Internacional
Fiscal de hierro toma caso que involucra a Berlusconi
El primer ministro italiano se topa con una de las funcionarias judiciales más temidas del país
ROMA, ITALIA (17/ENE/2011).- Tras las publicaciones en medios italianos de que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi no se presentará a declarar ante los fiscales de Milán el próximo fin de semana, la noticia fue desmentida por sus abogados, en una actitud reticente del premier que no sorprendió a casi nadie en Italia.
Pero en Milán le espera la fiscal adjunta Ilda Boccassini (nacida en Nápoles, en 1949).
Boccassini es probablemente la fiscal más temida del país. Una investigadora implacable, conocida como la juez-policía y llamada por sus compañeros la “máquina de guerra”, que ha sido además una vieja y recurrente pesadilla para Berlusconi, quien parece arriesgar esta vez el proceso más comprometido y difícil de su larga y azarosa historia judicial.
El primer ministro intentó recuperar parte del crédito perdido y dijo en televisión: “Es una persecución. Nunca he pagado por mujeres y desde que me he separado tengo otra relación estable”.
Ilda Boccassini tenía sólo 30 años cuando entró en el prestigioso grupo de acusadores públicos de Milán y puso en marcha el caso Duomo Connection, que analizaba la infiltración mafiosa en las empresas del Norte italiano, lo que le granjeó el odio inmediato de empresarios como Berlusconi (sospechoso desde los años 70 de haber utilizado fondos sicilianos para construir el barrio Milano II) y de paso convirtió a la joven fiscal en colaboradora y amiga íntima del juez antimafia Giovanni Falcone.
Cuando Falcone fue asesinado por un coche-bomba de la mafia en 1992, la fiscal Boccassini fue trasladada a Caltanisetta (Sicilia) para buscar a los culpables de las muertes del juez y de su sustituto, Paolo Borsellino; en unos meses logró echar la red al capo corleonés Toto Riina, que hoy sigue cumpliendo cadena perpetua, y a otros 40 responsables de aquellos atentados que conmovieron al mundo.
Il Cavaliere se salvó, como siempre, pero ahora, tras 30 años de carrera, se diría que Boccassini halló finalmente el caso justo para llegar directamente hasta el potentado milanés. A la espera de conocer en detalle la estrategia de sus defensores, que niegan la comisión de ambos delitos e intentarán alegar que la fiscalía milanesa no es competente porque los presuntos crímenes se consumaron en Arcore, más cerca de Monza que de Milán, resulta evidente que el primer ministro se siente más acorralado que nunca. Aunque ha dicho que no ve la hora de acudir a los tribunales para defenderse.
Berlusconi sabe que esta vez no sólo arriesga una condena en un plazo breve y que la cárcel no es una perspectiva imposible, ya que según una ley aprobada por él mismo, los clientes de las prostitutas menores de edad no tienen derecho a negociar penas de prisión.
EL PROCESO
Acusaciones oficiales
El equipo acusó oficialmente al primer ministro de inducción a la prostitución de menores y concusión, es decir, abuso de poder en el ejercicio del cargo. Ambos delitos pueden suponer unas penas máximas de hasta 15 años de cárcel.
La citación informaba al político de que va a procesarle por el rito inmediato, lo que implica que existen ya las evidencias suficientes como para no alargar la investigación preliminar y comenzar, en menos de tres meses, el juicio oral.
Entre las pruebas, el auto de acusación hace referencia a videos, fotos, llamadas telefónicas grabadas y testimonios directos que prefiguran, a juicio de la Fiscalía, la culpabilidad del primer ministro.
Pero en Milán le espera la fiscal adjunta Ilda Boccassini (nacida en Nápoles, en 1949).
Boccassini es probablemente la fiscal más temida del país. Una investigadora implacable, conocida como la juez-policía y llamada por sus compañeros la “máquina de guerra”, que ha sido además una vieja y recurrente pesadilla para Berlusconi, quien parece arriesgar esta vez el proceso más comprometido y difícil de su larga y azarosa historia judicial.
El primer ministro intentó recuperar parte del crédito perdido y dijo en televisión: “Es una persecución. Nunca he pagado por mujeres y desde que me he separado tengo otra relación estable”.
Ilda Boccassini tenía sólo 30 años cuando entró en el prestigioso grupo de acusadores públicos de Milán y puso en marcha el caso Duomo Connection, que analizaba la infiltración mafiosa en las empresas del Norte italiano, lo que le granjeó el odio inmediato de empresarios como Berlusconi (sospechoso desde los años 70 de haber utilizado fondos sicilianos para construir el barrio Milano II) y de paso convirtió a la joven fiscal en colaboradora y amiga íntima del juez antimafia Giovanni Falcone.
Cuando Falcone fue asesinado por un coche-bomba de la mafia en 1992, la fiscal Boccassini fue trasladada a Caltanisetta (Sicilia) para buscar a los culpables de las muertes del juez y de su sustituto, Paolo Borsellino; en unos meses logró echar la red al capo corleonés Toto Riina, que hoy sigue cumpliendo cadena perpetua, y a otros 40 responsables de aquellos atentados que conmovieron al mundo.
Il Cavaliere se salvó, como siempre, pero ahora, tras 30 años de carrera, se diría que Boccassini halló finalmente el caso justo para llegar directamente hasta el potentado milanés. A la espera de conocer en detalle la estrategia de sus defensores, que niegan la comisión de ambos delitos e intentarán alegar que la fiscalía milanesa no es competente porque los presuntos crímenes se consumaron en Arcore, más cerca de Monza que de Milán, resulta evidente que el primer ministro se siente más acorralado que nunca. Aunque ha dicho que no ve la hora de acudir a los tribunales para defenderse.
Berlusconi sabe que esta vez no sólo arriesga una condena en un plazo breve y que la cárcel no es una perspectiva imposible, ya que según una ley aprobada por él mismo, los clientes de las prostitutas menores de edad no tienen derecho a negociar penas de prisión.
EL PROCESO
Acusaciones oficiales
El equipo acusó oficialmente al primer ministro de inducción a la prostitución de menores y concusión, es decir, abuso de poder en el ejercicio del cargo. Ambos delitos pueden suponer unas penas máximas de hasta 15 años de cárcel.
La citación informaba al político de que va a procesarle por el rito inmediato, lo que implica que existen ya las evidencias suficientes como para no alargar la investigación preliminar y comenzar, en menos de tres meses, el juicio oral.
Entre las pruebas, el auto de acusación hace referencia a videos, fotos, llamadas telefónicas grabadas y testimonios directos que prefiguran, a juicio de la Fiscalía, la culpabilidad del primer ministro.