Internacional
Republicanos, contra la querella de Washington
Un total de 81 legisladores opositores a Barack Obama piden a la Corte de Distrito desestimar la impugnación federal
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (22/JUL/2010).- Un grupo de 81 legisladores republicanos, 76 integrantes de la Cámara de Representantes y cinco del Senado, pidieron a la Corte de Distrito de Arizona, desechar la demanda de la administración Obama para bloquear la Ley SB 1070, que está previsto entre en vigencia el próximo 29 de julio.
En un documento de “amigos de la corte”, utilizado para solidarizarse con la parte acusada, los republicanos sostienen que la demanda del gobierno federal carece de mérito y que el Estado de Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración ilegal.
“El Gobierno federal incumplió su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal en relación con la inmigración, y la ley de Arizona no está por encima de los estatutos federales”, sostuvo uno de sus firmantes, el republicano de California, Brian Bilbray.
El documento de solidaridad fue presentado a nombre del Concilio de Reforma Migratoria de la Cámara de Representantes, una semana antes de la prevista entrada en vigor de la ley que criminaliza la presencia de los inmigrantes indocumentados en Arizona.
La administración del presidente Barack Obama presentó el pasado seis de junio ante una corte de Phoenix una demanda para declarar inconstitucional la polémica legislación.
El Departamento de Justicia argumenta que la ley no sólo es violatoria de la ley de supremacía de la Constitución en la medida que la migración es regulada por las leyes federales y no por la legislación estatal, sino que puede derivar en hostigamiento a extranjeros y ciudadanos estadounidenses.
“El presidente Barack Obama va a terminar demandando a varios estados, incluyendo Rhode Island y otros, si la administración quiere demandar a todos los que hagan cumplir la ley de inmigración”, señaló el republicano Trent Franks.
Además de Arizona y Rhode Island, otros estados como Michigan, Carolina del Sur y Pensilvania han presentado legislaciones similares y unos 15 han expresado interés en hacerlo, según un recuento del Concilio de Reforma Migratoria de la Cámara de Representantes.
Encuestas muestran que una mayoría de los estadounidense apoya la Ley SB 1070 de Arizona, pero también una gran parte de estadounidenses respalda la necesidad de una reforma migratoria.
Por otra parte, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes planean realizar acciones de desobediencia civil en todo Arizona a partir del 29 de julio, el día previsto para que entre en vigor la polémica Ley SB 1070.
Alfredo Gutiérrez, de la coalición de grupos comunitarios “Somos América”, se negó a precisar en qué consistirán dichas acciones.
México logra más adhesiones contra ley antiinmigrante
Once países firmaron ayer en Ginebra, a instancias de México, una declaración en la que muestran su preocupación y condena por la ley Arizona, la cual consideran que tiene un “espíritu racista, xenófobo y contrario a la inmigración de cualquier tipo”.
Los países signatarios fueron, además de México, Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba, Turquía, Senegal, Micronesia y Chile.
“Queremos agradecer a los países signatarios su colaboración en la lucha por la derogación de esta ley xenófoba y racista”, dijo ayer en Ginebra el vicepresidente del Parlamento de México, Felipe Solís Acero, al finalizar la Asamblea de Presidentes de Parlamento, que tuvo lugar en la ciudad helvética los recientes tres días.
Además de lamentar el "“espíritu en contra de la inmigración en general y de la irregular en particular”, la declaración reconoce los “esfuerzos” del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por “su compromiso personal en impulsar una reforma migratoria integral”.
La ley SB1070, aprobada en abril por Arizona —estado fronterizo con México al que cruzan las rutas de inmigrantes indocumentados—, permite a las fuerzas de seguridad estatales detener a cualquier sospechoso de no tener regularizado su estado migratorio.
A iniciativa de México, 11 delegaciones —entre las más de 100 presentes en Ginebra— y el presidente de la Asamblea Parlamentaria de Europa, el turco Mevlüt Çavusoglu, firmaron el documento, que insta a la comunidad internacional "“a alzar su voz contra la ley Arizona y cualquier otra medida discriminatoria”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de México, Carlos Navarrete, consideró en Ginebra que la entrada en vigor de la Ley SB 1070 en Arizona significaría “una derrota política muy importante” para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Para México es muy alentador que Obama “haya tomado la decisión de impugnar constitucionalmente esa ley por invadir facultades federales”, dijo Navarrete al concluir la Tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, efectuada en Ginebra, Suiza.
“El presidente Obama se está jugando mucho con este recurso presentado, pues no hay que olvidar que en su campaña electoral él prometió una reforma migratoria como parte de su programa de gobierno, y lo está intentando”.
El legislador perredista dijo antes de partir: “Confiamos en que Obama gane ese recurso”.
TELÓN DE FONDO
De los discursos a los hechos
Cuando el 23 de abril la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la Ley SB 1070, que criminaliza a los ilegales, los legisladores mexicanos alzaron la voz reprobándola, pero más allá de las palabras, pasaron a los hechos.
Una de las primeras acciones fue exigir que el Presidente Felipe Calderón condenara esa legislación en el Congreso de la Unión estadounidense, en su visita oficial del 20 de mayo.
En cuanta oportunidad tuvieron, diputados y senadores aprovecharon para boicotear, según ellos, una ley a todas luces racista.
El lunes pasado, México logró que Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú presentaron mociones independientes en una Corte de Arizona, contra la SB 1070.
Ayer, en el marco de la Tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, que tuvo su sede en Suiza, la bancada de senadores mexicanos tuvo la adhesión de 10 países en una declaración que condena la ley Arizona, siete días antes de que entre en vigencia.
Dos ONG’s demandan la ordenanza 5165 de Fremont
Dos organizaciones de defensa de los derechos civiles interpusieron demandas separadas en contra de la ciudad de Fremont, Nebraska, para obligarla a frenar una ordenanza municipal que prohibe contratar indocumentados, albergarlos o rentarles casas o departamentos.
La ordenanza 5165, aprobada en plebiscito por los residentes de Fremont el mes pasado, está programada a entrar en vigor el próximo 29 de julio.
La medida es semejante a otras que han sido promulgadas en distintas comunidades, como en Farmers Branch, Texas y Hazelton, Pensilvania, pero que no han podido ser establecidas al permanecer suspendidas por las cortes.
El Fondo para la Defensa Legal y la Educación del Mexico-Americano (Maldef) y la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) interpusieron demandas separadas para solicitar a cortes federales frenar la ordenanza por anticonstitucional.
En su demanda, Maldef solicita a la corte el proteger a los inmigrantes de las “ilegales regulaciones locales de inmigración, que contravienen la autoridad constitucional y federal”.
La ordenanza obligará a los empleadores de Fremont el revisar el estado legal de sus empleados a través del sistema federal de verificación E-verify, para determinar si están autorizados para laborar en el país. La medida también impide a los residentes el rentar a inmigrantes indocumentados.
Para ello, la ciudad emitirá a través del Departamento de Policía una licencia de ocupación a cada persona mayor de 18 años de edad que requiera vivir o rentar una casa o apartamento.
Los arrendadores deberán verificar que cada persona que les renta, cuente con una de estas licencias.
En un documento de “amigos de la corte”, utilizado para solidarizarse con la parte acusada, los republicanos sostienen que la demanda del gobierno federal carece de mérito y que el Estado de Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración ilegal.
“El Gobierno federal incumplió su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal en relación con la inmigración, y la ley de Arizona no está por encima de los estatutos federales”, sostuvo uno de sus firmantes, el republicano de California, Brian Bilbray.
El documento de solidaridad fue presentado a nombre del Concilio de Reforma Migratoria de la Cámara de Representantes, una semana antes de la prevista entrada en vigor de la ley que criminaliza la presencia de los inmigrantes indocumentados en Arizona.
La administración del presidente Barack Obama presentó el pasado seis de junio ante una corte de Phoenix una demanda para declarar inconstitucional la polémica legislación.
El Departamento de Justicia argumenta que la ley no sólo es violatoria de la ley de supremacía de la Constitución en la medida que la migración es regulada por las leyes federales y no por la legislación estatal, sino que puede derivar en hostigamiento a extranjeros y ciudadanos estadounidenses.
“El presidente Barack Obama va a terminar demandando a varios estados, incluyendo Rhode Island y otros, si la administración quiere demandar a todos los que hagan cumplir la ley de inmigración”, señaló el republicano Trent Franks.
Además de Arizona y Rhode Island, otros estados como Michigan, Carolina del Sur y Pensilvania han presentado legislaciones similares y unos 15 han expresado interés en hacerlo, según un recuento del Concilio de Reforma Migratoria de la Cámara de Representantes.
Encuestas muestran que una mayoría de los estadounidense apoya la Ley SB 1070 de Arizona, pero también una gran parte de estadounidenses respalda la necesidad de una reforma migratoria.
Por otra parte, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes planean realizar acciones de desobediencia civil en todo Arizona a partir del 29 de julio, el día previsto para que entre en vigor la polémica Ley SB 1070.
Alfredo Gutiérrez, de la coalición de grupos comunitarios “Somos América”, se negó a precisar en qué consistirán dichas acciones.
México logra más adhesiones contra ley antiinmigrante
Once países firmaron ayer en Ginebra, a instancias de México, una declaración en la que muestran su preocupación y condena por la ley Arizona, la cual consideran que tiene un “espíritu racista, xenófobo y contrario a la inmigración de cualquier tipo”.
Los países signatarios fueron, además de México, Uruguay, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Cuba, Turquía, Senegal, Micronesia y Chile.
“Queremos agradecer a los países signatarios su colaboración en la lucha por la derogación de esta ley xenófoba y racista”, dijo ayer en Ginebra el vicepresidente del Parlamento de México, Felipe Solís Acero, al finalizar la Asamblea de Presidentes de Parlamento, que tuvo lugar en la ciudad helvética los recientes tres días.
Además de lamentar el "“espíritu en contra de la inmigración en general y de la irregular en particular”, la declaración reconoce los “esfuerzos” del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por “su compromiso personal en impulsar una reforma migratoria integral”.
La ley SB1070, aprobada en abril por Arizona —estado fronterizo con México al que cruzan las rutas de inmigrantes indocumentados—, permite a las fuerzas de seguridad estatales detener a cualquier sospechoso de no tener regularizado su estado migratorio.
A iniciativa de México, 11 delegaciones —entre las más de 100 presentes en Ginebra— y el presidente de la Asamblea Parlamentaria de Europa, el turco Mevlüt Çavusoglu, firmaron el documento, que insta a la comunidad internacional "“a alzar su voz contra la ley Arizona y cualquier otra medida discriminatoria”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de México, Carlos Navarrete, consideró en Ginebra que la entrada en vigor de la Ley SB 1070 en Arizona significaría “una derrota política muy importante” para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Para México es muy alentador que Obama “haya tomado la decisión de impugnar constitucionalmente esa ley por invadir facultades federales”, dijo Navarrete al concluir la Tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, efectuada en Ginebra, Suiza.
“El presidente Obama se está jugando mucho con este recurso presentado, pues no hay que olvidar que en su campaña electoral él prometió una reforma migratoria como parte de su programa de gobierno, y lo está intentando”.
El legislador perredista dijo antes de partir: “Confiamos en que Obama gane ese recurso”.
TELÓN DE FONDO
De los discursos a los hechos
Cuando el 23 de abril la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la Ley SB 1070, que criminaliza a los ilegales, los legisladores mexicanos alzaron la voz reprobándola, pero más allá de las palabras, pasaron a los hechos.
Una de las primeras acciones fue exigir que el Presidente Felipe Calderón condenara esa legislación en el Congreso de la Unión estadounidense, en su visita oficial del 20 de mayo.
En cuanta oportunidad tuvieron, diputados y senadores aprovecharon para boicotear, según ellos, una ley a todas luces racista.
El lunes pasado, México logró que Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú presentaron mociones independientes en una Corte de Arizona, contra la SB 1070.
Ayer, en el marco de la Tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, que tuvo su sede en Suiza, la bancada de senadores mexicanos tuvo la adhesión de 10 países en una declaración que condena la ley Arizona, siete días antes de que entre en vigencia.
Dos ONG’s demandan la ordenanza 5165 de Fremont
Dos organizaciones de defensa de los derechos civiles interpusieron demandas separadas en contra de la ciudad de Fremont, Nebraska, para obligarla a frenar una ordenanza municipal que prohibe contratar indocumentados, albergarlos o rentarles casas o departamentos.
La ordenanza 5165, aprobada en plebiscito por los residentes de Fremont el mes pasado, está programada a entrar en vigor el próximo 29 de julio.
La medida es semejante a otras que han sido promulgadas en distintas comunidades, como en Farmers Branch, Texas y Hazelton, Pensilvania, pero que no han podido ser establecidas al permanecer suspendidas por las cortes.
El Fondo para la Defensa Legal y la Educación del Mexico-Americano (Maldef) y la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) interpusieron demandas separadas para solicitar a cortes federales frenar la ordenanza por anticonstitucional.
En su demanda, Maldef solicita a la corte el proteger a los inmigrantes de las “ilegales regulaciones locales de inmigración, que contravienen la autoridad constitucional y federal”.
La ordenanza obligará a los empleadores de Fremont el revisar el estado legal de sus empleados a través del sistema federal de verificación E-verify, para determinar si están autorizados para laborar en el país. La medida también impide a los residentes el rentar a inmigrantes indocumentados.
Para ello, la ciudad emitirá a través del Departamento de Policía una licencia de ocupación a cada persona mayor de 18 años de edad que requiera vivir o rentar una casa o apartamento.
Los arrendadores deberán verificar que cada persona que les renta, cuente con una de estas licencias.