Internacional
Estados Unidos paraliza ejecuciones por falta de anestésico
A falta de pentotal sódico, las cárceles intentan usar una solución aplicada a los animales; la Suprema Corte lo considera inconstitucional
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (11/ABR/2011).- Si la pena de muerte en Estados Unidos llega a tener un punto y final no será porque genere un debate social ni porque sea obvio que semejante castigo viola derechos humanos y es impropio de países civilizados. La máxima pena acabará muriendo en los tribunales, tras largas y costosas demandas y argumentaciones jurídicas cuyo precio pagan quienes esperan ser ejecutados durante años. El último capítulo de los homicidios legales en Estados Unidos tiene mucho que ver con un pequeño problema logístico, que afecta a la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe cualquier trato cruel o inhumano.
El último preso que ha escapado a la muerte lo ha hecho siguiendo toda la lógica anterior: sus abogados buscan un fallo de procedimiento en su juicio, por lo que han recurrido al Supremo de la nación -que paralizó el martes la ejecución- y a la vez al Supremo de Texas, que pretendía matar al reo con un anestésico que se utiliza para sacrificar animales, el pentobarbital.
Cleve Foster, 47 años, veterano de la Guerra del Golfo y asesino convicto de una mujer de 28 años, debía haber sido atado a una camilla el martes por la noche en el correccional de Huntsville, Texas y en sus venas se debería de haber inyectado cloruro de potasio -que le habría dejado sin respiración- y bromuro de pancuronio -que le habría parado el corazón-. Pero la anestesia para hacer indoloro el proceso -el pentotal sódico- estaba caducada e iban a dormirlo con el equivalente veterinario.
El pentotal sódico no se fabrica en EU desde finales del año pasado. Alemania y Reino Unido frenaron cualquier exportación si su uso final era para ejecuciones y las cárceles que tienen remanentes han descubierto que sus dosis están caducadas.
Algunos presos que tenían programadas sus ejecuciones han visto en los últimos meses cómo se paralizaban en el último momento al cuestionarse la legalidad del uso de un fármaco para animales. Lisa Graybill, abogada del grupo de defensa de derechos civiles ACLU, considera que de hecho se controla más y mejor, y que existe un protocolo para la eutanasia de los animales mayor que el que existe para acabar con la vida de las personas.
El informe de ACLU es demoledor. Asegura que las leyes de Texas -el Estado que más personas ha matado, 466, desde que la pena de muerte volvió a ser legal en Estados Unidos en 1976- protegen “a los lagartos para que no se les infrinja dolor con las agujas de las jeringuillas pero no a los seres humanos”. “Reclamamos que se use con las personas el mismo tipo de transparencia y de consejo legal que se usa con los animales que se sacrifican”, dice Graybill.
Por ejemplo, las leyes de Texas no exigen que los verdugos, quienes inyectan el cóctel letal de barbitúricos en las venas del condenado, tengan una preparación especial o hayan sido formados para ello, de hecho, los médicos suelen negarse a aplicar las drogas porque vulnera el juramento hipocrático.
“Sin duda alguna, la falta de pentotal sódico va a suponer muchos problemas para los Estados que todavía practican la pena capital”, asegura Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés), grupo con base en Washington cuyo objetivo es ese: informar. DPIC ofrece análisis sobre la máxima pena, tanto a los medios de comunicación como al público y, por ejemplo, expone que, al contrario de lo que mucha gente cree, ejecutar a un preso es muchísimo más caro que mantenerle toda su vida encerrado en una prisión.
Cabe destacar que Illinois dijo adiós a la práctica cruel de la pena de muerte hace unas semanas. La decisión fue tomada casi 11 años después de que el entonces gobernador republicano de Illinois George Ryan (1999-2003) declarara una moratoria en las ejecuciones, tras revelarse errores en las condenas de 13 personas.
Una investigación realizada por el Chicago Tribune señaló que hubo casos de reclusos que fueron representados en juicio por abogados que tenían el ejercicio profesional suspendido, o fueron convictos y condenados con el único testimonio de informantes.
En 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la pena de muerte en 40 estados, incluyendo Illinois.
Cinco años después, la pena capital fue reinstalada en este estado, donde se produjeron 12 ejecuciones antes de la declaración de moratoria de 2000.
El último ejecutado por inyección letal en Illinois fue el asesino en serie Andrew Kokoraleis, en 1999.
Pena de muerte, en más de la mitad de EU
Los 34 estados (de un total de 50) que tienen vigente la pena de muerte usan la inyección letal como procedimiento después de que el Supremo dictase en 2008 la inconstitucionalidad de la silla eléctrica por considerar el método “cruel e inhumano”.
Los estados con mayor cantidad de presos a la espera de la sentencia capital son California, con 697 reos; Florida, con 398, y Texas, con 337, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
El último preso que ha escapado a la muerte lo ha hecho siguiendo toda la lógica anterior: sus abogados buscan un fallo de procedimiento en su juicio, por lo que han recurrido al Supremo de la nación -que paralizó el martes la ejecución- y a la vez al Supremo de Texas, que pretendía matar al reo con un anestésico que se utiliza para sacrificar animales, el pentobarbital.
Cleve Foster, 47 años, veterano de la Guerra del Golfo y asesino convicto de una mujer de 28 años, debía haber sido atado a una camilla el martes por la noche en el correccional de Huntsville, Texas y en sus venas se debería de haber inyectado cloruro de potasio -que le habría dejado sin respiración- y bromuro de pancuronio -que le habría parado el corazón-. Pero la anestesia para hacer indoloro el proceso -el pentotal sódico- estaba caducada e iban a dormirlo con el equivalente veterinario.
El pentotal sódico no se fabrica en EU desde finales del año pasado. Alemania y Reino Unido frenaron cualquier exportación si su uso final era para ejecuciones y las cárceles que tienen remanentes han descubierto que sus dosis están caducadas.
Algunos presos que tenían programadas sus ejecuciones han visto en los últimos meses cómo se paralizaban en el último momento al cuestionarse la legalidad del uso de un fármaco para animales. Lisa Graybill, abogada del grupo de defensa de derechos civiles ACLU, considera que de hecho se controla más y mejor, y que existe un protocolo para la eutanasia de los animales mayor que el que existe para acabar con la vida de las personas.
El informe de ACLU es demoledor. Asegura que las leyes de Texas -el Estado que más personas ha matado, 466, desde que la pena de muerte volvió a ser legal en Estados Unidos en 1976- protegen “a los lagartos para que no se les infrinja dolor con las agujas de las jeringuillas pero no a los seres humanos”. “Reclamamos que se use con las personas el mismo tipo de transparencia y de consejo legal que se usa con los animales que se sacrifican”, dice Graybill.
Por ejemplo, las leyes de Texas no exigen que los verdugos, quienes inyectan el cóctel letal de barbitúricos en las venas del condenado, tengan una preparación especial o hayan sido formados para ello, de hecho, los médicos suelen negarse a aplicar las drogas porque vulnera el juramento hipocrático.
“Sin duda alguna, la falta de pentotal sódico va a suponer muchos problemas para los Estados que todavía practican la pena capital”, asegura Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés), grupo con base en Washington cuyo objetivo es ese: informar. DPIC ofrece análisis sobre la máxima pena, tanto a los medios de comunicación como al público y, por ejemplo, expone que, al contrario de lo que mucha gente cree, ejecutar a un preso es muchísimo más caro que mantenerle toda su vida encerrado en una prisión.
Cabe destacar que Illinois dijo adiós a la práctica cruel de la pena de muerte hace unas semanas. La decisión fue tomada casi 11 años después de que el entonces gobernador republicano de Illinois George Ryan (1999-2003) declarara una moratoria en las ejecuciones, tras revelarse errores en las condenas de 13 personas.
Una investigación realizada por el Chicago Tribune señaló que hubo casos de reclusos que fueron representados en juicio por abogados que tenían el ejercicio profesional suspendido, o fueron convictos y condenados con el único testimonio de informantes.
En 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la pena de muerte en 40 estados, incluyendo Illinois.
Cinco años después, la pena capital fue reinstalada en este estado, donde se produjeron 12 ejecuciones antes de la declaración de moratoria de 2000.
El último ejecutado por inyección letal en Illinois fue el asesino en serie Andrew Kokoraleis, en 1999.
Pena de muerte, en más de la mitad de EU
Los 34 estados (de un total de 50) que tienen vigente la pena de muerte usan la inyección letal como procedimiento después de que el Supremo dictase en 2008 la inconstitucionalidad de la silla eléctrica por considerar el método “cruel e inhumano”.
Los estados con mayor cantidad de presos a la espera de la sentencia capital son California, con 697 reos; Florida, con 398, y Texas, con 337, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.