Jalisco
Ixtlahuacán acepta recomendación por caso de niña mamá
El municipio iniciará los procedimientos en contra de los funcionarios involucrados en el caso de la niña mamá
GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2013).- El ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos informó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (
CEDHJ), sobre el cumplimiento de varios puntos de las recomendaciones 33/13 y 39/13 en las que se acreditó la violación de derechos por parte de servidores públicos de distintas áreas de la administración.
Sobre esta última recomendación, por el caso de la menor de edad que se convirtió en madre, el presidente municipal, Sergio Ramón Quintero González, señaló que ha instruido al oficial mayor administrativo para que inicie los procedimientos correspondientes en contra de los funcionarios involucrados: el oficial del Registro Civil Juan Carlos Fernández Rojas; la entonces directora del DIF, Ana Rosa Jiménez Herrera, y de la trabajadora social adscrita a esa dependencia, Maricela Jáuregui Gómez. En virtud de que Diego Beltrán González dejó de desempeñarse como director jurídico del Sistema DIF Municipal de Ixtlahuacán, dio instrucciones para que se agregue copia de la Recomendación a su expediente personal.
Asimismo, el primer edil dio indicaciones a la Sindicatura y al DIF municipal de elaborar a la brevedad un manual de procedimientos para la identificación, operación y atención de estos casos, en el que se establezcan los lineamientos que determinen la actuación correcta de los servidores públicos municipales responsables de su prevención y atención, y que una vez terminado, con base en sus preceptos, se capacite a todos los servidores públicos del ayuntamiento.
Con respecto a la resolución 33/13, el alcalde dio a conocer que con el fin de constatar que las personas detenidas que ingresan a los separos sean tratadas con dignidad y respeto, se ha instalado un circuito cerrado de televisión a efecto de videograbar las 24 horas del día.
La recomendación se emitió al acreditarse la violación del derecho a la legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y a la privacidad, por parte de ocho elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio que ingresaron por la fuerza a un domicilio y detuvieron a una persona.
En su queja, el agraviado manifestó que cuando se encontraba en los separos municipales bajo la custodia del alcaide, fue objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de varios servidores públicos, e incluso que el alcaide azuzó a otros detenidos para que lo agredieran físicamente, hecho que de manera reiterada se ha dado también en otras quejas.
Sobre esta última recomendación, por el caso de la menor de edad que se convirtió en madre, el presidente municipal, Sergio Ramón Quintero González, señaló que ha instruido al oficial mayor administrativo para que inicie los procedimientos correspondientes en contra de los funcionarios involucrados: el oficial del Registro Civil Juan Carlos Fernández Rojas; la entonces directora del DIF, Ana Rosa Jiménez Herrera, y de la trabajadora social adscrita a esa dependencia, Maricela Jáuregui Gómez. En virtud de que Diego Beltrán González dejó de desempeñarse como director jurídico del Sistema DIF Municipal de Ixtlahuacán, dio instrucciones para que se agregue copia de la Recomendación a su expediente personal.
Asimismo, el primer edil dio indicaciones a la Sindicatura y al DIF municipal de elaborar a la brevedad un manual de procedimientos para la identificación, operación y atención de estos casos, en el que se establezcan los lineamientos que determinen la actuación correcta de los servidores públicos municipales responsables de su prevención y atención, y que una vez terminado, con base en sus preceptos, se capacite a todos los servidores públicos del ayuntamiento.
Con respecto a la resolución 33/13, el alcalde dio a conocer que con el fin de constatar que las personas detenidas que ingresan a los separos sean tratadas con dignidad y respeto, se ha instalado un circuito cerrado de televisión a efecto de videograbar las 24 horas del día.
La recomendación se emitió al acreditarse la violación del derecho a la legalidad, seguridad jurídica, libertad personal y a la privacidad, por parte de ocho elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio que ingresaron por la fuerza a un domicilio y detuvieron a una persona.
En su queja, el agraviado manifestó que cuando se encontraba en los separos municipales bajo la custodia del alcaide, fue objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de varios servidores públicos, e incluso que el alcaide azuzó a otros detenidos para que lo agredieran físicamente, hecho que de manera reiterada se ha dado también en otras quejas.