Jalisco
Muebleros purépechas se quejan por extorsiones de inspectores
Les piden cumplir medidas de seguridad, pero les confiscan mercancía; otros aseguran que les exigen cuota para continuar donde viven
GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2013).- El protocolo es simple: llegan, muestran su identificación, distinguen lo que necesitan y se van. Como si la mercancía fuera un catálogo gratuito para adornar la casa de quien se identifique como funcionario público. Ésta es la extorsión semanal que los purépechas muebleros de la Zona Metropolitana de Guadalajara aseguran que les aplican inspectores del Ayuntamiento de Zapopan, que hasta se dan tiempo para escoger el mueble que más les guste, a cambio de denunciar la falta de permisos.
Los individuos que llegan y “solicitan” las cuotas a los indígenas, que viven de sus obras en carpintería, pocas veces repiten turno: “Nunca son los mismos; diario vienen unos que no vemos”, exponen los afectados.
“Eso es cada semana desde hace tres años. Vienen sin falta y dicen que es porque luego tenemos las cosas afuera, en la banqueta, y que luego no dejamos pasar a la gente. Pero pues eso no es así”. Cada “atraco oficial” cuesta a los purépechas de la ciudad mil o dos mil pesos, pero a veces llega hasta cuatro mil.
Walter, uno de los indígenas, detalla que la renta mensual de su hogar, un núcleo conformado por cuatro familias purépechas que suman alrededor de 30 personas, alcanza los 10 mil pesos. Pagan al dueño del predio en que se encuentran, y lo hacen con lo que resulta de sus ventas; él les facilita, además, agua potable.
La molestia, sostiene, es la visita semanal de inspectores, quienes, lejos de asesorarles para conseguir el permiso correspondiente, se aprovechan de su falta de información para hacerse de muebles gratis.
En Tlaquepaque, 200 pesos al mes
Hoy van a comer frijoles; el sonido del agua en ebullición se cuela entre las pausas del serrucho y el taladro. Aquí las carpas improvisadas sirven lo mismo de cocina que de taller de carpintería, de recámara y de tienda de muebles. Así ha sido desde hace más de 10 años, cuando estas tres familias purépechas llegaron a Jalisco; para poder vivir ahí le dan al Ayuntamiento de Tlaquepaque una cuota mensual de 200 pesos.
Las faldas largas y con vuelo de las mujeres se arrastran en el suelo de tierra cada que se agachan para menearle a los frijoles en el fogón de leña. Se arriscan las mangas pomposas de sus blusas brillantes con encaje y sazonan su comida. Cuidan que el bebé que cargan a sus espaldas, amarrado con un rebozo, no se caiga o no se pegue entre los materiales de carpintería del hombre de la casa.
Cada establecimiento es de una familia distinta, pero al fin parientes todos de los Eucebio. Llegaron y se habían establecido en Avenida Patria, pero era propiedad privada y los expulsaron, así que un sacerdote los ayudó a colocarse ahí, al filo de la carretera libre a Zapotlanejo; aunque es un espacio público, el Ayuntamiento ya no los molesta por la cuota que le dan al mes.
Ellos mismos construyeron su casa con lonas y madera. El agua y la luz la instalaron de unos vecinos que les pasan los servicios a cambio de 50 pesos mensuales.
Los hogares de las cuatro familias que radican ahí se caracterizan por tener al frente una exhibición de muebles de madera listos para la venta. Unos pasos más adentro hay retazos de tablas y máquinas para trabajarlos. En la parte interior, entre herramientas y aserrín, hay camas y algunos artículos para atender necesidades básicas de las familias. En el suelo, los fogones para cocinar.
Son cuatro familias purépechas que llegaron a Patria y Prolongación Alcalde hace más de 10 años. Están en un terreno privado por el que pagan 900 pesos al mes. El agua la acarrean de donde sea que pueden conseguirla. La luz la tienen con instalaciones improvisadas, con cables que se interponen al paso y que se atraviesan también entre montañas de madera.
La versión de la autoridad
Sobre las denuncias de la comunidad purépecha instalada sobre Prolongación Mariano Otero, el Ayuntamiento de Zapopan reconoce que hay probabilidades de que sus inspectores puedan verse involucrados en actos de extorsión. Y por ello, invita a la ciudadanía a denunciarlos, porque hasta ahora, de acuerdo con el director Fernando Espinoza de los Monteros, no hay ninguna de parte de la comunidad afectada.
En Tlaquepaque, el director de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, Flavio Octavio Reynaga Cortés, cuenta con 45 inspectores y a todos los defiende: dice que no han incurrido en irregularidades. Y además, indica, los inspectores no tienen injerencia en el manejo de recursos, pues los comerciantes pagan en las recaudadoras.
No hay interés de las autoridades
Las autoridades jaliscienses carecen de interés por regular los asentamientos indígenas en la ciudad, y mucho menos de reconocerlos, aunque llevan cuatro generaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, asegura el antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Francisco Talavera Durón.
El también profesor de la Licenciatura en Antropología de la Universidad de Guadalajara afirma que nunca hubo una política pública para proteger a estas familias. A pesar de que hoy representan a 12 etnias, se han ignorado sus tres demandas básicas: vivienda, trabajo y salud.
Agrega que hay una política muy dura contra el comercio informal indígena, pero no hay una propuesta alterna para regularlo.
En el caso de los vendedores de muebles, menciona que son presionados por los inspectores que no entienden la complejidad de tener una casa y un taller. Y no obstante, expone que están en una situación mucho menos vulnerable que otros indígenas.
El antropólogo destaca la reubicación momentánea durante los Juegos Panamericanos 2011 como una iniciativa útil: “Este programa les permitió vender de manera legal sus mercancías con productos artesanales”; sin embargo, no fue un proyecto extenso.
FRASE
"Se ve a los indígenas urbanos como si hubieran venido a invadir la ciudad "
Francisco Talavera Durón, antropólogo.
VOCES
Las respuestas oficiales han tardado
Las autoridades de los tres niveles gubernamentales se han “tardado” en implementar programas sociales que apoyen a las etnias instaladas en la Entidad, como los purépechas que se dedican a la fabricación y venta de muebles. Antonio García Mijárez, un miembro de la comunidad wixárika que estudia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y especialista en etnias instaladas en Jalisco, opina que la coordinación entre ambas partes debe verse desde una visión amplia, más allá de una foto del político en turno con los indígenas.
El bien último de las comunidades que se asientan en Jalisco para trabajar, asegura, es procurarse una mejor calidad de vida, y es ahí donde la autoridad podría apoyarlos.
“Hace poco hicimos un estudio en el Cerro del Cuatro, donde los niños indígenas van a la escuela y los papás han hecho su casita. Yo no veo mal su objetivo, que es vivir mejor; lo que sí falta es cambiar esa visión de: ‘Cuando no me convienen, me estorban; y cuando no, me tomo la foto’”.
El gobierno, concluye, simplemente no regula a los núcleos de carpinteros, por lo que las actividades de ambos siempre marchan en sentidos opuestos; esto propicia actos de corrupción, como las extorsiones.
FRASE
"La gente siempre busca el mejor lugar, donde hay trabajo, y en nuestras comunidades, por desgracia, no es posible "
Antonio García Mijárez, miembro de la comunidad wixárika.
PUEBLO EN TRÁNSITO
Migración de purépechas llega hasta 35%
En algunas comunidades purépechas, pueblo indígena que habita principalmente la región centro de Michoacán, la población migrante llega a ser a 35%, reporta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En México hay 124 mil 494 personas de cinco años y más que hablan la lengua purépecha, mientras que en Jalisco se concentran tres mil 186 hablantes, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, registrados en 2010.
Los individuos que llegan y “solicitan” las cuotas a los indígenas, que viven de sus obras en carpintería, pocas veces repiten turno: “Nunca son los mismos; diario vienen unos que no vemos”, exponen los afectados.
“Eso es cada semana desde hace tres años. Vienen sin falta y dicen que es porque luego tenemos las cosas afuera, en la banqueta, y que luego no dejamos pasar a la gente. Pero pues eso no es así”. Cada “atraco oficial” cuesta a los purépechas de la ciudad mil o dos mil pesos, pero a veces llega hasta cuatro mil.
Walter, uno de los indígenas, detalla que la renta mensual de su hogar, un núcleo conformado por cuatro familias purépechas que suman alrededor de 30 personas, alcanza los 10 mil pesos. Pagan al dueño del predio en que se encuentran, y lo hacen con lo que resulta de sus ventas; él les facilita, además, agua potable.
La molestia, sostiene, es la visita semanal de inspectores, quienes, lejos de asesorarles para conseguir el permiso correspondiente, se aprovechan de su falta de información para hacerse de muebles gratis.
En Tlaquepaque, 200 pesos al mes
Hoy van a comer frijoles; el sonido del agua en ebullición se cuela entre las pausas del serrucho y el taladro. Aquí las carpas improvisadas sirven lo mismo de cocina que de taller de carpintería, de recámara y de tienda de muebles. Así ha sido desde hace más de 10 años, cuando estas tres familias purépechas llegaron a Jalisco; para poder vivir ahí le dan al Ayuntamiento de Tlaquepaque una cuota mensual de 200 pesos.
Las faldas largas y con vuelo de las mujeres se arrastran en el suelo de tierra cada que se agachan para menearle a los frijoles en el fogón de leña. Se arriscan las mangas pomposas de sus blusas brillantes con encaje y sazonan su comida. Cuidan que el bebé que cargan a sus espaldas, amarrado con un rebozo, no se caiga o no se pegue entre los materiales de carpintería del hombre de la casa.
Cada establecimiento es de una familia distinta, pero al fin parientes todos de los Eucebio. Llegaron y se habían establecido en Avenida Patria, pero era propiedad privada y los expulsaron, así que un sacerdote los ayudó a colocarse ahí, al filo de la carretera libre a Zapotlanejo; aunque es un espacio público, el Ayuntamiento ya no los molesta por la cuota que le dan al mes.
Ellos mismos construyeron su casa con lonas y madera. El agua y la luz la instalaron de unos vecinos que les pasan los servicios a cambio de 50 pesos mensuales.
Los hogares de las cuatro familias que radican ahí se caracterizan por tener al frente una exhibición de muebles de madera listos para la venta. Unos pasos más adentro hay retazos de tablas y máquinas para trabajarlos. En la parte interior, entre herramientas y aserrín, hay camas y algunos artículos para atender necesidades básicas de las familias. En el suelo, los fogones para cocinar.
Son cuatro familias purépechas que llegaron a Patria y Prolongación Alcalde hace más de 10 años. Están en un terreno privado por el que pagan 900 pesos al mes. El agua la acarrean de donde sea que pueden conseguirla. La luz la tienen con instalaciones improvisadas, con cables que se interponen al paso y que se atraviesan también entre montañas de madera.
La versión de la autoridad
Sobre las denuncias de la comunidad purépecha instalada sobre Prolongación Mariano Otero, el Ayuntamiento de Zapopan reconoce que hay probabilidades de que sus inspectores puedan verse involucrados en actos de extorsión. Y por ello, invita a la ciudadanía a denunciarlos, porque hasta ahora, de acuerdo con el director Fernando Espinoza de los Monteros, no hay ninguna de parte de la comunidad afectada.
En Tlaquepaque, el director de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, Flavio Octavio Reynaga Cortés, cuenta con 45 inspectores y a todos los defiende: dice que no han incurrido en irregularidades. Y además, indica, los inspectores no tienen injerencia en el manejo de recursos, pues los comerciantes pagan en las recaudadoras.
No hay interés de las autoridades
Las autoridades jaliscienses carecen de interés por regular los asentamientos indígenas en la ciudad, y mucho menos de reconocerlos, aunque llevan cuatro generaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, asegura el antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Francisco Talavera Durón.
El también profesor de la Licenciatura en Antropología de la Universidad de Guadalajara afirma que nunca hubo una política pública para proteger a estas familias. A pesar de que hoy representan a 12 etnias, se han ignorado sus tres demandas básicas: vivienda, trabajo y salud.
Agrega que hay una política muy dura contra el comercio informal indígena, pero no hay una propuesta alterna para regularlo.
En el caso de los vendedores de muebles, menciona que son presionados por los inspectores que no entienden la complejidad de tener una casa y un taller. Y no obstante, expone que están en una situación mucho menos vulnerable que otros indígenas.
El antropólogo destaca la reubicación momentánea durante los Juegos Panamericanos 2011 como una iniciativa útil: “Este programa les permitió vender de manera legal sus mercancías con productos artesanales”; sin embargo, no fue un proyecto extenso.
FRASE
"Se ve a los indígenas urbanos como si hubieran venido a invadir la ciudad "
Francisco Talavera Durón, antropólogo.
VOCES
Las respuestas oficiales han tardado
Las autoridades de los tres niveles gubernamentales se han “tardado” en implementar programas sociales que apoyen a las etnias instaladas en la Entidad, como los purépechas que se dedican a la fabricación y venta de muebles. Antonio García Mijárez, un miembro de la comunidad wixárika que estudia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y especialista en etnias instaladas en Jalisco, opina que la coordinación entre ambas partes debe verse desde una visión amplia, más allá de una foto del político en turno con los indígenas.
El bien último de las comunidades que se asientan en Jalisco para trabajar, asegura, es procurarse una mejor calidad de vida, y es ahí donde la autoridad podría apoyarlos.
“Hace poco hicimos un estudio en el Cerro del Cuatro, donde los niños indígenas van a la escuela y los papás han hecho su casita. Yo no veo mal su objetivo, que es vivir mejor; lo que sí falta es cambiar esa visión de: ‘Cuando no me convienen, me estorban; y cuando no, me tomo la foto’”.
El gobierno, concluye, simplemente no regula a los núcleos de carpinteros, por lo que las actividades de ambos siempre marchan en sentidos opuestos; esto propicia actos de corrupción, como las extorsiones.
FRASE
"La gente siempre busca el mejor lugar, donde hay trabajo, y en nuestras comunidades, por desgracia, no es posible "
Antonio García Mijárez, miembro de la comunidad wixárika.
PUEBLO EN TRÁNSITO
Migración de purépechas llega hasta 35%
En algunas comunidades purépechas, pueblo indígena que habita principalmente la región centro de Michoacán, la población migrante llega a ser a 35%, reporta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En México hay 124 mil 494 personas de cinco años y más que hablan la lengua purépecha, mientras que en Jalisco se concentran tres mil 186 hablantes, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, registrados en 2010.