Internacional
CIDH pide a Gobierno de Colombia investigue amenazas de muerte
La Comisión advierte que ha llegado la hora de exterminar y aniquilar a personas que se hacen pasar por defensoras de los derechos humanos
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (08/MAR/2011).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno de Colombia a que investigue las amenazas de muerte contra organizaciones de defensa de los derechos humanos hechas por el grupo ilegal "Águilas Negras".
El organismo informó en un comunicado que docenas de organizaciones que trabajan en Colombia han recibido por escrito amenazas de muerte firmadas por el "Bloque Central de las Águilas Negras".
El texto advertía que "llegó la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos".
La CIDH recordó que solicitó protección anteriormente para algunas de las personas y organizaciones amenazadas como la Liga de Mujeres Desplazadas, Movice, Sinaltrainal, Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Codhes y Corporación Jurídica Yira Castro, a Hollman Morris y a Claudia Julieta Duque.
El organismo urgió al Gobierno colombiano a investigar las amenazas y sancionar judicialmente a sus responsables materiales e intelectuales.
También pidió que se adopten inmediatamente todas las medidas necesarias para "garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos en el país".
La Comisión señaló que el número de asesinatos de trabajadores sociales en la región muestra que "los estados deben tomar una denuncia de amenaza contra un defensor de manera seria y actuar en forma inmediata y eficaz".
En este sentido subrayó que en muchos casos los fallecidos antes de ser asesinados recibieron amenazas que "fueron debidamente denunciadas a las autoridades e ignoradas por éstas".
La CIDH destacó que la labor de estos trabajadores "es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel fundamental en el proceso para el logro pleno del Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia".
El organismo consideró que uno de los primeros pasos para protegerlos eficazmente es legitimar públicamente su trabajo y tomar medidas desde el momento en que la autoridad pública toma conocimiento de que fue víctima de amenazas en razón de su trabajo.
"Los actos de violencia y otros ataques en su contra afectan el rol fundamental que tienen en la sociedad y sumen en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan", denunció el organismo.
El organismo informó en un comunicado que docenas de organizaciones que trabajan en Colombia han recibido por escrito amenazas de muerte firmadas por el "Bloque Central de las Águilas Negras".
El texto advertía que "llegó la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos".
La CIDH recordó que solicitó protección anteriormente para algunas de las personas y organizaciones amenazadas como la Liga de Mujeres Desplazadas, Movice, Sinaltrainal, Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), Codhes y Corporación Jurídica Yira Castro, a Hollman Morris y a Claudia Julieta Duque.
El organismo urgió al Gobierno colombiano a investigar las amenazas y sancionar judicialmente a sus responsables materiales e intelectuales.
También pidió que se adopten inmediatamente todas las medidas necesarias para "garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos en el país".
La Comisión señaló que el número de asesinatos de trabajadores sociales en la región muestra que "los estados deben tomar una denuncia de amenaza contra un defensor de manera seria y actuar en forma inmediata y eficaz".
En este sentido subrayó que en muchos casos los fallecidos antes de ser asesinados recibieron amenazas que "fueron debidamente denunciadas a las autoridades e ignoradas por éstas".
La CIDH destacó que la labor de estos trabajadores "es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel fundamental en el proceso para el logro pleno del Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia".
El organismo consideró que uno de los primeros pasos para protegerlos eficazmente es legitimar públicamente su trabajo y tomar medidas desde el momento en que la autoridad pública toma conocimiento de que fue víctima de amenazas en razón de su trabajo.
"Los actos de violencia y otros ataques en su contra afectan el rol fundamental que tienen en la sociedad y sumen en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan", denunció el organismo.