GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2017).- No se puede justificar lo injustificable: Espiar, es decir, intervenir comunicaciones privadas, sea por parte de un particular o de una autoridad -y en el caso de esta última, sin control judicial, debidamente fundado y motivado-, es un crimen, (tal como lo establece el artículo 167, fracción VI del Código Penal Federal). Respecto a lo revelado por el New York Times hace unos días, lo principal no es el espionaje, es la impunidad, que ha creado una crisis generalizada de confianza.El artículo 16 constitucional, párrafo 12 y siguientes es claro al establecer que “las comunicaciones privadas son inviolables (…).” Y la excepción que se prevé en el mismo artículo, es llevando a cabo una solicitud a la Justicia Federal para poder hacer una intervención a las mismas. Es decir, se trata de un control judicial -no un control legislativo, ni un control democrático directo-. Y esto es así, porque las intervenciones de comunicaciones se justifican por razón de seguridad y justicia -únicamente por estas razones-, es decir, por mor del orden e interés público; para evitar ilícitos que ponen en juego la seguridad e integridad y patrimonio de los ciudadanos, de las instituciones del Estado y su soberanía. Y en casos donde la amenaza entraña un riesgo mayor, la permanencia y desarrollo del Estado Mexicano. Todo esto, partiendo del fundamento democrático contenido en la misma Constitución, como consta en sus artículos 39 y 41.No puede haber democracia institucional, ni economía próspera sin seguridad. Ahora bien, la acción de seguridad y justicia comienza con la etapa de vigilancia y prevención de ilícitos, que tienen que desempeñar en sus respectivos ámbitos de atribuciones las fuerzas de policía de los diversos niveles de gobierno, y las fuerzas armadas. Sí, ahí comienza la acción de seguridad y justicia, y por tanto, tales acciones requieren de estrategia y táctica. Y la táctica requiere de equipo a la altura de las necesidades. Por tanto, si existen elementos que lo aconsejen, la autoridad competente debe monitorear, investigar y si fuera el caso, intervenir -agotando el debido proceso legal- una comunicación privada. El problema reside en no agotar el debido proceso legal, pues entonces el acto de autoridad no estaría fundado y motivado.Intervención legalizadaTanto en la Ley de Seguridad Nacional, La Ley de la Policía Federal y la Ley Federal de telecomunicaciones tenemos desde hace tiempo, legalizada la intervención de comunicaciones privadas, por parte de la autoridad, desde hace tiempo -en todos los casos mediante previo control judicial-, justificado para prevenir los ilícitos que todos conocemos o suponemos (terrorismo, secuestro, crimen organizado, mafias de extorsión, etcétera).El problema pues, reside en dos ámbitos. El primero en el ámbito operativo. A veces por necesidades operativas-tácticas, la autoridad debe actuar con rapidez y suma secrecía, pues si no fuera así, se perdería el momento, la oportunidad y, por tanto, la eficacia.Necesitamos juzgados especializados que operen con la debida celeridad y cuyos jueces estén debidamente capacitados y formados en discernimiento para justificar o no estos casos. Actualmente, sólo hay dos juzgados de distrito especializados en materia de cateos e intervención de comunicaciones (Cfr. Acuerdo General 38/2016 y 39/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Diario oficial de la Federación, 17/06/2016).El segundo ámbito es político -me refiero a la política entendida como realidad, como ciencia humana-. Pues el escándalo que ahora campea en la opinión pública sobre el espionaje viene a catalizar el problema político real: la falta de confianza casi absoluta en la autoridad. La pérdida de crédito moral de la autoridad, por su corrupción, por su ineficacia y por su incompetencia, agravando las cosas el ecosistema de impunidad en el que vivimos en este país. Y es político en su materialidad y en su posible solución.Ninguna ley, por más precisa y detallada que sea puede eludir para su correcta aplicación y eficacia, del elemento moral-político de sus diseñadores, promulgantes, aplicadores y vigilantes. Una ley, se acata y se cumple. Es general y la misma para todos. Ahí está el verdadero problema. Si se acepta que el bien público, el bien común, está antes que el particular; la intervención de comunicaciones, justificada, controlada y debidamente fundada y motivada, sería un motivo para sentirnos seguros y con acceso a la justicia. Nos sentimos vulnerados porque vemos en la autoridad a un agresor y a nosotros como los agredidos. No hay confianza, porque no hay castigo para el que no cumple la ley. El problema no es el espionaje, es la impunidad.@rsotomorales
