Internacional
Hoy entra en vigor la ley que originó la insurrección
El plazo para reconsiderar la eliminación de prestaciones a policías y militares concluye sin una respuesta gubernamental
QUITO, ECUADOR (04/OCT/2010).- La ley que suspende beneficios a policías y militares y que fue la que provocó la sublevación de policías y militares el jueves pasado entra hoy en vigor.
La ministra coordinadora de la Política, Doris Solís, planteó la legislación como alternativa luego de que el bloque oficialista, que controla el Legislativo, aprobó sólo en forma parcial una ley para recortar la burocracia.
Correa, en el poder desde 2007, se enfadó con su bancada por no aprobar un artículo que le permitía negociar retiros, aunque sí el que eliminó bonificaciones por ascensos, años de servicio, condecoraciones, aniversarios y regalos navideños para policías y militares, por lo que los uniformados de ambas instituciones se sublevaron en un hecho que dejó 10 muertos y 274 heridos.
El plazo para que se restituyeran los beneficios para militares y policías venció ayer a la medianoche y no se convocará a una sesión para reconsiderarlos, señaló la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas.
“No he convocado a ninguna reunión este fin de semana”, indicó la congresista, por lo que la ley entrará en vigencia sin cambio alguno.
La presidencia de Ecuador informó en un programa de televisión que el auto blindado donde fue rescatado el presidente Rafael Correa presentó 17 disparos de armas de fuego.
Correa había acudido al Regimiento Quito donde cientos de policías de tropa protestaban por la ley de servicio público para intentar explicarles los beneficios de la misma pero los ánimos se exacerbaron e incluso hubo ataques hacia el gobernante.
El mandatario fue rescatado por grupos élite del Ejército y la Policía que se mantuvieron leales.
Por esos hechos, la Justicia inició un proceso contra tres coroneles de la Policía, quienes se encuentran en libertad condicional.
Hasta ayer la presencia policial en las calles de Quito seguía siendo parcial y hoy quedaría normalizada, de acuerdo con el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal.
El funcionario explicó que esa merma se debe, en parte, a “cambios administrativos y de comandantes de grupos” por la insurrección, a raíz de la cual el canciller Ricardo Patiño llamó a los simpatizantes del Gobierno a organizarse aduciendo que la amenaza de golpe sigue latente.
Policías, bien pagados
La presidenta de la Asamblea, Irina Cabezas informó que los recortes que se anunciaron para funcionarios públicos y que molestaron a policías y militares se verán compensados por el aumento salarial de 80% que han recibido los policías durante los casi cuatro años del Gobierno de Correa y disposiciones de la ley que prevén “compensar los atributos y méritos que sigue teniendo la fuerza pública”. Un policía raso en Ecuador gana 792 dólares, por encima del salario mínimo de 240 dólares.
ANÁLISIS
Una novela de Agatha Christie
Orestes E. Díaz Rodríguez
Dentro y fuera de Ecuador se discute ¿qué pasó el 30 de septiembre en Quito? ¿Fue una intentona golpista, una revuelta gremial o un autogolpe mediático del Ejecutivo?
El problema es que, como en las novelas de Agatha Christie, cada parte involucrada está ocultando detalles de su relación con el “crimen”.
La Policía y los adversarios del presidente quieren pasar por alto que cuando una fuerza pública toma el aeropuerto, el Congreso y retiene forzosamente al Ejecutivo en un país con una inestabilidad institucional crónica, lo que está gestando es un golpe. En 2005 se necesitó mucho menos para que una revuelta de la población creciera activando los resortes indispensables para un recambio extemporáneo.
El presidente Rafael Correa, por su parte, ha querido ocultar que su actuación errática fue el catalizador de la situación en su contra. Últimamente ha crispado la sociedad emitiendo leyes que, si bien cuentan con apoyo parlamentario mayoritario, han sido discutidas insuficientemente con los actores sociales que se verán afectados.
Subestimó el nivel de descontento en las fuerzas policiales tomando la decisión errónea de acudir al epicentro de la turbulencia. No previó que al encontrar una actitud hostil se dispararía su temperamento descontrolado exacerbando los ánimos subversivos y poniendo en peligro la institucionalidad.
No son los únicos actores que tienen algo que esconder. Buena parte de la prensa nacional e internacional baja el perfil de la intentona, inclina la balanza hacia los desaciertos de la actuación presidencial. Lo que oculta es su malestar con la Administración de Correa que aprobó una durísima ley de medios y además monopolizó la transmisión en vivo de los sucesos impidiendo otras coberturas no oficiales.
¿Qué pasó entonces el 30 de septiembre? Se conjugaron armónicamente una errática conducción Ejecutiva y el descontento de un poderoso gremio armado de alcance nacional activando resortes fácticos y lastres históricos poderosos que pudieron llevar a un quiebre del orden constitucional.
El Gobierno de Correa “colaboró” de forma irresponsable en la gestación de la situación adversa. Mientras la sublevación policial difícilmente puede limitarse a un simple acto de descontento gremial. Al intentar descabezar al Gobierno, impedir las funciones del Congreso, paralizar la infraestructura y favorecer el caos indujo a los poderes fácticos a adueñarse del panorama nacional o en su defecto de la versión dominante sobre lo ocurrido.
Orestes E. Díaz Rodríguez, maestro de la UdeG.
La ministra coordinadora de la Política, Doris Solís, planteó la legislación como alternativa luego de que el bloque oficialista, que controla el Legislativo, aprobó sólo en forma parcial una ley para recortar la burocracia.
Correa, en el poder desde 2007, se enfadó con su bancada por no aprobar un artículo que le permitía negociar retiros, aunque sí el que eliminó bonificaciones por ascensos, años de servicio, condecoraciones, aniversarios y regalos navideños para policías y militares, por lo que los uniformados de ambas instituciones se sublevaron en un hecho que dejó 10 muertos y 274 heridos.
El plazo para que se restituyeran los beneficios para militares y policías venció ayer a la medianoche y no se convocará a una sesión para reconsiderarlos, señaló la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas.
“No he convocado a ninguna reunión este fin de semana”, indicó la congresista, por lo que la ley entrará en vigencia sin cambio alguno.
La presidencia de Ecuador informó en un programa de televisión que el auto blindado donde fue rescatado el presidente Rafael Correa presentó 17 disparos de armas de fuego.
Correa había acudido al Regimiento Quito donde cientos de policías de tropa protestaban por la ley de servicio público para intentar explicarles los beneficios de la misma pero los ánimos se exacerbaron e incluso hubo ataques hacia el gobernante.
El mandatario fue rescatado por grupos élite del Ejército y la Policía que se mantuvieron leales.
Por esos hechos, la Justicia inició un proceso contra tres coroneles de la Policía, quienes se encuentran en libertad condicional.
Hasta ayer la presencia policial en las calles de Quito seguía siendo parcial y hoy quedaría normalizada, de acuerdo con el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal.
El funcionario explicó que esa merma se debe, en parte, a “cambios administrativos y de comandantes de grupos” por la insurrección, a raíz de la cual el canciller Ricardo Patiño llamó a los simpatizantes del Gobierno a organizarse aduciendo que la amenaza de golpe sigue latente.
Policías, bien pagados
La presidenta de la Asamblea, Irina Cabezas informó que los recortes que se anunciaron para funcionarios públicos y que molestaron a policías y militares se verán compensados por el aumento salarial de 80% que han recibido los policías durante los casi cuatro años del Gobierno de Correa y disposiciones de la ley que prevén “compensar los atributos y méritos que sigue teniendo la fuerza pública”. Un policía raso en Ecuador gana 792 dólares, por encima del salario mínimo de 240 dólares.
ANÁLISIS
Una novela de Agatha Christie
Orestes E. Díaz Rodríguez
Dentro y fuera de Ecuador se discute ¿qué pasó el 30 de septiembre en Quito? ¿Fue una intentona golpista, una revuelta gremial o un autogolpe mediático del Ejecutivo?
El problema es que, como en las novelas de Agatha Christie, cada parte involucrada está ocultando detalles de su relación con el “crimen”.
La Policía y los adversarios del presidente quieren pasar por alto que cuando una fuerza pública toma el aeropuerto, el Congreso y retiene forzosamente al Ejecutivo en un país con una inestabilidad institucional crónica, lo que está gestando es un golpe. En 2005 se necesitó mucho menos para que una revuelta de la población creciera activando los resortes indispensables para un recambio extemporáneo.
El presidente Rafael Correa, por su parte, ha querido ocultar que su actuación errática fue el catalizador de la situación en su contra. Últimamente ha crispado la sociedad emitiendo leyes que, si bien cuentan con apoyo parlamentario mayoritario, han sido discutidas insuficientemente con los actores sociales que se verán afectados.
Subestimó el nivel de descontento en las fuerzas policiales tomando la decisión errónea de acudir al epicentro de la turbulencia. No previó que al encontrar una actitud hostil se dispararía su temperamento descontrolado exacerbando los ánimos subversivos y poniendo en peligro la institucionalidad.
No son los únicos actores que tienen algo que esconder. Buena parte de la prensa nacional e internacional baja el perfil de la intentona, inclina la balanza hacia los desaciertos de la actuación presidencial. Lo que oculta es su malestar con la Administración de Correa que aprobó una durísima ley de medios y además monopolizó la transmisión en vivo de los sucesos impidiendo otras coberturas no oficiales.
¿Qué pasó entonces el 30 de septiembre? Se conjugaron armónicamente una errática conducción Ejecutiva y el descontento de un poderoso gremio armado de alcance nacional activando resortes fácticos y lastres históricos poderosos que pudieron llevar a un quiebre del orden constitucional.
El Gobierno de Correa “colaboró” de forma irresponsable en la gestación de la situación adversa. Mientras la sublevación policial difícilmente puede limitarse a un simple acto de descontento gremial. Al intentar descabezar al Gobierno, impedir las funciones del Congreso, paralizar la infraestructura y favorecer el caos indujo a los poderes fácticos a adueñarse del panorama nacional o en su defecto de la versión dominante sobre lo ocurrido.
Orestes E. Díaz Rodríguez, maestro de la UdeG.