Cuatro jóvenes residentes de San Luis Potosí desaparecieron en julio en Jalisco. Salieron de sus domicilios rumbo a Tonalá. El último lugar en el que se les vio fue Lagos de Moreno. Un mes después, autoridades estatales informaron que policías podrían estar relacionados con los hechos.

Entre 2013 y 2021, en el Estado han sido sentenciadas 17 personas por desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares. Nueve ya fueron absueltas y sólo hay ocho condenadas, según información otorgada vía Transparencia por la Fiscalía estatal.

En su Tercer Informe de Gobierno, el gobernador habló sobre el número de personas “judicializadas” y “vinculadas a proceso”, entre otros datos. Aunque presumió el “avance” logrado en la administración, omitió hablar sobre las sentencias (se destacó que han sido detenidos 59 servidores públicos, se ha judicializado a 572 personas y se ha vinculado a proceso a 281 más por estos delitos).

Una integrante del colectivo Por Amor a Ellxs, quien optó por no revelar su nombre, comenta que “ante la gravedad de la situación por la desaparición de más de 14 mil personas, y que solamente haya esa cantidad de sentencias, es ridícula (la cifra)”. Añadió que no tienen reportes por parte de las autoridades para conocer ese tipo de datos, salvo los que se entregaron en el Tercer Informe. Los avances que se tienen, dijo, son porque las familias aportan la información.

Pronunciamiento en contra

Reacción. Tras el informe en materia de seguridad emitido por el gobernador, ocho colectivos y el CEPAD emitieron un comunicado en el que refutaron los datos reportados en materia de desapariciones. Por ello, señalaron que consideran fundamental “que el contexto en materia de desaparición que experimentamos en Jalisco, que sea presentado de manera veraz. Y que los datos oficiales obtenidos por colectivos y organizaciones de la sociedad civil sean contrastados”.

Estadística. Recuerdan que una semana antes de presentarse el Tercer Informe, el gobernador negó que Jalisco estuviera en el primer lugar nacional de personas desaparecidas, por lo que presentaría nuevos datos que mostrarían este panorama.

Contradicciones. Señalan que las 10 mil 777 personas que reporta el mandatario estatal como desaparecidas en entre 1995 y 2021 (con corte a septiembre), difieren de las más de 14 mil 500 personas desaparecidas que indica el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Localizadas. El gobernador, agregan, presentó que entre diciembre de 2018  hasta septiembre de 2021 han sido localizadas 10 mil 073 personas que fueron denunciadas como desaparecidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición  sólo da cuenta de siete mil 904 personas localizadas durante el mismo periodo, a pesar de que se alimenta de la misma fuente de información.

Unión. El pronunciamiento fue firmado por los colectivos Por Amor a Ellxs, Guerreras de San Miguel El Alto, Guerreras de Chapala, Colectivo + 1 = Todos Tlajomulco, Hasta Encontrarles Lagos de Moreno, Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor Jr 33:3,  Altos Sur Jalisco En Busca de Ti y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Simulación. Carmen Chinas Salazar, integrante del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, señaló que el informe fue un ejercicio de simulación. “No se dijo que Jalisco es la Entidad del país con el mayor número de personas desaparecidas, a pesar de la negativa del gobernador a reconocerlo”.

Actualización. Dijo que los datos que muestra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas son contundentes: “En los tres años de este Gobierno, tres mil 928 personas se sumaron a la lista de desaparecidos, lo que representa alrededor del 20% del total nacional ocurrido en este periodo”.

TELÓN DE FONDO

Con retraso, crean agencia

En mayo pasado, con año y medio de retraso, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo con el que se creó la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas en Jalisco.

En el acuerdo se refiere que esa área deberá contar con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación, debiéndose integrar por el personal ministerial, policial y administrativo suficiente para su labor.

Destaca que dicho cuerpo estará dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la cual tiene etiquetados 94 millones 151 mil pesos en el presupuesto estatal de este año.

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En el Artículo 154-A del Código Penal de Jalisco se establece que “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público, el particular actuando por orden de autoridad o el  integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre la suerte, destino o paradero de la persona”. Este delito prevé hasta 120 años de prisión.

Durante el tiempo que estuvo congelado el acuerdo para cristalizar dicho órgano especializado, elementos de la Fiscalía de Jalisco cometieron el 5 de junio de 2020 el delito de desaparición forzada en contra de jóvenes que se manifestaban por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

COLECTIVOS

Sin restablecer diálogo

• “Directamente con el gobernador no tenemos diálogo desde que mandó la iniciativa para hacer las leyes en la materia, antes de la pandemia”, lamenta una de las integrantes del colectivo Por Amor a Ellxs.
• El mandatario estatal envió al Congreso de Jalisco en octubre de 2019, la iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley de Atención a Víctimas.
• “Creo que desde entonces no se tiene un diálogo con el gobernador. La última vez que vi al gobernador en público, que platicó con las familias, fue en octubre de 2019, en un foro que hubo en el Instituto Cultural Cabañas”.
• Pese a  que se informa que la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana se reúne con los familiares de desaparecidos, comentó que esto  “es una gran mentira”, pues no se escucha la voz de los colectivos que los representan.
• Además, indicó que “la ley se hizo preciosa, se hizo muy garantista, se tomaron en cuenta muchísimas cosas, pero si no hay presupuesto y no se implementa, pues de qué sirve la ley en el papel”.
• Añadió que es necesario que se escuche a todos, tanto a las familias que están organizadas como aquellas que no. “No se vale que solamente sea escuchada una parte de la población y que los más de 14 mil  no sean escuchados. Nunca se nos da la información”.

Primer lugar en la “Galería del horror”

De acuerdo con el último reporte de la “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos, enero-septiembre de 2021”, de la organización Causa en Común, Jalisco se ubicó en el primer lugar con el mayor número de fosas clandestinas, con 109 de un total de 502 que se reportaron a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte, se considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza  física para causar la muerte,  laceración o  maltrato extremo para provocar el fallecimiento de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables y de interés político. Y  para detonar terror.

En el pronunciamiento realizado por los colectivos de familiares de desaparecidos con relación al informe de seguridad del Ejecutivo estatal, se señala que uno de los avances en materia de personas desaparecidas que presentó el gobernador  de Jalisco fue el incremento en el hallazgo de las fosas clandestinas.

“Al respecto, el incremento porcentual en el hallazgo de fosas en tres años fue de más de 628.1%; sin embargo, en su discurso presentó este dato como un resultado positivo en la búsqueda exhaustiva de personas, que deriva en la localización de víctimas en fosas clandestinas”, se destaca.

Añaden  que el mandatario estatal pasa por alto que esto habla también de un crecimiento en el uso de fosas clandestinas por parte del crimen organizado, “al emplear la desaparición de personas como técnica para la generación de otros dispositivos de violencia que se ejerce no sólo a las personas que se desaparecen, sino también a toda su familia y a la sociedad en general, generando una situación de miedo y terror”.

A este trabajo de localización de entierros clandestinos se suman los esfuerzos que realizan los familiares de personas desaparecidas, “al hacer la búsqueda en campo y recopilar información que nos da indicios de lugares donde pudiera existir una fosa clandestina”.

Señalan que los procesos de localización de las fosas clandestinas no se traducen en la localización efectiva de personas desaparecidas. “Debido a que la exhumación de víctimas no está acompañada de una correcta trazabilidad y manejo de información,  ni de los diligentes procesos de identificación forense”.

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Denuncian que esto causa revictimización, “puesto que la falta de coordinación entre la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses  no permite que seamos notificadas de manera pronta y oportuna sobre la localización de nuestro ser querido, ya que los procesos de identificación forense tienden a aplazarse hasta un año o más, después de haber realizado las confrontas genéticas”.

La exhumación cada vez mayor de víctimas en fosas clandestinas, añaden, no se traduce en una ágil y digna entrega, “sino en la saturación de los espacios de resguardo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que como ya se ha reconocido, trabaja a tope”.

Lamentan manipulación de datos del Gobierno

La investigación de la organización México Evalúa “Segunda edición de Fallas de Origen” ubica a Jalisco en el lugar 18 en el Índice de confiabilidad de la estadística criminal 2020.

Mide la confiabilidad de las estadísticas delictivas en el país e identifica casos de subregistro, reclasificación o posible manipulación de estos datos. “La hipótesis fundamental es que existen Entidades federativas que pueden estar clasificando algunos homicidios dolosos o intencionales como si hubiesen sido homicidios accidentales o culposos”.

Se reporta que la sociedad civil  aporta evidencia de que el Gobierno no cuenta con datos precisos y veraces sobre las amenazas a  la seguridad de sus habitantes, lo cual constituye un problema mayúsculo. “Un Gobierno que trabaja con datos imperfectos no será capaz de generar un diagnóstico acertado y soluciones precisas para contrarrestar  la  ola de violencia que azota al país. Las fallas, los sesgos o la manipulación de los datos afectan la toma de decisiones, la implementación de las políticas públicas y la posibilidad de hacer justicia a las víctimas y a sus familiares”, subraya el estudio.

La clasificación errónea, el subreporte y la reclasificación intencional de datos delictivos (el maquillaje de cifras),  son reflejos indiscutibles de la debilidad institucional que vive el país.

En el diagnóstico se puntualiza que desde hace varios  años, el indicador principal de la efectividad de las diversas estrategias de seguridad federales, estatales y municipales, son los homicidios dolosos.

En la comparativa estatal de las series estadísticas del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre los homicidios dolosos reportados entre 2015 y 2019, se encontraron “divergencias  importantes en las Entidades federativas”.

En Jalisco hay una diferencia de 199 homicidios en ese mismo periodo; es decir, el Inegi reportó más defunciones por homicidios que el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A nivel nacional, el Inegi reporta 6.1% (nueve mil 138) más defunciones por homicidio que las víctimas reportadas por el Sistema Nacional.  Además, ocho Entidades presentaron una relación significativa entre homicidios culposos y dolosos: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

En Jalisco y Chihuahua se observó una correlación negativa. “Implica la existencia de una suerte de mecanismo: cuando los homicidios dolosos aumentan, los homicidios culposos se reducen (o si los primeros disminuyen, los segundos aumentan). Una posible explicación de este comportamiento apuntaría, en el mejor de los casos, a errores humanos. En el peor, a una reclasificación intencional de los homicidios”, concluye el diagnóstico.

Programas del Gobierno no bajan la violencia contra las mujeres

Alrededor de las 02:00 horas del pasado 10 de agosto, las autoridades recibieron el reporte por detonaciones de arma de fuego en la colonia Jalisco en Tonalá. Acudieron al cruce de las calles Jilotlán de los Dolores y Tlajomulco de Zúñiga, en donde encontraron sin vida a una mujer con heridas de bala en el cuello y la clavícula. También el pasado 13 de octubre se reportó el asesinato de tres mujeres en la Entidad:  se registraron dos  homicidios en el municipio de Casimiro Castillo y  uno más en la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara.

Entre enero y septiembre de este año, en Jalisco se han iniciado investigaciones por 55 víctimas del feminicidio, lo que representa el mayor número registrado en el mismo periodo de los últimos siete años en el Estado.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma que entre enero y septiembre de este año, en Jalisco se han documentado 156  asesinatos de mujeres (sumando los feminicidios y los homicidios dolosos).

En el Tercer Informe de Gobierno se recordó que durante el año pasado se puso en marcha el Código Violeta en la Entidad para dar respuesta al incremento de la violencia de género en contra de las mujeres. Además de atender los casos reportados, se emiten medidas de protección en favor de éstas. El problema es que no baja la violencia.

Este medio reportó que durante el informe de seguridad con motivo del Tercer Informe de Gobierno, tanto el gobernador como la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, declararon que se trabaja en la instalación de una mesa con especialistas y académicos para identificar los factores que han influido en el crecimiento de los feminicidios, con el propósito de establecer las políticas públicas que permitan combatir este delito.

Guanajuato, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Estado de México y Jalisco son los más peligrosos para las mujeres en el país.

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