Internacional
Medellín, a 120 horas de la muerte
José Ernesto Medellín fue trasladado a una celda con vigilancia las 24 horas, debido a que ya inició el protocolo de su ejecución, prevista para el martes
TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La Vieja Chipriante, como denominaban los texanos a una desvencijada silla eléctrica en la que fueron ajusticiados cientos de condenados a muerte en la conservadora entidad sureña de Estados Unidos, un día fue desechada y enviada a un museo temático de
Huntsville, Texas, en cuya prisión The Walls está previsto que el mexicano José Ernesto Medellín reciba el próximo martes una dosis química letal que termine con su vida y con más de una década en el corredor de la muerte.
En 1972, el Tribunal Superior de Estados Unidos abolió la pena capital por considerarla un “castigo cruel”, pero luego de cuatro años, en 1976, emitió otra sentencia histórica en la que dejaba a cada estado el poder de decidir qué castigo máximo quería para sus presos.
Texas se apresuró a reimplantar la pena capital y, en lugar de la silla eléctrica, inauguró la práctica de la inyección letal. Ésta la componen tres sustancias químicas: un sedante basado en tiopental sódico; una solución de bromuro pancuronio, que relaja los músculos y colapsa el diafragma y los pulmones, y una dosis de cloruro de potasio, que paraliza al corazón.
Los gobernantes texanos mantienen en su historial la mayor marca de ejecutados con 376 en 30 años, siendo George W. Bush, actual presidente de Estados Unidos, uno de los más activos al firmar la muerte de 127 presos.
Opositores a la pena de muerte sostienen que el condenado sufre, ya que su deceso muchas veces se prolonga y los sedantes no funcionan, se asfixia al grado que la lengua se le enrolla. En Estados Unidos, 36 entidades de las 50 practican la pena de muerte.
Entre los métodos existentes están la inyección letal, la horca, el paredón, la cámara de gases y la silla eléctrica.
Fue en Huntsville, donde un condenado de color resistió en más de dos ocasiones los kilovoltios de la Vieja Chipriante y el gobernador texano le perdonó la vida. La inyección letal, conocida como “el más humano de los métodos”, es utilizada en 16 estados, seguida por el uso de electricidad en 14, de la horca en seis y el fusilamiento por pelotón en dos.
Ramón, otro caso mexicano
La sentencia de muerte del mexicano Ramón Montoya Facundo se cumplió el 25 de marzo de 1993.
Aquella fue la primera ejecución legal en Texas a un connacional, después de que las leyes internacionales intercedieran durante 50 años para evitar este tipo de decesos.
Acusado por matar a un oficial en Dallas, la medianoche de su muerte estuvo ubicado en el ala izquierda de la prisión The Walls. Falleció siete minutos después de aplicada la dosis mortal. Testigos en el lugar indicaron que sus últimas palabras se las dirigió a su padre. “Que Dios me ayude, estoy preparado”, le dijo. Su padre, desde el otro lado del cristal, respondió: “Que Dios te bendiga a ti hijo”.
Sólo una hora y 39 minutos antes de la ejecución, la Suprema Corte de Justicia estadounidense había rechazado la apelación interpuesta por el abogado del mexicano, quien intentó hasta el último minuto la revocación del castigo.
Afuera del penal, organismos civiles en pro de los derechos humanos se manifestaron sin resultados definitivos, como lo hicieron desde 1983, cuando fue sentenciado. A lo sumo, se convirtió en un asunto de interés mundial que propició el aplazamiento de la sentencia sólo unas horas, y la exhortación al perdón por parte de diplomáticos mexicanos y la Iglesia.
En aquella ocasión, el cuerpo de Ramón Montoya fue trasladado a Reynosa, Tamaulipas, para descansar al lado de amistades y familiares.
En 1972, el Tribunal Superior de Estados Unidos abolió la pena capital por considerarla un “castigo cruel”, pero luego de cuatro años, en 1976, emitió otra sentencia histórica en la que dejaba a cada estado el poder de decidir qué castigo máximo quería para sus presos.
Texas se apresuró a reimplantar la pena capital y, en lugar de la silla eléctrica, inauguró la práctica de la inyección letal. Ésta la componen tres sustancias químicas: un sedante basado en tiopental sódico; una solución de bromuro pancuronio, que relaja los músculos y colapsa el diafragma y los pulmones, y una dosis de cloruro de potasio, que paraliza al corazón.
Los gobernantes texanos mantienen en su historial la mayor marca de ejecutados con 376 en 30 años, siendo George W. Bush, actual presidente de Estados Unidos, uno de los más activos al firmar la muerte de 127 presos.
Opositores a la pena de muerte sostienen que el condenado sufre, ya que su deceso muchas veces se prolonga y los sedantes no funcionan, se asfixia al grado que la lengua se le enrolla. En Estados Unidos, 36 entidades de las 50 practican la pena de muerte.
Entre los métodos existentes están la inyección letal, la horca, el paredón, la cámara de gases y la silla eléctrica.
Fue en Huntsville, donde un condenado de color resistió en más de dos ocasiones los kilovoltios de la Vieja Chipriante y el gobernador texano le perdonó la vida. La inyección letal, conocida como “el más humano de los métodos”, es utilizada en 16 estados, seguida por el uso de electricidad en 14, de la horca en seis y el fusilamiento por pelotón en dos.
Ramón, otro caso mexicano
La sentencia de muerte del mexicano Ramón Montoya Facundo se cumplió el 25 de marzo de 1993.
Aquella fue la primera ejecución legal en Texas a un connacional, después de que las leyes internacionales intercedieran durante 50 años para evitar este tipo de decesos.
Acusado por matar a un oficial en Dallas, la medianoche de su muerte estuvo ubicado en el ala izquierda de la prisión The Walls. Falleció siete minutos después de aplicada la dosis mortal. Testigos en el lugar indicaron que sus últimas palabras se las dirigió a su padre. “Que Dios me ayude, estoy preparado”, le dijo. Su padre, desde el otro lado del cristal, respondió: “Que Dios te bendiga a ti hijo”.
Sólo una hora y 39 minutos antes de la ejecución, la Suprema Corte de Justicia estadounidense había rechazado la apelación interpuesta por el abogado del mexicano, quien intentó hasta el último minuto la revocación del castigo.
Afuera del penal, organismos civiles en pro de los derechos humanos se manifestaron sin resultados definitivos, como lo hicieron desde 1983, cuando fue sentenciado. A lo sumo, se convirtió en un asunto de interés mundial que propició el aplazamiento de la sentencia sólo unas horas, y la exhortación al perdón por parte de diplomáticos mexicanos y la Iglesia.
En aquella ocasión, el cuerpo de Ramón Montoya fue trasladado a Reynosa, Tamaulipas, para descansar al lado de amistades y familiares.