Jalisco
Presentan denuncia penal contra ex diputados
La contratación de la consultora López Castro y Compañía derivó en una demanda fiscal de más de 58 millones de pesos
GUADALAJARA, JALISCO (08/DIC/2012).- Por irregularidades en la administración de justicia, delitos en la custodia o guarda de documentos, fraude especifico, fraude genérico y asociación delictuosa, el diputado del PAN, Víctor Manuel Sánchez Orozco, presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE) por esos presuntos ilícitos, que considera cometieron diputados de las LVIII y LIX Legislaturas al contratar a la consultora López Castro y Compañía, con la intención de recuperar impuestos cobrados por la Secretaría de Hacienda.
El legislador explicó que en la denuncia se señala como responsables a los integrantes de la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura, que son: el priista y actual presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana; la panista Norma Angélica Aguirre Varela; el ex coordinador de los diputados del PRD, Samuel Romero Valle; el diputado del Partido Verde, Luis Manuel Vélez Fragoso; Alfredo Zárate Mendoza, del PT, y Lorenzo Moccia Sandoval, del Partido Nueva Alianza (Panal), así como al entonces secretario general, Alfredo Argüelles Basave, quienes contrataron a la empresa consultora con la intención de recuperar recursos económicos por concepto de Impuesto Sobre Producto de Trabajo (ISTP) que se traduciría en ganancias para el Congreso local.
En la misma demanda, señala como responsables de la pasada Legislatura a los ex diputados Enrique Aubry de Castro, Patricia Elena Retamoza Vega; actuales diputados federales, Gustavo Macías Zambrano, integrantes de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura y a los integrantes de la Comisión de Administración: del PRI, Omar Hernández Hernández; del PAN, Isaías Cortés Berumen, y del PRD, Raúl Vargas, quienes firmaron un convenio, reconociendo el adeudo con la empresa López Castro y que concluyó en una resolución judicial federal en contra del patrimonio del Poder Legislativo.
“La demanda fiscal que enfrenta el Congreso es por 58 millones 066 mil 183 pesos, pero se siguen generando intereses”.
El legislador explicó que en la denuncia se señala como responsables a los integrantes de la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura, que son: el priista y actual presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana; la panista Norma Angélica Aguirre Varela; el ex coordinador de los diputados del PRD, Samuel Romero Valle; el diputado del Partido Verde, Luis Manuel Vélez Fragoso; Alfredo Zárate Mendoza, del PT, y Lorenzo Moccia Sandoval, del Partido Nueva Alianza (Panal), así como al entonces secretario general, Alfredo Argüelles Basave, quienes contrataron a la empresa consultora con la intención de recuperar recursos económicos por concepto de Impuesto Sobre Producto de Trabajo (ISTP) que se traduciría en ganancias para el Congreso local.
En la misma demanda, señala como responsables de la pasada Legislatura a los ex diputados Enrique Aubry de Castro, Patricia Elena Retamoza Vega; actuales diputados federales, Gustavo Macías Zambrano, integrantes de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura y a los integrantes de la Comisión de Administración: del PRI, Omar Hernández Hernández; del PAN, Isaías Cortés Berumen, y del PRD, Raúl Vargas, quienes firmaron un convenio, reconociendo el adeudo con la empresa López Castro y que concluyó en una resolución judicial federal en contra del patrimonio del Poder Legislativo.
“La demanda fiscal que enfrenta el Congreso es por 58 millones 066 mil 183 pesos, pero se siguen generando intereses”.