Internacional

Chávez expulsa a “Human Rights Watch“

“Habiendo conocido y evaluado las declaraciones públicas hechas por el ciudadano José Miguel Vivanco, habiendo establecido que con ellas este ciudadano... ha violentando la Constitución y las Leyes de la República... agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana” –Gobierno Venezolano–

CARACAS, VENEZUELA.- El gobierno del presidente Hugo Chávez expulsó el viernes al director para América de Human Rights Watch (HRW), horas después que esa organización no gubernamental presentó en Caracas un informe que afirma que Venezuela ha retrocedido en la protección a los derechos humanos y sus instituciones evidencian un debilitamiento propiciado por el gobernante.

José Miguel Vivanco, director de HRW, una organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York, junto al subdirector del grupo activista Daniel Wilkinson, deben abandonar de manera inmediata al país ``dado que ha cometido graves violaciones'' en su condición de ``turista en nuestro país'', dijo el canciller venezolana Nicolás Maduro en una entrevista telefónica difundida por la televisión estatal.

En un comunicado divulgado paralelamente, el gobierno venezolano afirmó que “habiendo conocido y evaluado las declaraciones públicas hechas por el ciudadano José Miguel Vivanco, habiendo establecido que con ellas este ciudadano... ha violentando la Constitución y las Leyes de la República... agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país y con base en los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, ha decidido expulsar del territorio venezolano'' junto a Wilkinson.

El comunicado fue suscrito por el canciller y el ministro de Interior Tarek El Aissami.

Horas antes de su expulsión Vivanco, en nombre de Human Rights Watch, afirmó que Venezuela ha retrocedido en la protección a los derechos humanos y sus instituciones evidencian un debilitamiento propiciado por Chávez, quien desperdició la oportunidad de apuntalar la legalidad del país al iniciar su gobierno en 1999.

El director de HRW, citando un informe que evaluó el estado de los derechos humanos en los casi 10 años de mandato del líder izquierdista venezolano, señaló que “en sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos”.

Vivanco explicó que el informe examina el estado actual de la democracia venezolana desde una perspectiva de los derechos humanos, pero no se refiere a todos los problemas de derechos humanos que enfrenta el país, muchos de los cuales son anteriores al actual gobierno.

Al iniciar su mandato en 1999, Chávez se propuso transformar el desacreditado sistema político venezolano. Su primer logro fue la promulgación de una nueva constitución a finales de ese año que ofreció la ``oportunidad extraordinaria'' de apuntalar la legalidad y reforzar la protección de los derechos humanos.

Pero esa “oportunidad histórica ya ha sido desperdiciada en gran medida”, acotó el escrito de HWR.

El retroceso en materia de derechos humanos se remarcó luego del fallido golpe de estado del 2002, añadió.

“Aunque este descarrilamiento de la democracia venezolana duró menos de dos días”, la asonada ofreció al mandatario “un pretexto para una amplia gama de políticas gubernamentales que han socavado la protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de 1999”, destacó el informe.

“La discriminación por motivos políticos ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. A veces el propio presidente ha respaldado abiertamente los actos de discriminación”, señaló el escrito.

La discriminación se observa en acciones como el “despido de opositores políticos en algunas instituciones estatales... (incluir) sus nombres en listas negras; negado a algunos ciudadanos el acceso a programas sociales; y discriminado contra los medios de comunicación, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil en respuesta a sus criticas o a su actividad política”, explicó el documento.

HRW también señaló como “otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido un abierto desprecio por el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución”.

El informe del organismo humanitario que mencionó que desde 2004 el Tribunal Supremo ha sido integrado por magistrados vinculados al oficialismo.

“En ausencia de una supervisión judicial creíble, el gobierno de Chávez ha llevado a cabo a menudo políticas discriminatorias que han socavado la libertad de expresión de periodistas, la libertad de asociación de los trabajadores, y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela”, denunció el grupo activista.

Venezuela condenó el informe de HRW y acusó a los activistas de responder a los intereses de Estados Unidos.

“Es política del Estado venezolano... hacer respetar la soberanía nacional y garantizar a las instituciones y al pueblo su defensa frente a agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los Derechos Humanos, despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo”, añadió el escrito del gobierno venezolano.

Chávez ha mantenido durante los nueve años de gobierno que lleva tirantes relaciones con Washington y también ha denunciado varios planes de magnicidio y complots para derrocarlo promovidos supuestamente por Estados Unidos, que rechaza esas versiones.

Las conclusiones del libro se basan en las investigaciones que HRW realizó en Venezuela entre diciembre de 2006 y julio de 2008 y visitas anteriores que se remontan a 2002.

HRW manifestó que los venezolanos “no pueden participar plenamente y en pie de igualdad en su política”, puesto que “sus derechos a la libertad de expresión y asociación están en peligro”.

“Por encima de todo, se requiere un sistema judicial que sea independiente, competente y creíble. También es fundamental que las instituciones que no son del Estado --tales como los medios de comunicación, sindicatos y la sociedad civil-- estén exentos de represalias del gobierno y la discriminación política”, manifestó.

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