Jalisco
Endurecen medidas contra ''aviadores'' en el Congreso
Recursos Humanos presentará diagnostico para que el próximo viernes 21 de diciembre presente un informe de la situación de los empleados de la LX Legislatura
GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2012).- Los diputados integrantes de la Comisión de Administración determinaron endurecer las medidas para detectar posibles aviadores en el Poder Legislativo e iniciarles procesos administrativos para tener elementos para aplicar actas administrativas y, en un momento dado, darlos de baja.
La Comisión de Administración instruyó al titular de la Dirección de Recursos Humanos, Agustín Araujo Padilla, para que el próximo viernes 21 de diciembre presente un informe de la situación de los empleados de la LX Legislatura.
La presidenta de esa comisión legislativa, Celia Fausto Lizaola, explicó que en el Poder Legislativo comenzarán a aplicar una serie de medidas para detectar personas que cobran pero que no trabajan.
"Se les requerirá por escrito a los trabajadores para presentarse a laborar, quienes aún no lo hacen; y quienes no tienen labores asignadas, que se les asignen trabajos concretos conforme al perfil de funciones y en caso de ser omisos, levantaremos actas administrativas", explicó la perredista.
En tanto, el vocal de esa comisión legislativa y coordinador de los diputados del PAN, Gildardo Guerrero Torres, equiparó a los denominados aviadores con zopilotes: "Sigo viendo el Congreso lleno de zopilotes y tenemos que hacer algo; debemos tener pronto una solución. Podemos hacer algo con los aviadores, hay cámaras, hay personas que podemos comisionar para la revisión del personal. No queremos pasar a la historia como una Legislatura que quiso, pero no hizo".
El legislador albiazul propuso darle acceso al director de Recursos Humanos, Agustín Araujo, a los videos grabados por las cámaras de seguridad en el recinto legislativo, "para corroborar si están trabajando, se pasean por los pasillos del Legislativo o sólo checan entrada y salida en sus horarios laborales, pero no trabajan".
La Comisión de Administración fijó como plazo hasta el viernes 21 de diciembre para que la Dirección de Recursos Humanos remita un diagnóstico de la situación de los empleados de base del Poder Legislativo.
Miguel Castro responsabiliza al Sindicato de irregularidades
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, estimó que la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, Irene Trejo Acosta, es, en parte, responsable por el crecimiento en la nómina.
"La secretaria general del Sindicato tiene mucha responsabilidad de lo que ahora está pasando, porque han dado basificaciones más por negociaciones que por preocupación para que el Estado camine. Tengo mis dudas (si el Sindicato protege a aviadores)".
Castro Reynoso consideró que no debe ser tan complicado detectar a todos los aviadores que laboran en el Congreso.
Jurídico responderá a López Castro
En al Comisión de Administración, los integrantes de la misma, determinaron instruir a la Dirección Jurídica para que responda al Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Distrito, que determinó que el Poder Legislativo debe pagar los 58 millones de pesos que le debe a la consultora López Castro y Compañía.
El Tribunal Colegiado otorga a los legisladores un plazo de 10 días --que vence el próximo miércoles-- para responder. De lo contrario, advierte podrían culminar en la separación del cargo de las autoridades señaladas como responsables y la posibilidad de iniciar procedimientos penales en contra de los legisladores.
El vocal de esa comisión legislativa, el panista Gildardo Guerrero Torres, se manifestó en contra de pagar los recursos que se le deben a la consultora porque no hay evidencia de los presuntos beneficios que dejó al Congreso por reintegro de recursos por concepto de impuestos. Estimó que ese caso "huele a desvergüenza".
En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro, dijo que en este, como en otros casos, "lo legal no siempre es sinónimo de moralidad". Recordó ante los legisladores que existe una resolución judicial que debe atenderse, al margen de si se está de acuerdo con su contenido.
El priista insistió en la necesidad de fincar responsabilidades en contra de los ex legisladores y ex funcionarios del Congreso que avalaron un convenio desventajoso para el Poder Legislativo.
Los integrantes de la Comisión de Administración determinaron que la respuesta que emita la Dirección Jurídica deberá ser avalada por el pleno del Congreso local.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
La Comisión de Administración instruyó al titular de la Dirección de Recursos Humanos, Agustín Araujo Padilla, para que el próximo viernes 21 de diciembre presente un informe de la situación de los empleados de la LX Legislatura.
La presidenta de esa comisión legislativa, Celia Fausto Lizaola, explicó que en el Poder Legislativo comenzarán a aplicar una serie de medidas para detectar personas que cobran pero que no trabajan.
"Se les requerirá por escrito a los trabajadores para presentarse a laborar, quienes aún no lo hacen; y quienes no tienen labores asignadas, que se les asignen trabajos concretos conforme al perfil de funciones y en caso de ser omisos, levantaremos actas administrativas", explicó la perredista.
En tanto, el vocal de esa comisión legislativa y coordinador de los diputados del PAN, Gildardo Guerrero Torres, equiparó a los denominados aviadores con zopilotes: "Sigo viendo el Congreso lleno de zopilotes y tenemos que hacer algo; debemos tener pronto una solución. Podemos hacer algo con los aviadores, hay cámaras, hay personas que podemos comisionar para la revisión del personal. No queremos pasar a la historia como una Legislatura que quiso, pero no hizo".
El legislador albiazul propuso darle acceso al director de Recursos Humanos, Agustín Araujo, a los videos grabados por las cámaras de seguridad en el recinto legislativo, "para corroborar si están trabajando, se pasean por los pasillos del Legislativo o sólo checan entrada y salida en sus horarios laborales, pero no trabajan".
La Comisión de Administración fijó como plazo hasta el viernes 21 de diciembre para que la Dirección de Recursos Humanos remita un diagnóstico de la situación de los empleados de base del Poder Legislativo.
Miguel Castro responsabiliza al Sindicato de irregularidades
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, estimó que la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, Irene Trejo Acosta, es, en parte, responsable por el crecimiento en la nómina.
"La secretaria general del Sindicato tiene mucha responsabilidad de lo que ahora está pasando, porque han dado basificaciones más por negociaciones que por preocupación para que el Estado camine. Tengo mis dudas (si el Sindicato protege a aviadores)".
Castro Reynoso consideró que no debe ser tan complicado detectar a todos los aviadores que laboran en el Congreso.
Jurídico responderá a López Castro
En al Comisión de Administración, los integrantes de la misma, determinaron instruir a la Dirección Jurídica para que responda al Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Distrito, que determinó que el Poder Legislativo debe pagar los 58 millones de pesos que le debe a la consultora López Castro y Compañía.
El Tribunal Colegiado otorga a los legisladores un plazo de 10 días --que vence el próximo miércoles-- para responder. De lo contrario, advierte podrían culminar en la separación del cargo de las autoridades señaladas como responsables y la posibilidad de iniciar procedimientos penales en contra de los legisladores.
El vocal de esa comisión legislativa, el panista Gildardo Guerrero Torres, se manifestó en contra de pagar los recursos que se le deben a la consultora porque no hay evidencia de los presuntos beneficios que dejó al Congreso por reintegro de recursos por concepto de impuestos. Estimó que ese caso "huele a desvergüenza".
En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro, dijo que en este, como en otros casos, "lo legal no siempre es sinónimo de moralidad". Recordó ante los legisladores que existe una resolución judicial que debe atenderse, al margen de si se está de acuerdo con su contenido.
El priista insistió en la necesidad de fincar responsabilidades en contra de los ex legisladores y ex funcionarios del Congreso que avalaron un convenio desventajoso para el Poder Legislativo.
Los integrantes de la Comisión de Administración determinaron que la respuesta que emita la Dirección Jurídica deberá ser avalada por el pleno del Congreso local.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ