Jalisco
Ciudadano, primer afectado por desorden en inmobiliario urbano
Aseguran que los espacios son operados por empresas privadas, por eso deben estar en buenas condiciones
GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2013).- Los platos rotos de los
desacuerdos entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la empresa Eumex, que operó inmobiliario urbano en la ciudad, los paga la población. Se trata de infraestructura, como parabuses, que está diseñada para dar un servicio, y mientras sigan los procesos legales y se desatiendan estos espacios el efecto se verá en perjuicio de los usuarios, explica el urbanista Luis Felipe Siqueiros, de la asociación Guadalajara 2020.
"No es correcto que el ciudadano sea víctima de estos procesos administrativos", comenta el experto, pues son espacios públicos operados por una empresa privada, pero deben estar en buenas condiciones, de otro modo pierden utilidad.
Este tipo de inmobiliario es una fórmula que los gobiernos han encontrado para resolver los costos de mantenimiento de un servicio ciudadano, le pasan la operación a la empresa y ésta se hace cargo, pero la oferta de la infraestructura debe ser accesible al público, comenta el especialista.
La de inmobiliario urbano es una práctica de todo México: se otorga la concesión para que la empresa mantenga y coloque los paraderos de transporte. En otros países, además de parabuses, estas empresas incursionan en la oferta de bicicletas públicas.
Los conflictos llegan cuando en el acuerdo entre la firma y el gobierno no se estipulan detalladamente seguros legales que atiendan a todas las diferencias que pueden surgir; de cualquier modo, el municipio tiene autoridad para lograr que se retire el mobiliario de una compañía con la que ya no hay relación.
"No es correcto que el ciudadano sea víctima de estos procesos administrativos", comenta el experto, pues son espacios públicos operados por una empresa privada, pero deben estar en buenas condiciones, de otro modo pierden utilidad.
Este tipo de inmobiliario es una fórmula que los gobiernos han encontrado para resolver los costos de mantenimiento de un servicio ciudadano, le pasan la operación a la empresa y ésta se hace cargo, pero la oferta de la infraestructura debe ser accesible al público, comenta el especialista.
La de inmobiliario urbano es una práctica de todo México: se otorga la concesión para que la empresa mantenga y coloque los paraderos de transporte. En otros países, además de parabuses, estas empresas incursionan en la oferta de bicicletas públicas.
Los conflictos llegan cuando en el acuerdo entre la firma y el gobierno no se estipulan detalladamente seguros legales que atiendan a todas las diferencias que pueden surgir; de cualquier modo, el municipio tiene autoridad para lograr que se retire el mobiliario de una compañía con la que ya no hay relación.