Jalisco
Llega a castigo sólo 3% de quejas por corrupción en Guadalajara
Combatir el problema ''no es una función sustantiva del Gobierno'', matiza el titular del área
GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2013).- Sólo 3% de las denuncias o quejas que recibe la Oficina de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara llegan a sanciones, apercibimientos o despido de los funcionarios señalados. Las cifras son válidas tanto para la existencia de este organismo, inaugurado en 2010, como para lo que va de la actual administración.
Establecida por primera vez durante la alcaldía del actual gobernador, Aristóteles Sandoval, la Oficina de Combate a la Corrupción tapatía cuenta sólo con 10 integrantes, un presupuesto de 84 mil pesos anuales y ninguna capacidad para sancionar a los funcionarios de la comuna tapatía que incurran en actos irregulares o anómalos.
Luego del cambio de Administración en el Ayuntamiento, en octubre de 2012, permaneció acéfala y sin operar durante cinco meses, hasta que fue reactivada en febrero de este año, ya durante la alcaldía de Ramiro Hernández.
La dependencia tiene un enfoque fundamentalmente preventivo de los actos indebidos de los funcionarios y de atención ciudadana (recibe denuncias a través de un portal web y una línea telefónica que forma parte del servicio del 070). Sus resoluciones y observaciones, cuando llegan a presentarse, son solamente de carácter consultivo y no vinculante.
Este mes, el titular de la oficina, José de Jesús Sosa López, presentó el programa anual de trabajo de la dependencia ante la comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. De acuerdo con el documento oficial, las actividades, proyectos y acciones a realizar se agrupan en tres grandes líneas estratégicas: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir, corregir y sancionar los actos de corrupción; prevención social de la corrupción a través de la difusión y capacitación de los principios y valores éticos entre los servidores públicos, así como actividades de vinculación con ciudadanos; y las acciones de investigación, revisión, detección y corrección de comportamientos indebidos”.
En entrevista, Sosa López aseguró que, si bien el combate a la corrupción es una prioridad en el municipio, “no es una función sustantiva del gobierno, el cual debe cuidar a los ciudadanos, ofrecerles servicios, aplicar reglamentos… El combate a la corrupción es una función complementaria que ha sido producto de la evolución del tamaño del gobierno”.
Sobre el escaso presupuesto y el poco personal en la dependencia, puntualizó que la labor de su oficina está cubierta en lo material y en lo financiero y que “no debe contar con una gran estructura o tener muchos recursos, porque en realidad sólo combatimos un problema, un defecto”.
Aseguró que durante la administración de Sandoval se decidió que la oficina anticorrupción trabajara bajo un criterio de confidencialidad y de discreción, en el cual “ni los archivos y expedientes de la oficina podrían circular ni ser públicos”. El actual alcalde modificó tal decisión para hacer más pública la labor: “Hoy la dependencia ya no cumple sólo funciones de fiscalización”.
Entre las funciones establecidas en el Reglamento de la Administración Pública Municipal está la de canalizar las quejas ciudadanas a las áreas correspondientes. Se han recibido 300 quejas desde el inicio de esta Administración, “60% de las cuales son quejas por mal servicio, 20% tiene que ver con denuncias que aportan información parcial sobre posibles actos de corrupción pero que no pueden concretarse y el otro 20% se trata de denuncias sólidas”.
Mientras tanto, se han capacitado alrededor de 250 funcionarios y 60 ciudadanos mediante cursos; en la segunda quincena de julio comenzarán cursos básicos de prevención de la corrupción con una duración de 24 horas para servidores públicos y ciudadanos.
Actualmente elaboran un diagnóstico de la corrupción que se hará público a finales de julio, una vez que el alcalde lo apruebe. Se prepara también un mapa de riesgos de la corrupción —que será publicado en octubre—, para detectar a las dependencias más proclives a este delito.
El funcionario dejó clara que su aspiración es “que esta oficina no exista, que desaparezca, como proponía la regidora de Movimiento CiudadanoCandelaria Ochoa, pero la vamos a desaparecer el día que todas las dependencias operen efectivamente sus propios controles y protocolo anticorrupción”.
OPOSICIÓN PROTESTA POR CERTIFICACIÓN DE TRANSPARENCIA
Inauguran la “Expo Opacidad” en Palacio Municipal
En los portales del Palacio Municipal tapatío hay, desde ayer, una nueva exposición: la “Expo Opacidad”, organizada por la fracción de regidores del partido Movimiento Ciudadano, con la que quieren expresar su inconformidad ante la reciente certificación de procesos que obtuvo la Unidad de Transparencia e Información del Ayuntamiento. Lo que hicieron los regidores de oposición fue exponer algunas de las solicitudes que han presentado y que obtuvieron respuestas parciales o no la obtuvieron de hecho: calcularon que son 97 de las 100 solicitudes que han tramitado (algunas a través del pleno). Se incluyen temas como el operativo policial del 1 de diciembre de 2012, contratos de obra pública o despido de inspectores municipales.
NUMERALIA
Resultados
La Oficina de Combate a la Corrupción de Guadalajara recibe las quejas o denuncias ciudadanas y las remite al área correspondiente.
300 casos han llegado en esta administración, desde octubre pasado; sólo ocho, o 2.6%, concluyeron en sanciones, apercibimientos o despidos.
1,700 expedientes de quejas o denuncias se han acumulado desde 2010; sólo 47 han llegado a algún tipo de sanción, es decir, 2.7 por ciento.
Establecida por primera vez durante la alcaldía del actual gobernador, Aristóteles Sandoval, la Oficina de Combate a la Corrupción tapatía cuenta sólo con 10 integrantes, un presupuesto de 84 mil pesos anuales y ninguna capacidad para sancionar a los funcionarios de la comuna tapatía que incurran en actos irregulares o anómalos.
Luego del cambio de Administración en el Ayuntamiento, en octubre de 2012, permaneció acéfala y sin operar durante cinco meses, hasta que fue reactivada en febrero de este año, ya durante la alcaldía de Ramiro Hernández.
La dependencia tiene un enfoque fundamentalmente preventivo de los actos indebidos de los funcionarios y de atención ciudadana (recibe denuncias a través de un portal web y una línea telefónica que forma parte del servicio del 070). Sus resoluciones y observaciones, cuando llegan a presentarse, son solamente de carácter consultivo y no vinculante.
Este mes, el titular de la oficina, José de Jesús Sosa López, presentó el programa anual de trabajo de la dependencia ante la comisión edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. De acuerdo con el documento oficial, las actividades, proyectos y acciones a realizar se agrupan en tres grandes líneas estratégicas: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir, corregir y sancionar los actos de corrupción; prevención social de la corrupción a través de la difusión y capacitación de los principios y valores éticos entre los servidores públicos, así como actividades de vinculación con ciudadanos; y las acciones de investigación, revisión, detección y corrección de comportamientos indebidos”.
En entrevista, Sosa López aseguró que, si bien el combate a la corrupción es una prioridad en el municipio, “no es una función sustantiva del gobierno, el cual debe cuidar a los ciudadanos, ofrecerles servicios, aplicar reglamentos… El combate a la corrupción es una función complementaria que ha sido producto de la evolución del tamaño del gobierno”.
Sobre el escaso presupuesto y el poco personal en la dependencia, puntualizó que la labor de su oficina está cubierta en lo material y en lo financiero y que “no debe contar con una gran estructura o tener muchos recursos, porque en realidad sólo combatimos un problema, un defecto”.
Aseguró que durante la administración de Sandoval se decidió que la oficina anticorrupción trabajara bajo un criterio de confidencialidad y de discreción, en el cual “ni los archivos y expedientes de la oficina podrían circular ni ser públicos”. El actual alcalde modificó tal decisión para hacer más pública la labor: “Hoy la dependencia ya no cumple sólo funciones de fiscalización”.
Entre las funciones establecidas en el Reglamento de la Administración Pública Municipal está la de canalizar las quejas ciudadanas a las áreas correspondientes. Se han recibido 300 quejas desde el inicio de esta Administración, “60% de las cuales son quejas por mal servicio, 20% tiene que ver con denuncias que aportan información parcial sobre posibles actos de corrupción pero que no pueden concretarse y el otro 20% se trata de denuncias sólidas”.
Mientras tanto, se han capacitado alrededor de 250 funcionarios y 60 ciudadanos mediante cursos; en la segunda quincena de julio comenzarán cursos básicos de prevención de la corrupción con una duración de 24 horas para servidores públicos y ciudadanos.
Actualmente elaboran un diagnóstico de la corrupción que se hará público a finales de julio, una vez que el alcalde lo apruebe. Se prepara también un mapa de riesgos de la corrupción —que será publicado en octubre—, para detectar a las dependencias más proclives a este delito.
El funcionario dejó clara que su aspiración es “que esta oficina no exista, que desaparezca, como proponía la regidora de Movimiento CiudadanoCandelaria Ochoa, pero la vamos a desaparecer el día que todas las dependencias operen efectivamente sus propios controles y protocolo anticorrupción”.
OPOSICIÓN PROTESTA POR CERTIFICACIÓN DE TRANSPARENCIA
Inauguran la “Expo Opacidad” en Palacio Municipal
En los portales del Palacio Municipal tapatío hay, desde ayer, una nueva exposición: la “Expo Opacidad”, organizada por la fracción de regidores del partido Movimiento Ciudadano, con la que quieren expresar su inconformidad ante la reciente certificación de procesos que obtuvo la Unidad de Transparencia e Información del Ayuntamiento. Lo que hicieron los regidores de oposición fue exponer algunas de las solicitudes que han presentado y que obtuvieron respuestas parciales o no la obtuvieron de hecho: calcularon que son 97 de las 100 solicitudes que han tramitado (algunas a través del pleno). Se incluyen temas como el operativo policial del 1 de diciembre de 2012, contratos de obra pública o despido de inspectores municipales.
NUMERALIA
Resultados
La Oficina de Combate a la Corrupción de Guadalajara recibe las quejas o denuncias ciudadanas y las remite al área correspondiente.
300 casos han llegado en esta administración, desde octubre pasado; sólo ocho, o 2.6%, concluyeron en sanciones, apercibimientos o despidos.
1,700 expedientes de quejas o denuncias se han acumulado desde 2010; sólo 47 han llegado a algún tipo de sanción, es decir, 2.7 por ciento.