Jalisco
En 15 días, recorte en la Secretaría de Salud
Antonio Cruces Mada estima que hasta 400 empleados de las áreas administrativas saldrán de la dependencia estatal
GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2016).- Antonio Cruces Mada, titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, confirmó que en 15 días habrá un recorte de personal. Precisó que será despedido alrededor del 10% de los cuatro mil empleados administrativos; es decir, hasta 400 burócratas.
Explicó que los directores de las diferentes áreas de la Secretaría deberán presentar en dos semanas un análisis para determinar a qué trabajadores despedirán, sin que esto afecte la operatividad de la dependencia.
“Va a ser toda una reingeniería. Estamos analizando despedir meramente a personal de confianza, que sólo está engordando el proceso burocrático y que no genera ningún beneficio para la administración y para el ciudadano”.
La Secretaría de Salud tiene una nómina de 17 mil trabajadores, de los cuales cuatro mil ocupan puestos administrativos. Esta cifra representa 23% del total de los empleados.
Cruces Mada acentuó que el recorte de personal permitirá a la dependencia generar un ahorro de entre 20 y 40 millones de pesos anuales en la Partida 1000. Dicha cantidad sería destinada para reducir la deuda que guarda la Secretaría por dos mil 800 millones de pesos con proveedores y Hospitales Civiles.
El titular de Salud remarcó que también buscarán otorgar plazas a los trabajadores “cubre incidencias”, pues actualmente se destina un presupuesto de 140 millones para el pago de sus salarios cuando deberían ser apenas 16 millones.
Para ello disminuirá la plantilla de personal mediante un programa de retiro voluntario que se enfocará en los trabajadores que ya están en edad de jubilarse.
“Daremos estímulos a los trabajadores en edad jubilatoria para liberar espacios de plazas. Estos empleados, además de estar seis meses de manera congelada, en lo que se concursa la plaza, nos generan economías y al mismo tiempo nos permiten otorgarle una base a los ‘cubre
incidencias’”.
Pagan 200 MDP anuales a los nosocomios privados
A Roxana se le rompió la fuente en diciembre pasado. Ya había dilatado tres centímetros y la intensidad de las contracciones indicaban que su bebe estaba a punto de nacer. Tomó sus cosas y pidió un taxi al Hospital de la Mujer, pero al llegar se llevó la sorpresa de que el área de maternidad estaba saturada. En cuestión de minutos la canalizaron a un hospital privado en donde finalmente nació su hijo tras 12 horas de labores de parto.
Como ella, miles de afiliados al Seguro Popular son canalizados a hospitales privados para recibir atención médica, principalmente cuando las instituciones públicas como el Hospital General de Occidente, los Hospitales Civiles o el Hospital de la Mujer, registran una saturación y no hay un lugar para atender a los enfermos.
“A nivel estatal atendemos tres millones de intervenciones en Jalisco (anuales); de esas, entre 10% y 16% de pacientes son derivados a hospitales privados para su atención”, revela Antonio Cruces Mada, secretario de Salud en el Estado, quien indica que el objetivo es garantizar el servicio médico a los afiliados. Por eso cuando una institución pública no puede brindar las atenciones, se cuenta con un contrato con nosocomios privados para que reciban al paciente, ya que el Estado carece de infraestructura hospitalaria suficiente a nivel público para la cobertura total.
Así, los hospitales privados cobran a la Secretaría de Salud por cada servicio otorgado a los afiliados del Seguro Popular: “De los tres mil millones de pesos (de presupuesto que tiene el Seguro Popular en Jalisco) erogamos a instituciones privadas entre 5% y 7% del gasto, cercano a los 200 millones de pesos (MDP)”, detalla Cruces Mada.
Admite que el problema tiene que ver con la saturación del sistema de salud pública, por eso el Seguro Popular busca estrategias para garantizar el servicio a través de convenios con hospitales privados, “particularmente para atender partos, cesáreas, hernias, vesículas, atención ortopédica y cirugías de traumatología, porque el número de camas en hospitales públicos no alcanza a dar la cobertura total a los afiliados”.
Actualmente, el programa federal tiene convenio con 24 hospitales del ámbito particular, en los cuales se han atendido casos hasta de trasplantes de médula, con un costo de 380 mil pesos por cada paciente.
¿Cuáles son las atenciones más caras entre sus afiliados intervenidos en nosocomios privados?, se le cuestiona al funcionario. “Hay un tabulador nacional único, no pagamos arriba de esos precios: una cesaría te cuesta 11 mil pesos; un parto, 10 mil; la vesícula, 12 mil (es el mismo precio en hospitales públicos y privados)”.
Los criterios para derivar a un afiliado del Seguro Popular a un hospital privado son: que la institución médica pública a la que llegó no tenga espacio, que el paciente sea afiliado y que se trate de una emergencia que ponga en riesgo su vida.
Pone un ejemplo: “Si una mujer va al Hospital de Zoquipan y está saturado, la primera derivación tendría que ser al Hospital Materno Infantil López Mateos o al Hospital de la Mujer… hablan por teléfono y, si están saturados de cama y tienen gente en espera, entonces serán derivados a la institución más cercana para darle pronta atención al paciente”.
Para evitar que ocurran irregularidades, Cruces Mada subraya que el Seguro Popular pone en marcha tres filtros de revisión: que el paciente traiga el expediente clínico y que éste coincida con la póliza, el número y nombre del paciente, además de la patología relacionada con la clave de la enfermedad.
Baja deuda con los Hospitales Civiles
Antonio Cruces Mada reveló que la Secretaría de Salud de Jalisco adeuda 121 millones de pesos a los Hospitales Civiles de Guadalajara. Presume una buena noticia: “Ya se saldaron en los años 2013 y 2014… el año pasado les entregamos 700 millones de pesos y lo único que resta ahora son 121 millones correspondientes al 2015, más lo que se debe de enero, febrero, marzo y abril de este año”.
Aunque se buscó una reacción de los Hospitales Civiles, la respuesta fue que “trae una agenda bien ocupada (el director)”.
El otro pendiente de la Secretaría es firmar un contrato con los Civiles, pero “no hemos podido porque estamos esperando que la Comisión Nacional (de Protección Social en Salud) ajuste el nuevo tabulador único que está siendo analizado por expertos”.
En mayo de 2015, la Secretaría señaló que no contaba con recursos para pagar la deuda en una sola exhibición, pero tampoco se tenía el apoyo de la Federación por los recortes presupuestales, por lo que la respuesta fue dar abonos mensuales de 100 millones de pesos.
El pasivo es por los servicios que brindan los Hospitales Civiles a los afiliados del Seguro Popular y, según datos oficiales, estos nosocomios facturan alrededor de 80 millones de pesos mensuales por concepto de atenciones.
Sin embargo, la deuda de la dependencia estatal con los Civiles no es la más grande, pues también mantiene un compromiso de pago por 600 millones de pesos con Dimesa, proveedora que surte el medicamento para los pacientes, aunque la empresa reclama hasta 800 millones “sin comprobar”.
Cruces Mada detalla que el pago del adeudo a Dimesa se retrasó porque “teníamos que saldar 800 millones que se debían a Lomedic, la anterior empresa de medicamentos”.
En total, la deuda de la Secretaría de Salud asciende a dos mil 800 millones de pesos, considerando los adeudos que se tienen con otros proveedores, por lo que el funcionario no descarta un rescate financiero de la Federación para que la dependencia pueda liquidar sus pasivos.
“Estamos haciendo las gestiones básicas con la Federación para que nos apoye con dinero fresco”. De conseguir los recursos, la dependencia podría liquidar sus pasivos; de lo contrario, en el peor de los casos, al término de la administración de Aristóteles Sandoval dejarían una deuda de entre los 600 millones y 800 millones de pesos.
DATO
Detonante
El esquema de atención en hospitales privados nació de la saturación de los servicios para la mujer en el Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, cuando el área de Gineco-obstetricia tuvo que cerrarse por daños en la estructura del edificio, luego de un sismo.
SABER MÁS
Principales enfermedades
La mayoría de afiliados al Seguro Popular se atiende en hospitales privados por partos, cesáreas, hernias, vesículas, atención ortopédica y cirugías de traumatología. El gasto corre a cuenta del erario.
POSTURA DEL COMISIONADO FEDERAL GABRIEL J. O'SHEA
No se le debe a Guadalajara ni Zapopan: Seguro Popular
Los municipios de Guadalajara y Zapopan no recibirán recursos del Seguro Popular hasta que estos terminen el proceso de acreditación y certificación en sus Servicios Médicos Municipales.
Además, no se pagarán las atenciones que se otorgaron en el pasado a los afiliados, pues no existe ningún convenio que obligue a la autoridad federal a hacerlo, advierte el comisionado federal del Seguro Popular, Gabriel J. O’Shea Cuevas.
“Con la acreditación ya pueden acceder al dinero del Seguro popular. Si no hay convenio, la ley no me permite pagar un peso, es como si el Hospital Comunitario de Jocotepec, que atiende a 20 personas, les quita una catarata; yo no le voy a pagar porque no tiene convenio ese hospital para sacar las cataratas porque no está acreditado”.
Apuntó que en los dos casos, tanto en Guadalajara como en Zapopan, se lleva un avance considerable en el proceso de acreditación de sus unidades médicas, y se estima que en agosto quede terminado. Sin embargo, no se otorgarán recursos federales para apoyarlos en ello.
En este proceso de acreditación asegura que la unidad médica tiene la capacidad de atender a los pacientes afiliados al Seguro Popular, quienes recibirán servicios de calidad y se irán con su receta surtida de medicamentos.
Este requisito es obligatorio desde el 2014, cuando se reformó la Ley General de Salud. Desde entonces se exhortó a las clínicas, hospitales y demás servicios de salud para que empezaran con el proceso para cumplir los lineamientos; de lo contrario, se quedarían sin recibir recursos del Seguro Popular.
Para este año, Jalisco tendrá tres mil 419 millones de pesos vía Seguro Popular, de los cuales, mil 196 millones vienen etiquetados para la compra de medicamento.
Pablo Lemus apela a la “responsabilidad ética”
La atención de afiliados del Seguro Popular en los Servicios Médicos de Zapopan se brindó en tiempo y forma, pese a que no había una acreditación ni convenio con el programa.
Es por eso que se espera que haya una “responsabilidad moral” de parte de las autoridades del Seguro Popular y se pague, al menos, una parte de los 263 millones de pesos que se gastaron en años pasados en la atención de afiliados zapopanos, advierte el presidente municipal, Pablo Lemus.
Insistió en que Zapopan cuenta con los recursos para actuar de manera legal; sin embargo, espera agotar la ruta política y todas las posibilidades de diálogo para llegar a un acuerdo.
Actualmente, el proceso de acreditación y certificación en los Servicios Médicos de Zapopan, como son el Hospitalito y las cinco unidades de la Cruz Verde, llevan 70% de avance. Tiene que ver con el mejoramiento de procesos y calidad de los servicios.
CLAVES
Exigen pagos millonarios
Recuento. En diciembre pasado esta casa editorial publicó que 775 mil afiliados del Seguro Popular padecían por la falta de convenios entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco con la dependencia federal. En ese contexto, autoridades de los Servicios Médicos Municipales reclamaban al entonces delegado del Seguro Popular, Antonio Cruces Mada (hoy secretario de Salud), el pago de adeudos millonarios para reestablecer la atención gratuita a sus afiliados en las Cruces Verdes.
Guadalajara. Bernardo Fernández, coordinador de Construcción de Comunidad, confirmó que había un pasivo por 104 mil servicios otorgados a enfermos, que oscilaba los 73 millones de pesos.
Zapopan. El Ayuntamiento aseguró que tenían una deuda de la dependencia federal por 263 millones de pesos.
Tlajomulco. El director de Servicios Médicos, José María Mercado, reveló que les debían 95 millones por los servicios prestados entre 2014 y 2015.
Tlaquepaque. Álvaro Salcedo Núñez, encargado de Servicios Médicos, reclamaba 17 millones de pesos.
Seguro Popular. La respuesta constante de Antonio Cruces Mada fue que no tenían convenios y tampoco estaban certificadas las unidades médicas, por lo que no debían ni un peso.
PORTACIÓN O CONSUMO DE MARIGUANA
Alistan plan para presos que serán liberados
La Secretaría de Salud ya prepara un programa para prevenir y combatir las adicciones de cara a la posible liberación de presos por posesión de cantidades mínimas de mariguana.
Lo anterior, tras la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto para liberar y atender a los que fueron arrestados por portar menos de 28 gramos de la droga, un porcentaje que ya se pretende regular con la iniciativa turnada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
Antonio Cruces Mada indicó que los reos liberados deberán pasar por un proceso de reintegración social y de desintoxicación. Para comprobar que los ex convictos se alejaron de las drogas se plantea que se reporten de forma semanal a la Dirección de Salud Pública.
“Estos personajes, que podrían ser liberados, deberán meterse a un centro de rehabilitación de manera integral como una prioridad y se dará seguimiento puntual de forma semanal, de forma similar cuando fueron liberados bajo caución o fianza e iban a la penal a firmar”.
Peña Nieto envió dos iniciativas al Senado el 22 de abril en las que propone legalizar la mariguana medicinal y aumentar a 28 gramos la cantidad permitida de la droga que una persona puede portar. Así como dejar en libertad a los que purgan condenas desproporcionadas por poseer mariguana.
“Aquellas personas que fueron sorprendidas en la calle fumando o con dos o tres cigarros no son criminales, están sufriendo un problema de adicción importante. Lamentablemente cuando esas personas ingresan a la cárcel siguen con un problema de vicios”, acotó el secretario.
Añadió que están puliendo el programa y adelantó que trabajarán en colaboración con el DIF, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y el CODE.
“Atacaremos el problema con información en las secundarias, a través de las preparatorias y otras escuelas. Esta estrategia será encabezada por el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco y veremos cómo va a mejorar de manera muy sustancial el tejido social en ese sector poblacional’’.
El programa será presentado el 8 de mayo y proyectan una inversión de 25 millones de pesos en el primer año.
Sigue: #DebateInformador
¿Cuáles son los principales rezagos de la Secretaría de Salud en Jalisco?
Participa en Twitter en el debate del día @informador
Explicó que los directores de las diferentes áreas de la Secretaría deberán presentar en dos semanas un análisis para determinar a qué trabajadores despedirán, sin que esto afecte la operatividad de la dependencia.
“Va a ser toda una reingeniería. Estamos analizando despedir meramente a personal de confianza, que sólo está engordando el proceso burocrático y que no genera ningún beneficio para la administración y para el ciudadano”.
La Secretaría de Salud tiene una nómina de 17 mil trabajadores, de los cuales cuatro mil ocupan puestos administrativos. Esta cifra representa 23% del total de los empleados.
Cruces Mada acentuó que el recorte de personal permitirá a la dependencia generar un ahorro de entre 20 y 40 millones de pesos anuales en la Partida 1000. Dicha cantidad sería destinada para reducir la deuda que guarda la Secretaría por dos mil 800 millones de pesos con proveedores y Hospitales Civiles.
El titular de Salud remarcó que también buscarán otorgar plazas a los trabajadores “cubre incidencias”, pues actualmente se destina un presupuesto de 140 millones para el pago de sus salarios cuando deberían ser apenas 16 millones.
Para ello disminuirá la plantilla de personal mediante un programa de retiro voluntario que se enfocará en los trabajadores que ya están en edad de jubilarse.
“Daremos estímulos a los trabajadores en edad jubilatoria para liberar espacios de plazas. Estos empleados, además de estar seis meses de manera congelada, en lo que se concursa la plaza, nos generan economías y al mismo tiempo nos permiten otorgarle una base a los ‘cubre
incidencias’”.
Pagan 200 MDP anuales a los nosocomios privados
A Roxana se le rompió la fuente en diciembre pasado. Ya había dilatado tres centímetros y la intensidad de las contracciones indicaban que su bebe estaba a punto de nacer. Tomó sus cosas y pidió un taxi al Hospital de la Mujer, pero al llegar se llevó la sorpresa de que el área de maternidad estaba saturada. En cuestión de minutos la canalizaron a un hospital privado en donde finalmente nació su hijo tras 12 horas de labores de parto.
Como ella, miles de afiliados al Seguro Popular son canalizados a hospitales privados para recibir atención médica, principalmente cuando las instituciones públicas como el Hospital General de Occidente, los Hospitales Civiles o el Hospital de la Mujer, registran una saturación y no hay un lugar para atender a los enfermos.
“A nivel estatal atendemos tres millones de intervenciones en Jalisco (anuales); de esas, entre 10% y 16% de pacientes son derivados a hospitales privados para su atención”, revela Antonio Cruces Mada, secretario de Salud en el Estado, quien indica que el objetivo es garantizar el servicio médico a los afiliados. Por eso cuando una institución pública no puede brindar las atenciones, se cuenta con un contrato con nosocomios privados para que reciban al paciente, ya que el Estado carece de infraestructura hospitalaria suficiente a nivel público para la cobertura total.
Así, los hospitales privados cobran a la Secretaría de Salud por cada servicio otorgado a los afiliados del Seguro Popular: “De los tres mil millones de pesos (de presupuesto que tiene el Seguro Popular en Jalisco) erogamos a instituciones privadas entre 5% y 7% del gasto, cercano a los 200 millones de pesos (MDP)”, detalla Cruces Mada.
Admite que el problema tiene que ver con la saturación del sistema de salud pública, por eso el Seguro Popular busca estrategias para garantizar el servicio a través de convenios con hospitales privados, “particularmente para atender partos, cesáreas, hernias, vesículas, atención ortopédica y cirugías de traumatología, porque el número de camas en hospitales públicos no alcanza a dar la cobertura total a los afiliados”.
Actualmente, el programa federal tiene convenio con 24 hospitales del ámbito particular, en los cuales se han atendido casos hasta de trasplantes de médula, con un costo de 380 mil pesos por cada paciente.
¿Cuáles son las atenciones más caras entre sus afiliados intervenidos en nosocomios privados?, se le cuestiona al funcionario. “Hay un tabulador nacional único, no pagamos arriba de esos precios: una cesaría te cuesta 11 mil pesos; un parto, 10 mil; la vesícula, 12 mil (es el mismo precio en hospitales públicos y privados)”.
Los criterios para derivar a un afiliado del Seguro Popular a un hospital privado son: que la institución médica pública a la que llegó no tenga espacio, que el paciente sea afiliado y que se trate de una emergencia que ponga en riesgo su vida.
Pone un ejemplo: “Si una mujer va al Hospital de Zoquipan y está saturado, la primera derivación tendría que ser al Hospital Materno Infantil López Mateos o al Hospital de la Mujer… hablan por teléfono y, si están saturados de cama y tienen gente en espera, entonces serán derivados a la institución más cercana para darle pronta atención al paciente”.
Para evitar que ocurran irregularidades, Cruces Mada subraya que el Seguro Popular pone en marcha tres filtros de revisión: que el paciente traiga el expediente clínico y que éste coincida con la póliza, el número y nombre del paciente, además de la patología relacionada con la clave de la enfermedad.
Baja deuda con los Hospitales Civiles
Antonio Cruces Mada reveló que la Secretaría de Salud de Jalisco adeuda 121 millones de pesos a los Hospitales Civiles de Guadalajara. Presume una buena noticia: “Ya se saldaron en los años 2013 y 2014… el año pasado les entregamos 700 millones de pesos y lo único que resta ahora son 121 millones correspondientes al 2015, más lo que se debe de enero, febrero, marzo y abril de este año”.
Aunque se buscó una reacción de los Hospitales Civiles, la respuesta fue que “trae una agenda bien ocupada (el director)”.
El otro pendiente de la Secretaría es firmar un contrato con los Civiles, pero “no hemos podido porque estamos esperando que la Comisión Nacional (de Protección Social en Salud) ajuste el nuevo tabulador único que está siendo analizado por expertos”.
En mayo de 2015, la Secretaría señaló que no contaba con recursos para pagar la deuda en una sola exhibición, pero tampoco se tenía el apoyo de la Federación por los recortes presupuestales, por lo que la respuesta fue dar abonos mensuales de 100 millones de pesos.
El pasivo es por los servicios que brindan los Hospitales Civiles a los afiliados del Seguro Popular y, según datos oficiales, estos nosocomios facturan alrededor de 80 millones de pesos mensuales por concepto de atenciones.
Sin embargo, la deuda de la dependencia estatal con los Civiles no es la más grande, pues también mantiene un compromiso de pago por 600 millones de pesos con Dimesa, proveedora que surte el medicamento para los pacientes, aunque la empresa reclama hasta 800 millones “sin comprobar”.
Cruces Mada detalla que el pago del adeudo a Dimesa se retrasó porque “teníamos que saldar 800 millones que se debían a Lomedic, la anterior empresa de medicamentos”.
En total, la deuda de la Secretaría de Salud asciende a dos mil 800 millones de pesos, considerando los adeudos que se tienen con otros proveedores, por lo que el funcionario no descarta un rescate financiero de la Federación para que la dependencia pueda liquidar sus pasivos.
“Estamos haciendo las gestiones básicas con la Federación para que nos apoye con dinero fresco”. De conseguir los recursos, la dependencia podría liquidar sus pasivos; de lo contrario, en el peor de los casos, al término de la administración de Aristóteles Sandoval dejarían una deuda de entre los 600 millones y 800 millones de pesos.
DATO
Detonante
El esquema de atención en hospitales privados nació de la saturación de los servicios para la mujer en el Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, cuando el área de Gineco-obstetricia tuvo que cerrarse por daños en la estructura del edificio, luego de un sismo.
SABER MÁS
Principales enfermedades
La mayoría de afiliados al Seguro Popular se atiende en hospitales privados por partos, cesáreas, hernias, vesículas, atención ortopédica y cirugías de traumatología. El gasto corre a cuenta del erario.
POSTURA DEL COMISIONADO FEDERAL GABRIEL J. O'SHEA
No se le debe a Guadalajara ni Zapopan: Seguro Popular
Los municipios de Guadalajara y Zapopan no recibirán recursos del Seguro Popular hasta que estos terminen el proceso de acreditación y certificación en sus Servicios Médicos Municipales.
Además, no se pagarán las atenciones que se otorgaron en el pasado a los afiliados, pues no existe ningún convenio que obligue a la autoridad federal a hacerlo, advierte el comisionado federal del Seguro Popular, Gabriel J. O’Shea Cuevas.
“Con la acreditación ya pueden acceder al dinero del Seguro popular. Si no hay convenio, la ley no me permite pagar un peso, es como si el Hospital Comunitario de Jocotepec, que atiende a 20 personas, les quita una catarata; yo no le voy a pagar porque no tiene convenio ese hospital para sacar las cataratas porque no está acreditado”.
Apuntó que en los dos casos, tanto en Guadalajara como en Zapopan, se lleva un avance considerable en el proceso de acreditación de sus unidades médicas, y se estima que en agosto quede terminado. Sin embargo, no se otorgarán recursos federales para apoyarlos en ello.
En este proceso de acreditación asegura que la unidad médica tiene la capacidad de atender a los pacientes afiliados al Seguro Popular, quienes recibirán servicios de calidad y se irán con su receta surtida de medicamentos.
Este requisito es obligatorio desde el 2014, cuando se reformó la Ley General de Salud. Desde entonces se exhortó a las clínicas, hospitales y demás servicios de salud para que empezaran con el proceso para cumplir los lineamientos; de lo contrario, se quedarían sin recibir recursos del Seguro Popular.
Para este año, Jalisco tendrá tres mil 419 millones de pesos vía Seguro Popular, de los cuales, mil 196 millones vienen etiquetados para la compra de medicamento.
Pablo Lemus apela a la “responsabilidad ética”
La atención de afiliados del Seguro Popular en los Servicios Médicos de Zapopan se brindó en tiempo y forma, pese a que no había una acreditación ni convenio con el programa.
Es por eso que se espera que haya una “responsabilidad moral” de parte de las autoridades del Seguro Popular y se pague, al menos, una parte de los 263 millones de pesos que se gastaron en años pasados en la atención de afiliados zapopanos, advierte el presidente municipal, Pablo Lemus.
Insistió en que Zapopan cuenta con los recursos para actuar de manera legal; sin embargo, espera agotar la ruta política y todas las posibilidades de diálogo para llegar a un acuerdo.
Actualmente, el proceso de acreditación y certificación en los Servicios Médicos de Zapopan, como son el Hospitalito y las cinco unidades de la Cruz Verde, llevan 70% de avance. Tiene que ver con el mejoramiento de procesos y calidad de los servicios.
CLAVES
Exigen pagos millonarios
Recuento. En diciembre pasado esta casa editorial publicó que 775 mil afiliados del Seguro Popular padecían por la falta de convenios entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco con la dependencia federal. En ese contexto, autoridades de los Servicios Médicos Municipales reclamaban al entonces delegado del Seguro Popular, Antonio Cruces Mada (hoy secretario de Salud), el pago de adeudos millonarios para reestablecer la atención gratuita a sus afiliados en las Cruces Verdes.
Guadalajara. Bernardo Fernández, coordinador de Construcción de Comunidad, confirmó que había un pasivo por 104 mil servicios otorgados a enfermos, que oscilaba los 73 millones de pesos.
Zapopan. El Ayuntamiento aseguró que tenían una deuda de la dependencia federal por 263 millones de pesos.
Tlajomulco. El director de Servicios Médicos, José María Mercado, reveló que les debían 95 millones por los servicios prestados entre 2014 y 2015.
Tlaquepaque. Álvaro Salcedo Núñez, encargado de Servicios Médicos, reclamaba 17 millones de pesos.
Seguro Popular. La respuesta constante de Antonio Cruces Mada fue que no tenían convenios y tampoco estaban certificadas las unidades médicas, por lo que no debían ni un peso.
PORTACIÓN O CONSUMO DE MARIGUANA
Alistan plan para presos que serán liberados
La Secretaría de Salud ya prepara un programa para prevenir y combatir las adicciones de cara a la posible liberación de presos por posesión de cantidades mínimas de mariguana.
Lo anterior, tras la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto para liberar y atender a los que fueron arrestados por portar menos de 28 gramos de la droga, un porcentaje que ya se pretende regular con la iniciativa turnada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.
Antonio Cruces Mada indicó que los reos liberados deberán pasar por un proceso de reintegración social y de desintoxicación. Para comprobar que los ex convictos se alejaron de las drogas se plantea que se reporten de forma semanal a la Dirección de Salud Pública.
“Estos personajes, que podrían ser liberados, deberán meterse a un centro de rehabilitación de manera integral como una prioridad y se dará seguimiento puntual de forma semanal, de forma similar cuando fueron liberados bajo caución o fianza e iban a la penal a firmar”.
Peña Nieto envió dos iniciativas al Senado el 22 de abril en las que propone legalizar la mariguana medicinal y aumentar a 28 gramos la cantidad permitida de la droga que una persona puede portar. Así como dejar en libertad a los que purgan condenas desproporcionadas por poseer mariguana.
“Aquellas personas que fueron sorprendidas en la calle fumando o con dos o tres cigarros no son criminales, están sufriendo un problema de adicción importante. Lamentablemente cuando esas personas ingresan a la cárcel siguen con un problema de vicios”, acotó el secretario.
Añadió que están puliendo el programa y adelantó que trabajarán en colaboración con el DIF, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y el CODE.
“Atacaremos el problema con información en las secundarias, a través de las preparatorias y otras escuelas. Esta estrategia será encabezada por el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco y veremos cómo va a mejorar de manera muy sustancial el tejido social en ese sector poblacional’’.
El programa será presentado el 8 de mayo y proyectan una inversión de 25 millones de pesos en el primer año.
Sigue: #DebateInformador
¿Cuáles son los principales rezagos de la Secretaría de Salud en Jalisco?
Participa en Twitter en el debate del día @informador