Internacional
Recibe protesta indígena sorpresivo apoyo por fallo judicial en Ecuador
Protestaban contra proyecto de ley del gobierno para regular el uso del agua
QUITO, ECUADOR (11/MAY/2010).- La protesta de los indígenas ecuatorianos contra un proyecto de ley del gobierno para regular el uso del agua dio un giro este miércoles, al quedar suspendida indefinidamente la aprobación de la iniciativa por un sorpresivo fallo judicial que ordena consultar a esas comunidades.
La Corte Constitucional emitió la sentencia al resolver un pedido ciudadano para que ese tribunal reglamentara las consultas previstas en la Carta Magna sobre este tipo de leyes, dijo el viceministro de de los Pueblos (a cargo de la política indígena), Orlando Pérez.
Los aborígenes, que se consideran 35% de la población ecuatoriana de 14.2 millones de habitantes, rechazan el proyecto sobre la regulación del uso del agua alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios, y que la legislación favorece a mineras y empresas embotelladoras.
"Ayer salió el fallo de la Corte que define el reglamento. En ese momento queda suspendido completamente el proceso de aprobación de la ley de aguas", explicó el subsecretario.
En consecuencia "se suspende la votación en la Asamblea Nacional (dominada por el oficialismo de izquierda) y se pasa al proceso de consulta", añadió.
El presidente del Congreso, Fernando Cordero, señaló que dicho proceso tomará "no menos de seis meses" y garantizó que "todas las comunidades van a ser informadas y consultadas".
La votación estaba prevista para el jueves, ante lo cual los aborígenes llamaron a la desobediencia civil y este miércoles continuaron, por tercer día consecutivo, bloqueando carreteras especialmente en el sur del país como parte de las protestas iniciadas el 4 de mayo.
Las refriegas dejaban el miércoles al menos dos policías lesionados y 19 detenidos, según reportes de prensa.
"Si es que se aprueba la ley tal como está en este momento, sin ese previo proceso de consulta (...) esa ley que se aprobaría mañana tendría un carácter inconstitucional", advirtió Pérez. "Por tanto en este momento cambió completamente el escenario con la sentencia de la Corte Constitucional", dijo.
El fallo tomó por sorpresa a los indígenas, que se alistaban para marchar hacia Quito desde distintos lugares con motivo de la votación del texto, en el que según dijeron no fueron incluidas sus propuestas, por lo que exhortaron a la desobediencia civil.
"No conozco (la sentencia), desde ayer estoy en los frentes de resistencia y paro. Tomaremos una decisión ante cualquier cosa con todas las organizaciones en conjunto", dijo Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Pérez consideró que el fallo "es una gran oportunidad política para el país para que en esta y otras leyes no tengamos que estar a expensas del protagonismo, el exhibicionismo y el radicalismo innecesario", sostuvo.
Por su parte el presidente Rafael Correa, que tiene el respaldo de otras asociaciones indígenas, acusa a la Conaie de engañar a sus bases para acaparar el manejo del agua.
Correa desestima el poder de convocatoria del movimiento aborigen y descarta que su permanencia en el poder esté en riesgo.
La Conaie participó en el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucarán en 1997 y Jamil Mahuad en 2000.
La Corte Constitucional emitió la sentencia al resolver un pedido ciudadano para que ese tribunal reglamentara las consultas previstas en la Carta Magna sobre este tipo de leyes, dijo el viceministro de de los Pueblos (a cargo de la política indígena), Orlando Pérez.
Los aborígenes, que se consideran 35% de la población ecuatoriana de 14.2 millones de habitantes, rechazan el proyecto sobre la regulación del uso del agua alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios, y que la legislación favorece a mineras y empresas embotelladoras.
"Ayer salió el fallo de la Corte que define el reglamento. En ese momento queda suspendido completamente el proceso de aprobación de la ley de aguas", explicó el subsecretario.
En consecuencia "se suspende la votación en la Asamblea Nacional (dominada por el oficialismo de izquierda) y se pasa al proceso de consulta", añadió.
El presidente del Congreso, Fernando Cordero, señaló que dicho proceso tomará "no menos de seis meses" y garantizó que "todas las comunidades van a ser informadas y consultadas".
La votación estaba prevista para el jueves, ante lo cual los aborígenes llamaron a la desobediencia civil y este miércoles continuaron, por tercer día consecutivo, bloqueando carreteras especialmente en el sur del país como parte de las protestas iniciadas el 4 de mayo.
Las refriegas dejaban el miércoles al menos dos policías lesionados y 19 detenidos, según reportes de prensa.
"Si es que se aprueba la ley tal como está en este momento, sin ese previo proceso de consulta (...) esa ley que se aprobaría mañana tendría un carácter inconstitucional", advirtió Pérez. "Por tanto en este momento cambió completamente el escenario con la sentencia de la Corte Constitucional", dijo.
El fallo tomó por sorpresa a los indígenas, que se alistaban para marchar hacia Quito desde distintos lugares con motivo de la votación del texto, en el que según dijeron no fueron incluidas sus propuestas, por lo que exhortaron a la desobediencia civil.
"No conozco (la sentencia), desde ayer estoy en los frentes de resistencia y paro. Tomaremos una decisión ante cualquier cosa con todas las organizaciones en conjunto", dijo Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Pérez consideró que el fallo "es una gran oportunidad política para el país para que en esta y otras leyes no tengamos que estar a expensas del protagonismo, el exhibicionismo y el radicalismo innecesario", sostuvo.
Por su parte el presidente Rafael Correa, que tiene el respaldo de otras asociaciones indígenas, acusa a la Conaie de engañar a sus bases para acaparar el manejo del agua.
Correa desestima el poder de convocatoria del movimiento aborigen y descarta que su permanencia en el poder esté en riesgo.
La Conaie participó en el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucarán en 1997 y Jamil Mahuad en 2000.