Jalisco

Diputados se comprometen a revisar quejas de policías reprobados

El líder del PRI en el Congreso local, Miguel Castro, asegura a manifestantes que el tema será analizado en comisiones

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2013).- Tras la manifestación de alrededor de 200 personas ayer en la Plaza de la Liberación, en protesta por el proceso de evaluación de los elementos de seguridad pública en el Estado, un grupo de inconformes, encabezado por el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, José Luis Guízar, fue recibido por el líder de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso.

Cuando parecía que los manifestantes dejarían la Plaza de la Liberación, del Congreso les avisaron que el diputado Salvador Rizo los recibiría. Ya en el interior del recinto legislativo, José Luis Guízar reconoció al coordinador de la fracción del PRI, Miguel Castro Reynoso, y lo abordó. El legislador aceptó escuchar a los presentes, al igual que Rizo.

“Entiendo que en el diseño de la aplicación de los exámenes hay muchos problemas, porque (por ejemplo) basta que alguien al contestar una prueba de polígrafo pueda dar una dádiva para poder pasar”, indicó el diputado tricolor.

Aseguró que ya hay una petición para que el Congreso de la Unión revise el tema por “ser digno de atención” y ofreció: “Hago con ustedes el compromiso que este tema se revise al interior de comisiones, me parece que es un tema que debe ser tomado en cuenta en el pleno del Congreso”. Aunque, matizaría después, “no podemos meter las manos al fuego por todos los elementos (policiacos)”.   

Por su parte, Irving Ávalos, director del órgano técnico de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, dijo que el diputado José Luis Munguía Cardona, presidente de ese órgano legislativo, tiene cita hoy con el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Mercado, “con el objetivo de saber cuál va a ser la solución para los elementos de seguridad pública”.  También pretenden reunirse con otros munícipes.  

Señaló que una de las propuestas que está en el aire entre las autoridades es “permitirle a los elementos que no hayan sido acreditados, porque no se presentaron a alguno de los exámenes, volver a ser evaluados”.   

Demandas laborales y denuncias penales

José Luis Guízar, quien asegura llevar cuatro mil casos de policías inconformes en Jalisco, dijo que son 300 las demandas laborales elaboradas y que seguirá interponiendo el recurso legal ante los tribunales administrativos. Asimismo, anunció que ayer mismo por la tarde presentarían denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra del centro de evaluación “por abuso de autoridad”, y contra los secretarios de seguridad ciudadana de los municipios “por instaurar procedimientos administrativos para correr a los elementos”.  

Agregó que demandará ante los tribunales administrativos la nulidad de los exámenes del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, “porque está fuera de la ley”.

EL DATO
Quejas ante la CEDHJ  


El área de Comunicación Social de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco informó que hasta las 13:00 horas de ayer se habían recibido 70 quejas en lo relativo a las pruebas de control de confianza.

Sin embargo, la cifra podría aumentar, pues en la manifestación celebrada ayer José Luis Guízar exhortó a los presentes a presentar quejas ante el organismo.

LUIS CARLOS NÁJERA
“No habrá seguimiento a los cesados”


Los elementos de las corporaciones de seguridad pública catalogados como “no aptos”, al no ser reubicados en otro puesto laboral, no tendrían seguimiento a sus casos y éstos podrían obtener fácilmente un “trabajo” ilegal debido a sus conocimientos operativos.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, dijo que “si no tenemos policías suficientes para patrullar calles, menos para seguir a la gente que es despedida”.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Homero Salas Torres, explicó que desconocen los reglamentes de cada Policía Municipal o del Estado y que si llegaría a darse un seguimiento a cada policía “no apto”, lo tendría que hacer la dependencia, pero no el Centro Estatal de Control de Confianza.

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