Internacional
Arizona apelará bloqueo parcial a ley migratoria
La gobernadora Jan Brewer califica la decisión de una jueza como 'un pequeño sobresalto en camino'
PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (28/JUL/2010).- La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, calificó hoy la decisión de un tribunal federal de bloquear partes de la ley de inmigración de ese estado como sólo "un pequeño sobresalto en el camino", por lo que apelará el fallo.
En sus primeras declaraciones después de que la jueza Susan Bolton ordenara el bloqueo de las partes más polémicas de la ley en tanto los tribunales federales se pronuncian sobre su contenido, la gobernadora republicana recordó que el proceso jurídico "no ha hecho más que empezar".
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB 1070, afronta siete demandas, entre ellas una del propio Departamento de Justicia, que alega, entre otras cosas, que los estados no deben usurpar las atribuciones federales para dictar la política migratoria.
"Sabíamos, con independencia de lo que se decidiera, que una parte o la otra apelarían", afirmó Brewer, quien insistió en que "lo importante es que se siga escuchando nuestra opinión".
La gobernadora, que promulgó la medida el pasado 23 de abril, opinó que con la decisión de hoy de Bolton, el Gobierno "obtiene la venia de los tribunales para no cumplir su trabajo".
"Los funcionarios federales tienen que dar un paso adelante y hacer su trabajo" en la lucha contra la inmigración ilegal, sostuvo.
La medida entrará en vigor mañana, como está previsto, pero tras el dictamen de la jueza no se aplicarán las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar consigo siempre la documentación que demuestre que se encuentran de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
Los críticos de la ley alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460 mil inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos. En todo Estados Unidos se considera que residen 12 millones de indocumentados.
Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB 1070. Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes cifraba en el 60% el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley.
Seguirán redadas
El sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, afirmó hoy que su oficina continuará las redadas contra los indocumentados, pese al dictamen de la jueza.
"La jueza emitió su dictamen pero no va a afectar nuestras operaciones... nada ha cambiado en nuestra lucha contra la inmigración ilegal", dijo Arpaio durante una concurrida rueda de prensa en su oficina en Phoenix, capital del estado de Arizona.
"Nada cambiará... si la persona está acá de forma ilegal, la entregaremos a las autoridades de Inmigración y Aduanas", enfatizó Arpaio, que ya había ordenado la ampliación de la cárcel Tent City donde se alojan los detenidos a temperaturas que llegan hasta 140 grados Farenheit (60 Celsius) en la zona desértica.
Para el jueves se mantienen en pie las protestas, vigilias y actos de desobediencia civil programadas en Phoenix y, según Arpaio, eso "será una buena prueba" de la eficacia del dictamen.
"Será sorprendente si (los indocumentados) acuden con semejante publicidad, dijo.
Arpaio indicó que mañana sus agentes llevarán a cabo la 17 operación para la "supresión del crimen" desde marzo de 2008, sin importar el dictamen de la jueza Bolton.
En sus primeras declaraciones después de que la jueza Susan Bolton ordenara el bloqueo de las partes más polémicas de la ley en tanto los tribunales federales se pronuncian sobre su contenido, la gobernadora republicana recordó que el proceso jurídico "no ha hecho más que empezar".
La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB 1070, afronta siete demandas, entre ellas una del propio Departamento de Justicia, que alega, entre otras cosas, que los estados no deben usurpar las atribuciones federales para dictar la política migratoria.
"Sabíamos, con independencia de lo que se decidiera, que una parte o la otra apelarían", afirmó Brewer, quien insistió en que "lo importante es que se siga escuchando nuestra opinión".
La gobernadora, que promulgó la medida el pasado 23 de abril, opinó que con la decisión de hoy de Bolton, el Gobierno "obtiene la venia de los tribunales para no cumplir su trabajo".
"Los funcionarios federales tienen que dar un paso adelante y hacer su trabajo" en la lucha contra la inmigración ilegal, sostuvo.
La medida entrará en vigor mañana, como está previsto, pero tras el dictamen de la jueza no se aplicarán las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar consigo siempre la documentación que demuestre que se encuentran de manera legal en el país.
Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
Los críticos de la ley alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460 mil inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos. En todo Estados Unidos se considera que residen 12 millones de indocumentados.
Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB 1070. Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes cifraba en el 60% el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley.
Seguirán redadas
El sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, afirmó hoy que su oficina continuará las redadas contra los indocumentados, pese al dictamen de la jueza.
"La jueza emitió su dictamen pero no va a afectar nuestras operaciones... nada ha cambiado en nuestra lucha contra la inmigración ilegal", dijo Arpaio durante una concurrida rueda de prensa en su oficina en Phoenix, capital del estado de Arizona.
"Nada cambiará... si la persona está acá de forma ilegal, la entregaremos a las autoridades de Inmigración y Aduanas", enfatizó Arpaio, que ya había ordenado la ampliación de la cárcel Tent City donde se alojan los detenidos a temperaturas que llegan hasta 140 grados Farenheit (60 Celsius) en la zona desértica.
Para el jueves se mantienen en pie las protestas, vigilias y actos de desobediencia civil programadas en Phoenix y, según Arpaio, eso "será una buena prueba" de la eficacia del dictamen.
"Será sorprendente si (los indocumentados) acuden con semejante publicidad, dijo.
Arpaio indicó que mañana sus agentes llevarán a cabo la 17 operación para la "supresión del crimen" desde marzo de 2008, sin importar el dictamen de la jueza Bolton.