Jalisco
Dan largas al tema de ‘‘apartalugares’’
Transparencia Mexicana advierte que la tolerancia a quienes se apropian del espacio público afecta al Estado de derecho y a la ciudadanía
La vía pública no es comercializable:
Transparencia Mexicana
GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2010).- La persistente presencia de “franeleros” o “apartalugares” en las calles de la ciudad es el más alto indicador de corrupción en nuestro país, subraya el director del Capítulo México de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, al tiempo que cuestiona la intención del Gobierno municipal de Guadalajara, que se propone “empadronar” a todas las personas que obtienen ganancias por esta actividad.
“Parece muy obvio”, apunta en entrevista el titular de Transparencia Mexicana, “pero la primera definición es que el espacio público no es comercializable, porque estamos ante un bien que es de todos”.
Bohórquez anota sobre el proyecto de la administración del alcalde Aristóteles Sandoval, que no hay constancia de ninguna experiencia exitosa en ese sentido, ya que si se opta por una “regularización” de los apartalugares, es imprescindible, primero, llevar a cabo las reformas de ley que eviten que el Estado pierda sus facultades en favor de personas o entes que pasarán a ocupar su espacio.
La obligación de la autoridad, en primera instancia, es salvaguardar el espacio público para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de éste, pues de lo contrario debe haber leyes que apliquen para todos y definan dónde se termina ese espacio, las tarifas que deberán pagarse para el uso de la nueva área restringida y qué uso se dará a los recursos obtenidos por ese medio.
Transparencia Mexicana
GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2010).- La persistente presencia de “franeleros” o “apartalugares” en las calles de la ciudad es el más alto indicador de corrupción en nuestro país, subraya el director del Capítulo México de Transparencia Internacional, Eduardo Bohórquez, al tiempo que cuestiona la intención del Gobierno municipal de Guadalajara, que se propone “empadronar” a todas las personas que obtienen ganancias por esta actividad.
“Parece muy obvio”, apunta en entrevista el titular de Transparencia Mexicana, “pero la primera definición es que el espacio público no es comercializable, porque estamos ante un bien que es de todos”.
Bohórquez anota sobre el proyecto de la administración del alcalde Aristóteles Sandoval, que no hay constancia de ninguna experiencia exitosa en ese sentido, ya que si se opta por una “regularización” de los apartalugares, es imprescindible, primero, llevar a cabo las reformas de ley que eviten que el Estado pierda sus facultades en favor de personas o entes que pasarán a ocupar su espacio.
La obligación de la autoridad, en primera instancia, es salvaguardar el espacio público para que cualquier ciudadano pueda hacer uso de éste, pues de lo contrario debe haber leyes que apliquen para todos y definan dónde se termina ese espacio, las tarifas que deberán pagarse para el uso de la nueva área restringida y qué uso se dará a los recursos obtenidos por ese medio.