Jalisco
Emilio argumenta invasión a sus funciones y veta nuevas reformas
El gobernador de Jalisco observa 16 artículos aprobados por diputados locales
GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2010).- Como lo advirtieron funcionarios del Poder Ejecutivo, el gobernador Emilio González Márquez envió el pasado 30 de noviembre 16 observaciones a las reformas de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público aprobadas por el Congreso. Los cambios en la Legislación, con la intención de “amarrarle las manos al gobernador” –según palabras del coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo–, fueron vetados por el Gobierno de Jalisco.
Algunas de las 16 observaciones emitidas por el gobernador señalan que no se puede cumplir con lo que solicita el Congreso, en el sentido de “crear un presupuesto basado en resultados e indicadores”, pues dice el documento, en la primera observación, que el presupuesto se realiza con diferentes instrumentos de planeación, como el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan General del Ejecutivo, Programas Sectoriales, Planes Institucionales y Programas Operativos Anuales. Y sobre eso se realiza el proyecto presupuestal.
El veto también refiere que, en el procedimiento legislativo, el Congreso cometió un error u omisión porque se modificaron de último momento siete artículos que no fueron votados por el pleno, mismos que se incluyen en el texto observado.
El Ejecutivo apunta que solicitar al Congreso la autorización de cualquier modificación presupuestal generaría una parálisis en la administración pública y limitaría la ejecución de la obra pública.
Critican observaciones sin conocerlas
Como lamentable calificó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Retamoza, la decisión del Gobierno de vetar las reformas a la Ley de Presupuesto. Considera que “el veto sólo denota que el Ejecutivo se quiere aferrar a toda costa a su ‘caja chica’ proveniente del uso discrecional de los recursos extraordinarios obtenidos en la Entidad”.
Y recalca la intención de obtener una votación con mayoría calificada, para que el gobernador esté obligado a publicar las reformas –de acuerdo con lo que establece el artículo 33 de la Constitución local–. Sin embargo, reconoce que existe el riesgo de que el tema se quede en la congeladora porque es un tema que no apoya la fracción parlamentaria del PAN.
Llama la atención la postura de Patricia Retamoza. Al preguntársele el número de observaciones enviadas por el mandatario estatal, respondió textualmente: “El gobernador no especifica observaciones, sólo hace énfasis en lo que referimos del artículo 134 constitucional; resalta su derecho que tiene a la administración de ese presupuesto”.
También añadió que en el veto se hace referencia a siete artículos, pero en realidad se trata de 16 observaciones. Por cierto, éstas no han sido remitidas oficialmente al Poder Legislativo porque se dará cuenta hasta el próximo martes cuando se realice una sesión plenaria.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Casillas, consideró que el Ejecutivo le da la espalda a la transparencia.
“Con este veto, el gobernador no podrá ondear la bandera de la transparencia. Demuestra que tiene interés de manejar recursos de manera discrecional”.
Las observaciones
1.- Crear un presupuesto que cuente con indicadores basado en resultados “es innecesario” porque el proyecto de gasto se realiza basándose en instrumentos de planeación, como el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan General de Ejecutivo, los Programas Sectoriales, los Planes Institucionales y los Programas Operativos Anuales.
El Gobierno advierte que no existe discrecionalidad en el manejo de recursos.
2.- El veto refiere que en el procedimiento legislativo, el Congreso cometió un error u omisión, pues se modificaron de último momento siete artículos que no fueron votados por el pleno y que fueron observados: se trata de los artículos 8, 29, 31, 82, 83 y 90, que a petición de la legisladora Patricia Retamoza se debían modificar al momento de votar el dictamen. Los cambios fueron leídos por la diputada Ana Bertha Guzmán, pero no se incluyen en el dictamen.
3.- En cuanto a la propuesta de crear una Instancia Técnica Evaluadora, el Gobierno cuestiona el origen de los recursos para sostener este organismo.
4.- El Gobierno evoca el artículo 134 constitucional, que requiere que “los recursos económicos de la Federación, estados, municipios, Distrito Federal y los órganos político administrativos, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
5.- Solicitar al Congreso autorización para realizar cualquier modificación al presupuesto “generaría una parálisis en la administración pública y en la ejecución de la obra pública”. Los presupuestos modernos, dice el texto, mantienen el principio de flexibilidad, no de discrecionalidad ni arbitrariedad.
6.- La observación expone que los recursos extraordinarios federales no pueden ser etiquetados o aprobados por el Congreso para su aplicación en el Estado, pues se rigen por otros ordenamientos en la mayoría de los casos federales.
7.- En el documento cuestiona “la cartera de inversión” que pretende concretar el Congreso, pues no se especifica cómo se regularía. Establece que se debe contar con un mecanismo de planeación financiera de las inversiones, pero no se define en qué consiste el mecanismo.
8.- Los diputados proponen un calendario de ministraciones, a lo que el Ejecutivo responde que “calendarizar las erogaciones resultaría aplicable para las entidades del Ejecutivo; es decir, a los organismos públicos descentralizados”.
9.- A decir del gobernador, este artículo va contra lo que ya establece la Constitución de Jalisco, que en su artículo 50, el gobernador debe entregar a más tardar el primero de noviembre el proyecto presupuestal al Congreso.
10.- Los diputados proponen que el gobernador deberá informar de la aplicación de las erogaciones no autorizadas, a lo que el Gobierno responde que al aprobar el presupuesto, el legislador conoce de las necesidades y los tiempos para la aplicación del recurso.
11.- El Ejecutivo también cuestiona los motivos por los que los poderes Legislativo y Judicial no se someten a un escrutinio, como el que propone para el Ejecutivo.
12.- La reforma al artículo 47 elimina la facultad del Ejecutivo para que, en casos excepcionales, se creen partidas presupuestales limitando la posibilidad de administrar de forma eficiente el gasto público, pues se obstaculizaría la ejecución del gasto.
13.- El Congreso eliminó las partidas de ampliación automática, pero el gobernador las justifica al señalar que es imposible prever los gastos exactos que se requieren en el ejercicio y desarrollo de programas y proyectos. El texto añade que de no contar con estos recursos, se corre el riesgo de perder dinero para inversión en el Estado.
14.- Afirma el Ejecutivo que la reforma al artículo 90 no se aprobó en el pleno.
15.- Cuestiona los motivos por los que el Congreso pretende que el Ejecutivo envíe informes periódicos al Congreso de los recursos que ejerce, cuando a decir del gobernador, la tarea de fiscalizar la concreta la Auditoría Superior del Estado.
16.- Afirma el Gobierno que el Legislativo no realizó un análisis de impacto social y económico cuando concretó las reformas, pues insiste en que, de aplicarse, se cancelarían y aplazarían obras.
Algunas de las 16 observaciones emitidas por el gobernador señalan que no se puede cumplir con lo que solicita el Congreso, en el sentido de “crear un presupuesto basado en resultados e indicadores”, pues dice el documento, en la primera observación, que el presupuesto se realiza con diferentes instrumentos de planeación, como el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan General del Ejecutivo, Programas Sectoriales, Planes Institucionales y Programas Operativos Anuales. Y sobre eso se realiza el proyecto presupuestal.
El veto también refiere que, en el procedimiento legislativo, el Congreso cometió un error u omisión porque se modificaron de último momento siete artículos que no fueron votados por el pleno, mismos que se incluyen en el texto observado.
El Ejecutivo apunta que solicitar al Congreso la autorización de cualquier modificación presupuestal generaría una parálisis en la administración pública y limitaría la ejecución de la obra pública.
Critican observaciones sin conocerlas
Como lamentable calificó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Retamoza, la decisión del Gobierno de vetar las reformas a la Ley de Presupuesto. Considera que “el veto sólo denota que el Ejecutivo se quiere aferrar a toda costa a su ‘caja chica’ proveniente del uso discrecional de los recursos extraordinarios obtenidos en la Entidad”.
Y recalca la intención de obtener una votación con mayoría calificada, para que el gobernador esté obligado a publicar las reformas –de acuerdo con lo que establece el artículo 33 de la Constitución local–. Sin embargo, reconoce que existe el riesgo de que el tema se quede en la congeladora porque es un tema que no apoya la fracción parlamentaria del PAN.
Llama la atención la postura de Patricia Retamoza. Al preguntársele el número de observaciones enviadas por el mandatario estatal, respondió textualmente: “El gobernador no especifica observaciones, sólo hace énfasis en lo que referimos del artículo 134 constitucional; resalta su derecho que tiene a la administración de ese presupuesto”.
También añadió que en el veto se hace referencia a siete artículos, pero en realidad se trata de 16 observaciones. Por cierto, éstas no han sido remitidas oficialmente al Poder Legislativo porque se dará cuenta hasta el próximo martes cuando se realice una sesión plenaria.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Casillas, consideró que el Ejecutivo le da la espalda a la transparencia.
“Con este veto, el gobernador no podrá ondear la bandera de la transparencia. Demuestra que tiene interés de manejar recursos de manera discrecional”.
Las observaciones
1.- Crear un presupuesto que cuente con indicadores basado en resultados “es innecesario” porque el proyecto de gasto se realiza basándose en instrumentos de planeación, como el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan General de Ejecutivo, los Programas Sectoriales, los Planes Institucionales y los Programas Operativos Anuales.
El Gobierno advierte que no existe discrecionalidad en el manejo de recursos.
2.- El veto refiere que en el procedimiento legislativo, el Congreso cometió un error u omisión, pues se modificaron de último momento siete artículos que no fueron votados por el pleno y que fueron observados: se trata de los artículos 8, 29, 31, 82, 83 y 90, que a petición de la legisladora Patricia Retamoza se debían modificar al momento de votar el dictamen. Los cambios fueron leídos por la diputada Ana Bertha Guzmán, pero no se incluyen en el dictamen.
3.- En cuanto a la propuesta de crear una Instancia Técnica Evaluadora, el Gobierno cuestiona el origen de los recursos para sostener este organismo.
4.- El Gobierno evoca el artículo 134 constitucional, que requiere que “los recursos económicos de la Federación, estados, municipios, Distrito Federal y los órganos político administrativos, se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
5.- Solicitar al Congreso autorización para realizar cualquier modificación al presupuesto “generaría una parálisis en la administración pública y en la ejecución de la obra pública”. Los presupuestos modernos, dice el texto, mantienen el principio de flexibilidad, no de discrecionalidad ni arbitrariedad.
6.- La observación expone que los recursos extraordinarios federales no pueden ser etiquetados o aprobados por el Congreso para su aplicación en el Estado, pues se rigen por otros ordenamientos en la mayoría de los casos federales.
7.- En el documento cuestiona “la cartera de inversión” que pretende concretar el Congreso, pues no se especifica cómo se regularía. Establece que se debe contar con un mecanismo de planeación financiera de las inversiones, pero no se define en qué consiste el mecanismo.
8.- Los diputados proponen un calendario de ministraciones, a lo que el Ejecutivo responde que “calendarizar las erogaciones resultaría aplicable para las entidades del Ejecutivo; es decir, a los organismos públicos descentralizados”.
9.- A decir del gobernador, este artículo va contra lo que ya establece la Constitución de Jalisco, que en su artículo 50, el gobernador debe entregar a más tardar el primero de noviembre el proyecto presupuestal al Congreso.
10.- Los diputados proponen que el gobernador deberá informar de la aplicación de las erogaciones no autorizadas, a lo que el Gobierno responde que al aprobar el presupuesto, el legislador conoce de las necesidades y los tiempos para la aplicación del recurso.
11.- El Ejecutivo también cuestiona los motivos por los que los poderes Legislativo y Judicial no se someten a un escrutinio, como el que propone para el Ejecutivo.
12.- La reforma al artículo 47 elimina la facultad del Ejecutivo para que, en casos excepcionales, se creen partidas presupuestales limitando la posibilidad de administrar de forma eficiente el gasto público, pues se obstaculizaría la ejecución del gasto.
13.- El Congreso eliminó las partidas de ampliación automática, pero el gobernador las justifica al señalar que es imposible prever los gastos exactos que se requieren en el ejercicio y desarrollo de programas y proyectos. El texto añade que de no contar con estos recursos, se corre el riesgo de perder dinero para inversión en el Estado.
14.- Afirma el Ejecutivo que la reforma al artículo 90 no se aprobó en el pleno.
15.- Cuestiona los motivos por los que el Congreso pretende que el Ejecutivo envíe informes periódicos al Congreso de los recursos que ejerce, cuando a decir del gobernador, la tarea de fiscalizar la concreta la Auditoría Superior del Estado.
16.- Afirma el Gobierno que el Legislativo no realizó un análisis de impacto social y económico cuando concretó las reformas, pues insiste en que, de aplicarse, se cancelarían y aplazarían obras.