Desiguales

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2015).-  La crisis económica mundial de 2008 colocó a la desigualdad en el centro del debate político. Una recesión que evidenció con rotundidad la diferencia entre ese 1% de la población que lo tiene todo,  y el restante 99% que vive en carne propia los efectos de una economía inestable e injusta. No es extraño que tras la Gran Recesión aparecieran con una fuerza asombrosa movimientos como el “Occupy Wall Street”, en el corazón financiero del mundo, o los “Indignados en España”, que protestaban en contra de unos políticos que no habían hecho nada para evitar la catástrofe económica más profunda desde 1929. Tampoco es sorprendente que el “Capital del Siglo XXI” de Thomas Piketty se convirtiera en un best-seller global, explicando por qué la desigualdad se reproduce con tanta severidad en el mundo occidental. La desigualdad se ha convertido en un debate global, de la magnitud del medio ambiente y del crimen organizado.

En días pasados, Oxfam (organización no gubernamental inglesa que estudia temas relativos a la pobreza y a la desigualdad) presentó el informe: “desigualdad extrema en México”, una radiografía de la concentración de la riqueza en México. El estudio, coordinado por Gerardo Esquivel de El Colegio de México, ha sido fruto de intenso debate en la opinión pública, sobre todo por lo que nos habla del fracaso de nuestro modelo económico y las consecuencias políticas que detonan la desigualdad. Un país que siempre ha sido desigual, desde que nació como Estado y se configuró como nación en el siglo XIX, pero que desde la década de los ochenta, ha visto que la brecha entre ricos y pobres se ha vuelto mucho mayor. Y el Estado, el garante del interés público, no sólo no ha evitado esta tendencia, sino que ha sido cómplice activo de la profundización de la desigualdad en México. Detrás del estudio de Esquivel, nos llevamos la sensación de haber vivido durante décadas en un Estado manipulado por las élites económicas, e incapaz de ponerle freno a las ambiciones desmedidas de los multimillonarios.

Más impuestos… ¿Y gastar mejor?

Y es que el problema de la desigualdad es económico, pero el hecho de que se mantenga a lo largo del tiempo se explica por variables políticas. Los impuestos son un indicativo de la influencia de los multimillonarios en la toma de decisiones políticas. Los datos que provee el estudio en este sentido son realmente incontestables. Las tasas, las deducciones y hasta la inversión del Estado están hechas para favorecer al 1% más rico del país que controla 21% de la riqueza nacional o incluso a los cuatro más ricos del país (Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Arturo Bailleres) que controlan el 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Bajo el argumento de la competitividad y de la eficiencia, el Estado mexicano confeccionó las condiciones necesarias para la aparición de cuatro multimillonarios que hicieron su fortuna a costa de privatizaciones o de concesiones. Nuestro capitalismo de cuates no favorece la innovación y la creatividad, sino el rentismo y la corrupción. La democracia en México no sólo no ha podido hacer frente al problema de la excesiva concentración de la riqueza, sino que de 2003 a la fecha, la fortuna de los multimillonarios se ha multiplicado por cuatro y sus cuentas han crecido cinco veces más que el crecimiento económico promedio del país. El mediocre crecimiento económico del país (promedio de menos de 2% en los últimos dos años) ni siquiera “gotea” en todos los segmentos socioeconómicos, sino que se queda en unas cuantas manos. Y paradójicamente, más democracia ha significado más desigualdad económica.

La estructura fiscal es una de las dimensiones del problema. Los impuestos no como instrumento aislado, sino como el reflejo más nítido del “músculo” del Estado para construir una sociedad con mayores niveles de igualdad. Si analizamos el índice Gini (indicador que mide la concentración de la riqueza), nos daremos cuenta que la desigualdad entre México y España, o entre México y Alemania, no es tan distinta en materia de ingresos. Sin embargo, lo notable es cómo el Estado en Alemania corrige a través de impuestos esta brecha de desigualdad, mientras que en México, la estructura fiscal mantiene la desigualdad en los mismos términos. Después de la intervención del Estado, Alemania se convierte en un país mucho más igualitario, mientras que México no presenta ninguna alternación, la desigualdad sigue siendo enorme. Así, nos enfrentamos a dos problemas: el Estado cobra pocos impuestos a los que debe de cobrarles, a los más ricos. Y en segundo lugar, gasta mal lo que recauda, inercia que provoca que ni la inversión pública ni los programas gubernamentales conduzcan a una sociedad con mayores niveles de igualdad.

Democracia y desigualdad, ¿se llevan?

Como sostiene Piketty, la desigualdad amenaza la democracia. Ya lo veía hace años Robert Dahl cuando escribió su libro “la igualdad política” o el mismo Giovanni Sartori cuando publicó el “futuro de la democracia”, una relativa igualdad económica es fundamental para construir una democracia de calidad. No hablamos de una igualdad a rajatabla, sino de ciertos niveles mínimos de equidad. Una amplia brecha entre los que más tienen y los que menos tienen impide la consolidación del estado de derecho y permite el control de las élites económicas sobre los representantes políticos. ¿Y es que no es un problema la gran influencia que tienen los multimillonarios sobre los políticos? ¿No es un problema de legitimidad democrática que el mérito quede desterrado de la posibilidad de ascenso económico? ¿No es un problema para la democracia que los grupos televisivos más importantes del país ya no se conformen con apoyar partidos políticos, sino que a través de la telebancada tengan a sus propios diputados? La desigualdad económica distorsiona la representación y hace que la economía dome a la política.

Los países más igualitarios en materia económica son también los que han construido los sistemas democráticos más sólidos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Canadá, son ejemplos de naciones en donde el estado de derecho impera, en donde la corrupción es castigada y en donde el estado de bienestar se encarga de asegurar a los ciudadanos al menos lo indispensable para la dignidad humana. Se pagan altos impuestos, sobre todo los más ricos, pero dicho aporte al Gobierno regresa en forma de educación, salud y niveles bajísimos de inseguridad. Al contrario en México, o en Guadalajara, las bardas de los cotos, la educación privada o la seguridad privada nos recuerda día a día que somos desiguales, distintos, que compartimos muy poco y que la brecha entre nosotros se extiende permanentemente. La desigualdad se convierte en una violencia cotidiana, en un juego de vencedores y vencidos, que destruye cualquier esbozo de comunidad, tejido social o capital ciudadano.

¿Qué hacer?

Gerardo Esquivel nos propone un programa de cinco medidas de combate a la desigualdad. Cinco trazos que nos pintarían un Estado radicalmente distinto al que tenemos hoy en día. Los ejes propuestos son: la construcción de un auténtico estado social; política fiscal más progresiva; gasto focalizado; política salarial y laboral; mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. No es exagerado decir que transformaciones de esta envergadura implicarían prácticamente un constituyente en materia social y económica, una reconfiguración por completo del Estado y sus relaciones con la ciudadanía.

Sin embargo, es sorprendente que esta agenda no se encuentra ya en los programas de los partidos políticos. El PAN y el PRI en sus gobiernos respectivos, han optado por un modelo de seguridad social limitado, con programas sociales nacionales, pero nunca dieron el salto ni a un sistema fiscal con mayor progresividad ni tampoco a la constitución de un Estado de bienestar universal. En el caso del PRD, sus gobiernos son variopintos, pero en el DF-el más emblemático- si bien presenta un mayor gasto que el promedio de los estados en política social, el enfoque sigue siendo de apoyos o cesiones, y no de derechos adquiridos. En el “Pacto por México” se depositaron algunos de estos puntos, sin embargo al final dentro de las negociaciones o se sacrificaron, o en el mejor de los casos, se diluyeron en acuerdos mínimos como las pensiones universales que no son universales o el seguro de desempleo limitado. Así, la constitución de un Estado social, al estilo de los europeos, trae aparejado el concebir al mexicano como un ciudadano portador de derechos y no como un receptor permanente de las limosnas del Estado. Es “poner patas arriba” al Estado mexicano como lo conocemos hasta hoy.

Parafraseando a Lord Acton: si la desigualdad corrompe, la desigualdad absoluta corrompe absolutamente. Es imposible construir una democracia de calidad, o un Estado defensor del interés público, cuando cuatro magnates concentran el 9% del Producto Interno Bruto y el 1% de los mexicanos que están en la punta de la pirámide económica concentran el 21% de la riqueza. El reto no es sólo crecer económicamente, ya que el poco crecimiento de los últimos 10 años se ha quedado en pocas manos, sino que el desafío más apremiante es distribuir eficazmente la riqueza a través de una mejor estructura fiscal y de un Estado que gaste mucho mejor. Y es que la desigualdad extrema no es sólo un tema de conversación de viejos comunistas obstinados, lo que está en juego es la viabilidad de nuestra democracia y la vigencia de nuestras incipientes libertades.