Jalisco
Crece la incertidumbre entre los trabajadores del Congreso
La Dirección Jurídica ha iniciado procedimientos administrativos contra 40 empleados, de los 215 que detectó como ''aviadores''
GUADALAJARA, JALISCO (16/JUNIO/2010).- El día de pago llegó al
Congreso del Estado y con ello el martirio de decenas de trabajadores que inciertos llegaban a la oficina de Legisladoras Jaliscienses, acondicionada desde hace un mes como el lugar de pagos para los trabajadores del Poder Legislativo.
Semanas atrás, el secretario General del Congreso, Carlos Corona, anunció que la Dirección Jurídica iniciaría procedimientos administrativos a petición del pleno del Congreso en contra de 215 empleados a quienes han detectado como “aviadores”, las notificaciones no se hicieron esperar y alrededor de 40 personas se les inició dicho procedimiento.
Estos procesos se desahogan en la Dirección Jurídica con la presentación de pruebas de ambas partes. El empleado trata de demostrar que sí trabaja en el Congreso, mientras la Dirección Jurídica intenta lo contrario.
Desde hace mes y medio, decenas de trabajadores han visto el pago de su quincena retenido, en ocasiones unos días, en el peor de los casos algunos no han recibido su pago desde hace más de un mes; para los abogados de los empleados esto es a todas luces ilegal y se podrían iniciar procedimientos incluso penales por no atender los derechos devengados por los empleados.
A decir de trabajadores del Poder Legislativo de diferentes áreas consultados por EL INFORMADOR, quienes prefirieron omitir su nombre por temor a perder su trabajo, aseguran que han sido víctimas de presiones y hostigamiento, pues han recibido oficios en los que se les reasigna de área y se les da la instrucción de cambiarse de área o de oficina, al llegar a sus nuevos lugares de trabajo se encontraron con que no existían condiciones para trabajar, en el peor de los casos, decenas de empleados fueron reasignados al piso siete del nuevo edificio del Poder Legislativo, ubicado en el cruce de la Calle Corona y Avenida Juárez, en ese lugar existe escombro y labores de albañilería.
Cuestionado en torno a esta situación, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y miembro de la Junta de Coordinación Política, Roberto Marrufo, dijo desconocer del tema y advirtió que el asunto es revisado por la Comisión de Administración, que deberá de conocer el listado de nombres que determine la Dirección Jurídica como susceptibles a perder su empleo por considerar que no realizan trabajos en algún área del Congreso, y en su caso aprobarlo, es decir la Comisión de Administración tendrá la última palabra en torno a quién dejará su plaza en el Congreso.
“La Junta de Coordinación tiene conocimiento en parte de ello, a quien corresponde es a la Comisión de Administración, que es la que está enterada de lo que ocurre”, dijo el priista.
Por su parte, el secretario General del Poder Legislativo, Carlos Corona, afirmó que cada uno de los casos se “cuidará jurídicamente”.
“Todos los casos los hemos cuidado jurídicamente, queremos que estén perfectamente sustentados, que se apeguen a derecho y siempre estableciendo lo que establece la norma, y tenemos la certeza que de estos casos prácticamente todos los vamos a ganar a quienes decidan irse a juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; de cada una de las personas hay expedientes que exponen la falta que tienen, que contravienen la ley, que son claros y flagrantes”, advirtió.
Por su parte, defensores de los empleados aludidos consideran que no existen argumentos legales para despojarlos de sus derechos laborales y, en caso de que se den los despidos presuntamente injustificados, podrían dar la batalla en tribunales locales.
Mientras tanto, las sanciones administrativas y notificaciones siguen presentándose entre los empleados, en la mayoría de los casos suelen ser notificados cuando acuden a cobrar su quincena.
Semanas atrás, el secretario General del Congreso, Carlos Corona, anunció que la Dirección Jurídica iniciaría procedimientos administrativos a petición del pleno del Congreso en contra de 215 empleados a quienes han detectado como “aviadores”, las notificaciones no se hicieron esperar y alrededor de 40 personas se les inició dicho procedimiento.
Estos procesos se desahogan en la Dirección Jurídica con la presentación de pruebas de ambas partes. El empleado trata de demostrar que sí trabaja en el Congreso, mientras la Dirección Jurídica intenta lo contrario.
Desde hace mes y medio, decenas de trabajadores han visto el pago de su quincena retenido, en ocasiones unos días, en el peor de los casos algunos no han recibido su pago desde hace más de un mes; para los abogados de los empleados esto es a todas luces ilegal y se podrían iniciar procedimientos incluso penales por no atender los derechos devengados por los empleados.
A decir de trabajadores del Poder Legislativo de diferentes áreas consultados por EL INFORMADOR, quienes prefirieron omitir su nombre por temor a perder su trabajo, aseguran que han sido víctimas de presiones y hostigamiento, pues han recibido oficios en los que se les reasigna de área y se les da la instrucción de cambiarse de área o de oficina, al llegar a sus nuevos lugares de trabajo se encontraron con que no existían condiciones para trabajar, en el peor de los casos, decenas de empleados fueron reasignados al piso siete del nuevo edificio del Poder Legislativo, ubicado en el cruce de la Calle Corona y Avenida Juárez, en ese lugar existe escombro y labores de albañilería.
Cuestionado en torno a esta situación, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y miembro de la Junta de Coordinación Política, Roberto Marrufo, dijo desconocer del tema y advirtió que el asunto es revisado por la Comisión de Administración, que deberá de conocer el listado de nombres que determine la Dirección Jurídica como susceptibles a perder su empleo por considerar que no realizan trabajos en algún área del Congreso, y en su caso aprobarlo, es decir la Comisión de Administración tendrá la última palabra en torno a quién dejará su plaza en el Congreso.
“La Junta de Coordinación tiene conocimiento en parte de ello, a quien corresponde es a la Comisión de Administración, que es la que está enterada de lo que ocurre”, dijo el priista.
Por su parte, el secretario General del Poder Legislativo, Carlos Corona, afirmó que cada uno de los casos se “cuidará jurídicamente”.
“Todos los casos los hemos cuidado jurídicamente, queremos que estén perfectamente sustentados, que se apeguen a derecho y siempre estableciendo lo que establece la norma, y tenemos la certeza que de estos casos prácticamente todos los vamos a ganar a quienes decidan irse a juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; de cada una de las personas hay expedientes que exponen la falta que tienen, que contravienen la ley, que son claros y flagrantes”, advirtió.
Por su parte, defensores de los empleados aludidos consideran que no existen argumentos legales para despojarlos de sus derechos laborales y, en caso de que se den los despidos presuntamente injustificados, podrían dar la batalla en tribunales locales.
Mientras tanto, las sanciones administrativas y notificaciones siguen presentándose entre los empleados, en la mayoría de los casos suelen ser notificados cuando acuden a cobrar su quincena.