Jalisco
Casa Judicial en Puerto Vallarta se construye sin consultar al STJJ
El presidente del Supremo Tribunal lamenta que no se haya contemplado el proyecto enviado por la institución, cuyo costo fue de 400 mil pesos
GUADALAJARA, JALISCO (07/ENE/2014).- El Gobierno del Estado inició la construcción de la Delegación Regional de Justicia que albergará las
salas de juicios orales en Puerto Vallarta. El problema es que lo hacen de una manera "unilateral", porque el Comité para la Implementación del Nuevo Sistema Justicia Penal no sesionó para avalar el proyecto. El problema reside en que el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) invirtió 400 mil pesos para elaborar un proyecto ejecutivo acorde a las necesidades de los propios jueces. Sin embargo, este proyecto no fue considerado por la autoridad.
El presidente del STJJ, Luis Carlos Vega Pámanes, lamentó que el secretario técnico del comité local para la implementación del nuevo modelo, Jorge Humberto Chavira Martínez, haya dado su aval para que se construyera un edificio que "no es acorde a las necesidades que nosotros tenemos. Nosotros consideramos que es una decisión unilateral, de la que desconocemos totalmente la obra".
El recién reelecto presidente del STJJ dijo que la obra se lleva a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y por lo poco que conocen de la construcción, saben que se está replicando el edificio que se construyó en Ciudad Guzmán, con la salvedad de que Puerto Vallarta tiene una densidad poblacional más alta, además de que tiene una población flotante de un millón de personas en temporada vacacional. Además, la infraestructura se estaría construyendo "sobre el derecho de vía de una carretera, y se corre el riesgo de que si las paredes son de cristal, pueda haber rafagueos".
A esto se añade el retraso que tendrán las obras, pues de acuerdo con el decreto estatal para implementar el sistema de Justicia en Puerto Vallarta, estipula como fecha fatal el próximo 15 de enero, cosa que no se cumplirá. "No podemos poner esas fechas, y esas cadenas y ataduras. Por el simple hecho de que los cinco mil millones de pesos que tendría que repartir el Gobierno Federal siguen en el banco. No se ha dado ni un peso a los Estados y menos a Jalisco".
En el año 2008, una vez que el Gobierno Federal comenzó la cuenta regresiva para implementar el nuevo sistema de Justicia Penal, el STJJ se hizo de los servicios de la empresa Artum quienes diseñaron tres complejos para construir las oficinas que albergarían, además de las salas de juicios orales, espacios donde se concentrara a elementos del Sistema de Justicia Alternativa y de la Fiscalía del Estado.
El proyecto de Ciudad Guzmán tuvo un costo de 45 millones de pesos y fue entregado a contrarreloj. Su proyecto ejecutivo costó 400 mil pesos. Mientras que el proyecto que se realizaría en Puerto Vallarta costó 400 mil pesos por 40 millones de la obra física. "Lo que estábamos pidiendo era eficientar los recursos. No queremos edificios económicos pero no sustentables, como paso con Ciudad Judicial".
Ahora queda pendiente el edificio que albergará las salas de oralidad en el Complejo penitenciario de Puente Grande. La propuesta del STJJ es un terreno de 152 metros de largo por 129 de ancho, cuyo costo sería de 186 millones de pesos y que tendría espacio suficiente para albergar salas orales en diferentes competencias.
Vega Pámanes no descartó que las oficinas que ya construyen en Puerto Vallarta puedan ser ocupadas por los miembros de la judicatura. Sin embargo, no dejó de reprochar que hubo inconsistencias en la aprobación de la obra.
El presidente del STJJ, Luis Carlos Vega Pámanes, lamentó que el secretario técnico del comité local para la implementación del nuevo modelo, Jorge Humberto Chavira Martínez, haya dado su aval para que se construyera un edificio que "no es acorde a las necesidades que nosotros tenemos. Nosotros consideramos que es una decisión unilateral, de la que desconocemos totalmente la obra".
El recién reelecto presidente del STJJ dijo que la obra se lleva a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y por lo poco que conocen de la construcción, saben que se está replicando el edificio que se construyó en Ciudad Guzmán, con la salvedad de que Puerto Vallarta tiene una densidad poblacional más alta, además de que tiene una población flotante de un millón de personas en temporada vacacional. Además, la infraestructura se estaría construyendo "sobre el derecho de vía de una carretera, y se corre el riesgo de que si las paredes son de cristal, pueda haber rafagueos".
A esto se añade el retraso que tendrán las obras, pues de acuerdo con el decreto estatal para implementar el sistema de Justicia en Puerto Vallarta, estipula como fecha fatal el próximo 15 de enero, cosa que no se cumplirá. "No podemos poner esas fechas, y esas cadenas y ataduras. Por el simple hecho de que los cinco mil millones de pesos que tendría que repartir el Gobierno Federal siguen en el banco. No se ha dado ni un peso a los Estados y menos a Jalisco".
En el año 2008, una vez que el Gobierno Federal comenzó la cuenta regresiva para implementar el nuevo sistema de Justicia Penal, el STJJ se hizo de los servicios de la empresa Artum quienes diseñaron tres complejos para construir las oficinas que albergarían, además de las salas de juicios orales, espacios donde se concentrara a elementos del Sistema de Justicia Alternativa y de la Fiscalía del Estado.
El proyecto de Ciudad Guzmán tuvo un costo de 45 millones de pesos y fue entregado a contrarreloj. Su proyecto ejecutivo costó 400 mil pesos. Mientras que el proyecto que se realizaría en Puerto Vallarta costó 400 mil pesos por 40 millones de la obra física. "Lo que estábamos pidiendo era eficientar los recursos. No queremos edificios económicos pero no sustentables, como paso con Ciudad Judicial".
Ahora queda pendiente el edificio que albergará las salas de oralidad en el Complejo penitenciario de Puente Grande. La propuesta del STJJ es un terreno de 152 metros de largo por 129 de ancho, cuyo costo sería de 186 millones de pesos y que tendría espacio suficiente para albergar salas orales en diferentes competencias.
Vega Pámanes no descartó que las oficinas que ya construyen en Puerto Vallarta puedan ser ocupadas por los miembros de la judicatura. Sin embargo, no dejó de reprochar que hubo inconsistencias en la aprobación de la obra.