Jalisco
El Congreso estudiará urbanización de “El Disparate”
La Comisión de Asuntos Metropolitanos estudiará la legalidad de la determinación del Ayuntamiento de Guadalajara
GUADALAJARA, JALISCO.- La Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de Jalisco estudiará el proceso de aprobación que siguió el Ayuntamiento de Guadalajara, para la modificación del uso de suelo en el predio “El Disparate”, en la ceja de la Barranca de Huentitán.
Por la mañana el diputado que la preside, Enrique Alfaro Ramírez, y otros integrantes de la Comisión, hablaron con el presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, para tratar este asunto.
Al salir, el diputado comentó que está confirmado que el predio no es un área natural protegida formalmente pues no existe un decreto del Congreso, aunque sus características medioambientales sí la vuelven de alta fragilidad.
La próxima semana se realizará el estudio jurídico del proceso de aprobación, y en caso de que se confirmen faltas a la legalidad, el Congreso podría buscar la revocación del acuerdo ante las instancias competentes, como el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
El diputado además comentó que, conforme a lo expuesto por Petersen Farah, el plan parcial aprobado no fue modificado en razón de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el propietario del predio, como se ha difundido. Es decir, que el propietario no condicionó la venta de 25 hectáreas de su terreno a cambio de que la autoridad municipal cambiara el uso de suelo para permitir desarrollos verticales.
Regidores panistas de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana que dictaminaron el cambio de uso de suelo, han aseverado desconocer si existe un estudio de impacto ambiental, aunque así lo obliga el artículo 86 del Código Urbano.
EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA
Por la mañana el diputado que la preside, Enrique Alfaro Ramírez, y otros integrantes de la Comisión, hablaron con el presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, para tratar este asunto.
Al salir, el diputado comentó que está confirmado que el predio no es un área natural protegida formalmente pues no existe un decreto del Congreso, aunque sus características medioambientales sí la vuelven de alta fragilidad.
La próxima semana se realizará el estudio jurídico del proceso de aprobación, y en caso de que se confirmen faltas a la legalidad, el Congreso podría buscar la revocación del acuerdo ante las instancias competentes, como el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
El diputado además comentó que, conforme a lo expuesto por Petersen Farah, el plan parcial aprobado no fue modificado en razón de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el propietario del predio, como se ha difundido. Es decir, que el propietario no condicionó la venta de 25 hectáreas de su terreno a cambio de que la autoridad municipal cambiara el uso de suelo para permitir desarrollos verticales.
Regidores panistas de la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana que dictaminaron el cambio de uso de suelo, han aseverado desconocer si existe un estudio de impacto ambiental, aunque así lo obliga el artículo 86 del Código Urbano.
EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA