Jalisco
La CEDHJ avala mando único propuesto por Fiscalía
Sin embargo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián destaca aún hay artículos de la Constitución que vulneran los derechos humanos de los oficiales
GUADALAJARA, JALISCO (16/OCT/2013).- Al participar en el panel titulado "Mando único policial", en el marco del simposio Retos de seguridad ciudadana y el mando único policial en Jalisco, el presidente de la
Comisión Estatal,
de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, manifestó su respaldo a la Fiscalía General del Estado para la integración del mando único policial y consideró una decisión atinada que sea impulsado sin necesidad de esperar a que opere a escala federal.
El ombudsman señaló que sólo mediante una estrategia de esta naturaleza podrá combatirse y erradicarse el control que el crimen organizado tiene sobre un alto porcentaje de las corporaciones municipales, ante la vulnerabilidad en la que se encuentran. Asimismo, reiteró que es imperante implementar protocolos de actuación o manuales de operación en casos especiales, los cuales se homologarían con la creación del mando único.
Dijo que es oportuno que se organice un debate antes de concretar esta propuesta, deberán definirse las responsabilidades de las autoridades involucradas, y en este sentido, tomar como base la Ley General de Víctimas ya que en caso de que un servidor público que pertenezca a este modelo policial cometa un delito o viole derechos humanos en ejercicio de sus funciones, podría haber tres supuestos para asumir la responsabilidad del Estado; la institución de origen, las instancias en colaboración o en todo caso, el propio modelo de mando único, para lo cual habrá que destinar un presupuesto específico.
Tras solidarizarse con la dependencia estatal por las bajas que sufrió en días recientes en los acontecimientos registrados en Tepatitlán, Álvarez Cibrián enfatizó que hoy más que nunca es importante sumarse al llamado de la Fiscalía para lograr mejores condiciones laborales para los policías, así como poner en marcha procesos de certificación integrales.
Por último, lamentó que aún existan disposiciones que vayan en contra de los derechos humanos de los elementos de las corporaciones policiales, fuerzas armadas y del Ejército, como es el caso del artículo 123, fracción 13, apartado b, de la Constitución mexicana, el cual señala que a pesar de que alguna autoridad jurisdiccional determine que fue injustificada su separación de la corporación a la que pertenecía, ningún elemento podrá tener derecho a ser reinstalado. Si acaso, tendrá derecho a recibir una indemnización económica. Por ello expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revierta esta disposición atendiendo al principio pro persona y los tratados internacionales en la materia.
de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, manifestó su respaldo a la Fiscalía General del Estado para la integración del mando único policial y consideró una decisión atinada que sea impulsado sin necesidad de esperar a que opere a escala federal.
El ombudsman señaló que sólo mediante una estrategia de esta naturaleza podrá combatirse y erradicarse el control que el crimen organizado tiene sobre un alto porcentaje de las corporaciones municipales, ante la vulnerabilidad en la que se encuentran. Asimismo, reiteró que es imperante implementar protocolos de actuación o manuales de operación en casos especiales, los cuales se homologarían con la creación del mando único.
Dijo que es oportuno que se organice un debate antes de concretar esta propuesta, deberán definirse las responsabilidades de las autoridades involucradas, y en este sentido, tomar como base la Ley General de Víctimas ya que en caso de que un servidor público que pertenezca a este modelo policial cometa un delito o viole derechos humanos en ejercicio de sus funciones, podría haber tres supuestos para asumir la responsabilidad del Estado; la institución de origen, las instancias en colaboración o en todo caso, el propio modelo de mando único, para lo cual habrá que destinar un presupuesto específico.
Tras solidarizarse con la dependencia estatal por las bajas que sufrió en días recientes en los acontecimientos registrados en Tepatitlán, Álvarez Cibrián enfatizó que hoy más que nunca es importante sumarse al llamado de la Fiscalía para lograr mejores condiciones laborales para los policías, así como poner en marcha procesos de certificación integrales.
Por último, lamentó que aún existan disposiciones que vayan en contra de los derechos humanos de los elementos de las corporaciones policiales, fuerzas armadas y del Ejército, como es el caso del artículo 123, fracción 13, apartado b, de la Constitución mexicana, el cual señala que a pesar de que alguna autoridad jurisdiccional determine que fue injustificada su separación de la corporación a la que pertenecía, ningún elemento podrá tener derecho a ser reinstalado. Si acaso, tendrá derecho a recibir una indemnización económica. Por ello expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revierta esta disposición atendiendo al principio pro persona y los tratados internacionales en la materia.