Economía
Opera unidad antilavado sólo en dos estados
En el 2011, las entidades se comprometieron a fortalecer la prevención y el combate al lavado
GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2014).- A tres años de que los estados de la República asumieran el compromiso de fortalecer las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y de crear una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), ni siquiera la mitad de las entidades federativas han cumplido. Sólo 14 tienen tipificado como delito penal este ilícito y cinco cuentan con (UIPE), de las cuales sólo dos (las del DF y Estado de México) operan formalmente; el resto está en vías de crearse.
De acuerdo con los informes de evaluación de programas estatales de seguridad pública y las gacetas oficiales emitidas por los gobiernos locales, dicha meta, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ha llevado a cabo.
Lo anterior, advierten especialistas, va en detrimento de los esfuerzos federales para luchar en contra del lavado.
El director general adjunto del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, Orbelín Pérez, menciona la ruta que deben seguir los estados para no sólo combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino para prevenirlo.
Primero, indica, se debe tipificar el lavado de dinero en los Códigos Penales Estatales. Segundo: Deben contar con una ley de extinción de dominio estatal y tres, construir sus unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
EL MICHOACANAZO
Como ejemplo menciona el caso de Michoacán. “Si el estado hubiera construido una unidad que al menos tuviera información de cuáles son las propiedades de los grupos de delincuencia que adquirieron con esos recursos de manera ilícita”. Con esa información se podría echar mano de los activos, porque el propósito es restar poder para corromper la múltiple cantidad que ellos suelen arrebatarle a la sociedad por medio de la intimidación y de la amenaza.
Establece que si bien muchas propiedades están a nombre de terceros, ahí es donde entra la labor de inteligencia. “Michoacán no ha construido capacidades de inteligencia y por eso hay que intervenir de esa forma”, destaca. Por eso afirma la importancia de cimentar instituciones jurídicas sólidas que hagan inteligencia técnica.
LOS AVANCES
En el 2011 se estableció dentro de la Estrategia Nacional para el Combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, una cifra estimada de 248 millones de pesos para la instalación de las UIP encargadas de la integración, evaluación y vinculación de que disponen por disposición normativa diversas instancias locales.
De esa cantidad, 8 millones de pesos servirían para equipamiento e infraestructura de esas instancias en los 31 estados que aún no contaran con ella.
De acuerdo con los informes de evaluación de programas estatales de seguridad pública y las gacetas oficiales emitidas por los gobiernos locales, dicha meta, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ha llevado a cabo.
Lo anterior, advierten especialistas, va en detrimento de los esfuerzos federales para luchar en contra del lavado.
El director general adjunto del Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, Orbelín Pérez, menciona la ruta que deben seguir los estados para no sólo combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino para prevenirlo.
Primero, indica, se debe tipificar el lavado de dinero en los Códigos Penales Estatales. Segundo: Deben contar con una ley de extinción de dominio estatal y tres, construir sus unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
EL MICHOACANAZO
Como ejemplo menciona el caso de Michoacán. “Si el estado hubiera construido una unidad que al menos tuviera información de cuáles son las propiedades de los grupos de delincuencia que adquirieron con esos recursos de manera ilícita”. Con esa información se podría echar mano de los activos, porque el propósito es restar poder para corromper la múltiple cantidad que ellos suelen arrebatarle a la sociedad por medio de la intimidación y de la amenaza.
Establece que si bien muchas propiedades están a nombre de terceros, ahí es donde entra la labor de inteligencia. “Michoacán no ha construido capacidades de inteligencia y por eso hay que intervenir de esa forma”, destaca. Por eso afirma la importancia de cimentar instituciones jurídicas sólidas que hagan inteligencia técnica.
LOS AVANCES
En el 2011 se estableció dentro de la Estrategia Nacional para el Combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, una cifra estimada de 248 millones de pesos para la instalación de las UIP encargadas de la integración, evaluación y vinculación de que disponen por disposición normativa diversas instancias locales.
De esa cantidad, 8 millones de pesos servirían para equipamiento e infraestructura de esas instancias en los 31 estados que aún no contaran con ella.