La eterna reforma

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2013).- En México se cumplen 50 años de reformas electorales. No es difícil dar una lectura histórica del país a través de sus reformas al sistema electoral y a la representación política. Desde la década de los sesenta cuando se introdujeron los primeros diputados de partido, que inyectaron pluralidad al sistema político mexicano, la reforma político-electoral se ha visto como un “remedio a todos nuestros males”. El gradualismo democrático así se forjó: a través de múltiples reformas que fueron oxigenando al sistema político mexicano.

Sin embargo, la reforma electoral de 1977 resulta icónica. Incluso, no faltan politólogos que ven en esa fecha, durante el sexenio de José López Portillo, el inicio de esa larga marcha hacia la democracia. Mientras hay algunos que ven en 1968 el germen de la transición a la democracia; también la llamada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE) de 1977, que introdujo los diputados de representación proporcional y le concedió más peso a la oposición en el Congreso, constituye la primera piedra que explica, con sus bondades y sus vicios, el sistema político mexicano de hoy en día.

Aunque, en términos generales, la reforma política del 77 es vista como un paso democratizador, no es difícil encontrar interpretaciones distintas. Según Alonso Lujambio, panista y alumno distinguido de Juan Linz (el politólogo español famoso por su teorización sobre autoritarismo), esa reforma política fue un movimiento muy pensado y analizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para dividir a la oposición. Siguiendo la interpretación de quien fue profesor muy destacado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, secretario de Educación Pública y senador, las reglas promovidas desde Los Pinos golpeaban al Partido Acción Nacional (PAN) y fortalecían a los partidos satélites que por aquellos años gravitaban en la órbita de Gobernación.

Admitiendo sin conceder que ése haya sido el propósito del partido en el poder, tampoco es posible ocultar que desde la admisión de los regidores por representación proporcional en los ayuntamientos en la década de los sesenta, comenzó un trayecto, casi lineal, donde la oposición sea de derecha o de izquierda siempre quiso abrir el régimen a través de reformas. Digamos que el PAN, sobre todo, aunque también algunos grupos de peso en la izquierda, siempre vieron en las reformas el camino a la democracia. El periodo de las “concertacesiones” en los noventa, tras la “caída del sistema” de 1988, donde el PAN y el PRI tomaron la agenda de reformas económicas de Carlos Salinas, fue un periodo donde la “oposición leal” que representaba el PAN, se encargó de negociar las reformas de apertura económica del presidente Salinas a cambio de reformas políticas que abrieran “el sistema” y que fueran pavimentando el camino del PAN hacia la Presidencia de la República. Así, la reforma de 1996 lucía como el “punto final” a esta sucesión de modificaciones al engranaje del sistema político con la fundación de un instituto electoral autónomo e incluso permitir que el Distrito Federal (DF) pudiera elegir por primera vez a su Jefe de Gobierno.

Reforma política “reloaded”

Con este contexto llegamos al día de hoy. Desde 1996, las reformas políticas han seguido siendo más la regla que la excepción. A partir de mañana lunes, el Congreso tendrá que delinear un acuerdo en materia de reforma electoral. Como es habitual en las sucesivas reformas políticas, los que se “sienten lastimados” tras el proceso electoral pasado buscan protegerse de esas “inconsistencias” del sistema electoral. No es exagerado decir, que como en 2007, muchas veces las reformas políticas nacen de la revancha y no de un ímpetu constructivo de edificar un armazón electoral lo suficientemente sólido como para resistir más de una elección.

Digamos que la reforma político-electoral propuesta por el PAN, y que fue precondición para la discusión de la reforma hacendaria (al estilo de los noventa), se compone de dos partes: una que tiene que ver con el sistema electoral en su conjunto y una segunda parte vinculada al régimen político. No sobra decir que es una reforma ambiciosa en términos de modificaciones al sistema político ya que “parlamentarizaría”, en caso de aprobarse, algunos elementos del sistema de representación en México.

Las reformas al sistema electoral no son menores. Por ejemplo, en la propuesta del PAN queda incluida la iniciativa de desaparecer los institutos electorales locales y erigir un Instituto Nacional de Elecciones (INE) que se encargaría de llevar adelante todos los comicios locales. En el mismo sentido, al no existir los institutos locales desparecen automáticamente los tribunales electorales de las entidades y el Tribunal Federal se consolida como la última instancia en materia electoral, tanto a nivel federal como a nivel local. Esta propuesta cae claramente en la lógica centralista que ha caracterizado a la administración de Enrique Peña Nieto, el restablecimiento de la Presidencia tras 15 años de transición donde la descentralización debilitó a la institución presidencial. En la misma ruta electoral, también se propone una Ley General de Partidos que tiene como eje principal aumentar el porcentaje requerido para tener el registro y así recibir presupuesto público (de 2 a 5%). Así también se propone que todos los candidatos que rebasen el tope de gastos de campaña queden sin registro y no puedan competir en las elecciones. Es decir, fiscalización más expedita, dejando de lado el modelo actual que fiscaliza al concluir el proceso electoral.

En el segundo eje, la “parlamentarización” del sistema político mexicano es donde difícilmente se vean grandes cambios, ya que muchos elementos planteados son tabúes históricos del PRI. Ahí tenemos la segunda vuelta, que aunque no supone una modificación al régimen político, sí es una forma de dotar de mayor legitimidad al Presidente al generarle las condiciones para que llegue a Los Pinos con más de la mitad de los apoyos en urna. Sin embargo, no queda claro si la segunda vuelta presidencial vendrá emparejada de las elecciones legislativas, con lo que no solamente gana legitimidad el Presidente en su elección, sino que también se acompaña de una mayoría clara en el Congreso de la Unión. ¿Y por qué el PRI se opone a la segunda vuelta? Por una sencilla razón: las encuestas demuestran que el PRI en una elección bipartidista suele tener mayores problemas que en procesos que se juegan a tres bandas, como en la actualidad. Para el PRI, es fundamental mantener el llamado “voto anti-PRI” dividido entre el PAN y el PRD (y algunas otras opciones menores en términos de votos).

Otro elemento polémico para el tricolor es la reelección. Sólo basta con mirar la historia para entender que uno de los elementos que hizo del PRI un partido-régimen tan longevo en el poder fue precisamente la imposibilidad de la reelección. Sin reelección, el PRI se convirtió en un hábil esquema de rotación de élites que le permitía al partido controlar desde las cúpulas los puestos de representación a todos los niveles. La lealtad de los representantes nunca estuvo depositada en los electores, sino en el partido. Eran “soldados del partido”, como se dijo durante décadas.

Y aterrizando en los elementos que moderan el presidencialismo mexicano, tenemos propuestas como la ratificación del gabinete presidencial y los llamados “Gobiernos de coalición”. El primero de los puntos es un sistema de control sobre el Ejecutivo muy característico en algunos presidencialismos y el segundo es fundamental para un sistema de partidos como el mexicano. Desde 1997, y esto ya se ha vuelto un lugar común, han desparecido las mayorías en México. Si bien no es posible hablar de parálisis, no podemos negar que el sistema mexicano se ha vuelto disfuncional para generar mayorías. En un sistema marcadamente tripartidista, donde PAN, PRI y PRD tienen la fuerza suficiente para ser partidos ampliamente representados en el Congreso, la idea de que un partido obtenga una mayoría absoluta (50% + 1 de los escaños del Congreso), se ha vuelto imposible. Los gobiernos de coalición son una respuesta a esta dispersión electoral: permite que el partido con más escaños en el Congreso se coaligue con otro para “formar Gobierno”. Es decir, si el PRI no tiene los votos suficientes en el Congreso, busca en el PAN, PRD, PVEM, PT o MC a un aliado que le permita transitar sus iniciativas y diseñar una agenda de reformas conjunta. Los gobiernos de coalición son un mecanismos que les ha permitido a los sistemas parlamentarios, conjuntar eficacia y representatividad: mayorías, pero manteniendo la pluralidad fidedignamente representada en el Congreso. Los gobiernos de coalición suelen ser incluso más transparentes, ya que se debe de negociar abiertamente los términos de la coalición.

Las reglas del juego electoral nunca han sido realmente asimiladas por los actores políticos en México. Cuando un candidato pierde una elección, ya sea a nivel distrital o la Presidencia de la República, siempre carga contra la ley electoral. Las acusaciones son siempre las mismas: exceso de dinero, movilización o incluso un contexto electoral previo que favorecía a algún candidato. Las reformas políticas son fundamentales como un mensaje de legitimidad de los comicios. Pero como dijo alguna vez Luis Carlos Ugalde: “contra la irresponsabilidad de los candidatos, no hay reglas que valgan”. La “semilealtad”, un concepto de Juan Linz, es más la regla que la excepción; es decir, acepto las reglas si gano, no las acepto si pierdo. Podemos hacer reformas y reformas, cambios calcados de los mejores sistemas del mundo, pero no podemos olvidar que hay un grave problema de cultura política que se obstina en demonizar a las instituciones y nunca aceptar las derrotas. Ése problema no se resuelve con legislaciones.