Jalisco
Posterga Tonalá apoyo para víctima de multihomicidio
El alcalde Agustín Ordóñez niega hablar del caso de Iris
TONALÁ, JALISCO.- El presidente municipal interino de Tonalá, Agustín Ordóñez Hernández, guarda silencio y busca dar carpetazo al tema del cumplimiento de la recomendación que se le dirigió a su gobierno a finales de 2008, por el caso del multihomicidio ocurrido en agosto de 2007, donde Iris Angélica Martínez Larios perdió a sus tres hijos y a su madre, asesinados por su concubino.
Al cuestionar al primer edil sobre si reconsiderará su condicionamiento a la recomendación, tras el segundo oficio que le envió la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ), dijo: “No voy a declarar del tema”.
Mientras el munícipe tonalteca busca cerrar el caso, rechazando la recomendación, la Dirección Jurídica que dirige Lenin Ríos Checa informó que el jueves contestarán a la CEDHJ, y al mismo tiempo se girarán los oficios para iniciar los procedimientos administrativos en contra de los cuatro funcionarios a quienes se les responsabiliza de haber actuado de manera omisa en el caso de Iris, al no atender la denuncia de violencia intrafamiliar que interpuso.
En noviembre de 2008, el Ayuntamiento contestó mediante oficio la aceptación. Sin embargo, la sujetó a diversas condiciones, las cuales han provocado que durante cinco meses Tonalá no actúe para brindar el apoyo a la mujer afectada, que el pasado domingo fue intervenida en el Hospital Civil de Guadalajara por las secuelas del balazo que recibió de su cónyuge en el abdomen (hernioplastía).
“En días pasados recibimos un nuevo comunicado por parte de la CEDHJ, donde está solicitando en relación a esta recomendación el que se reconsideraran algunas de las manifestaciones que hizo el Ayuntamiento, cuando se aceptó la recomendación. Aceptamos la recomendación desde un principio, pero hay algunos temas que nosotros solicitamos el apoyo de la Comisión para efecto de que se pudieran cumplir”, puntualizó Ríos Checa.
Con el llamado “enérgico” que mandó la comisión para el cumplimiento de la recomendación, el Ayuntamiento promete iniciar con el proceso administrativo contra cuatro funcionarios, tomando a la CEDHJ como la parte denunciante, esto, tras la petición que hizo el propio organismo, subrayando que no buscan que Iris Angélica sea “doblemente victimizada”.
“La comisión pide que se le tome como denunciante, y por nuestra parte no hay ninguna objeción ya que el procedimiento dará inicio con la petición de la comisión. Pero nunca condicionamos”.
Entre los puntos que serán nuevamente analizados por el Ayuntamiento, está la indemnización económica y una disculpa pública por parte del presidente municipal de Tonalá.
Iris Angélica se encuentra preocupada, ya que no cuenta con recursos para pagar la intervención en el Hospital Civil, por lo que pide ayuda a las autoridades.
Frases:
"Estamos en la disposición de actuar y de sacar el acuerdo respectivo y en la medida de lo posible, apoyar a esta persona. Hay un proceso, pero se le debe dar seguimiento de acuerdo con la ley,
Isaías Basulto Lemus, coordinador del PAN en Tonalá."
"Es delicado el tema. Es irresponsable la persona que está asesorando al presidente para que retrase el cumplimiento de la recomendación. Lo único que ocurrirá es que esto quede como precedente del incumplimiento del municipio, no de la administración sino de Tonalá. "
Joaquín Domínguez Benítez, coordinador del PRI en Tonalá.
"Si en un momento dado nosotros no podemos indemnizar, debemos de crear una alternativa; pudiera ser la manera de que esta persona tenga un ingreso con base en un trabajo, o ayudarle a que pueda iniciar un negocio mientras se aterriza el proceso administrativo contra servidores públicos."
Juan Manuel Gutiérrez Santos, coordinador del PRD Tonalá.
Telón de fondo
La omisión…
Iris Angélica Martínez Larios suplicó ayuda en diversas ocasiones a funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá. Desesperada, quería salir de la extrema violencia intrafamiliar emanada de su concubino Manuel González Álvarez, pero de nada le sirvió. Cuatro servidores públicos, lejos de salvaguardar su integridad, minimizaron los riesgos. Esta omisión tuvo un alto costo para Iris: su pareja sentimental asesinó a balazos a su familia, para evitar que ella se fuera de su lado. Cumplió la amenaza ignorada por las autoridades.
El saldo de la tragedia —ocurrida el 31 de agosto de 2007— fue la muerte de Nicolás Tonatiuh (de tres años de edad), Citlali Andrea (cuatro años), Nitzy Angélica (17 años) y Evangelina Larios Morales (62 años), tres hijos y la madre de Iris, respectivamente. Tras el multihomicidio, Manuel decidió quitarse la vida, pero antes hirió de muerte a Iris, con una bala en el abdomen.
A cuatro meses del segundo aniversario luctuoso de su familia, Iris sobrevive ante el desamparo de las autoridades de Tonalá. El pasado 5 de noviembre, luego de un año de investigaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 28/2008, dirigida al presidente municipal de Tonalá, Agustín Ordóñez Hernández, a quien le pidió iniciar procedimientos administrativos en contra de cuatro servidores públicos, indemnizar a la víctima, brindarle ayuda psicológica y médica, así como ofrecerle una disculpa pública. El organismo acreditó actuaciones omisas de los empleados municipales, demostrando una violación a los derechos humanos de Iris.
En noviembre pasado, el alcalde respondió que aceptaba la recomendación. Hasta el momento, todo quedó en palabras. Agustín Ordóñez Hernández, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó en medios de comunicación que Iris se negaba a recibir apoyo, aunque las presiones de la CEDHJ le empujaron a emprender una nueva estrategia: para cumplir con la recomendación pidió que la víctima comparezca y formule su denuncia ante la Dirección Jurídica de Tonalá, con la intención de que inicien los procedimientos administrativos en contra de los cuatro funcionarios: María de la Luz Arelis Gómez y Guillermo Pérez Márquez, trabajadora social y abogado de guardia, respectivamente, de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá; María Elena Becerra Pérez, adscrita a la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, y Carlos Alberto Padilla Morales, psicólogo del DIF de Tonalá.
En un segundo punto, el munícipe condiciona la indemnización a Iris hasta resolverse los procedimientos administrativos de responsabilidad contra los servidores públicos. Y sobre la disculpa pública, el alcalde contesta que ésta no se encuentra en la legislación mexicana como derecho positivo, por lo que no puede ser obligado a ello. Agustín Ordóñez Hernández omite el punto en donde la CEDHJ pide apoyo médico y psicológico para Iris.
Al cuestionar al primer edil sobre si reconsiderará su condicionamiento a la recomendación, tras el segundo oficio que le envió la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ), dijo: “No voy a declarar del tema”.
Mientras el munícipe tonalteca busca cerrar el caso, rechazando la recomendación, la Dirección Jurídica que dirige Lenin Ríos Checa informó que el jueves contestarán a la CEDHJ, y al mismo tiempo se girarán los oficios para iniciar los procedimientos administrativos en contra de los cuatro funcionarios a quienes se les responsabiliza de haber actuado de manera omisa en el caso de Iris, al no atender la denuncia de violencia intrafamiliar que interpuso.
En noviembre de 2008, el Ayuntamiento contestó mediante oficio la aceptación. Sin embargo, la sujetó a diversas condiciones, las cuales han provocado que durante cinco meses Tonalá no actúe para brindar el apoyo a la mujer afectada, que el pasado domingo fue intervenida en el Hospital Civil de Guadalajara por las secuelas del balazo que recibió de su cónyuge en el abdomen (hernioplastía).
“En días pasados recibimos un nuevo comunicado por parte de la CEDHJ, donde está solicitando en relación a esta recomendación el que se reconsideraran algunas de las manifestaciones que hizo el Ayuntamiento, cuando se aceptó la recomendación. Aceptamos la recomendación desde un principio, pero hay algunos temas que nosotros solicitamos el apoyo de la Comisión para efecto de que se pudieran cumplir”, puntualizó Ríos Checa.
Con el llamado “enérgico” que mandó la comisión para el cumplimiento de la recomendación, el Ayuntamiento promete iniciar con el proceso administrativo contra cuatro funcionarios, tomando a la CEDHJ como la parte denunciante, esto, tras la petición que hizo el propio organismo, subrayando que no buscan que Iris Angélica sea “doblemente victimizada”.
“La comisión pide que se le tome como denunciante, y por nuestra parte no hay ninguna objeción ya que el procedimiento dará inicio con la petición de la comisión. Pero nunca condicionamos”.
Entre los puntos que serán nuevamente analizados por el Ayuntamiento, está la indemnización económica y una disculpa pública por parte del presidente municipal de Tonalá.
Iris Angélica se encuentra preocupada, ya que no cuenta con recursos para pagar la intervención en el Hospital Civil, por lo que pide ayuda a las autoridades.
Frases:
"Estamos en la disposición de actuar y de sacar el acuerdo respectivo y en la medida de lo posible, apoyar a esta persona. Hay un proceso, pero se le debe dar seguimiento de acuerdo con la ley,
Isaías Basulto Lemus, coordinador del PAN en Tonalá."
"Es delicado el tema. Es irresponsable la persona que está asesorando al presidente para que retrase el cumplimiento de la recomendación. Lo único que ocurrirá es que esto quede como precedente del incumplimiento del municipio, no de la administración sino de Tonalá. "
Joaquín Domínguez Benítez, coordinador del PRI en Tonalá.
"Si en un momento dado nosotros no podemos indemnizar, debemos de crear una alternativa; pudiera ser la manera de que esta persona tenga un ingreso con base en un trabajo, o ayudarle a que pueda iniciar un negocio mientras se aterriza el proceso administrativo contra servidores públicos."
Juan Manuel Gutiérrez Santos, coordinador del PRD Tonalá.
Telón de fondo
La omisión…
Iris Angélica Martínez Larios suplicó ayuda en diversas ocasiones a funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá. Desesperada, quería salir de la extrema violencia intrafamiliar emanada de su concubino Manuel González Álvarez, pero de nada le sirvió. Cuatro servidores públicos, lejos de salvaguardar su integridad, minimizaron los riesgos. Esta omisión tuvo un alto costo para Iris: su pareja sentimental asesinó a balazos a su familia, para evitar que ella se fuera de su lado. Cumplió la amenaza ignorada por las autoridades.
El saldo de la tragedia —ocurrida el 31 de agosto de 2007— fue la muerte de Nicolás Tonatiuh (de tres años de edad), Citlali Andrea (cuatro años), Nitzy Angélica (17 años) y Evangelina Larios Morales (62 años), tres hijos y la madre de Iris, respectivamente. Tras el multihomicidio, Manuel decidió quitarse la vida, pero antes hirió de muerte a Iris, con una bala en el abdomen.
A cuatro meses del segundo aniversario luctuoso de su familia, Iris sobrevive ante el desamparo de las autoridades de Tonalá. El pasado 5 de noviembre, luego de un año de investigaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 28/2008, dirigida al presidente municipal de Tonalá, Agustín Ordóñez Hernández, a quien le pidió iniciar procedimientos administrativos en contra de cuatro servidores públicos, indemnizar a la víctima, brindarle ayuda psicológica y médica, así como ofrecerle una disculpa pública. El organismo acreditó actuaciones omisas de los empleados municipales, demostrando una violación a los derechos humanos de Iris.
En noviembre pasado, el alcalde respondió que aceptaba la recomendación. Hasta el momento, todo quedó en palabras. Agustín Ordóñez Hernández, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó en medios de comunicación que Iris se negaba a recibir apoyo, aunque las presiones de la CEDHJ le empujaron a emprender una nueva estrategia: para cumplir con la recomendación pidió que la víctima comparezca y formule su denuncia ante la Dirección Jurídica de Tonalá, con la intención de que inicien los procedimientos administrativos en contra de los cuatro funcionarios: María de la Luz Arelis Gómez y Guillermo Pérez Márquez, trabajadora social y abogado de guardia, respectivamente, de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá; María Elena Becerra Pérez, adscrita a la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, y Carlos Alberto Padilla Morales, psicólogo del DIF de Tonalá.
En un segundo punto, el munícipe condiciona la indemnización a Iris hasta resolverse los procedimientos administrativos de responsabilidad contra los servidores públicos. Y sobre la disculpa pública, el alcalde contesta que ésta no se encuentra en la legislación mexicana como derecho positivo, por lo que no puede ser obligado a ello. Agustín Ordóñez Hernández omite el punto en donde la CEDHJ pide apoyo médico y psicológico para Iris.