gobierno del Estado, municipios, Universidad de Guadalajara, organismos descentralizados, pueden y deben gastar mejor el dinero que es nuestro, pero aún así lo que recauda el Estado es demasiado poco, y eso se refleja en la calidad de vida y sobre todo, en el espacio público.
Si estamos de acuerdo con que se debe gravar el uso del automóvil, pues es uno de los impuestos más justos, más claros y de más sencilla recaudación, la pregunta que sigue es ¿cuál es la forma más eficiente y equitativa de hacerlo? Hay fórmulas muy diversas para esto. La tenencia, como todo impuesto posrevolucionario, tendía a cobrarle más a quien tuviera auto nuevo y no le cobraba a los que tenían autos de más de 10 años de antigüedad. El sentido era cobrarle más a los que más tienen (o al menos, a los que tienen para tener uno más nuevo) y no golpear a los que tienen carros viejitos, que en principio son los de menores ingresos. Desde el punto de vista de la contaminación, esto es un absurdo, pues se le cobra más al que contamina menos, pues al menos en los últimos 20 años la evolución de los motores ha ido justamente en esa dirección.
Otro factor es el tamaño. Si lo que queremos gravar es el uso del espacio público y lo que de éste destruyen los automóviles, la relación peso y tamaño debería ser el elemento para basificar el impuesto. Un Smart, que es una auto pequeño, de dos plazas y poco contaminante, no tiene por qué pagar lo mismo que una Hummer que ocupa 2.5 veces más espacio público y pesa 3.7 veces más (nomás para satisfacer el morbo, un Hummer pesa dos mil 909 kilos; un Smart 780. El primero ocupa 10.7 metros cuadrados; el segundo 4.3 metros).
Finalmente, hay otro criterio, quizá es más justo y equitativo, pues no importa el costo, el tamaño o el peso del auto, sino cuánto lo usas y cuánto contaminas, y éste sería gravar la gasolina. Un impuesto a la gasolina debería ser de la ciudad, es decir que lo cobren los ayuntamientos y en el caso de la zona conurbada, los recursos deberían ir directamente al Fondo Metropolitano para destinarse a proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.
¿Podría el Gobierno ahorrar 3% de su presupuesto con una buena gestión? Sin duda. Otra cosa es que quieran hacerlo y más aún, que puedan. Se dice fácil hacer un recorte de mil 900 millones, el problema es que en la práctica nadie lo ha hecho. La única manera de generar esos ahorros es cortando nómina, y ahí es donde la puerca siempre tuerce el rabo. Pero el dilema no es si el Gobierno debe gastar mejor, de eso no hay duda; todas las entidades públicas, Gobierno del Estado, municipios, Universidad de Guadalajara, organismos descentralizados, pueden y deben gastar mejor el dinero que es nuestro, pero aún así lo que recauda el Estado es demasiado poco, y eso se refleja en la calidad de vida y sobre todo, en el espacio público.
Si estamos de acuerdo con que se debe gravar el uso del automóvil, pues es uno de los impuestos más justos, más claros y de más sencilla recaudación, la pregunta que sigue es ¿cuál es la forma más eficiente y equitativa de hacerlo? Hay fórmulas muy diversas para esto. La tenencia, como todo impuesto posrevolucionario, tendía a cobrarle más a quien tuviera auto nuevo y no le cobraba a los que tenían autos de más de 10 años de antigüedad. El sentido era cobrarle más a los que más tienen (o al menos, a los que tienen para tener uno más nuevo) y no golpear a los que tienen carros viejitos, que en principio son los de menores ingresos. Desde el punto de vista de la contaminación, esto es un absurdo, pues se le cobra más al que contamina menos, pues al menos en los últimos 20 años la evolución de los motores ha ido justamente en esa dirección.
Otro factor es el tamaño. Si lo que queremos gravar es el uso del espacio público y lo que de éste destruyen los automóviles, la relación peso y tamaño debería ser el elemento para basificar el impuesto. Un Smart, que es una auto pequeño, de dos plazas y poco contaminante, no tiene por qué pagar lo mismo que una Hummer que ocupa 2.5 veces más espacio público y pesa 3.7 veces más (nomás para satisfacer el morbo, un Hummer pesa dos mil 909 kilos; un Smart 780. El primero ocupa 10.7 metros cuadrados; el segundo 4.3 metros).
Finalmente, hay otro criterio, quizá es más justo y equitativo, pues no importa el costo, el tamaño o el peso del auto, sino cuánto lo usas y cuánto contaminas, y éste sería gravar la gasolina. Un impuesto a la gasolina debería ser de la ciudad, es decir que lo cobren los ayuntamientos y en el caso de la zona conurbada, los recursos deberían ir directamente al Fondo Metropolitano para destinarse a proyectos de transporte público y movilidad no motorizada.