Cultura
El municipio se compromete a vigilar casas patrimoniales
La primera medida será conocer las casas que necesitan protección, pero especialistas y vecinos apelan a la conciencia y piden aplicar incentivos
GUADALAJARA, JALISCO (10/ABR/2012).- Identificar las casas patrimoniales en peligro de demolición es la primera acción que Guadalajara llevará a cabo como respuesta al derribo ilegal de la Privada Zuno, del arquitecto Pedro Castellanos (1902-1961). Los inmuebles serán vigilados promete el secretario general de Gobierno del Ayuntamiento tapatío, Roberto López Lara.
El funcionario explica en entrevista con este medio que ya pidió una lista de las casas con valor artístico relevante al Patronato del Centro Histórico. Este documento, próximo a entregársele, permitirá conocer cuáles son los inmuebles en peligro para garantizar así su protección y evitar casos como el ocurrido el pasado miércoles, cuando el complejo habitacional –ubicado en la calle José Guadalupe Zuno 1975, entre Progreso y avenida Chapultepec- construido por Castellanos en 1940 fue demolido ilegalmente al parecer por los dueños del Bar Orage, negocio que fue clausurado, así como las obras que se llevaban a cabo en el lugar.
El secretario general de Gobierno de Guadalajara, de quien depende la Dirección de Inspección y Vigilancia, espera que el listado permita “una vigilancia más estrecha en esas zonas –Centro y Chapultepec-”.
Del plan de patrullar el Centro Histórico y la zona Chapultepec, éste todavía no está en redacción ni se ha considerado el número de personas que se necesitarían para llevar a cabo este operativo.
“¿Vamos a tener, toda la vida, guardias esperando en cada casa declarada bien patrimonial para poder defenderla?”, pregunta el presidente de colonos de Lafayette, Javier Pagaza, quien explica a este medio que para la protección de este tipo de inmuebles ya existe una ley de patrimonio y otra de desarrollo urbano de la ciudad.
Javier Pagaza ejemplifica que se podría “estar con una ametralladora en la casa de un vecino o con garrotes en cada casa con valor, pero ése no es el camino. Creo que la protección es una obligación de los ciudadanos. Aunque, la autoridad y el Ayuntamiento tengan que hacerlo”.
El director de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), Alejandro Canales Daroca, comenta que la vigilancia no es sólo una responsabilidad del Gobierno, sino de los ciudadanos, quienes son los dueños de las fincas.
Canales Daroca agrega que los interesados en cuidar los inmuebles protegidos deberían ser los propietarios, “cuando no hay ese interés es muy complicado para el Gobierno cuidarlos porque son bienes particulares”.
El director de la ECRO detalla que cada finca es “un caso especial” porque depende de los intereses –de los dueños-, que son muy distintos a los principios de la restauración, por lo que “es necesario preguntarle a la autoridad y a los propietarios: ¿Cuál es el tipo de la ciudad que se quiere?”.
Entre las acciones tomadas por los vecinos de la zona Chapultepec está ya un plan para cuidar este tipo de inmuebles, ya protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Estado.
Javier Pagaza destaca que el plan de los vecinos es particular y considera la creación de una fundación para la protección de la zona, “que no es sólo para los vecinos de la colonia Lafayette, sino para el barrio de San Antonio y las colonias: Moderna, Americana y Francesa, toda esa zona que tiene un valor patrimonial y es la más cercana a la avenida Chapultepec”.
El presidente de colonos de Lafayette añade que no se puede “estar escarmentando a todo aquel que tire una casa. Debe existir una consciencia social y ética, ya que el enemigo es el propio ciudadano, y la autoridad lo único que hace es condescender porque no se quiere meter en problemas”.
Para Javier Pagaza, el problema con la destrucción del patrimonio es la falta de cultura y de educación de la ciudadanía, la cual debe atacarse, “pero antes de que todo eso se forme –la consciencia-, porque va a tardar muchos años, lo primero por hacer es aplicar la ley, ¿pero sí ya la ley encontró algunas trampas para que los ciudadanos cometan faltas contra los bienes patrimoniales? porque se sabe de los daños y no se les dice nada –a los infractores-”. Así que es indispensable la sanción y que los propietarios reconozcan que tienen una obligación mayor cuando su finca es de valor patrimonial, dice.
“La protección puede lograrse a través de programas de apoyo, donde se deduzcan impuestos o mediante subsidios. Hay gente que lleva muchos años involucrada en eso –la conservación- en Guadalajara y puede implementar un plan claro”, señala Javier Pagaza.
El director general de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, Modesto Aceves Ascencio, expresa en entrevista que la sociedad no puede demoler estos inmuebles, porque “hay ciudadanos que quieren salvar su patrimonio. Las pasadas fincas, cuyas obras hemos detenido ha sido gracias a la denuncia de los vecinos porque la gente está a favor de salvar su patrimonio, y no es un capricho del Gobierno”.
El bar Orage reabrirá hasta que cierre conexión con Privada Zuno
La Privada Zuno fue demolida ilegalmente el pasado miércoles. La movilización de los vecinos permitió que Obras Públicas de Guadalajara clausurara los trabajos, ya que no había un permiso para intervenir la finca, catalogada como una de valor artístico relevante por la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco.
Durante el procedimiento de clausura se descubrió que las obras en el inmueble, ubicado en la calle José Guadalupe Zuno 1975, entre avenida Chapultepec y Progreso, conectaban con el Bar Orage, ya que se habilitó una entrada a través del estacionamiento de este negocio de la calle Efraín González Luna, esquina Chapultepec.
El secretario general de Gobierno de Guadalajara, Roberto López Lara, explica a este medio que los trabajadores entraron por el restaurante-bar Orage, “que es del mismo dueño -de la finca-, pero no sabía que no podía demolerla, tampoco solicitó una licencia para demolición ni el permiso del Patronato de Centro Histórico porque es una casa con valor artístico”.
El funcionario tapatío pide el propietario del Orage, aún clausurado, “tape la conexión –con la casa construida por Pedro Castellanos- porque no hay ningún trámite de subdivisión ni nada por el estilo para que se integre una sola finca. Pedimos que tape y se comprometa a reconstruir”. Además, López Lara expresa que la vigilancia seguirá para que no se rompan los sellos, “sentí el buen ánimo del representante legal –de la casa- para solucionar el problema”.
Para el director general de Patrimonio Cultural de la SC del Estado, Modesto Aceves Ascencio, la finca se reconstruye porque así lo marca la Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Estado y señala: “estamos a la espera de que se regularicen las actividades en las dependencias del Ayuntamiento para que se emplace al propietario del inmueble para que haga la reconstrucción de los daños y se apliquen todas las medidas de seguridad que establecen la ley”.
El funcionario explica en entrevista con este medio que ya pidió una lista de las casas con valor artístico relevante al Patronato del Centro Histórico. Este documento, próximo a entregársele, permitirá conocer cuáles son los inmuebles en peligro para garantizar así su protección y evitar casos como el ocurrido el pasado miércoles, cuando el complejo habitacional –ubicado en la calle José Guadalupe Zuno 1975, entre Progreso y avenida Chapultepec- construido por Castellanos en 1940 fue demolido ilegalmente al parecer por los dueños del Bar Orage, negocio que fue clausurado, así como las obras que se llevaban a cabo en el lugar.
El secretario general de Gobierno de Guadalajara, de quien depende la Dirección de Inspección y Vigilancia, espera que el listado permita “una vigilancia más estrecha en esas zonas –Centro y Chapultepec-”.
Del plan de patrullar el Centro Histórico y la zona Chapultepec, éste todavía no está en redacción ni se ha considerado el número de personas que se necesitarían para llevar a cabo este operativo.
“¿Vamos a tener, toda la vida, guardias esperando en cada casa declarada bien patrimonial para poder defenderla?”, pregunta el presidente de colonos de Lafayette, Javier Pagaza, quien explica a este medio que para la protección de este tipo de inmuebles ya existe una ley de patrimonio y otra de desarrollo urbano de la ciudad.
Javier Pagaza ejemplifica que se podría “estar con una ametralladora en la casa de un vecino o con garrotes en cada casa con valor, pero ése no es el camino. Creo que la protección es una obligación de los ciudadanos. Aunque, la autoridad y el Ayuntamiento tengan que hacerlo”.
El director de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), Alejandro Canales Daroca, comenta que la vigilancia no es sólo una responsabilidad del Gobierno, sino de los ciudadanos, quienes son los dueños de las fincas.
Canales Daroca agrega que los interesados en cuidar los inmuebles protegidos deberían ser los propietarios, “cuando no hay ese interés es muy complicado para el Gobierno cuidarlos porque son bienes particulares”.
El director de la ECRO detalla que cada finca es “un caso especial” porque depende de los intereses –de los dueños-, que son muy distintos a los principios de la restauración, por lo que “es necesario preguntarle a la autoridad y a los propietarios: ¿Cuál es el tipo de la ciudad que se quiere?”.
Entre las acciones tomadas por los vecinos de la zona Chapultepec está ya un plan para cuidar este tipo de inmuebles, ya protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Estado.
Javier Pagaza destaca que el plan de los vecinos es particular y considera la creación de una fundación para la protección de la zona, “que no es sólo para los vecinos de la colonia Lafayette, sino para el barrio de San Antonio y las colonias: Moderna, Americana y Francesa, toda esa zona que tiene un valor patrimonial y es la más cercana a la avenida Chapultepec”.
El presidente de colonos de Lafayette añade que no se puede “estar escarmentando a todo aquel que tire una casa. Debe existir una consciencia social y ética, ya que el enemigo es el propio ciudadano, y la autoridad lo único que hace es condescender porque no se quiere meter en problemas”.
Para Javier Pagaza, el problema con la destrucción del patrimonio es la falta de cultura y de educación de la ciudadanía, la cual debe atacarse, “pero antes de que todo eso se forme –la consciencia-, porque va a tardar muchos años, lo primero por hacer es aplicar la ley, ¿pero sí ya la ley encontró algunas trampas para que los ciudadanos cometan faltas contra los bienes patrimoniales? porque se sabe de los daños y no se les dice nada –a los infractores-”. Así que es indispensable la sanción y que los propietarios reconozcan que tienen una obligación mayor cuando su finca es de valor patrimonial, dice.
“La protección puede lograrse a través de programas de apoyo, donde se deduzcan impuestos o mediante subsidios. Hay gente que lleva muchos años involucrada en eso –la conservación- en Guadalajara y puede implementar un plan claro”, señala Javier Pagaza.
El director general de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, Modesto Aceves Ascencio, expresa en entrevista que la sociedad no puede demoler estos inmuebles, porque “hay ciudadanos que quieren salvar su patrimonio. Las pasadas fincas, cuyas obras hemos detenido ha sido gracias a la denuncia de los vecinos porque la gente está a favor de salvar su patrimonio, y no es un capricho del Gobierno”.
El bar Orage reabrirá hasta que cierre conexión con Privada Zuno
La Privada Zuno fue demolida ilegalmente el pasado miércoles. La movilización de los vecinos permitió que Obras Públicas de Guadalajara clausurara los trabajos, ya que no había un permiso para intervenir la finca, catalogada como una de valor artístico relevante por la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco.
Durante el procedimiento de clausura se descubrió que las obras en el inmueble, ubicado en la calle José Guadalupe Zuno 1975, entre avenida Chapultepec y Progreso, conectaban con el Bar Orage, ya que se habilitó una entrada a través del estacionamiento de este negocio de la calle Efraín González Luna, esquina Chapultepec.
El secretario general de Gobierno de Guadalajara, Roberto López Lara, explica a este medio que los trabajadores entraron por el restaurante-bar Orage, “que es del mismo dueño -de la finca-, pero no sabía que no podía demolerla, tampoco solicitó una licencia para demolición ni el permiso del Patronato de Centro Histórico porque es una casa con valor artístico”.
El funcionario tapatío pide el propietario del Orage, aún clausurado, “tape la conexión –con la casa construida por Pedro Castellanos- porque no hay ningún trámite de subdivisión ni nada por el estilo para que se integre una sola finca. Pedimos que tape y se comprometa a reconstruir”. Además, López Lara expresa que la vigilancia seguirá para que no se rompan los sellos, “sentí el buen ánimo del representante legal –de la casa- para solucionar el problema”.
Para el director general de Patrimonio Cultural de la SC del Estado, Modesto Aceves Ascencio, la finca se reconstruye porque así lo marca la Ley de Patrimonio Cultural y Natural del Estado y señala: “estamos a la espera de que se regularicen las actividades en las dependencias del Ayuntamiento para que se emplace al propietario del inmueble para que haga la reconstrucción de los daños y se apliquen todas las medidas de seguridad que establecen la ley”.