Jalisco
Empresarios exigen reponer nombramiento de magistrados
Los organismos cúpula en el Estado enviarán un escrito a los tres Poderes para exigir el cumplimiento de la ley
GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2011).- En rueda de prensa, los presidentes de las cúpulas empresariales en el Estado manifestaron su inconformidad por la serie de irregularidades cometidas por diputados locales en el nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
Organismos como el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco ( CCIJ), el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce) y el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), informaron que enviarán a los tres poderes en el Estado un escrito en el que exigen el cumplimiento y absoluto respeto por la ley.
Además, pedirán que se reinicie el procedimiento de nombramientos de magistrados y que se haga un análisis de reformas, ajustes, modificaciones o, en su caso, la desaparición del propio Consejo de la Judicatura.
Los líderes empresariales aclararon que aunque ellos organizaron el movimiento, no es exclusivo de las cámaras, por lo que el proceder legal se encomendó a abogados. Extendieron el llamado de inconformidad a la población en general para que se sume a lo que llamaron “Conciencia ciudadana por la restitución del Estado de Derecho en Jalisco”.
El dirigente de Coparmex, Óscar Benavides Reyes subrayó: “Los empresarios somos parte de la sociedad organizada que representa a los ciudadanos que buscan la restitución del estado de derecho en Jalisco. Esto a través de la defensa a las instituciones para garantizar certeza y seguridad jurídica”.
Minimiza postura
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Raúl Vargas López, calificó como una “ocurrencia” la propuesta de las cúpulas empresariales de iniciar un proceso de juicio político en contra de los diputados locales.
“Estamos en una sociedad donde cada quien puede pedir prácticamente lo que le dé la gana, y los empresarios no son la excepción, pero en el caso de un juicio político me parece que es una buena ocurrencia; lo que sigue, es que presenten argumentos de peso para que sean valorados por quien le corresponde valorar la procedencia de juicio político”, señaló el diputado local.
El legislador del PRD arremetió contra los empresarios, y advirtió que están más preocupados en coadyuvar con los intereses del gobernador, Emilio González Márquez, que en llevar a cabo estrategias para disminuir los índices de corrupción.
“Esta alianza que los empresarios tienen con el gobernador, a quienes no parece preocuparles los altos índices de corrupción que se observan, esa preocupación que dicen tener por la competitividad y no vincular la corrupción con la competitividad, donde el Gobierno de Jalisco queda mal parado, no, lo de ellos es hacer causa con el titular del Poder Ejecutivo en estos temas”.
Cuestionado en torno a las controversias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendientes por resolver, el presidente de la Junta de Coordinación Política estimó que al final de la resolución, la Corte les dará la razón a los legisladores.
“Tengo la seguridad de que así será (que la Corte nos dará la razón), incluso es tal su limitación (de empresarios) en el tema, que ignoran que son seis convocatorias con temas diferentes de cada una de ellas, su preocupación es hacer causa con el gobernador en este tema”.
Para saber
La elección
Los magistrados elegidos por diputados locales son: José León Valle, Elsa Navarro Hernández, José Juan Soltero Meza y Ramón Ramírez Hernández (impugnados por el Poder Ejecutivo), así como Jorge Mario Rojas Guardado, Roberto Rodríguez Preciado y María Eugenia Villalobos Ruvalcaba (impugnados por el Poder Judicial).
Guía
El laberinto del juicio político
1. Denuncia ciudadana. Según los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político contra algún funcionario que haya sido omiso en sus funciones.
2. El Congreso de la Unión da la validez al juicio. Cuando los legisladores determinen que existen las violaciones u omisiones planteadas en la acusación, los diputados federales declararán procedente el juicio político.
3. La denuncia debe presentarse ante la Secretaría General del Congreso, la cual debe ser ratificada en un plazo de tres días por una Subcomisión de Examen Previo, integrada por miembros de las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales. Dicha subcomisión se encarga de determinar si desecha la acusación o si la turna al pleno, para que, en su caso, sea enviada a la Sección Instructora de la Cámara.
4. La Sección Instructora recibe las pruebas. Esta instancia legislativa se encarga de recibir las pruebas que validen o desestimen la solicitud de juicio político. La Sección señala la responsabilidad del funcionario público y, si encuentra pruebas suficientes, la turna al Órgano de Acusación.
5. El Órgano de Acusación. Si resuelve que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo; en caso contrario, se le pondrá a disposición del Senado, al que se remitirá la acusación, designándose una comisión de tres diputados para que sostenga la posición.
6. El Senado. Llama a que la comisión de los diputados sostenga sus acusaciones y al inculpado, su defensa ante una Sección de Enjuiciamiento senatorial. De esta manera, el Senado resuelve la sanción que deba ser aplicada al funcionario público. El Jurado de Sentencia recibe la acusación y procede a votar las conclusiones presentadas.
7. Diputados locales. Ya que este proceso tiene una validez declarativa, el siguiente paso es avisar al Congreso local para que tome el caso y proceda según las atribuciones propias para determinar si el funcionario público es culpable o no.
Para que la solicitud de juicio político pase del Congreso federal al Senado, es necesaria la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los diputados. Mientras que en el Senado, es indispensable las dos terceras partes.
Telón de fondo
Controversias
El pasado 23 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) atendió las controversias constitucionales remitidas al Máximo Órgano del Poder Judicial y determinó la suspensión en el nombramiento de siete magistrados en Jalisco; sin embargo, esta resolución no fue atendida por los legisladores locales bajo el argumento de que no fueron notificados a tiempo.
Estas controversias fueron presentadas, una por el Gobierno estatal -a la convocatoria que crea cuatro plazas de igual número de magistrados- mientras que el Poder Judicial del Estado se inconformó por la convocatoria para elegir tres magistrados y sustituir a los que, por edad, deben dejar el cargo pero no lo han hecho porque están amparados.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gustavo Macías Zambrano, reconoció que fueron notificados por la SCJN de la resolución de suspender el proceso de elección de magistrados, pero advirtió que se le informó de manera oficial muy tarde, a las 5:25 de la tarde; una hora después de que los magistrados habían sido nombrados.
No obstante, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, consideró que los diputados incurrieron en desacato y hasta podrían ser sujetos de juicio político por no atender la resolución de la Suprema Corte.
Existen documentos en los que el notificador de la Suprema Corte entregó la copia de la resolución a las 2:50 de la tarde, con su respectivo sello de recibido de parte de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, antes de que se llevara a cabo el nombramiento de los magistrados.
Organismos como el Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco ( CCIJ), el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce) y el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), informaron que enviarán a los tres poderes en el Estado un escrito en el que exigen el cumplimiento y absoluto respeto por la ley.
Además, pedirán que se reinicie el procedimiento de nombramientos de magistrados y que se haga un análisis de reformas, ajustes, modificaciones o, en su caso, la desaparición del propio Consejo de la Judicatura.
Los líderes empresariales aclararon que aunque ellos organizaron el movimiento, no es exclusivo de las cámaras, por lo que el proceder legal se encomendó a abogados. Extendieron el llamado de inconformidad a la población en general para que se sume a lo que llamaron “Conciencia ciudadana por la restitución del Estado de Derecho en Jalisco”.
El dirigente de Coparmex, Óscar Benavides Reyes subrayó: “Los empresarios somos parte de la sociedad organizada que representa a los ciudadanos que buscan la restitución del estado de derecho en Jalisco. Esto a través de la defensa a las instituciones para garantizar certeza y seguridad jurídica”.
Minimiza postura
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Raúl Vargas López, calificó como una “ocurrencia” la propuesta de las cúpulas empresariales de iniciar un proceso de juicio político en contra de los diputados locales.
“Estamos en una sociedad donde cada quien puede pedir prácticamente lo que le dé la gana, y los empresarios no son la excepción, pero en el caso de un juicio político me parece que es una buena ocurrencia; lo que sigue, es que presenten argumentos de peso para que sean valorados por quien le corresponde valorar la procedencia de juicio político”, señaló el diputado local.
El legislador del PRD arremetió contra los empresarios, y advirtió que están más preocupados en coadyuvar con los intereses del gobernador, Emilio González Márquez, que en llevar a cabo estrategias para disminuir los índices de corrupción.
“Esta alianza que los empresarios tienen con el gobernador, a quienes no parece preocuparles los altos índices de corrupción que se observan, esa preocupación que dicen tener por la competitividad y no vincular la corrupción con la competitividad, donde el Gobierno de Jalisco queda mal parado, no, lo de ellos es hacer causa con el titular del Poder Ejecutivo en estos temas”.
Cuestionado en torno a las controversias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendientes por resolver, el presidente de la Junta de Coordinación Política estimó que al final de la resolución, la Corte les dará la razón a los legisladores.
“Tengo la seguridad de que así será (que la Corte nos dará la razón), incluso es tal su limitación (de empresarios) en el tema, que ignoran que son seis convocatorias con temas diferentes de cada una de ellas, su preocupación es hacer causa con el gobernador en este tema”.
Para saber
La elección
Los magistrados elegidos por diputados locales son: José León Valle, Elsa Navarro Hernández, José Juan Soltero Meza y Ramón Ramírez Hernández (impugnados por el Poder Ejecutivo), así como Jorge Mario Rojas Guardado, Roberto Rodríguez Preciado y María Eugenia Villalobos Ruvalcaba (impugnados por el Poder Judicial).
Guía
El laberinto del juicio político
1. Denuncia ciudadana. Según los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de juicio político contra algún funcionario que haya sido omiso en sus funciones.
2. El Congreso de la Unión da la validez al juicio. Cuando los legisladores determinen que existen las violaciones u omisiones planteadas en la acusación, los diputados federales declararán procedente el juicio político.
3. La denuncia debe presentarse ante la Secretaría General del Congreso, la cual debe ser ratificada en un plazo de tres días por una Subcomisión de Examen Previo, integrada por miembros de las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales. Dicha subcomisión se encarga de determinar si desecha la acusación o si la turna al pleno, para que, en su caso, sea enviada a la Sección Instructora de la Cámara.
4. La Sección Instructora recibe las pruebas. Esta instancia legislativa se encarga de recibir las pruebas que validen o desestimen la solicitud de juicio político. La Sección señala la responsabilidad del funcionario público y, si encuentra pruebas suficientes, la turna al Órgano de Acusación.
5. El Órgano de Acusación. Si resuelve que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo; en caso contrario, se le pondrá a disposición del Senado, al que se remitirá la acusación, designándose una comisión de tres diputados para que sostenga la posición.
6. El Senado. Llama a que la comisión de los diputados sostenga sus acusaciones y al inculpado, su defensa ante una Sección de Enjuiciamiento senatorial. De esta manera, el Senado resuelve la sanción que deba ser aplicada al funcionario público. El Jurado de Sentencia recibe la acusación y procede a votar las conclusiones presentadas.
7. Diputados locales. Ya que este proceso tiene una validez declarativa, el siguiente paso es avisar al Congreso local para que tome el caso y proceda según las atribuciones propias para determinar si el funcionario público es culpable o no.
Para que la solicitud de juicio político pase del Congreso federal al Senado, es necesaria la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los diputados. Mientras que en el Senado, es indispensable las dos terceras partes.
Telón de fondo
Controversias
El pasado 23 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) atendió las controversias constitucionales remitidas al Máximo Órgano del Poder Judicial y determinó la suspensión en el nombramiento de siete magistrados en Jalisco; sin embargo, esta resolución no fue atendida por los legisladores locales bajo el argumento de que no fueron notificados a tiempo.
Estas controversias fueron presentadas, una por el Gobierno estatal -a la convocatoria que crea cuatro plazas de igual número de magistrados- mientras que el Poder Judicial del Estado se inconformó por la convocatoria para elegir tres magistrados y sustituir a los que, por edad, deben dejar el cargo pero no lo han hecho porque están amparados.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gustavo Macías Zambrano, reconoció que fueron notificados por la SCJN de la resolución de suspender el proceso de elección de magistrados, pero advirtió que se le informó de manera oficial muy tarde, a las 5:25 de la tarde; una hora después de que los magistrados habían sido nombrados.
No obstante, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, consideró que los diputados incurrieron en desacato y hasta podrían ser sujetos de juicio político por no atender la resolución de la Suprema Corte.
Existen documentos en los que el notificador de la Suprema Corte entregó la copia de la resolución a las 2:50 de la tarde, con su respectivo sello de recibido de parte de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, antes de que se llevara a cabo el nombramiento de los magistrados.