Jalisco
Policías reprobados inician su defensa
El Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco llevará el proceso de los elementos que no pasaron las pruebas de control de confianza
GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2013).- No les parece justo ni legal. Los policías reprobados en los exámenes de confianza alegan que las preguntas que les hicieron fueron capciosas, que usaron métodos abusivos en su contra y que ni siquiera se tomaron la molestia de revisar personalmente el entorno donde se desarrollan cotidianamente.
Por estos motivos, el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, encabezado por su presidente, José Luis Guízar Abarca, anunció que emprenderá la defensa de todos los policías despedidos que sientan que se cometió un abuso en su contra.
Según Guízar Abarca, a los policías se les sentó en una silla, fueron amarrados y puestos nerviosos de diversas maneras como parte de cada prueba; a otros, afirmó, se les está acusando de problemas físicos y de salud que contrajeron en el ejercicio de su deber policiaco.
Afirmó que el uso del polígrafo en el examen de confianza fue inadecuado, pues ante la pregunta sobre si el policía ha estado en contacto con el crimen o si ha mentido para obtener algún beneficio, no se les permitió argumentar la respuesta, por lo que la interpretación de éstas amañó el proceso.
Jesús Ibarra Cárdenas, coordinación del área de Innovación Jurídica del ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente), afirmó en entrevista que el uso del polígrafo sólo puede ser motivo de impugnación del proceso si no cumplió ciertos requisitos, como contar con la autorización de la persona a la que se le pretende aplicar, que haya testigos en el momento de realizar la prueba, que el examinador y las cuestiones técnicas estén certificadas, así como que se le dé derecho al individuo de repetir la prueba en caso de que no haya resultado positivo.
“Se le debe informar al policía que se le hará una prueba de polígrafo, si lo solicita a quien se le aplicó y pide repetición, debe repetirse, debe ser filmada para que quede registro de qué pasó, debe haber oportunidad de alegar”.
Afirman que hubo lista de “favoritos”
José Luis Guízar Abarca afirmó que el proceso de los exámenes de confianza estuvo amañado, al punto que hubo una lista de policías a los que no se podía reprobar. Como prueba repartió un documento proveniente del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, titulado: “Resultados aprobados de las evaluaciones de control de confianza del municipio de Guadalajara”. El presidente del Colegio de Abogados afirmó que, aunque algunos elementos confesaron haber recibido sobornos y realizar otras acciones que no están apegadas a la ley, aun así aprobaron el examen.
Para aclarar lo anterior, este medio buscó a Ricardo Homero Salas Torres, secretario ejecutivo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pero el Consejo Estatal de Seguridad Pública informó que, por el momento, no daría más entrevistas sobre el tema.
ZAPOPAN
Cuestiona facultades
El coordinador de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano en Zapopan, Augusto Valencia, presentó el pasado viernes una denuncia penal en la Procuraduría estatal para que se investigue el por qué la Sindicatura se atribuyó la destitución de los policías zapopanos que no aprobaron las pruebas de control de confianza.
Según el regidor, a la Sindicatura no le corresponde llevar los procesos de destitución.
En respuesta a estas declaraciones, el Ayuntamiento envió un comunicado en donde aclara que la Sindicatura de Zapopan está facultada para llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa sobre aquellos elementos de seguridad pública que resulten “no aprobados” en los exámenes de control de confianza.
Lo anterior se sustenta en lo establecido en el Artículo 119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que refiere que la instancia competente para conocer de los procedimientos es la misma Sindicatura, debiendo resolverlos la Comisión de Honor y Justicia.
DICTAN MEDIDAS
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares al director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Agustín de Jesús Rentería Godínez, y al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Ricardo Homero Salas Torres, para que ordenen las medidas administrativas necesarias para que el personal del Centro, al momento de aplicar los exámenes a los policías estatales o municipales, se apegue puntualmente a los principios de legalidad, igualdad, trato digno, no discriminación, certeza y derecho a la información, a fin de que se respete su dignidad humana e intimidad y que no se traduzcan en actos de hostigamiento o intimidatorios.
Un grupo de policías acudió ayer a la CEDHJ para interponer quejas por presuntas irregularidades en el proceso de evaluación. El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián instruyó a la Segunda Visitaduría General para que se emitieran medidas cautelares a favor de los uniformados, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos denunciados, y con el fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad psíquica, intimidad y dignidad humana.
LOS CASOS SERÁN TURNADOS AL MINISTERIO PÚBLICO
Elementos tapatíos con nexos delincuenciales serán investigados
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara turnará al Ministerio Público (MP) los casos de los policías tapatíos que resultaron no aptos en sus pruebas de control de confianza, y en los que hay indicios de su colusión con la delincuencia, ya sea común u organizada, para la investigación de los delitos que pudieran estar de por medio.
Así lo dio a conocer el titular de la misma, Carlos Mercado Casillas: “La propia ley de control establece que las autoridades municipales —que sería la Secretaría de Seguridad Ciudadana— tiene obligación de, en aquellos casos donde exista evidencia suficiente o indicios (de nexos con la delincuencia) pueda hacerlo del conocimiento del MP, entonces, la situación es delicada, en el sentido de que además de que perdieron el trabajo, vamos a vincularlos al agente del MP para que investigue un posible delito. La ley en ese sentido está construida, entonces, estoy obligado a cumplirla porque si no el cese es inmediato para mí”.
El 10 de enero pasado el secretario de Seguridad Ciudadana expresaba que los elementos tapatíos no estaban reprobando principalmente los exámenes toxicológico y médico, sino el poligráfico, precisamente el que se usa para detectar este tipo de nexos con actividades ilícitas.
Ayer por la mañana el funcionario informaba que aún no han turnado alguno de estos casos al MP (aunque han sido notificados de 137 elementos no aptos), pero ya están “construyendo notificaciones que en su caso habría que hacer, siempre y cuando las resoluciones, insisto, el resultado nos permita hacerlo”.
Finalmente, aseveró que la revaloración de policías que ha planteado el alcalde Ramiro Hernández , sí está prevista en la legislación, por lo que su dependencia y la Sindicatura están trabajando en la definición de los criterios bajo los cuales siempre habrá de generarse una petición para repetir la prueba.
Por estos motivos, el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, encabezado por su presidente, José Luis Guízar Abarca, anunció que emprenderá la defensa de todos los policías despedidos que sientan que se cometió un abuso en su contra.
Según Guízar Abarca, a los policías se les sentó en una silla, fueron amarrados y puestos nerviosos de diversas maneras como parte de cada prueba; a otros, afirmó, se les está acusando de problemas físicos y de salud que contrajeron en el ejercicio de su deber policiaco.
Afirmó que el uso del polígrafo en el examen de confianza fue inadecuado, pues ante la pregunta sobre si el policía ha estado en contacto con el crimen o si ha mentido para obtener algún beneficio, no se les permitió argumentar la respuesta, por lo que la interpretación de éstas amañó el proceso.
Jesús Ibarra Cárdenas, coordinación del área de Innovación Jurídica del ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente), afirmó en entrevista que el uso del polígrafo sólo puede ser motivo de impugnación del proceso si no cumplió ciertos requisitos, como contar con la autorización de la persona a la que se le pretende aplicar, que haya testigos en el momento de realizar la prueba, que el examinador y las cuestiones técnicas estén certificadas, así como que se le dé derecho al individuo de repetir la prueba en caso de que no haya resultado positivo.
“Se le debe informar al policía que se le hará una prueba de polígrafo, si lo solicita a quien se le aplicó y pide repetición, debe repetirse, debe ser filmada para que quede registro de qué pasó, debe haber oportunidad de alegar”.
Afirman que hubo lista de “favoritos”
José Luis Guízar Abarca afirmó que el proceso de los exámenes de confianza estuvo amañado, al punto que hubo una lista de policías a los que no se podía reprobar. Como prueba repartió un documento proveniente del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, titulado: “Resultados aprobados de las evaluaciones de control de confianza del municipio de Guadalajara”. El presidente del Colegio de Abogados afirmó que, aunque algunos elementos confesaron haber recibido sobornos y realizar otras acciones que no están apegadas a la ley, aun así aprobaron el examen.
Para aclarar lo anterior, este medio buscó a Ricardo Homero Salas Torres, secretario ejecutivo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pero el Consejo Estatal de Seguridad Pública informó que, por el momento, no daría más entrevistas sobre el tema.
ZAPOPAN
Cuestiona facultades
El coordinador de la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano en Zapopan, Augusto Valencia, presentó el pasado viernes una denuncia penal en la Procuraduría estatal para que se investigue el por qué la Sindicatura se atribuyó la destitución de los policías zapopanos que no aprobaron las pruebas de control de confianza.
Según el regidor, a la Sindicatura no le corresponde llevar los procesos de destitución.
En respuesta a estas declaraciones, el Ayuntamiento envió un comunicado en donde aclara que la Sindicatura de Zapopan está facultada para llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa sobre aquellos elementos de seguridad pública que resulten “no aprobados” en los exámenes de control de confianza.
Lo anterior se sustenta en lo establecido en el Artículo 119 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que refiere que la instancia competente para conocer de los procedimientos es la misma Sindicatura, debiendo resolverlos la Comisión de Honor y Justicia.
DICTAN MEDIDAS
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares al director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Agustín de Jesús Rentería Godínez, y al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Ricardo Homero Salas Torres, para que ordenen las medidas administrativas necesarias para que el personal del Centro, al momento de aplicar los exámenes a los policías estatales o municipales, se apegue puntualmente a los principios de legalidad, igualdad, trato digno, no discriminación, certeza y derecho a la información, a fin de que se respete su dignidad humana e intimidad y que no se traduzcan en actos de hostigamiento o intimidatorios.
Un grupo de policías acudió ayer a la CEDHJ para interponer quejas por presuntas irregularidades en el proceso de evaluación. El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián instruyó a la Segunda Visitaduría General para que se emitieran medidas cautelares a favor de los uniformados, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos denunciados, y con el fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad psíquica, intimidad y dignidad humana.
LOS CASOS SERÁN TURNADOS AL MINISTERIO PÚBLICO
Elementos tapatíos con nexos delincuenciales serán investigados
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara turnará al Ministerio Público (MP) los casos de los policías tapatíos que resultaron no aptos en sus pruebas de control de confianza, y en los que hay indicios de su colusión con la delincuencia, ya sea común u organizada, para la investigación de los delitos que pudieran estar de por medio.
Así lo dio a conocer el titular de la misma, Carlos Mercado Casillas: “La propia ley de control establece que las autoridades municipales —que sería la Secretaría de Seguridad Ciudadana— tiene obligación de, en aquellos casos donde exista evidencia suficiente o indicios (de nexos con la delincuencia) pueda hacerlo del conocimiento del MP, entonces, la situación es delicada, en el sentido de que además de que perdieron el trabajo, vamos a vincularlos al agente del MP para que investigue un posible delito. La ley en ese sentido está construida, entonces, estoy obligado a cumplirla porque si no el cese es inmediato para mí”.
El 10 de enero pasado el secretario de Seguridad Ciudadana expresaba que los elementos tapatíos no estaban reprobando principalmente los exámenes toxicológico y médico, sino el poligráfico, precisamente el que se usa para detectar este tipo de nexos con actividades ilícitas.
Ayer por la mañana el funcionario informaba que aún no han turnado alguno de estos casos al MP (aunque han sido notificados de 137 elementos no aptos), pero ya están “construyendo notificaciones que en su caso habría que hacer, siempre y cuando las resoluciones, insisto, el resultado nos permita hacerlo”.
Finalmente, aseveró que la revaloración de policías que ha planteado el alcalde Ramiro Hernández , sí está prevista en la legislación, por lo que su dependencia y la Sindicatura están trabajando en la definición de los criterios bajo los cuales siempre habrá de generarse una petición para repetir la prueba.