Jalisco
Pretenden facultar a Policía tapatía contra ambulantaje
Los elementos quedarían obligados a disuadir a los vendedores únicamente por medios verbales, dice la propuesta
GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2013).- Las modificaciones reglamentarias de Guadalajara que están en estudio para prohibir el “regenteo” de
comerciantes ambulantes en el Centro Histórico, consideran también facultar a la Policía tapatía para que intervenga de manera permanente en la “disuasión” y retiro de los vendedores en el primer cuadro de la ciudad.
Es decir, el planteamiento que valora el Ayuntamiento tapatío a propuesta del regidor José Enrique López Córdova, para volver una falta administrativa el cobro que hacen los líderes de los grupos de ambulantes a sus agremiados, para ocupar un espacio prohibido, fue acompañado por otro complementario, que asigna una competencia específica a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acometer esta actividad informal, dadas las limitaciones en personal que tiene la Dirección de Inspección y Vigilancia (alrededor de 400 inspectores).
Actualmente la Policía de Guadalajara sólo interviene en materia de ambulantaje cuando así se lo solicita la Dirección de Inspección y Vigilancia, con el fin de reforzar sus operativos. Lo que promueve el edil del PRI es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenga ahora la siguiente obligación, en un artículo 13 quater, dentro del Reglamento de Policía y Bueno Gobierno:
“El secretario de Seguridad Ciudadana, a través de sus elementos, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la fracción I del artículo 5 del presente ordenamiento, establecerá y coordinará las acciones preventivas y pacíficas de disuasión e inhibición de prácticas y actividades prohibidas y/o sancionables en el perímetro denominado Centro Histórico, de acuerdo a lo que establece la fracción I y el numeral 2 del artículo 98, así como la fracción I del artículo 107, ambos del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara”.
El edil asevera que este cambio reglamentario sólo facultaría al policía a solicitarle al vendedor ambulante que se retire, dada la transgresión a la norma en la que está incurriendo, y de no hacerle caso, entonces tendría que llamar a personal de la Dirección de Inspección, que sí puede, inclusive, asegurar los productos en venta e imponer infracciones.
Por eso dice López Córdova: “En este sentido, es muy importante establecer que la medida propuesta en la presente iniciativa es únicamente preventiva y de disuasión por medios estrictamente pacíficos y verbales, toda vez que no se pretende, con esto, criminalizar un fenómeno en donde está involucrada la actividad económica de un núcleo familiar, sino que únicamente se pretende inhibir su presencia sistemática en un polígono territorial que se considera prohibido para la realización de dichas actividades”.
Como la otra propuesta del regidor busca que el “regenteo” de ambulantes se vuelva una falta que amerite una sanción pecuniaria o arresto administrativo, entonces, de proceder ambas modificaciones normativas, la Policía estaría obligada tanto a disuadir a quien detecte vendiendo en el espacio público del primer cuadro, como a detener a quien halle cobrando indebidamente por instalarse en la zona, una práctica que siguen los líderes de estos grupos.
Por su parte, el alcalde Ramiro Hernández consideró que, porque se requiere de “todos” para establecer el orden en los espacios públicos, “no ve mal” que se faculte a la Policía tapatía para que intervenga de manera permanente en la “disuasión” y retiro de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico.
Insistió en que se hará aplicar el reglamento y que habrá vigilancia permanente para evitar el ambulantaje. Una y otra vez mencionó el “diálogo” como la vía para hacer desistir a los comerciantes ambulantes de cometer prácticas irregulares.
Es decir, el planteamiento que valora el Ayuntamiento tapatío a propuesta del regidor José Enrique López Córdova, para volver una falta administrativa el cobro que hacen los líderes de los grupos de ambulantes a sus agremiados, para ocupar un espacio prohibido, fue acompañado por otro complementario, que asigna una competencia específica a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acometer esta actividad informal, dadas las limitaciones en personal que tiene la Dirección de Inspección y Vigilancia (alrededor de 400 inspectores).
Actualmente la Policía de Guadalajara sólo interviene en materia de ambulantaje cuando así se lo solicita la Dirección de Inspección y Vigilancia, con el fin de reforzar sus operativos. Lo que promueve el edil del PRI es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenga ahora la siguiente obligación, en un artículo 13 quater, dentro del Reglamento de Policía y Bueno Gobierno:
“El secretario de Seguridad Ciudadana, a través de sus elementos, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la fracción I del artículo 5 del presente ordenamiento, establecerá y coordinará las acciones preventivas y pacíficas de disuasión e inhibición de prácticas y actividades prohibidas y/o sancionables en el perímetro denominado Centro Histórico, de acuerdo a lo que establece la fracción I y el numeral 2 del artículo 98, así como la fracción I del artículo 107, ambos del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara”.
El edil asevera que este cambio reglamentario sólo facultaría al policía a solicitarle al vendedor ambulante que se retire, dada la transgresión a la norma en la que está incurriendo, y de no hacerle caso, entonces tendría que llamar a personal de la Dirección de Inspección, que sí puede, inclusive, asegurar los productos en venta e imponer infracciones.
Por eso dice López Córdova: “En este sentido, es muy importante establecer que la medida propuesta en la presente iniciativa es únicamente preventiva y de disuasión por medios estrictamente pacíficos y verbales, toda vez que no se pretende, con esto, criminalizar un fenómeno en donde está involucrada la actividad económica de un núcleo familiar, sino que únicamente se pretende inhibir su presencia sistemática en un polígono territorial que se considera prohibido para la realización de dichas actividades”.
Como la otra propuesta del regidor busca que el “regenteo” de ambulantes se vuelva una falta que amerite una sanción pecuniaria o arresto administrativo, entonces, de proceder ambas modificaciones normativas, la Policía estaría obligada tanto a disuadir a quien detecte vendiendo en el espacio público del primer cuadro, como a detener a quien halle cobrando indebidamente por instalarse en la zona, una práctica que siguen los líderes de estos grupos.
Por su parte, el alcalde Ramiro Hernández consideró que, porque se requiere de “todos” para establecer el orden en los espacios públicos, “no ve mal” que se faculte a la Policía tapatía para que intervenga de manera permanente en la “disuasión” y retiro de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico.
Insistió en que se hará aplicar el reglamento y que habrá vigilancia permanente para evitar el ambulantaje. Una y otra vez mencionó el “diálogo” como la vía para hacer desistir a los comerciantes ambulantes de cometer prácticas irregulares.