Derechos Humanos exige suspender trabajos en Presa El Zapotillo

GUADALAJARA, JALISCO.- Luego de conocer las denuncias que han presentado los habitantes de Temacapulín, población alteña donde se proyecta la edificación de la Presa El Zapotillo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe Álvarez Cibrián, pidió al gobernador Emilio González Márquez, la suspensión inmediata de los trabajos que se estén efectuando, además de que presente al menos dos proyectos alternativos al oficial, “y que sean tomados en cuenta”.

El ombudsman advirtió que las quejas recibidas se están estudiando y eventualmente sustentarán una recomendación formal, pero se emitió este pronunciamiento “para evitar la violación irreparable de derechos humanos en el momento presente”.

Álvarez Cibrián detalló: “Esta Comisión se ha percatado de que las autoridades del Gobierno del Estado intentan evadir su responsabilidad y participación en el proyecto, puesto que aunque el director de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias, ha referido que la obra no está a su cargo, el proyecto está basado en convenios entre la federación y los estados de Guanajuato y Jalisco. En consecuencia, las autoridades de la Entidad tienen la obligación de velar por los intereses de sus habitantes”.

Además, denunció que tanto el Gobierno de Jalisco como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “han ejercido acciones de presión hacia los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que confunden a sus habitantes y provocan incertidumbre, no solo de trascendencia jurídica, sino social y moral, con consecuencias que han afectado su vida y salud”.

La CEDHJ llama la atención al gobernador jalisciense para que con la participación de la Conagua, se efectúe una consulta pública entre los habitantes que resultarán afectados por la presa --al levantarse ésta, Temacapulín quedaría bajo el agua-- y se atiendan efectivamente sus sugerencias y quejas.

Igualmente, solicitó iniciar acciones legales contra quienes hayan comenzado los trabajos y excavaciones con maquinaria pesada, pues no han sido autorizadas.

Específicamente sobre las denominadas “acciones de presión” a los pobladores, el ombudsman detalló que son “acciones coercitivas como la instalación de lonas, carteles y espectaculares en el quiosco de la plaza principal, para notificar a la población la reubicación de la comunidad, a pesar de existir un acuerdo verbal con el titular del Poder Ejecutivo de que no se llevaría a cabo la construcción si la mayoría de los pobladores afectados no estaban de acuerdo”. El presidente de la CEDHJ abundó todavía, al señalar que esta actitud por parte del mandatario estatal “hace ver que (los vecinos) han sido relegados, en lugar de ser escuchados y de que se les hayan facilitado los medios para promover su participación en el proyecto”.