Internacional
Fernando de la Rúa, al banquillo de los acusados por corrupción
El ex mandatario responde por su presunta responsabilidad en la “compra” senadores para aprobar una reforma laboral que exigía el FMI
BUENOS AIRES, ARGENTINA (15/AGO/2012).- El ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) comenzó a ser juzgado junto a otras seis personas acusadas de sobornos para que el Senado aprobara en 2000 una reforma laboral exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De la Rúa, de 74 años, quien lucía tranquilo en el inicio de la primera jornada del juicio oral, está acusado del delito de “cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos”, que prevé penas de hasta 10 años de prisión.
La causa ventila el escándalo por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que votaran a favor de la norma que eliminaba derechos laborales y que fue exigida por el FMI como condición para mantener el apoyo financiero al gobierno de De la Rúa.
“Es el hecho de corrupción institucional más grave desde el regreso a la democracia” en 1983, dijo ayer al llegar a los Tribunales, Mario Pontaquarto, el entonces secretario administrativo del Senado, quien confesó haber entregado los sobornos a los legisladores de oposición, que votaron a favor de la llamada ley de flexibilización laboral.
Actualmente fuera de la política, De la Rúa, que estaba enrolado en el ala conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR, ahora oposición), escuchó durante más de dos horas la lectura de la acusación sentado en primera fila en la sala de audiencias.
Detrás de él se ubicaron los otros inculpados: el ex jefe de inteligencia, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo, Mario Flamarique; además de cuatro ex senadores, todos ellos acusados del delito de cohecho.
El denunciante, Pontaquarto, de igual filiación política que De la Rúa, anticipó que durante el juicio ratificará su versión de lo ocurrido y pidió ser condenado por el tribunal.
“Si no hay condena para mí, que me autoincriminé, no hay condena para nadie”.
De la Rúa ha negado las acusaciones e incluso publicó en 2005 el libro Operación política-La causa del Senado con el fin de desmentir la denuncia de Pontaquarto.
“Todo esto es un invento, Pontaquarto miente. Creo que esto no existió y por eso esperamos poder demostrar la inocencia” de De la Rúa, dijo su defensor Jorge Kirszenbaum, en declaraciones ayer a la porteña radio Jai.
Entre los casi 400 testigos figuran la presidenta Cristina Kirchner, entonces senadora que votó contra la ley de flexibilización laboral, y quien ya anunció que declarará por escrito, así como los ex mandatarios Adolfo Rodríguez Saá (última semana de 2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003), miembros de la bancada peronista, en aquel momento en la oposición.
Otro testigo será el titular de la central obrera CGT, Hugo Moyano, quien había denunciado que el exministro Flamarique le comentó que “para los senadores tengo la Banelco” (una tarjeta de débito), para vencer la resistencia que había en el Senado para la votación de la ley exigida por el FMI.
Se estima que el juicio que se celebra en los tribunales de Buenos Aires tendrá una extensión de entre seis y ocho meses.
Telón de fondo
Escándalo derriba al Gobierno de coalición
Una vez que la prensa sacó a la luz las sospechas de los sobornos a los senadores en octubre de 2000, renunció el entonces vicepresidente de Argentina, Carlos “Chacho” Álvarez, del Frente País Solidario (Frepaso), que junto con la Unión Cívica Radical (UCR) conformaban la Alianza de gobierno. Álvarez, que además presidía el Senado, argumentó que no podía seguir perteneciendo a una administración salpicado por ese escándalo. A partir de entonces saltó por los aires la prima de riesgo de la deuda, que finalmente Argentina dejaría de pagar en diciembre de 2001, el mismo mes en que cayó el gobierno de De la Rúa. La dimisión de Álvarez fue percibida por los mercados como prueba evidente de la debilidad de la Alianza y por los ciudadanos, como el fin de la ilusión que esa coalición había engendrado tras una década de un Gobierno ensuciado por diversos casos de corrupción como el del peronista Carlos Menem (1989-1999).
En 2003, tres años después de conocido el escándalo, el ex secretario administrativo del Senado, Mario Pontaquarto, confesó su participación en los sobornos y declaró que había presenciado una reunión en marzo de 2000 en la que el jefe del grupo radical de senadores, José Genoud, le dijo a De la Rúa que había que ofrecerles “otras cosas” a los peronistas para convencerlos de aprobar la reforma laboral.
La llamada flexibilización de los derechos de los trabajadores aprobada en el Senado, terminó siendo derogada por el Congreso en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
De la Rúa, de 74 años, quien lucía tranquilo en el inicio de la primera jornada del juicio oral, está acusado del delito de “cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos”, que prevé penas de hasta 10 años de prisión.
La causa ventila el escándalo por el pago de unos cinco millones de dólares a senadores para que votaran a favor de la norma que eliminaba derechos laborales y que fue exigida por el FMI como condición para mantener el apoyo financiero al gobierno de De la Rúa.
“Es el hecho de corrupción institucional más grave desde el regreso a la democracia” en 1983, dijo ayer al llegar a los Tribunales, Mario Pontaquarto, el entonces secretario administrativo del Senado, quien confesó haber entregado los sobornos a los legisladores de oposición, que votaron a favor de la llamada ley de flexibilización laboral.
Actualmente fuera de la política, De la Rúa, que estaba enrolado en el ala conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR, ahora oposición), escuchó durante más de dos horas la lectura de la acusación sentado en primera fila en la sala de audiencias.
Detrás de él se ubicaron los otros inculpados: el ex jefe de inteligencia, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo, Mario Flamarique; además de cuatro ex senadores, todos ellos acusados del delito de cohecho.
El denunciante, Pontaquarto, de igual filiación política que De la Rúa, anticipó que durante el juicio ratificará su versión de lo ocurrido y pidió ser condenado por el tribunal.
“Si no hay condena para mí, que me autoincriminé, no hay condena para nadie”.
De la Rúa ha negado las acusaciones e incluso publicó en 2005 el libro Operación política-La causa del Senado con el fin de desmentir la denuncia de Pontaquarto.
“Todo esto es un invento, Pontaquarto miente. Creo que esto no existió y por eso esperamos poder demostrar la inocencia” de De la Rúa, dijo su defensor Jorge Kirszenbaum, en declaraciones ayer a la porteña radio Jai.
Entre los casi 400 testigos figuran la presidenta Cristina Kirchner, entonces senadora que votó contra la ley de flexibilización laboral, y quien ya anunció que declarará por escrito, así como los ex mandatarios Adolfo Rodríguez Saá (última semana de 2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003), miembros de la bancada peronista, en aquel momento en la oposición.
Otro testigo será el titular de la central obrera CGT, Hugo Moyano, quien había denunciado que el exministro Flamarique le comentó que “para los senadores tengo la Banelco” (una tarjeta de débito), para vencer la resistencia que había en el Senado para la votación de la ley exigida por el FMI.
Se estima que el juicio que se celebra en los tribunales de Buenos Aires tendrá una extensión de entre seis y ocho meses.
Telón de fondo
Escándalo derriba al Gobierno de coalición
Una vez que la prensa sacó a la luz las sospechas de los sobornos a los senadores en octubre de 2000, renunció el entonces vicepresidente de Argentina, Carlos “Chacho” Álvarez, del Frente País Solidario (Frepaso), que junto con la Unión Cívica Radical (UCR) conformaban la Alianza de gobierno. Álvarez, que además presidía el Senado, argumentó que no podía seguir perteneciendo a una administración salpicado por ese escándalo. A partir de entonces saltó por los aires la prima de riesgo de la deuda, que finalmente Argentina dejaría de pagar en diciembre de 2001, el mismo mes en que cayó el gobierno de De la Rúa. La dimisión de Álvarez fue percibida por los mercados como prueba evidente de la debilidad de la Alianza y por los ciudadanos, como el fin de la ilusión que esa coalición había engendrado tras una década de un Gobierno ensuciado por diversos casos de corrupción como el del peronista Carlos Menem (1989-1999).
En 2003, tres años después de conocido el escándalo, el ex secretario administrativo del Senado, Mario Pontaquarto, confesó su participación en los sobornos y declaró que había presenciado una reunión en marzo de 2000 en la que el jefe del grupo radical de senadores, José Genoud, le dijo a De la Rúa que había que ofrecerles “otras cosas” a los peronistas para convencerlos de aprobar la reforma laboral.
La llamada flexibilización de los derechos de los trabajadores aprobada en el Senado, terminó siendo derogada por el Congreso en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).