Jalisco
Los detenidos del caso López Castro, por fraude genérico
Octavio Pérez Pozos fue precandidato a un distrito local en 2006
GUADALAJARA, JALISCO (12/FEB/2015).- Son dos los detenidos por el caso relacionado con la consultora López Castro: Octavio Pérez Pozos y Rafael López Martínez. Ambos enfrentan una nueva orden de aprehensión por el delito de fraude genérico.
Octavio Pérez Pozos fue simpatizante del PRI, del PAN y ahora de Movimiento Ciudadano (MC). Ingresó a la nómina del Poder Legislativo en la 57 Legislatura, cuando los coordinadores parlamentarios eran Ramiro Hernández, del PRI; Alonso Ulloa, del PAN; Samuel Romero Valle, del PRD; y del Verde, Luis Alejandro Rodríguez.
Como priista fue precandidato a un distrito local en el año 2006, el mismo año en que el actual gobernador, Aristóteles Sandoval fue precandidato a la alcaldía de Guadalajara.
Al iniciar la 58 Legislatura, el entonces secretario General del Congreso, Alfredo Argüelles, lo invitó a sumarse a los trabajos en la Secretaría General. Luego de las elecciones de 2009, y con la salida de Alfredo Argüelles y otros diputados que buscaban cargos de elección popular, Pérez Pozos asumió la titularidad de la Secretaría General del Congreso.
En la elección de 2009, Pérez Pozos apoyó la campaña del panista Jorge Salinas Osornio.
En la elección de 2012 se sumó a la campaña de MC, luego de que su prima Merylin Gómez fuera impulsada como candidata a una diputación federal. Ahora, ella es legisladora federal.
Rafael López Martínez es, presuntamente, el accionista mayor de la Consultara López Castro, cuya autenticidad ahora está en duda.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, el notario Público 99 de Guadalajara, José Mora Luna, fe de la existencia de Sergio Juárez Rivera, supuesto apoderado legal del despacho López Castro; sin embargo nunca se encontró a esa persona.
El acta de la consultora certifica como apoderados del despacho a Gabriel Diez Martínez Serrano, quien fue director jurídico de la Secretaría de Vialidad, entonces dirigida por Alfonso Rejón; así como a Filiberto Ruiz Gómez, Javier Cenobio Ruiz Bonilla y Urías González Esqueda.
Rafael López Martínez está detenido por cometer un presunto fraude en contra de una empresa farmacéutica y un médico por 20 millones de pesos.
Octavio Pérez Pozos fue simpatizante del PRI, del PAN y ahora de Movimiento Ciudadano (MC). Ingresó a la nómina del Poder Legislativo en la 57 Legislatura, cuando los coordinadores parlamentarios eran Ramiro Hernández, del PRI; Alonso Ulloa, del PAN; Samuel Romero Valle, del PRD; y del Verde, Luis Alejandro Rodríguez.
Como priista fue precandidato a un distrito local en el año 2006, el mismo año en que el actual gobernador, Aristóteles Sandoval fue precandidato a la alcaldía de Guadalajara.
Al iniciar la 58 Legislatura, el entonces secretario General del Congreso, Alfredo Argüelles, lo invitó a sumarse a los trabajos en la Secretaría General. Luego de las elecciones de 2009, y con la salida de Alfredo Argüelles y otros diputados que buscaban cargos de elección popular, Pérez Pozos asumió la titularidad de la Secretaría General del Congreso.
En la elección de 2009, Pérez Pozos apoyó la campaña del panista Jorge Salinas Osornio.
En la elección de 2012 se sumó a la campaña de MC, luego de que su prima Merylin Gómez fuera impulsada como candidata a una diputación federal. Ahora, ella es legisladora federal.
Rafael López Martínez es, presuntamente, el accionista mayor de la Consultara López Castro, cuya autenticidad ahora está en duda.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, el notario Público 99 de Guadalajara, José Mora Luna, fe de la existencia de Sergio Juárez Rivera, supuesto apoderado legal del despacho López Castro; sin embargo nunca se encontró a esa persona.
El acta de la consultora certifica como apoderados del despacho a Gabriel Diez Martínez Serrano, quien fue director jurídico de la Secretaría de Vialidad, entonces dirigida por Alfonso Rejón; así como a Filiberto Ruiz Gómez, Javier Cenobio Ruiz Bonilla y Urías González Esqueda.
Rafael López Martínez está detenido por cometer un presunto fraude en contra de una empresa farmacéutica y un médico por 20 millones de pesos.